Gonzalo Arango Jiménez, Presidente Federación Nacional de Profesores Universitarios, Bogotá, septiembre 15 de 2008
Desde el pasado 9 de septiembre, fecha en la cual la senadora Gina Parodi mostró en el recinto del Senado de la República unos videos, publicados de tiempo atrás en el sitio WEB de YouTube, en los que aparecen personas portando capuchas en una reunión de bienvenida a nuevos estudiantes en la Universidad Distrital a la que asistía el rector Carlos Ossa Escobar, se ha desatado una oleada de estigmatización contra las universidades públicas, pretendiendo mostrarlas como escenario abierto al proselitismo de los grupos insurgentes con fines de adoctrinamiento de los estudiantes y al reclutamiento de sus unidades. Todo ello con el torvo propósito de justificar la presencia militar permanente en los claustros universitarios.
Nunca hemos sido complacientes con la presencia de encapuchados en las universidades ni con el ejercicio de formas de protesta que se alejen de los marcos de la civilidad. Sabemos los riesgos a los que se somete a la comunidad universitaria y el aprovechamiento que de ello hacen los agentes del Estado para constreñir la justa protesta y allanar el camino a la imposición de nefastas políticas privatizadoras y liquidadoras de la universidad pública y del patrimonio cultural que en ellas se encarna. Hemos denunciado, hasta la saciedad, la crisis humanitaria de que es víctima la comunidad universitaria como consecuencia del recorte sistemático y permanente de las libertades y derechos democráticos en sus claustros, así como del asedio, la amenaza y las acciones criminales que contra profesores, estudiantes y trabajadores se han perpetrado por parte de las más oscuras organizaciones criminales, que han llegado al extremo de tomarse direcciones universitarias, como es el caso de la universidad de Córdoba, revelado públicamente por el confeso paramilitar Salvatore Mancuso.
La verdadera crisis de la universidad pública en Colombia es de distinta naturaleza y obedece a otras causas. Es el resultado de la aplicación de políticas gubernamentales que apuntan a adecuarla a los requerimientos de la globalización recolonizadora en marcha. Se expresa en su degradación académica mediante la imposición de reformas para convertir el contenido de la educación en instrumental y operativo; en el abandono de su financiación por parte del Estado que la empuja hacia la privatización y liquidación; en la precarización de las condiciones de contratación, remuneración y trabajo de sus empleados docentes y administrativos; en la ausencia de bienestar universitario; en el estrechamiento de la democracia y en la pérdida de su autonomía; en la asfixiante entronización del absolutismo en su seno y en la mercantilización de su quehacer académico.
Es contra esta política que se expresa la resistencia de la comunidad universitaria, mediante la denuncia y la movilización. Esa resistencia civil y masiva que se pretende acallar con el expediente de sindicarla de estar inspirada en otros intereses y en buscar fines distintos a los de la recuperación de la universidad publica para el apalancamiento del desarrollo económico, político y social de la nación.
Una vez más denunciamos la campaña infame de estigmatización que se hace contra la universidad pública y rechazamos de nuevo la militarización de la protesta universitaria, como lo hicimos cuando el presidente Uribe, en un consejo comunitario realizado en Bogotá en el mes de junio del año anterior, impartió la orden a las fuerzas armadas de ocupar los claustros universitarios.
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