Victoria Avendaño Pedrozo, Valledupar, agosto 21 de 2008
El pasado 28 de diciembre, el gobierno de Uribe por intermedio del Ministerio de Ambiente y Vivienda Territorial (MAVT) le otorgó mediante la resolución 2368 Licencia Ambiental a Empresa Carbones el Tesoro (CET), subsidiaria de la multinacional Glencore para que iniciara operaciones en el Centro de Acopio (Almacenamiento y cargue de Carbón) ubicado en la vereda Aguas Frías del municipio de Chiriguaná, a pesar de las previsibles consecuencias.
No tiene explicación lógica que siendo tan obvias las afectaciones que se producirán, el gobierno emitiera un acto administrativo que solo quince días de operaciones fueron suficientes para demostrar el atentado que se estaba autorizando contra los pobladores.
Como testimonio acusador de la proclividad a favorecer los intereses foráneos está: el polvo y el inmenso ruido producidos por los vehículos en la destapada vía, las partículas de carbón que son componentes permanente del aire que se respira y la utilización arbitraria que hace la empresa en sus operaciones de las aguas del caño Jovito que abastece a pobladores y campesinos, propiciando con ello la muerte de varias especies de fauna y flora propias del lugar; y la contaminación de los pastos ocasionando grandes daños a los ganaderos.
La comunidad ha registrado por escrito sus quejas a las autoridades competentes: Corpocesar, Procuraduría de asuntos ambientales y agrarios, Ministerio de Ambiente, etc., las cuales han dado origen a varias visitas en la zona en las que se ha constatado las irregularidades denunciadas, como consta en las actas levantadas después de cada visita y en los autos proferidos por el ministerio de ambiente imponiendo sanciones que van desde el levantamiento de los trinchos que desvían el agua del caño Jovito, la pavimentación del tramo que conduce al centro de acopio hasta la suspensión de las operaciones en horas de la noche, etc.
Lo insólito, es que la CET no le ha dado cumplimiento a los autos sancionatorios y la población sigue sufriendo las gravísimas consecuencias del progresivo deterioro ambiental y la “drástica respuesta” del MAVDT fue expedir el pasado 18 de julio, la resolución 1284 por medio de la cual le revoca todas las sanciones impuestas a la empresa.
Por otra parte es muy grave que el gobierno departamental y el del municipio afectado, Corpocesar, la asamblea departamental, el concejo, el defensor del pueblo, el personero y los congresistas no se den por aludidos, el silencio y la indiferencia además de convertirlos en cómplices del atropello los coloca como obsecuentes adoradores de las multinacionales frente a las cuales asumen una actitud de sumisa tolerancia.
Instamos a los gremios, autoridades, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, estudiantes, partidos políticos, profesionales a reflexionar sobre el inmenso daño que en materia ambiental y salud se le está ocasionado al departamento sin que haya un pronunciamiento de salvamento. Las migajas de las regalías no pueden volvernos cegatones.
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