Octubre 19 de 2007
Así está expresado en el informe final presentado en un video llamado 'Generación Holocausto', de una hora y 10 minutos, en el X Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria realizado en Cali.
La Comisión de la Verdad, creada en el 2005 para esclarecer los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ratificó que se debe aclarar el papel del ex presidente Belisario Betancur en los hechos que resultaron con la muerte de magistrados y empleados.
El informe se conoce menos de un mes después de que la Fiscalía le pidió a la Cámara de Representantes investigar, una vez más, al ex mandatario por la retoma del Palacio de Justicia.
"Nunca existió intención real del Gobierno de tratar de salvar la vida de los rehenes, ni de proteger la integridad física de quienes permanecían atrapados en medio del fuego cruzado", dice la Comisión en su informe.
En el video incluyeron los testimonios del ex presidente Betancur, del ex miembro del M-19 Antonio Navarro, además de militares, sobrevivientes, familiares de las víctimas, investigadores y periodistas.
El informe señala al M-19 como primer responsable del holocausto, en el que tomó de rehenes a "integrantes del poder judicial con cerca de medio millar de personas que a las 11:40 a.m. se encontraban indefensas", el 6 de noviembre de 1985.
También reitera, como lo dijo hace un año en un informe preliminar, que los hechos fueron cubiertos con un manto de impunidad (salvo por las investigaciones del Consejo de Estado y por la actual Fiscalía) y que se deben continuar los esfuerzos investigativos sobre lo que ocurrió.
Además, insistieron en que hay evidencias de que el cartel de Medellín financió el ataque. De hecho, Otty Patiño da en el video un testimonio en el que acepta contactos con el narcotráfico, pero aclara que estos no fueron de sometimiento por parte del M-19.
Por su parte, Rosemberg Pabón, ex miembro del M-19, dijo que Iván Marino Ospina, jefe de ese grupo, se encargaba de dialogar con esos grupos.
Sobre la respuesta "ilegítima y desproporcionada" de la Fuerza Pública, el informe recalca que el general Jesús Arias Cabrales, al frente de la acción del Ejército en el cuarto piso del Palacio, ordenó disparar con fusiles, lanzagranadas y un obús hacia el lugar donde estaban guerrilleros y rehenes. "El feroz combate del Ejército cerró todas la posibilidades de que cualquier rehén saliera con vida", concluyen en el video.
Algunas de las conclusiones
1. 'La Fuerza Pública sabía días antes de la toma y no hizo nada'.
La investigación llegó a la conclusión de que hubo conocimiento pleno del Ejército de que la toma se iba a producir. El viernes 18 de octubre se publicó que existía información sobre el tema y que hubo un descuido de la vigilancia. "A pesar de las amenazas y el anuncio de la incursión violenta, el martes 5 de noviembre de 1985 el Palacio amaneció inexplicablemente sin vigilancia de Fuerza Pública".
2. 'Hubo vacío de poder, pero no un golpe de Estado momentáneo'.
El Ejecutivo no estuvo informado con precisión sobre lo que ocurría a tres cuadras del Palacio y menos asumió el mando del operativo. En el documento se habla de vacío de poder, pero Betancur no acepta que hubo un golpe de Estado en ningún momento. "Me consultaron que había un operativo militar porque yo así lo había dispuesto. Ahora, qué se hacía por aquí, o allá (...) no minuciosamente...", dijo.
3. 'Tres incendios provocados por bombas acabaron con el Palacio'
La conflagración que devoró casi todo el Palacio se originó por tres fuentes. La primera en el sótano de parqueaderos, provocada por bombas caseras de la guerrillla y disparos de la Fuerza Pública. El segundo, a las 6 p.m., en el primer piso, en la biblioteca, por la quema de expedientes. La mayor conflagración, en el cuarto piso, se produjo por la explosión de una bomba, al parecer una basuca, en el auditorio.
Retirados piden garantías
El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro se pronunció sobre la investigación de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia y expresó su preocupación por lo que denomina "actuaciones persecutorias y de retaliación" de algunos funcionarios judiciales.
En un comunicado, la asociación de ex militares de alto rango asegura, no solo frente al caso del Palacio, sino de otros hechos que involucran a oficiales: "nuestro justo clamor es por una justicia verdadera, la garantía de un debido proceso y el respeto por la honra de los militares de Colombia".
CALI
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