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http://www.semana.com/noticias-nacion/todo-orden-casa-narino/142149.aspx
Nación. El ex director de Inteligencia del DAS Fernando Tabares revela cómo el organismo se convirtió en la punta de la lanza de la Presidencia en su 'guerra' contra la Corte, la oposición y los medios. Cada vez es más comprometedora la situación del secretario general Bernardo Moreno.
Pasadas las dos de la tarde del 9 de julio de 2010, Fernando Tabares, ex director de Inteligencia del DAS, compareció ante el fiscal delegado de la Corte Suprema, Misael Fernando Rodríguez. El motivo: quería acogerse al principio de oportunidad en la investigación sobre el espionaje ilegal del DAS. Su testimonio ese día, que fue revelado por La W Radio el viernes pasado, es explosivo. De manera detallada y clara, Tabares confirma lo que era un secreto a voces: que todas las órdenes para hacerles seguimiento a los magistrados de la Corte Suprema y opositores al gobierno vinieron directamente de la Casa de Nariño. Y no de cualquier funcionario sino de Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia de la República.
Desde que SEMANA reveló esta irregular actividad en febrero de 2008, el gobierno ha insistido en que no era cierto y que si hubiera algún acto ilícito, fue cometido por ex detectives de bajo rango. Esa posición fue reiterada en días pasados por el vicepresidente Francisco Santos. La confesión de Tabares, quien ocupaba el segundo cargo más alto del DAS, controvierte plenamente esas versiones. Queda claro que la entonces directora María del Pilar Hurtado y sus sucesores Joaquín Polo y Felipe Muñoz estaban al tanto del espionaje que se hacía para altos funcionarios de Palacio.
Tabares revela detalles hasta ahora desconocidos de cómo se fraguó la conspiración contra la Corte Suprema y miembros de la oposición.
Este miércoles 28 de julio, Moreno está citado a interrogatorio por la Fiscalía. Deberá explicar porqué era tan importante para la seguridad del Estado que el DAS dedicara sus recursos a hacer espionaje político a los presuntos 'enemigos' de la administración de Álvaro Uribe.
Los blancos eran "la Corte, Córdoba, Petro y Coronell"
"Todo se inicia después de la posesión de la doctora María del Pilar Hurtado como directora del DAS, el 31 de agosto de 2007. Los días siguientes ella me invita a que la acompañe a un desayuno de trabajo que iba a tener con Bernardo Moreno en el Metropolitan Club de la ciudad de Bogotá. (…) Ella nos presentó y le indicó que yo era director general de Inteligencia del DAS. Moreno le manifestó a Hurtado que el interés del señor Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia'; la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
"Terminado ese desayuno, yo me regreso con la doctora Hurtado y ella me pregunta que si nosotros tenemos cómo informar al Presidente sobre esos temas. Le dije que sobre los tres primeros temas, la Corte Suprema de Justicia, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno, pero que en el de Daniel Coronell yo lo veía más como un tema personal y que no veía cómo el DAS podría adelantar labores de inteligencia sobre esta persona… Ella impartió instrucciones para que empezáramos a centrar lo más posible nuestras labores sobre ese requerimiento transmitido por Moreno, y al interior del DAS se inició la elaboración de documentos y la recolección de información correspondiente.
"(…) En el caso específico del senador Gustavo Petro, la Subdirección de Contrainteligencia desde tiempo atrás venía recopilando información al respecto… En el tema de Córdoba… se realizaron labores de inteligencia tendientes a obtener más información . Esta era entregada a la Dirección del departamento, para que esta, a su vez, la pusiera en conocimiento del Presidente de la República (...)".
"La carta de 'Tasmania' la entregó el conductor de Mario Uribe"
En octubre de 2007, el presidente Álvaro Uribe denunció que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez estaba conspirando para implicar al jefe de Estado en crímenes cometidos por paramilitares. Y presentó como prueba una presunta carta de un paramilitar llamado 'Tasmania' donde se denunciaban las supuestas acciones de Velásquez. Una investigación de la Fiscalía comprobó que el complot era en realidad contra Velásquez. Tabares describe el rol del DAS en este asunto.
"Quiero iniciar con el caso que se denominó caso Tasmania. El 26 de septiembre se abre el proceso en la Fiscalía contra el senador Mario Uribe, primo del señor Presidente, y el 29 de septiembre la doctora Hurtado, por instrucción del doctor Bernardo Moreno, según ella misma nos lo manifestó, ordena a la doctora Marta Leal desplazarse a Medellín. Allí le entregan un sobre cerrado que tenía como destinatario al Presidente. El 1 de octubre Hurtado ordena a Leal que se desplace nuevamente a Medellín a recibir otra información… Posteriormente yo me entero de que la información recibida se refería a la carta manuscrita por el sujeto paramilitar conocido como alias 'Tasmania', en la cual le informaba al Presidente de las supuestas intenciones del magistrado Iván Velásquez y que el motivo del segundo viaje de la doctora Marta Leal fue porque el primer documento enviado era una copia y lo que se requería en la Casa de Nariño era el original. Así mismo, tiempo después la doctora Leal manifestó que quien le entregó uno de esos documentos en Medellín, no recuerdo cuál de los dos, fue el conductor de Mario Uribe".
"Se entregaban expedientes de la Corte a la Casa de Nariño"
Tabares confirma que el DAS tenía una persona infiltrada en la Corte Suprema y que toda la información recolectada era entregada a la Casa de Nariño. Tabares, además, salpica al ex director Joaquín Polo y al actual director, Felipe Muñoz, quienes, según él, estaban al tanto de la operación encubierta contra la Corte.
"Con referencia a la fuente humana que entregaba información de la Corte Suprema de Justicia, era una fuente manejada por el subdirector de Fuentes Humanas, William Romero. Como fuente humana, recibía un pago por la citada información que estaba incluida dentro de los gastos reservados... Esta fuente, como lo dije anteriormente, nunca se suspendió. Nunca se dieron órdenes de destruir la información suministrada por la fuente pero sí instrucciones de que se protegiera del conocimiento de terceros y de una posible fuga de información. Romero me manifestó que esa información estaba bajo su custodia en una dependencia externa diferente al edificio de Paloquemao.
"Esto se reunió con el requerimiento inicial de información sobre la Corte Suprema de Justicia que hiciera Bernardo Moreno, y es así como la Subdirección de Fuentes Humanas informa sobre la existencia de una fuente en dicha corporación a través de la cual se recibía información que era analizada y entregada a la directora general con destino a la Casa de Nariño. Esta fuente inclusive llegó a entregar expedientes que fueron requeridos por la Casa de Nariño, según lo manifestado por la doctora Hurtado, y uno de los que recuerdo era el de la senadora Nancy Patricia Gutiérrez. También la fuente obtuvo o realizó grabaciones de algunos temas discutidos al interior de la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron también entregados a la directora con destino a la Casa de Nariño… Es importante también aclarar que (sus sucesores) Joaquín Polo y Felipe Muñoz conocieron de esta fuente y llevaron información suministrada por esta fuente a la Casa de Nariño".
