RECALCA, Bogotá, noviembre 1 de 2007
El panorama de las gestiones del gobierno colombiano en Estados Unidos se ensombrece cada día más. Está claro que este año no habrá TLC con EEUU, a pesar de que han invitado a Colombia a decenas de parlamentarios estadounidenses y de que en los últimos meses han venido y vendrán numerosos funcionarios de la administración Bush –desde Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio, y Henry Paulson, secretario del Tesoro, hasta Susan Schwab representante comercial– y de que todos los días el gobierno norteamericano hace declaraciones a favor del tratado, tildándolo como tema de seguridad nacional e intentando asustar con el fantasma de la influencia de Chávez sobre la región.
En Estados Unidos el Partido Demócrata ha presionado a la administración Bush para que apruebe el Trade Adjustment Assistance, TAA, que tiene el objetivo de compensar a los trabajadores de ese país por las pérdidas producidas a causa de la liberalización comercial. En el Senado los republicanos se oponen a los montos propuestos por los demócratas para este programa y a su vez los demócratas han condicionado la continuación del trámite de los TLC pendientes a la aprobación de este programa. Los republicanos insisten en ligar dicho programa a la renovación de la autorización para hacer negociaciones comerciales por “la vía rápida” (TPA), y entre idas y venidas se enreda la agenda comercial de Bush, quien cada día aumenta su desprestigio al paso que incluso los votantes republicanos se inclinan en contra del libre comercio.
Los demócratas, quienes de todas maneras son proclives a los TLC, impusieron su posición manejados por Charles Rancel y en el caso de Perú hicieron que la Comisión de Medios y Arbitrios aprobara el TLC con Perú, el cual al parecer se someterá a votación de la Cámara de Representantes en la primera semana de noviembre. Aunque por su parte Rangel anunció que este año no se votarán más tratados, el liderazgo demócrata manifestó su complacencia con el texto reformado por medio del reciente acuerdo bipartidista mediante el cual se suscribió un Protocolo Modificatorio del TLC
Sin embargo, a medida que el tiempo pasa la situación se le complica a Bush y el tema se está politizando aceleradamente. Hillary Clinton, la candidata presidencial más opcionada por el Partido Demócrata, se mostró en contra del TLC con Perú y se distanció de la agenda comercial de Bush. Otro candidato demócrata, John Edwards, se pronunció fuertemente contra los tratados de libre comercio y los senadores Kennedy y Waxman proclamaron decididamente que estaban en contra de las definiciones sobre propiedad intelectual estipuladas en los TLC.
Esto ratifica que la agenda comercial de Bush se encuentra gravemente empantanada y su insistencia en el trámite de los TLC obedece exclusivamente a su cerrada lealtad a los intereses de las multinacionales.
En Colombia Uribe Vélez sigue ciegamente la agenda republicana e incluso se adelanta a sus deseos. Esta semana hizo aprobar a pupitrazo el Protocolo Modificatorio del TLC como si con esta reiterada obsecuencia con las orientaciones de Bush, pudiera eludir los crecientes cuestionamientos que internacional y nacionalmente se hacen a su conducta en materia de democracia y derechos humanos.
Su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, sus ataques al recién elegido Alcalde de Bogotá Samuel Moreno tratando de impedir su elección y sus permanentes agresiones contra el presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, pretenden tender una cortina de humo sobre los cotidianos descubrimientos nuevos que los investigadores hacen sobre sus estrechos vínculos con los grupos paramilitares que han asolado el país durante años y que son justamente los que han llevado a que muchos demócratas en EEUU manifiesten escrúpulos de firmar un TLC con este gobierno.
La renuncia de Sandra Suárez, quien hace pocas semanas fue presentada pomposamente como la coordinadora colombiana del trámite del TLC en Estados Unidos, refleja las dificultades de Uribe. Primero algunos medios informaron que dicha funcionaria había sido señalada de tener nexos con los acusados de la parapolítica, después trataron de eludir el tema y explicaron que la verdad era que la flamante coordinadora –encargada de “defender los intereses de Colombia” – se había ido a trabajar en una multinacional farmacéutica que justamente defiende intereses opuestos a los de Colombia. Hacía muy pocos meses la funcionaría había iniciado sus labores y ni siquiera alcanzó a conocer el ambiente en Washington. A su salida señaló que este año no se aprobaría el TLC en Estados Unidos, cosa que ratificó el ministro de Comercio de Colombia señalando que en febrero harán un nuevo intento.
El millonario cabildeo de Uribe en Washington ha intentado hacer creer que tiene el apoyo de organizaciones sindicales, indígenas y afrodescendientes para lo cual se ha valido de los buenos oficios de unos cuantos esquiroles y arribistas, lo cual exige que las organizaciones sociales se pronuncien enfáticamente en contra.
El movimiento popular debe aprovechar que los TLC están en un profundo descrédito en el continente y arreciar su denuncia y labor educativa sobre sus nefastos efectos para asegurar que nuevas protestas impidan que el trámite de este tratado llegue a su fin.
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