Octubre 30 de 2007
La ayuda equivale a todo el presupuesto previsto para el año fiscal 2006 y 2007 (cerró el pasado 30 de septiembre), que requería de una certificación del Departamento de Estado.
Aunque los legisladores han citado casos individuales, como el del general (r) Rito Alejo del Río, como razones para obstaculizar la ayuda, el problema actual son los reportes que hablan de "dramáticos aumentos" en el número de ejecuciones extrajudiciales atribuibles al Ejército.
Hace 15 días una coalición de organizaciones en DD.HH., conformada por grupos colombianos, estadounidenses y europeos, presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH., el Departamento de Estado y miembros del Congreso, el resultado de una investigación realizada en el país a lo largo de varios meses.
De acuerdo con este reporte, entre el 2002 y el 2006 el número de ejecuciones extrajudiciales creció un 66 por ciento, comparado con el período 1997-2002. Su reporte, en cierto sentido, ha sido validado por la oficina para los DD.HH. de la ONU, que también detecto un incremento
El mismo grupo ya había presentado un reporte preliminar en junio del 2006. Fecha a partir de la cual se puso el "freno de mano" a la ayuda.
Según las organizaciones, que dicen haber recopilado evidencia legal en 155 de los casos, el Ejército habría ejecutado a civiles que luego vistió con uniformes para hacerlos pasar por guerrilleros.
Las ONG piden que, para llegar al fondo del asunto, los casos deben ser investigados plenamente. De los 955 casos, solo dos han sido resueltos.
Así funciona
Desde que E.U. comenzó a brindar ayuda militar, el 25 por ciento de un total de 220 millones anuales (promedio) han estado sujetos a dos certificaciones cada año. Estas son hechas por el Departamento de Estado y deben registrar progresos como precondición para que la ayuda fluya.
Aunque siempre han sido objeto de polémica, pues las ONG alegan que el progreso nunca ha sido suficiente, la ayuda "certificable" continuó entregándose hasta abril del 2006, cuando se autorizó la entrega de US$27 millones que correspondían al balance de los recursos para el 2005.
De allí en adelante todo quedó suspendido. En mayo de este año, el Departamento de Estado otorgó su "visto bueno" para la ayuda del 2006, pero el Congreso, encabezado por el senador Patrick Leahy, la puso en "hold" -suspendida- invocando el incumplimiento de las condiciones.
El Gobierno colombiano, dicen fuentes, lleva más de 5 meses tratando de resolver las dudas de los legisladores y ha contestado cuestionarios que superan las 200 preguntas. Además, expidió en junio una directiva especial (la 10-2007) en la que le recuerda a la tropa que debe respetar a los civiles, pide a las autoridades militares permitir la investigación civil de los asesinatos y crea una comisión para ese fin.
Leahy, como las ONG, considera las medidas como insuficientes, pues no se han traducido en condenas. Además, critican, la comisión solo investigaría los casos que se han registrado en Antioquia
Leahy, por lo tanto, ha insistido en mantener el bloqueo sobre esos 55 millones que viene colgados desde el 2006. Y aunque el Departamento de Estado podría certificar pronto lo correspondiente al 2007 (otros US$ 55 millones), es seguro que el Congreso también los pondrá en "hold".
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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