"Se le entregó información sobre Piedad Córdoba a Nancy Patricia Gutiérrez"
La senadora Nancy Patricia Gutiérrez hizo un debate contra Piedad Córdoba en la plenaria del Senado, por su cercanía al gobierno venezolano. Tabares revela que el contenido de las denuncias de Gutiérrez fue proveído por el DAS.
"En marzo del 2008, Hurtado nos manifiesta que por órdenes de la Casa de Nariño se debe apoyar a la senadora Nancy Patricia Gutiérrez en un debate que esta tenía pensado hacerle a la senadora Piedad Córdoba en el Congreso. Nos da instrucciones a mí y a Marta Leal para que toda la información que se tenía sobre la senadora Córdoba se la entregara a Gutiérrez a fin de que esta la utilizara en dicho debate, lo cual efectivamente se hizo. "(…) Se obtuvo información sobre unos dineros girados a Piedad Córdoba por la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, por un monto cercano a los 300.000 dólares y de lo cual circulaban algunos rumores en los medios de comunicación, la cual también se encontraba en la carpeta entregada a la senadora Gutiérrez. Dicha información relacionada con el tema Monómeros, por instrucciones de la directora, se filtró en el mes de agosto de 2008 a los medios de comunicación colombianos, si mal no recuerdo a 'El Espectador' (...)".
"La intención era afectar al magistrado auxiliar Iván Velásquez"
SEMANA reveló en agosto de 2008 una reunión en la Casa de Nariño con un paramilitar conocido como 'Job'. Al revelarse la existencia de ese encuentro, la Presidencia dijo que 'Job' traía información sobre otro supuesto complot contra Uribe. Para Tabares, la reunión tenía otro propósito.
"El 23 de abril de 2008, Hurtado fue citada, tengo entendido, por Edmundo del Castillo, a una reunión en la Casa de Nariño a la cual asistirían unas personas relacionadas con paramilitares, en la cual se iba a tratar un tema de interés para la Presidencia de la República. Ella me cita al despacho y me comenta lo anterior, y yo le manifiesto que de ninguna manera ella como directora del DAS tenía por qué ir a reunirse con personas de esa categoría. Ella llama entonces al Presidente por teléfono, le comunica lo anterior y este entonces le dice que no asista, pero que en su reemplazo envíe a un funcionario del DAS. Se le ordena a la doctora Marta Leal que asista a la misma, teniendo en cuenta que ella durante el ejercicio de sus funciones tenía más conocimiento específico de temas relacionados con paramilitarismo. En esa reunión se tocan temas que tenían que ver con el magistrado auxiliar Iván Velásquez(…). Lo importante es dejar claro, luego de lo comentado por la doctora Marta Leal, que la intención de dicha reunión era la de afectar al magistrado Iván Velásquez, algo similar a lo que se pretendía con el caso de 'Tasmania'".
"La intención de filtrar era afectar y desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia"
A finales de abril de 2008, SEMANA publicó una denuncia sobre un viaje que hicieron magistrados de la Corte Suprema a Neiva y sus presuntos vínculos con un polémico personaje llamado Ascencio Reyes. El artículo, como lo ha reconocido SEMANA en el pasado, tenía varias inexactitudes y errores. Tabares le reveló a la Fiscalía cómo y por qué esa información fue filtrada por funcionarios de la Casa de Nariño.
"Muchos hechos ocurridos en el país relacionados con la Presidencia de la República motivaron órdenes hacia el DAS. El 22 de abril de 2008 se produce la captura del doctor Mario Uribe y a partir de ahí la presión. (…) El 24 de abril de 2008 se realiza una reunión en la Casa de Nariño con funcionarios de la Uiaf está claro que en esa reunión la Uiaf suministró información relacionada con los magistrados y Ascencio Reyes a funcionarios de la Casa de Nariño. El 25 de abril de 2008 Hurtado nos indica a mí y al capitán Lagos que la acompañemos a la Casa de Nariño. (…) Una vez allí, llegamos a una oficina que estando allí me entero de que es el despacho del doctor Bernardo Moreno. Se encontraban junto con él Jorge Mario Eastman, a quien tampoco conocía, y posteriormente, estando allí se nos indicó que lo que se requería de nosotros era que los apoyáramos en el reconocimiento de Ascencio Reyes en una fotografía que se encontraba almacenada en un computador en dicha oficina... Durante este tiempo el doctor José Obdulio Gaviria preguntaba insistentemente si ya se había logrado identificar y reconocer a Reyes en las fotos y manifestaba su urgencia porque en SEMANA ya iban a cerrar la edición y se le notaba la urgencia para enviar dicha fotografía. (…) No pudiendo ayudarlos en el reconocimiento de la citada fotografía, la doctora María del Pilar y yo nos despedimos. (…) Entendí en ese momento que SEMANA iba a publicar ese fin de semana información relacionada con Ascencio Reyes y que en alguna u otra forma tendría que ver con los magistrados de la Corte. Así mismo, después de analizar todos los hechos relacionados, me llevan a concluir que la intención de filtrar no era otra que afectar y desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia".
"Funcionarios de contrainteligencia destruyeron información"
SEMANA reveló el 21 de febrero de 2009 que el DAS hacía seguimientos y grabaciones ilegales y que muchos documentos de esa actividad ilegal habían sido destruidos un mes antes. Tabares confirmó esta denuncia a la Fiscalía.
"En lo que tiene que ver con la destrucción de información, hay un aspecto importante cuando el doctor Felipe Muñoz cita a los directivos del DAS a una reunión en la sala de juntas para analizar y establecer qué había de cierto o no en la publicación de SEMANA. En la publicación se decía que entre el 19 y el 21 de enero se había realizado una destrucción importante de documentación o información en el piso 11 del edificio del DAS. (…) Unos funcionarios de la Subdirección de Desarrollo Tecnológico, quienes comparten el piso 11 del DAS con la Subdirección de Contrainteligencia, me manifestaron que algunos funcionarios de Contrainteligencia sí habían destruido información y documentos, para lo cual habían solicitado una máquina especial grande para triturar papel y CD. Conocido eso, lo pongo en conocimiento del capitán Lagos y le indico que verifique con su personal y proceda a confirmarle eso al doctor Muñoz(...)".
"Había que cumplir instrucciones de la Casa de Nariño"
En enero de 2008, el presidente Uribe demandó al magistrado de la Corte Suprema César Julio Valencia por injuria y calumnia. Valencia había dicho que el Presidente lo había llamado un día para preguntarle sobre la situación jurídica de su primo, el senador Mario Uribe. Valencia contrató al abogado Ramiro Bejarano para defenderlo. El caso sigue sin resolverse. Tabares dice que el DAS los espió.
