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| No es la primera vez que el presidente Álvaro Uribe es denunciado ante la comisión de Investigación y Acusaciones. En diciembre de 2003 rindió versión durante dos horas, por citación de la congresista indígena Teófila Roa. |
La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara es ante todo un ente político, conformado mayoritariamente por uribistas.
Por Élber Gutiérrez Roa
Fecha: 10/31/2007 -Las dos solicitudes de investigación contra el Presidente de la República, radicadas por el Procurador, Edgardo Maya, y el Polo Democrático no tienen futuro. En medio de la efervescencia por los buenos resultados electorales del Polo en Bogotá y la consecuente paliza electoral al Jefe de Estado, algunos políticos consideran que ya va siendo hora de sentar un precedente contra aquellos funcionarios que juegan al filo de la ley en época electoral, pero este no será el caso.
No porque sea cierta la teoría de José Obdulio Gaviria,asesor del Presidente, según la cual Uribe no le hizo campaña en contra a Samuel Moreno. Sino porque el ente encargado de investigar al Presidente está dominado por congresistas de su bancada política.
Como ha ocurrido con tantos de los casos llevados por esa comisión, por ejemplo aquellos contra varios ex fiscales generales de la Nación, el tema de la investigación no pasará de un par de titulares de prensa y, si es que es admitida, del reparto para su posterior archivo.
La Comisión está integrada por 16 congresistas a los cuales ni siquiera se les exige ser abogados o tener conocimientos sobre derecho. De ellos sólo cinco son de oposición (cuatro liberales y uno del Polo Democrático), mientras que los otros once pertenecen a las huestes uribistas. Hay dos de Cambio Radical, tres uribistas, tres conservadores y tres de Convergencia Ciudadana. Como se dice en el argot del Congreso, “un solo pupitrazo suyo bastará para salvarnos”.
Siendo de mayorías uribistas, lo más lógico es que el control directo de la Comisión esté en manos de uribistas. La Presidenta, Amanda Ricardo, es una novata congresista cundinamarquesa perteneciente al Partido de la U, es decir, de la bancada que acompañó al Presidente a repartir subsidios en época electoral. Claro, los legisladores pueden decir que su función es revisar el expediente y verificar “exhaustivamente”, pero lo cierto es que no ha habido caso en que alguno de los investigados por la Comisión haya resultado culpable. Y el ejemplo más célebre es el del ex presidente Ernesto Samper, procesado durante el proceso 8000.
Uribe también tiene varios antecedentes. Uno de ellos fue cuando la ex congresista Teófila Roa lo llamó a versión por una demanda instaura por el hoy senador Alexander López, debido a supuestas irregularidades en la liquidación de Telecom. La diligencia se cumplió el 16 de diciembre de 2003 y se hizo en el Congreso por decisión del propio Uribe. Después de las dos horas del interrogatorio, políticos y periodistas se le fueron encima a la entonces parlamentaria indígena, quien resultó regañada por hacerle perder tiempo al mandatario. Como Roa no era la titular de la curul, dejó el cargo y su sucesor en el caso decidió que no había méritos para investigar al presidente.
Por casos como estos los mismos congresistas se burlan de la Comisión, a la que llaman “de absoluciones” y en varias ocasiones han presentado proyectos para tratar de modificarla.
Otra vez Uribe
La discusión sobre la supuesta violación de Uribe a la norma que le impide participar en política comenzó cuando éste arreció sus críticas contra el candidato del Polo a la alcaldía, Samuel Moreno. Lo hizo desde varios escenarios, pero uno de los más recordados fue en el municipio de Algarrobo (Magdalena), días después de haber señalado que las Farc apoyaban a aspirantes del Polo Democrático y de que Moreno dijera (equivocadamente, según aclaró después) que sí compraría votos para impedir el triunfo de un candidato corrupto.
Los hechos eran tan recientes que estaban en la cabeza de todo el país y no había necesidad de tener la “inteligencia superior” de la que habla el asesor Gaviria que tiene el Presidente para saber a quién hacía alusión el Jefe del Estado cuando dijo: “Hoy Algarrobo le habla a Bogotá (...) que no se equivoquen allá (...) eligiendo alcaldes respaldados por la guerrilla y que además compran votos".
Declaraciones como esta hicieron que el Procurador Edgardo Maya, quien no es propiamente del Polo Democrático, le pidiera a la Comisión de Investigación que indague si Uribe violó la ley. El Procurador pidió establecer si "en sus alocuciones y discursos, al referirse a los candidatos que apoya la guerrilla y que compran votos, (Uribe) infringió la norma constitucional que le prohíbe tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas". Con la de Maya, ya había 72 solicitudes de investigación contra el Primer Mandatario.
