25/09/2008
En 1998 se pagaba un promedio de 60.000 pesos por la matrícula de un semestre estudiantil en la Universidad Popular del Cesa r (UPC). Diez años después cuesta 10 veces más.
En el mismo 98 la participación porcentual del gobierno central en el presupuesto general de la UPC era del 80%. Al corte del 30 de junio de este año esa participación se redujo al 46%. Si a esto le abonamos el alto costo de servicios complementarios como los exámenes diferidos, habilitaciones, o expedición de certificados, se estaría completando el cuadro de lo que no puede designarse de otra manera, sino lisa y llanamente, privatización; y lo que restaría entonces sería proceder a eliminar de su denominación la palabra "popular". La universidad aumentó de manera vertiginosa su cobertura.
De aquella UPC coloquial que llegó a funcionar en el viejo edificio de las monjas (hoy alcaldía municipal) y en el cual sus miembros parecían pertenecientes a una sola familia porque se conocían entre sí, no quedan ni los rastros. La cobertura de la UPC superó la barrera de los 13 mil estudiantes (12 mil en Valledupar, mil en Aguachica y 300 en Codazzi).
Sin embargo, a pesar de que se pasó en el mismo lapso de cinco a 25 programas ofrecidos, lo que el gobierno nacional envía en valor presente se ha mantenido constante. Los ministerios de Hacienda y Educación se limitan a regañadientes, a cumplir con lo que estipula el artículo de la Ley 30/92 que los obliga a mantener el poder adquisitivo de los recursos destinados a la universidades públicas como la nuestra. ¿Quiénes cargaron y siguen cargando entonces con la responsabilidad de la ampliación enorme de cobertura que se presentó? Blanco es y gallina lo pone como dice el trillado adagio: estudiantes y padres de familia.
Ese paulatino abandono de la obligación estatal de garantizar el acceso popular a la Educación Pública Superior, precepto constitucional ratificado en una reciente sentencia de la Corte Constitucional (C-507 del 2008), ha incidido en desmejora de la calidad educativa.
La UPC de hoy con mas de 20 programas ofertados sólo dispone de 83 profesores de tiempo completo de carrera, 25 menos que cuando existían sólo cinco. La fórmula mágica para entender semejante sinsentido, se llama profesores ocasionales y catedráticos que se aproximan a 700. Claro, pésimamente remunerados.
La hora cátedra en la UPC oscila entre 10 mil y 13 mil pesos, la asignación más baja entre todas las universidades del país. El primer centro de educación superior del departamento a pesar de que anualmente presenta balances de contabilidad equilibrados, en realidad se debate en un déficit presupuestal considerable si lo que se ejecuta se comparara con las necesidades académicas reales de la institución.
El 90% del presupuesto de 33.000 millones de pesos se dedican a gastos de funcionamiento y sólo un pírrico 10% se destina a la inversión. Es comprensible que el gran sacrificado de esta desproporción sean los procesos relacionados con las funciones básicas: docencia, investigación y extensión universitarias.
Se necesita en consecuencia, poner sobre el tapete en la actual coyuntura, temas tan esenciales y cruciales para la vida universitaria, como la asignación de un presupuesto justo y adecuado para nuestra alma máter.
De mi parte considero que además de los argumentos contundentes que se tienen para justificar una inyección adicional de 26.000 millones de pesos –que cubriría el déficit por concepto de necesidades académicas-, se requiere la puesta en marcha de una estrategia con el fin de convertir la bandera del presupuesto de la UPC en un propósito ciudadano de alcance regional.
Raúl Bermúdez Márquez
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