"A comienzos de este año SEMANA publicó un artículo donde relacionaban unos correos electrónicos internos del DAS en donde Marta Leal le reportaba a Hurtado unas actividades realizadas en algunas notarías de Bogotá con referencia al doctor Bejarano y al magistrado Valencia. Me enteré por palabras de Leal que Hurtado le había ordenado esas diligencias en cumplimiento de instrucciones de la Casa de Nariño con el fin de apoyar la labor que realizaban los abogados defensores del Presidente...".
"Le pagamos al fotógrafo del caso Yidis"
En abril de 2008, el periodista Daniel Coronell reveló un video de la congresista Yidis Medina donde ella confesó que su voto a favor de la primera reelección había sido comprado por el gobierno. Unos días después se conoció un video que vinculaba a Yidis con el ELN. Según Tabares, todo fue una operación orquestada por el DAS.
"En abril o mayo de 2008 un fotógrafo de Barrancabermeja concede una entrevista en la que denuncia los nexos de Yidis con el ELN. Esa entrevista fue propiciada por el DAS y tenía como único fin desprestigiar a Yidis debilitando así lo dicho por esta en la entrevista al periodista Coronell... Posteriormente surgió un problema con el citado fotógrafo ya que el abogado de Yidis cuestionó la participación del DAS en la citada entrevista. Así mismo, la directora del DAS de Bucaramanga informó a la Dirección General que el fotógrafo estaba ocasionando problemas y que era importante encontrar una solución, para lo cual se propuso que se le pagara dinero a dicho fotógrafo para que cesara su reclamación al DAS y que en caso de que fuera abordado por algún medio de comunicación no relacionara para nada participación alguna por parte del DAS. Por orden de la directora del DAS se asignó una suma de gastos reservados. Fui designado para llevar personalmente a Bucaramanga dichos dineros y entregarlos en manos de la directora del DAS. El nombre de la directora es doctora Inírida Pérez Pérez, a quien entregué dineros de los gastos reservados destinados como recompensa para el citado fotógrafo".
"El alto gobierno era el único destinatario"
El testimonio de Tabares es reiterativo en un asunto en particular: todas las investigaciones se hicieron por orden de la Casa de Nariño.
"El requerimiento hecho por Bernardo Moreno sí influyó en gran medida en lo realizado por la Dirección General de Inteligencia a partir de septiembre de 2007 y gran parte del año 2008 para la obtención de información de los tres temas de interés de la Presidencia de la República, tales como la ubicación de fuentes dentro de la Corte Suprema de Justicia y el incremento del esfuerzo de búsqueda de información sobre la senadora Piedad Córdoba. Es importante aclarar que el flujo de información de la misma, relacionada con los dos temas (Corte Suprema y Piedad) tenía como único destinatario el alto gobierno".
Desde que SEMANA reveló esta irregular actividad en febrero de 2008, el gobierno ha insistido en que no era cierto y que si hubiera algún acto ilícito, fue cometido por ex detectives de bajo rango. Esa posición fue reiterada en días pasados por el vicepresidente Francisco Santos. La confesión de Tabares, quien ocupaba el segundo cargo más alto del DAS, controvierte plenamente esas versiones. Queda claro que la entonces directora María del Pilar Hurtado y sus sucesores Joaquín Polo y Felipe Muñoz estaban al tanto del espionaje que se hacía para altos funcionarios de Palacio.
Tabares revela detalles hasta ahora desconocidos de cómo se fraguó la conspiración contra la Corte Suprema y miembros de la oposición.
Este miércoles 28 de julio, Moreno está citado a interrogatorio por la Fiscalía. Deberá explicar porqué era tan importante para la seguridad del Estado que el DAS dedicara sus recursos a hacer espionaje político a los presuntos 'enemigos' de la administración de Álvaro Uribe.
Los blancos eran "la Corte, Córdoba, Petro y Coronell"
"Todo se inicia después de la posesión de la doctora María del Pilar Hurtado como directora del DAS, el 31 de agosto de 2007. Los días siguientes ella me invita a que la acompañe a un desayuno de trabajo que iba a tener con Bernardo Moreno en el Metropolitan Club de la ciudad de Bogotá. (…) Ella nos presentó y le indicó que yo era director general de Inteligencia del DAS. Moreno le manifestó a Hurtado que el interés del señor Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia'; la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
"Terminado ese desayuno, yo me regreso con la doctora Hurtado y ella me pregunta que si nosotros tenemos cómo informar al Presidente sobre esos temas. Le dije que sobre los tres primeros temas, la Corte Suprema de Justicia, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno, pero que en el de Daniel Coronell yo lo veía más como un tema personal y que no veía cómo el DAS podría adelantar labores de inteligencia sobre esta persona… Ella impartió instrucciones para que empezáramos a centrar lo más posible nuestras labores sobre ese requerimiento transmitido por Moreno, y al interior del DAS se inició la elaboración de documentos y la recolección de información correspondiente.
"(…) En el caso específico del senador Gustavo Petro, la Subdirección de Contrainteligencia desde tiempo atrás venía recopilando información al respecto… En el tema de Córdoba… se realizaron labores de inteligencia tendientes a obtener más información . Esta era entregada a la Dirección del departamento, para que esta, a su vez, la pusiera en conocimiento del Presidente de la República (...)".
"La carta de 'Tasmania' la entregó el conductor de Mario Uribe"
En octubre de 2007, el presidente Álvaro Uribe denunció que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez estaba conspirando para implicar al jefe de Estado en crímenes cometidos por paramilitares. Y presentó como prueba una presunta carta de un paramilitar llamado 'Tasmania' donde se denunciaban las supuestas acciones de Velásquez. Una investigación de la Fiscalía comprobó que el complot era en realidad contra Velásquez. Tabares describe el rol del DAS en este asunto.
"Quiero iniciar con el caso que se denominó caso Tasmania. El 26 de septiembre se abre el proceso en la Fiscalía contra el senador Mario Uribe, primo del señor Presidente, y el 29 de septiembre la doctora Hurtado, por instrucción del doctor Bernardo Moreno, según ella misma nos lo manifestó, ordena a la doctora Marta Leal desplazarse a Medellín. Allí le entregan un sobre cerrado que tenía como destinatario al Presidente. El 1 de octubre Hurtado ordena a Leal que se desplace nuevamente a Medellín a recibir otra información… Posteriormente yo me entero de que la información recibida se refería a la carta manuscrita por el sujeto paramilitar conocido como alias 'Tasmania', en la cual le informaba al Presidente de las supuestas intenciones del magistrado Iván Velásquez y que el motivo del segundo viaje de la doctora Marta Leal fue porque el primer documento enviado era una copia y lo que se requería en la Casa de Nariño era el original. Así mismo, tiempo después la doctora Leal manifestó que quien le entregó uno de esos documentos en Medellín, no recuerdo cuál de los dos, fue el conductor de Mario Uribe".
"Se entregaban expedientes de la Corte a la Casa de Nariño"
Tabares confirma que el DAS tenía una persona infiltrada en la Corte Suprema y que toda la información recolectada era entregada a la Casa de Nariño. Tabares, además, salpica al ex director Joaquín Polo y al actual director, Felipe Muñoz, quienes, según él, estaban al tanto de la operación encubierta contra la Corte.