El Polo, a través del senador Luis Carlos Avellaneda, también le pidió a la Comisión que se pronuncie sobre el tema. Aunque Avellaneda es un exitoso abogado en causas contra el Estado, en esta oportunidad no la tendrá fácil, pues además de la demostración jurídica deberá tener en cuenta los aspectos políticos que rigen el movimiento de la Comisión.
La Casa de Nariño ya reaccionó ante la solicitud del Procurador y señaló que "prevenir y denunciar delitos como la compra de votos y en general delitos contra el sufragio, así como el apoyo de grupos terroristas a candidatos de elección popular, es defender la democracia y no intervención en política". Muy seguramente esa será la tesis que triunfe en la Comisión, aunque a muchos congresista de oposición les quede el sabor de que el Presidente jugó con la ley para tratar de inclinar la balanza electoral a favor del candidato de sus preferencias.
Siendo de mayorías uribistas, lo más lógico es que el control directo de la Comisión esté en manos de uribistas. La Presidenta, Amanda Ricardo, es una novata congresista cundinamarquesa perteneciente al Partido de la U, es decir, de la bancada que acompañó al Presidente a repartir subsidios en época electoral. Claro, los legisladores pueden decir que su función es revisar el expediente y verificar “exhaustivamente”, pero lo cierto es que no ha habido caso en que alguno de los investigados por la Comisión haya resultado culpable. Y el ejemplo más célebre es el del ex presidente Ernesto Samper, procesado durante el proceso 8000.
Uribe también tiene varios antecedentes. Uno de ellos fue cuando la ex congresista Teófila Roa lo llamó a versión por una demanda instaura por el hoy senador Alexander López, debido a supuestas irregularidades en la liquidación de Telecom. La diligencia se cumplió el 16 de diciembre de 2003 y se hizo en el Congreso por decisión del propio Uribe. Después de las dos horas del interrogatorio, políticos y periodistas se le fueron encima a la entonces parlamentaria indígena, quien resultó regañada por hacerle perder tiempo al mandatario. Como Roa no era la titular de la curul, dejó el cargo y su sucesor en el caso decidió que no había méritos para investigar al presidente.
Por casos como estos los mismos congresistas se burlan de la Comisión, a la que llaman “de absoluciones” y en varias ocasiones han presentado proyectos para tratar de modificarla.
Otra vez Uribe
La discusión sobre la supuesta violación de Uribe a la norma que le impide participar en política comenzó cuando éste arreció sus críticas contra el candidato del Polo a la alcaldía, Samuel Moreno. Lo hizo desde varios escenarios, pero uno de los más recordados fue en el municipio de Algarrobo (Magdalena), días después de haber señalado que las Farc apoyaban a aspirantes del Polo Democrático y de que Moreno dijera (equivocadamente, según aclaró después) que sí compraría votos para impedir el triunfo de un candidato corrupto.
Los hechos eran tan recientes que estaban en la cabeza de todo el país y no había necesidad de tener la “inteligencia superior” de la que habla el asesor Gaviria que tiene el Presidente para saber a quién hacía alusión el Jefe del Estado cuando dijo: “Hoy Algarrobo le habla a Bogotá (...) que no se equivoquen allá (...) eligiendo alcaldes respaldados por la guerrilla y que además compran votos".
Declaraciones como esta hicieron que el Procurador Edgardo Maya, quien no es propiamente del Polo Democrático, le pidiera a la Comisión de Investigación que indague si Uribe violó la ley. El Procurador pidió establecer si "en sus alocuciones y discursos, al referirse a los candidatos que apoya la guerrilla y que compran votos, (Uribe) infringió la norma constitucional que le prohíbe tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas". Con la de Maya, ya había 72 solicitudes de investigación contra el Primer Mandatario.
El Polo, a través del senador Luis Carlos Avellaneda, también le pidió a la Comisión que se pronuncie sobre el tema. Aunque Avellaneda es un exitoso abogado en causas contra el Estado, en esta oportunidad no la tendrá fácil, pues además de la demostración jurídica deberá tener en cuenta los aspectos políticos que rigen el movimiento de la Comisión.
La Casa de Nariño ya reaccionó ante la solicitud del Procurador y señaló que "prevenir y denunciar delitos como la compra de votos y en general delitos contra el sufragio, así como el apoyo de grupos terroristas a candidatos de elección popular, es defender la democracia y no intervención en política". Muy seguramente esa será la tesis que triunfe en la Comisión, aunque a muchos congresista de oposición les quede el sabor de que el Presidente jugó con la ley para tratar de inclinar la balanza electoral a favor del candidato de sus preferencias.
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