Estudiantes Vendedores de la Universidad Nacional, Bogotá, marzo 25 de 2008
Las reformas que se vienen implementando en la Universidad tienen como punto común el cercenamiento de libertades y derechos democráticos para estudiantes, trabajadores y profesores. La Reforma al Estatuto Estudiantil en el componente Disciplinario, crea un sistema policivo dentro de la UN; y en el Componente Académico, abre la puerta a una educación totalmente subordinada a los intereses del mercado, que tiene sus lineamientos en el ya aprobado Acuerdo 033 del 2007. El Bienestar Universitario sufre un detrimento sistemático: concesión a particulares de cafeterías y bibliotecas, falta de restaurante universitario, ausencia de transporte para estudiantes y cierre de las residencias universitarias.
A estos ataques ahora se suma la ofensiva contra los vendedores informales en la UN. Los argumentos de la Administración para retirarnos son los siguientes: primero, que somos “antiestéticos” para el campus; segundo, que los puestos se están convirtiendo en fachada para la venta de droga; y tercero, que no estamos sujetos al control y reglamento de la Universidad. Frente al primer punto hemos tomado como medidas garantizar que los puestos permanezcan limpios, que no sean generadores de basura y controlar el tamaño de los mismos. No tenemos certeza de que la venta de droga se este presentando, pero para la tranquilidad de todos, nos comprometemos ante toda la comunidad universitaria a que ningún puesto va a ser utilizado para tal fin. En lo correspondiente al tercer punto, estamos dispuestos a escuchar propuestas de la Administración que tiendan a respetar nuestro derecho al trabajo.
A pesar de eso sabemos que con ninguna de nuestras propuestas la Administración quedará conforme. Lo que se esconde bajo el manto de dichos argumentos es el avance de la privatización de la universidad, que se manifiesta en la concesión de las cafeterías a privados, cuyos contratos garantizan el consumo total de la comunidad universitaria. Los vendedores informales somos un riesgo para el llamado comercio formal. Son dos las opciones que tiene la rectoría, defender los intereses de los estudiantes como miembros activos de la comunidad universitaria o defender los intereses de Cafam y con ello la política de privatización y desmedro de la educación pública. La Posición de Wasserman fue clara al inclinar su balanza hacia la segunda posibilidad.
Dejamos claro que el motivo de nuestro trabajo es la necesidad que tenemos de estudiar para cubrir los gastos que el sistema de bienestar no asume. Las posibles soluciones que ofrece dicho programa (préstamo-beca, bono alimentario) no sirven porque en la mayoría de casos no podemos cumplir los requisitos.
Pedimos el apoyo de toda la comunidad universitaria porque es claro que la ofensiva de la administración es contra todos los estamentos, conformemos un gran frente común que de al traste con las iniciativas represivas y privatizadoras que hoy se ciernen sobre la universidad pública.
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