"Con referencia a la fuente humana que entregaba información de la Corte Suprema de Justicia, era una fuente manejada por el subdirector de Fuentes Humanas, William Romero. Como fuente humana, recibía un pago por la citada información que estaba incluida dentro de los gastos reservados... Esta fuente, como lo dije anteriormente, nunca se suspendió. Nunca se dieron órdenes de destruir la información suministrada por la fuente pero sí instrucciones de que se protegiera del conocimiento de terceros y de una posible fuga de información. Romero me manifestó que esa información estaba bajo su custodia en una dependencia externa diferente al edificio de Paloquemao.
"Esto se reunió con el requerimiento inicial de información sobre la Corte Suprema de Justicia que hiciera Bernardo Moreno, y es así como la Subdirección de Fuentes Humanas informa sobre la existencia de una fuente en dicha corporación a través de la cual se recibía información que era analizada y entregada a la directora general con destino a la Casa de Nariño. Esta fuente inclusive llegó a entregar expedientes que fueron requeridos por la Casa de Nariño, según lo manifestado por la doctora Hurtado, y uno de los que recuerdo era el de la senadora Nancy Patricia Gutiérrez. También la fuente obtuvo o realizó grabaciones de algunos temas discutidos al interior de la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron también entregados a la directora con destino a la Casa de Nariño… Es importante también aclarar que (sus sucesores) Joaquín Polo y Felipe Muñoz conocieron de esta fuente y llevaron información suministrada por esta fuente a la Casa de Nariño".
"Se le entregó información sobre Piedad Córdoba a Nancy Patricia Gutiérrez"
La senadora Nancy Patricia Gutiérrez hizo un debate contra Piedad Córdoba en la plenaria del Senado, por su cercanía al gobierno venezolano. Tabares revela que el contenido de las denuncias de Gutiérrez fue proveído por el DAS.
"En marzo del 2008, Hurtado nos manifiesta que por órdenes de la Casa de Nariño se debe apoyar a la senadora Nancy Patricia Gutiérrez en un debate que esta tenía pensado hacerle a la senadora Piedad Córdoba en el Congreso. Nos da instrucciones a mí y a Marta Leal para que toda la información que se tenía sobre la senadora Córdoba se la entregara a Gutiérrez a fin de que esta la utilizara en dicho debate, lo cual efectivamente se hizo. "(…) Se obtuvo información sobre unos dineros girados a Piedad Córdoba por la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, por un monto cercano a los 300.000 dólares y de lo cual circulaban algunos rumores en los medios de comunicación, la cual también se encontraba en la carpeta entregada a la senadora Gutiérrez. Dicha información relacionada con el tema Monómeros, por instrucciones de la directora, se filtró en el mes de agosto de 2008 a los medios de comunicación colombianos, si mal no recuerdo a 'El Espectador' (...)".
"La intención era afectar al magistrado auxiliar Iván Velásquez"
SEMANA reveló en agosto de 2008 una reunión en la Casa de Nariño con un paramilitar conocido como 'Job'. Al revelarse la existencia de ese encuentro, la Presidencia dijo que 'Job' traía información sobre otro supuesto complot contra Uribe. Para Tabares, la reunión tenía otro propósito.
"El 23 de abril de 2008, Hurtado fue citada, tengo entendido, por Edmundo del Castillo, a una reunión en la Casa de Nariño a la cual asistirían unas personas relacionadas con paramilitares, en la cual se iba a tratar un tema de interés para la Presidencia de la República. Ella me cita al despacho y me comenta lo anterior, y yo le manifiesto que de ninguna manera ella como directora del DAS tenía por qué ir a reunirse con personas de esa categoría. Ella llama entonces al Presidente por teléfono, le comunica lo anterior y este entonces le dice que no asista, pero que en su reemplazo envíe a un funcionario del DAS. Se le ordena a la doctora Marta Leal que asista a la misma, teniendo en cuenta que ella durante el ejercicio de sus funciones tenía más conocimiento específico de temas relacionados con paramilitarismo. En esa reunión se tocan temas que tenían que ver con el magistrado auxiliar Iván Velásquez(…). Lo importante es dejar claro, luego de lo comentado por la doctora Marta Leal, que la intención de dicha reunión era la de afectar al magistrado Iván Velásquez, algo similar a lo que se pretendía con el caso de 'Tasmania'".
"La intención de filtrar era afectar y desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia"
A finales de abril de 2008, SEMANA publicó una denuncia sobre un viaje que hicieron magistrados de la Corte Suprema a Neiva y sus presuntos vínculos con un polémico personaje llamado Ascencio Reyes. El artículo, como lo ha reconocido SEMANA en el pasado, tenía varias inexactitudes y errores. Tabares le reveló a la Fiscalía cómo y por qué esa información fue filtrada por funcionarios de la Casa de Nariño.
"Muchos hechos ocurridos en el país relacionados con la Presidencia de la República motivaron órdenes hacia el DAS. El 22 de abril de 2008 se produce la captura del doctor Mario Uribe y a partir de ahí la presión. (…) El 24 de abril de 2008 se realiza una reunión en la Casa de Nariño con funcionarios de la Uiaf está claro que en esa reunión la Uiaf suministró información relacionada con los magistrados y Ascencio Reyes a funcionarios de la Casa de Nariño. El 25 de abril de 2008 Hurtado nos indica a mí y al capitán Lagos que la acompañemos a la Casa de Nariño. (…) Una vez allí, llegamos a una oficina que estando allí me entero de que es el despacho del doctor Bernardo Moreno. Se encontraban junto con él Jorge Mario Eastman, a quien tampoco conocía, y posteriormente, estando allí se nos indicó que lo que se requería de nosotros era que los apoyáramos en el reconocimiento de Ascencio Reyes en una fotografía que se encontraba almacenada en un computador en dicha oficina... Durante este tiempo el doctor José Obdulio Gaviria preguntaba insistentemente si ya se había logrado identificar y reconocer a Reyes en las fotos y manifestaba su urgencia porque en SEMANA ya iban a cerrar la edición y se le notaba la urgencia para enviar dicha fotografía. (…) No pudiendo ayudarlos en el reconocimiento de la citada fotografía, la doctora María del Pilar y yo nos despedimos. (…) Entendí en ese momento que SEMANA iba a publicar ese fin de semana información relacionada con Ascencio Reyes y que en alguna u otra forma tendría que ver con los magistrados de la Corte. Así mismo, después de analizar todos los hechos relacionados, me llevan a concluir que la intención de filtrar no era otra que afectar y desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia".
"Funcionarios de contrainteligencia destruyeron información"
SEMANA reveló el 21 de febrero de 2009 que el DAS hacía seguimientos y grabaciones ilegales y que muchos documentos de esa actividad ilegal habían sido destruidos un mes antes. Tabares confirmó esta denuncia a la Fiscalía.
