La marcha del 6 de marzo es de gran importancia para el país por las reivindicaciones que se hacen a la memoria de todas las personas que han sido asesinadas, torturadas y desaparecidas. Además, enfrenta el miedo, al alzar la voz en contra de los crímenes que las Fuerzas Armadas y los paramilitares han cometido en contra de la población civil. Esta respuesta a la gran cantidad de crímenes cometidos contra campesinos, pensadores políticos, sindicalistas, estudiantes, indígenas e incontables líderes comunitarios y populares acerca la realidad de miles de colombianos a la opinión pública, denunciando que han sido victimas del Estado por la complicidad de éste con fuerzas paramilitares e, incluso, porque este fenómeno se ha convertido en parte de la política oficial imperante en Colombia.
Diversos sectores que han sido víctimas de la violencia estatal y el olvido se unen en esta convocatoria: voces de campesinos, sindicatos, estudiantes y demás sectores afectados por la represión y la impunidad se han decidido a exigir verdad, justicia y reparación, junto a soluciones de fondo que impidan la continuación de esta política estatal y la repetición de estos crímenes, además de soluciones políticas al conflicto armado. Esta unión de diversas voces que hacen honor a la memoria exige voluntad política para que cese la violencia en la que el Estado ha sido responsable directo y, desde la cordura, demanda acciones que no lleven a que la paz armamentista de Uribe sea la única posibilidad de solución de una guerra de 60 años.
La marcha impulsada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se propone como expresión de posibilidad ante la barbarie, de dignidad ante los atropellos y de verdad ante la impunidad. Los propósitos de quienes han sido atormentados por la violencia de los aparatos oficiales o sus apéndices son claros al buscar opciones a la situación de guerra generalizada y al denunciar las descarnadas acciones de los responsables de estos crímenes, característica ésta de la marcha del 6 de marzo que la diferencia de la realizada el pasado 4 de febrero que, por el contrario, se enfocó en señalar como únicas responsables del conflicto armado colombiano a las guerrillas.
La marcha entonces, busca sensibilizar y exponer las realidades que no aparecen en la televisión y que, de forma mínima, se han mostrado a través de los procesos de paz, reparación y justicia. Es por ello que desde diversas poblaciones alejadas de las ciudades capitales se movilizaran victimas hacia las ciudades, con el objeto de ofrecer su testimonio a la comunidad, buscando la solidaridad que ha sido esquiva y el reconocimiento de los atropellos que sufren y de paso desmentir el concebir dichas historias como inventos macabros de una izquierda supuestamente paranoica.
Marchar el 6 de marzo, en esta medida, es acompañar un clamor por la justicia y por el cambio. Un gobierno sostenido por los causantes de las más grandes tragedias de nuestra historia reciente y definido por el más profundo autoritarismo es el mismo que ha negado constantemente la voz de las víctimas y ha beneficiado a los victimarios para fortalecer un proyecto político que niega la memoria sobre los abusos cometidos por los poderosos intereses de multinacionales, terratenientes, funcionarios de gobierno y narcotraficantes. Apoyar, entonces, el IV Encuentro Nacional de Víctimas, que se iniciará con esta movilización y se prolongará hasta el 8 de marzo, es caminar junto con la memoria en una jornada en la que se quiere entender el conflicto de forma histórica con el fin de prevenir el repetir nuestras tragedias en el futuro y de proponer un país en el que opinar diferente no signifique estar condenado a la atrocidad, el olvido y la muerte.
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