EDITORIAL
La huelga enfrenta medidas económicas de Sarkozy -compromisos de su campaña presidencial- tendientes a controlar rubros que se han convertido en pesadas cargas fiscales para el Estado. Es el caso de su intención de eliminar los esquemas privilegiados de jubilación de que gozan muchos servidores públicos, mediante el aumento de la edad y las semanas trabajadas. También se protesta contra su propuesta de reducir la nómina de empleados a cargo del Estado y atar la remuneración a su desempeño, alegando que el poder adquisitivo del salario ha caído frente al aumento de precios. Los estudiantes no quieren que se abran las puertas a la financiación privada en las instituciones públicas y temen que esto excluya a muchos estudiantes de menores recursos o elimine clases que no cuenten con patrocinio financiero apropiado.
Para Sarkozy, controlar la burocracia es crítico, pues el Gobierno, con más de 5 millones de trabajadores, es el principal patrono en Francia. E insiste en que una mayoría de los franceses lo eligieron a sabiendas de que impondría estas reformas tendientes a 'poner la casa en orden' y reducir el déficit fiscal.
La prueba de Sarkozy no es única. Mandatarios de línea conservadora como él enfrentaron los sindicatos, como Margaret Thatcher, que derrotó la huelga de mineros de 1984-85, o Ronald Reagan, que hizo igual con los controladores aéreos en 1981. Pero lo decisivo en Francia hoy es si los huelguistas logran el apoyo de los franceses comunes y corrientes, como le pasó al entonces presidente Jacques Chirac, que debió retroceder en sus intentos de reforma en 1995, o si Sarkozy logra aislarlos y, por primera vez en décadas, romper consensos básicos del Estado de bienestar francés. Por lo pronto, mientras sindicatos y Presidente aseguran que no darán marcha atrás, los franceses siguen caminando al trabajo.
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