"En lo que tiene que ver con la destrucción de información, hay un aspecto importante cuando el doctor Felipe Muñoz cita a los directivos del DAS a una reunión en la sala de juntas para analizar y establecer qué había de cierto o no en la publicación de SEMANA. En la publicación se decía que entre el 19 y el 21 de enero se había realizado una destrucción importante de documentación o información en el piso 11 del edificio del DAS. (…) Unos funcionarios de la Subdirección de Desarrollo Tecnológico, quienes comparten el piso 11 del DAS con la Subdirección de Contrainteligencia, me manifestaron que algunos funcionarios de Contrainteligencia sí habían destruido información y documentos, para lo cual habían solicitado una máquina especial grande para triturar papel y CD. Conocido eso, lo pongo en conocimiento del capitán Lagos y le indico que verifique con su personal y proceda a confirmarle eso al doctor Muñoz(...)".
"Había que cumplir instrucciones de la Casa de Nariño"
En enero de 2008, el presidente Uribe demandó al magistrado de la Corte Suprema César Julio Valencia por injuria y calumnia. Valencia había dicho que el Presidente lo había llamado un día para preguntarle sobre la situación jurídica de su primo, el senador Mario Uribe. Valencia contrató al abogado Ramiro Bejarano para defenderlo. El caso sigue sin resolverse. Tabares dice que el DAS los espió.
"A comienzos de este año SEMANA publicó un artículo donde relacionaban unos correos electrónicos internos del DAS en donde Marta Leal le reportaba a Hurtado unas actividades realizadas en algunas notarías de Bogotá con referencia al doctor Bejarano y al magistrado Valencia. Me enteré por palabras de Leal que Hurtado le había ordenado esas diligencias en cumplimiento de instrucciones de la Casa de Nariño con el fin de apoyar la labor que realizaban los abogados defensores del Presidente...".
"Le pagamos al fotógrafo del caso Yidis"
En abril de 2008, el periodista Daniel Coronell reveló un video de la congresista Yidis Medina donde ella confesó que su voto a favor de la primera reelección había sido comprado por el gobierno. Unos días después se conoció un video que vinculaba a Yidis con el ELN. Según Tabares, todo fue una operación orquestada por el DAS.
"En abril o mayo de 2008 un fotógrafo de Barrancabermeja concede una entrevista en la que denuncia los nexos de Yidis con el ELN. Esa entrevista fue propiciada por el DAS y tenía como único fin desprestigiar a Yidis debilitando así lo dicho por esta en la entrevista al periodista Coronell... Posteriormente surgió un problema con el citado fotógrafo ya que el abogado de Yidis cuestionó la participación del DAS en la citada entrevista. Así mismo, la directora del DAS de Bucaramanga informó a la Dirección General que el fotógrafo estaba ocasionando problemas y que era importante encontrar una solución, para lo cual se propuso que se le pagara dinero a dicho fotógrafo para que cesara su reclamación al DAS y que en caso de que fuera abordado por algún medio de comunicación no relacionara para nada participación alguna por parte del DAS. Por orden de la directora del DAS se asignó una suma de gastos reservados. Fui designado para llevar personalmente a Bucaramanga dichos dineros y entregarlos en manos de la directora del DAS. El nombre de la directora es doctora Inírida Pérez Pérez, a quien entregué dineros de los gastos reservados destinados como recompensa para el citado fotógrafo".
"El alto gobierno era el único destinatario"
El testimonio de Tabares es reiterativo en un asunto en particular: todas las investigaciones se hicieron por orden de la Casa de Nariño.
"El requerimiento hecho por Bernardo Moreno sí influyó en gran medida en lo realizado por la Dirección General de Inteligencia a partir de septiembre de 2007 y gran parte del año 2008 para la obtención de información de los tres temas de interés de la Presidencia de la República, tales como la ubicación de fuentes dentro de la Corte Suprema de Justicia y el incremento del esfuerzo de búsqueda de información sobre la senadora Piedad Córdoba. Es importante aclarar que el flujo de información de la misma, relacionada con los dos temas (Corte Suprema y Piedad) tenía como único destinatario el alto gobierno".
Semana.com ©2008.
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http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/23/AR2010052303821.html?wpisrc=nl_cuzhead
Colombian president's brother said to have lead death squads
Gallery
A former police major alleges that President Alvaro Uribe's brother once led a paramilitary group. The charges could reopen a criminal investigation against Santiago Uribe.
By Juan Forero
Washington Post Foreign Service Monday, May 24, 2010
YARUMAL, COLOMBIA -- Colombian President Álvaro Uribe will leave office in August having largely succeeded in winning control of once-lawless swaths of countryside from Marxist rebels, an accomplishment partly made possible by more than $6 billion in U.S. aid.
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Publicado el miércoles, 04.07.10
Por GONZALO GUILÉN / El Nuevo Herald
gguillen@elnuevoherald.com
Bogotá.
Las proporciones de la violencia generalizada y de la guerra civil en Colombia continúan siendo de marca mundial.
Después de Sudán, la nación más grande de África, Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de personas desterradas por la fuerza, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, organismo que se basa en cifras oficiales del propio gobierno colombiano.
No obstante, variadas organizaciones no gubernamentales, ONG, consagradas a estudiar el fenómeno sostienen que los desplazados colombianos hoy son más de 4 y medio millones, en su mayor parte migrantes internos.
ACNUR, por su parte, presenta a Colombia como el quinto país de origen de los refugiados alrededor del mundo, después de Afganistán, Irak, Somalia y Sudán.
Al complejo panorama humanitario colombiano el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, le agrega la existencia de 100 mil minas antipersonales sembradas por casi todo el país.
The Landmine Monitor, por su parte, en su último reporte sostiene que durante los últimos años Colombia ha ocupado el segundo lugar del mundo en mutilados por esos artefactos, después de Afganistán.
La ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, reconocida como el principal centro de estudios sobre los desterrados en Colombia, a enero pasado había documentado cinco millones 915 mil 579 casos de personas que han sido desplazadas por la fuerza durante los últimos 25 años y en su informe más reciente, de enero 27 de 2010, sostiene que de ellas “49 por ciento fueron desplazadas de sus tierras desde que se inició [en agosto de 2002] el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”.
Solamente en 2009, en Colombia fueron desterradas por efecto de la guerra civil y otras manifestaciones de violencia 286 mil 389 personas, no obstante lo cual esa cifra significó una disminución de 24 por ciento respecto de 2008 cuando los desplazados sumaron al menos 380,863 personas.
De acuerdo con CODHES, en 2009 el desplazamiento forzado “afectó al 69 por ciento del total de los municipios, es decir llegó a 773 de los 1.119 que componen el territorio nacional”.
La ONG también sumó en 2009 “siete eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 19,181 personas en 12 departamentos” de los 32 en que está repartida la geografía nacional.
En esos desplazamientos masivos de población 83 por ciento de las víctimas pertenecen a los grupos étnicos más rezagados y vulnerables del país: comunidades negras e indígenas.
“Y, como siempre, las mujeres, niñas y niños y adolescentes siguen siendo la mayoría de las personas desplazadas en Colombia”, sostiene COHDES.
Entre 2007 y 2009, el estudio de CODHES indica que 380 mil familias campesinas fueron despojadas de 5.5 millones de hectáreas .
“Cabe anotar”, agrega, “que por lo menos 994.000 personas que integran 198.800 familias campesinas abandonaron el campo y la producción agropecuaria” entre 2005 y 2009.
Esto quiere decir que en cinco años la población rural colombiana habría disminuido en un millón de personas, “al pasar de 10.3 a 9.3 millones”, revela el estudio.
Citando cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social, CODHES indica que solamente han sido reubicadas en sus tierras “menos del 1 por ciento” de las familias desterradas por la violencia.
A parte de las migraciones internas de desterrados que se refugian en los cinturones de miseria de las principales ciudades, existen colonias de campesinos colombianos refugiados en Panamá, Ecuador, Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Chile, España, Costa Rica y Argentina.
En 2008, 25.430 colombianos pidieron asilo o refugio en 34 países.
Al finalizar 2008 ACNUR documentó 374 mil casos de personas colombianas oficialmente refugiadas en otros países con necesidades de protección internacional ó “estatus temporal”.
En 2009, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de Colombia contabilizó 29 masacres en las que murieron 147 personas.
De esos casos, 25 le son atribuidos a grupos criminales desconocidos y las demás a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En 2008 las masacres fueron 38 con 286 muertos.
“Durante el período 2002-2009” del gobierno de Uribe, “la cifra de desplazados fue de 2 millones 412 mil 834 personas”, precisa CODHES.
En ese período de siete años, “cada día seis colombianos murieron en acciones armadas y cinco integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos”, agrega CODHES.
Siguiendo día a día informaciones oficiales periódicas del Ministerio de Defensa, la ONG encontró que entre 2002 y 2009 las FARC perdieron 52.740 combatientes, sumando cifras de muertos (11.388, a un ritmo de cuatro por día), capturados y desmovilizados voluntariamente.
La cifra global anterior sorprende si bien en 2003 la Unidad de Información y Análisis del Ministerio de Hacienda había promulgó un estudio según el cual el número máximo de guerrilleros de las FARC era de 16,672.
Aparte de las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, los desplazamientos y asesinatos de población en Colombia son cometidos también por nuevos y crecientes ejércitos paramilitares que dominan vastas regiones del país bajo las órdenes de grandes narcotraficantes.
CODHES estima que “en regiones de 22 departamentos se incrementó o se consolidó durante 2009 la presencia paramilitar”.
Las FARC, por su parte, muchas veces aliadas con los paramilitares, controlan extensas regiones del sur, el oriente y el occidente del país, en función de traficar cocaína hacia el exterior e introducir armamento de guerra por la costa Pacífica.
Las proporciones de la violencia generalizada y de la guerra civil en Colombia continúan siendo de marca mundial.
Después de Sudán, la nación más grande de África, Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de personas desterradas por la fuerza, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, organismo que se basa en cifras oficiales del propio gobierno colombiano.
No obstante, variadas organizaciones no gubernamentales, ONG, consagradas a estudiar el fenómeno sostienen que los desplazados colombianos hoy son más de 4 y medio millones, en su mayor parte migrantes internos.
ACNUR, por su parte, presenta a Colombia como el quinto país de origen de los refugiados alrededor del mundo, después de Afganistán, Irak, Somalia y Sudán.
Al complejo panorama humanitario colombiano el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, le agrega la existencia de 100 mil minas antipersonales sembradas por casi todo el país.
The Landmine Monitor, por su parte, en su último reporte sostiene que durante los últimos años Colombia ha ocupado el segundo lugar del mundo en mutilados por esos artefactos, después de Afganistán.
La ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, reconocida como el principal centro de estudios sobre los desterrados en Colombia, a enero pasado había documentado cinco millones 915 mil 579 casos de personas que han sido desplazadas por la fuerza durante los últimos 25 años y en su informe más reciente, de enero 27 de 2010, sostiene que de ellas “49 por ciento fueron desplazadas de sus tierras desde que se inició [en agosto de 2002] el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”.
Solamente en 2009, en Colombia fueron desterradas por efecto de la guerra civil y otras manifestaciones de violencia 286 mil 389 personas, no obstante lo cual esa cifra significó una disminución de 24 por ciento respecto de 2008 cuando los desplazados sumaron al menos 380,863 personas.
De acuerdo con CODHES, en 2009 el desplazamiento forzado “afectó al 69 por ciento del total de los municipios, es decir llegó a 773 de los 1.119 que componen el territorio nacional”.
La ONG también sumó en 2009 “siete eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 19,181 personas en 12 departamentos” de los 32 en que está repartida la geografía nacional.
En esos desplazamientos masivos de población 83 por ciento de las víctimas pertenecen a los grupos étnicos más rezagados y vulnerables del país: comunidades negras e indígenas.
“Y, como siempre, las mujeres, niñas y niños y adolescentes siguen siendo la mayoría de las personas desplazadas en Colombia”, sostiene COHDES.
Entre 2007 y 2009, el estudio de CODHES indica que 380 mil familias campesinas fueron despojadas de 5.5 millones de hectáreas .
“Cabe anotar”, agrega, “que por lo menos 994.000 personas que integran 198.800 familias campesinas abandonaron el campo y la producción agropecuaria” entre 2005 y 2009.
Esto quiere decir que en cinco años la población rural colombiana habría disminuido en un millón de personas, “al pasar de 10.3 a 9.3 millones”, revela el estudio.
Citando cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social, CODHES indica que solamente han sido reubicadas en sus tierras “menos del 1 por ciento” de las familias desterradas por la violencia.
A parte de las migraciones internas de desterrados que se refugian en los cinturones de miseria de las principales ciudades, existen colonias de campesinos colombianos refugiados en Panamá, Ecuador, Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Chile, España, Costa Rica y Argentina.
En 2008, 25.430 colombianos pidieron asilo o refugio en 34 países.
Al finalizar 2008 ACNUR documentó 374 mil casos de personas colombianas oficialmente refugiadas en otros países con necesidades de protección internacional ó “estatus temporal”.
En 2009, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de Colombia contabilizó 29 masacres en las que murieron 147 personas.
De esos casos, 25 le son atribuidos a grupos criminales desconocidos y las demás a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En 2008 las masacres fueron 38 con 286 muertos.
“Durante el período 2002-2009” del gobierno de Uribe, “la cifra de desplazados fue de 2 millones 412 mil 834 personas”, precisa CODHES.
En ese período de siete años, “cada día seis colombianos murieron en acciones armadas y cinco integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos”, agrega CODHES.
Siguiendo día a día informaciones oficiales periódicas del Ministerio de Defensa, la ONG encontró que entre 2002 y 2009 las FARC perdieron 52.740 combatientes, sumando cifras de muertos (11.388, a un ritmo de cuatro por día), capturados y desmovilizados voluntariamente.
La cifra global anterior sorprende si bien en 2003 la Unidad de Información y Análisis del Ministerio de Hacienda había promulgó un estudio según el cual el número máximo de guerrilleros de las FARC era de 16,672.
Aparte de las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, los desplazamientos y asesinatos de población en Colombia son cometidos también por nuevos y crecientes ejércitos paramilitares que dominan vastas regiones del país bajo las órdenes de grandes narcotraficantes.
CODHES estima que “en regiones de 22 departamentos se incrementó o se consolidó durante 2009 la presencia paramilitar”.
Las FARC, por su parte, muchas veces aliadas con los paramilitares, controlan extensas regiones del sur, el oriente y el occidente del país, en función de traficar cocaína hacia el exterior e introducir armamento de guerra por la costa Pacífica.
POR EL CAMINO DE LA RESISTENCIA
Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Cali marzo 2 de 2010.
El mal tino y la improvisación del actual gobierno le están saliendo caros. A pesar del evidente esfuerzo de los medios de información para presentar políticas centrales del régimen como hechos secundarios y sin la mayor transcendencia, el incremento de medidas antipopulares y antidemocráticas está afectando de una manera directa y casi inmediata a la población.
Álvaro Uribe Vélez, como el gran culebrero, insiste en presentar las medidas tomadas como necesarias y buenas para el bienestar de la gente. En su última astucia trató de convencer a la comunidad médica y al país entero que los últimos decretos amparados en la emergencia social no decían lo que en ellos se podía leer sino otra cosa totalmente contraria. Incluso se atrevió a decir en un medio de comunicación que los médicos, periodistas y colombianos no sabíamos leer.
Pero sus intentos diarios por defender su ridícula intensión, ante cuanto micrófono alcanzaba, tocaron fondo cuando el fantasma de la corrupción rondó los contratos de asesoría que sirvieron de base para la expedición de los decretos para atender la “crisis de la salud”. Así quedaba en evidencia una verdad de a puño: las organizaciones médicas y sus gremios no habían sido consultadas para esta reforma a la salud. Por el contrario, se sentían excluidas y miraban con malos ojos la participación de personas pagadas con sumas de escándalo, quienes además representaban los intereses de las EPS privadas.
La reacción a esta burla, junto al apoyo de las centrales obreras y las organizaciones políticas de izquierda, fue plantear las denuncias correspondientes y organizar una gran movilización nacional contra la estratagema. Rápidamente fue programada una marcha para el 6 de febrero, la cual alentó el debate y sirvió para medir el ánimo de la gente. Posteriormente fue programada otra jornada nacional de protesta para el 18 de febrero, mucho mas organizada, con trabajo previo y una fuerte convocatoria.
Esta movilización del 18 fue todo un éxito. Sus propósitos fueron exigirle al gobierno la derogatoria de los decretos que profundizaban la intromisión del capital privado y especulativo en la salud de los colombianos.
Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad del Valle participamos de la organización y de las tareas de esta gran protesta. Varios grupos estudiantiles nos la jugamos a fondo y la Univalle logró alzar su voz de protesta junto a las miles de personas que marcharon en Cali desde el parque de las banderas, sumándonos así al gran caudal de resistencia civil que recorrió el país.
Hacemos un llamado a seguir participando en las movilizaciones venideras resaltando la utilización de métodos amplios y democráticos que ayuden a la unidad estudiantil. El papel que puede jugar el estudiantado, y la dinámica que le imprime este sector a las luchas del pueblo por la reivindicación de derechos que están siendo arrasados por el régimen, puede ser esencial en la nueva situación política del país.
ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES OCE
REGIONAL VALLE
http://www.lasillavacia.com/historia/7073
El cambio de la pregunta del referendo por parte del Congreso y la violación de los topes fueron los dos argumentos más convincentes para la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional que respaldan la ponencia de Humberto Sierra Porto en contra del referendo.
Cinco fuentes que tienen conocimiento de lo sucedido el miércoles en sala plena y que pertenecen a diferentes despachos confirmaron a La Silla Vacía que el referendo se va a caer en la Corte Constitucional.
Aunque, como lo explicó ayer en los medios el presidente de la Corte Mauricio González, el viernes en la mañana se llevara a cabo una fase de conclusiones en la que cada magistrado hará explícita su posición frente a cada uno de los vicios, la percepción de estas cinco personas, que trabajan en despachos diferentes, es que la iniciativa no tiene ningún futuro. Dado que la etapa de argumentación ha concluído, es altamente improbable que lo percibido en las discusiones de sala plena sufra un viraje el viernes. Teniendo en cuenta estas evidencias, corroboradas de manera independiente, La Silla Vacía se arriesga a concluir que el referendo está muerto.
Los magistrados tienen dudas diferentes sobre cada uno de los vicios identificados por el ponente Humberto Sierra Porto, pero, según nuestras fuentes, el de la violación de los topes y el cambio de la pregunta cuentan con el respaldo de la mayoría de los magistrados.
Frente a la violación de los topes de financiación para la recolección de firmas, hay prácticamente unanimidad en que se violaron los montos máximos que permitiría la ley. El dilema para la minoría de magistrados que aún no está convencida de si esta violación amerita acabar con la posibilidad de la reelección por más de una vez gira alrededor de tres puntos: sobre si la etapa prelegislativa es materia de control constitucional, si los topes se aplican para la recolección de las firmas, y si la violación de los topes sería una violación de la ley pero no de la Constitución.
Existe la tesis de que de acuerdo a las limitaciones impuestas por la misma Constitución, la Corte no tendría la competencia de revisar lo sucedido antes de que la iniciativa fuera presentada al Congreso. La segunda tesis es que los topes se aplicarían para la campaña del referendo una vez la Corte le haya dado luz verde y no para la fase de recolección de firmas. Y tercero, se argumenta que la regulación de los topes es legal y no constitucional, y que por lo tanto un referendo de iniciativa del pueblo estaría por encima de la ley.
El otro vicio sobre el que parece haber mayoría es el del cambio de la pregunta del referendo. El pueblo aprobó la reelección para el 2014, y el Congreso interpretó que lo que realmente querían los colombianos era reelegir por segunda vez a Álvaro Uribe y cambió la pregunta para habilitar al Presidente a someter su nombre a consideración para el 2010.
La ponencia de Sierra dice que el Congreso tiene potestad para cambiar la pregunta mientras la modificación no sea sustancial. Uno de los argumentos del ponente que más impacto ha tenido en Sala ha sido que la Constitución sólo le permite al pueblo o al gobierno presentar referendos constitucionales ya que si el Congreso quiere sacar una ley lo puede hacer sin recurrir a un referendo. Y que en esa medida, reconocerle iniciativa al Congreso cuando la Constitución se lo prohíbe sería absurdo. Entonces, la discusión ha girado sobre qué tan sustancial es ese cambio.
Sobre el tema de la convocatoria irregular a extras no ha habido mucho debate. En cambio, el tema de los votos de los tránsfugas de Cambio Radical sí ha provocado discusiones y no hay un consenso mayoritario al respecto.
Curiosamente, uno de los temas que más ha ocupado el tiempo de los magistrados es el debate sobre la teoría de la sustitución de la Constitución. Y es interesante que haya sido así porque en la medida en que una mayoría de magistrados considera que la violación de topes es un vicio insalvable como lo planteó Sierra Porto en su ponencia, no habría razón para entrar a debatir la sustitución.
Según conoció La Silla Vacía, la razón por la que se está dando esta discusión es porque Sierra Porto quiere cerrarle espacio a la teoría de la sustitución que hizo boga en la Corte anterior y que esta nueva corte defendió con una votación 5-4 en un caso que tenía que ver con la carrera administrativa. En este punto, existe una probabilidad alta de que por lo menos un magistrado que la vez pasada votó a favor de la teoría de la sustitución, cambie su voto e incline la balanza hacia el otro lado. Con lo cual Sierra Porto habría triunfado con uno de sus caballitos de batalla.
La percepción de los despachos consultados por La Silla Vacía es que ya es evidente que por lo menos cinco magistrados hundirán la iniciativa y altamente probable que otros dos más lo hagan. Mauricio González parece indeciso y Pretelt votará a favor de la reelección.
La decisión final final se conocerá el viernes hacia el mediodía.
Carta enviada ayer al presidente Uribe por el cardenal Pedro Rubiano, Misión Salud, la Federación Médica Colombiana e Ifarma, en la que le piden aplicar urgentes medidas que permitan reducir los precios de los medicamentos y echar atrás lesivas concesiones otorgadas a las trasnacionales farmacéuticas.
Dale click al título para leerla.
Opinión| 15 Ene 2010 - 10:36 pm
Por: Mauricio García Villegas
LAS POSICIONES POLÍTICAS TIENEN sus maneras típicas de interpretar la Constitución.
Así como la derecha tiene una preferencia por los argumentos jurídicos basados en las formas, en los procedimientos y en las competencias, la izquierda insiste sobre todo en la democracia directa, en la participación popular y en la voluntad del pueblo. Pero leyendo el concepto del Procurador sobre la ley del referendo veo que los roles se han invertido: la derecha de hoy se volvió populista y dejó de ser procedimental y legalista, lo cual ha obligado a todos los demás grupos políticos a defender los procedimientos y las formas establecidas en la Constitución. ¿Cómo es esto posible?
Lo que creo es que este cambio en la manera de interpretar la Constitución por parte de la derecha no obedece a ninguna concepción jurídica seria, sino a una estrategia política, amañada y circunstancial.
Para demostrar lo que digo voy referirme al concepto del Procurador, utilizando el viejo método de la reducción al absurdo, que consiste en suponer una hipótesis a través de la cual se obtiene un resultado que no tiene sentido, lo cual permite concluir que dicha hipótesis de partida es falsa.
La hipótesis que propongo consiste en suponer que los argumentos del Procurador se mantienen incluso cuando cambia el color político de quienes resultan favorecidos con su decisión. ¿Qué pasa si no son los uribistas sino, por ejemplo, los del Polo, los favorecidos? Habría que preguntarle al Procurador si, dado ese cambio hipotético, estaría dispuesto a mantener su argumentación. Solo si la respuesta es afirmativa —suponiendo, claro, que esta sea sincera— el Procurador saldría bien librado. Hagamos pues la prueba.
Supongamos que el presidente no es Uribe sino Petro y que este último, como Uribe, goza de gran prestigio, lleva casi ocho años en el poder y quiere cambiar la Constitución para gobernar en un tercer período. La pregunta para el Procurador —que seguiría siendo el mismo— sería esta: ¿tomaría usted la misma decisión? ¿Pondría usted, como lo hace ahora, la voluntad del pueblo por encima de los procedimientos constitucionales? ¿Diría usted de nuevo que cambiar la Constitución mediante referendo es lo mismo que cambiarla mediante Asamblea Constituyente? ¿Se mantendría usted firme en decir que la violación de los topes de financiación durante la recolección de firmas no desvirtuó la voluntad popular? ¿Pasaría usted por alto, como lo hace ahora, todos los vicios de trámite que tuvo el proceso de elaboración de la ley?
Dudo mucho de que usted, o la gran mayoría de los uribistas que lo acompañan, pudiera responder afirmativamente a una sola de estas preguntas. Y lo dudo porque todo indica que para usted la norma superior no es la Constitución sino los valores conservadores que defiende el presidente Uribe. Así lo demostró en sus recientes arremetidas contra la legalización del aborto, contra las parejas homosexuales y lo ratifica hoy en su concepto sobre la ley del referendo. Allí, en esos valores conservadores, no en la Constitución y en sus procedimientos, está, cree usted, el proyecto de sociedad que debe guiar a Colombia.
Una constitución es como una regla básica de juego; una regla que establece límites al ejercicio del poder político, con independencia de quién sea el gobernante. Así lo consagraron los constituyentes de 1991. Para el Procurador, en cambio, parece como si los procedimientos y los límites que establece la Constitución sólo se aplicaran en el evento de que el uribismo no estuviera en el poder.
* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de DeJuSticia
Por: Giovanni González Arango
Advierte que no es lógico considerar exequible una iniciativa con inconstitucionales.
La postura del Procurador General de la Nación frente al referente reeleccionista carece de coherencia en muchos puntos, señaló el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra.
El ex magistrado señaló que no es posible avalar la constitucionalidad de un acto sobre el cual se reconocen irregularidades y faltas graves a los principios de la Carta Magna, que se han producido de manera latente.
"A mi juicio, resulta incoherente y peca contra la necesaria solidez que debería tener, porque se encuentran vicios de carácter formal en el trámite de una Ley tan delicada, como la que pretende convocar un referendo, lo lógico es que entonces se declare la inexequibilidad de la Ley para asegurar el cumplimiento de la primacía de la Constitución Política", advirtió Beltrán, en diálogo con ElEspectador.com
Señaló, así mismo, que aunque el concepto propugne porque el presidente Uribe se acoja a la Ley de Garantías, la excepcionalidad frente a los plazos para inscribir su candidatura, lo que en realidad busca es que el primer mandatario esté exento de cumplir con tales disposiciones.
El experimentado penalista manifestó que la Corte Constitucional debe apartarse totalmente del concepto del Ministerio Público, tal y como lo hizo en el momento en que aprobó la reelección presidencial, hasta ahora vigente, en el 2004.
Recordó que, en esa oportunidad, el Alto Tribunal rechazó la posición de la Procuraduría, aprobando la iniciativa y que en esta oportunidad debería proceder de la misma manera, declarando la inexequibilidad de la Ley por la cual se busca convocar al pueblo para que se pronuncie en torno a la posibilidad de que un candidato que haya sido elegido para dos períodos pueda volver a participar en una nueva contienda electoral.
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