PROGRAMA MÍNIMO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS

I.                 FINANCIACIÓN.

-         Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.

-        Financiamiento  estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.

-         El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.

-        Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.

-        El Icetex solo  será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos,  suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.

II.               DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA

-         Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:

i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.

III.              BIENESTAR

-         Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las  elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.

-        Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.

IV.             CALIDAD ACADÉMICA

-        Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.

V.               LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

-        Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.

VI.             RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

-        La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.

-        Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.

-        El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.

NUEVA AFRENTA CONTRA LA FINANCIACION Y LA CALIDAD ACADEMICA DE LA UPTC

La Organización Colombiana de Estudiantes OCE Boyacá reproduce el Comunicado del Compañero

Germán Dueñas Representante Estudiantil al Consejo Académico de la UPTC, por compartir plenamente los criterios expresados.

NUEVA AFRENTA CONTRA

LA FINANCIACION Y LA CALIDAD ACADEMICA DE LA UPTC

Luego de la portentosa movilización de los estudiantes universitarios el pasado 20 de octubre en Bogotá, queda visto (por enésima vez) la intención del Gobierno y de las mayorías uribistas en el Congreso, de NO financiar adecuadamente las universidades públicas colombianas.

Los recursos aprobados por el Congreso de la República no resuelven la grave crisis financiera de las Universidades. Ya se había insistido en la necesidad de ampliar la base presupuestal en por lo menos $600mil millones que corresponden al déficit actual de los establecimientos educativos, pero lo aprobado fue contario a estas exigencias.

Además del ajuste del IPC en 4%, se asignan $70mil millones mediante fiducia al ICETEX para destinarlos a las universidades “según indicadores de gestión”, es decir, las universidades recibirán estos recursos en la medida que cumplan con la implementación de la política educativa de Uribe ($1.800 para la UPTC según informe de la Representación Estudiantil al Consejo Superior). Se destinan $30mil millones a COLCIENCIAS para que los adjudique únicamente a proyectos de investigación aprobados por esta institución. $42 mil millones al ICFES para distribuirlos en las universidades según los criterios que defina la Ministra de Educación y $19 mil millones que adeudaba el Gobierno por el descuento del 10% en la matricula por certificado electoral.

Por eso no es justo presentar a las Universidades y menos a la UPTC como ganadoras en esta jornada, ni tampoco es justo presentar lo poco o nada como mucho, pues queda claro que no se soluciona de ninguna manera la situación financiera de las universidades y los pocos recursos que llegan están condicionados a la aplicación de la política uribista en educación superior.

Con esta situación quedo convocado para el 31 de octubre y 1 de noviembre el Encuentro Nacional de Emergencia para analizar las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, la situación de las universidades en materia presupuestal y académica, el estado de la movilización y para tomar decisiones frente al accionar del movimiento universitario a nivel nacional.

El Estudiantado UPTCista consecuente, se declara en asamblea permanente para continuar la discusión sobre presupuesto y reformas académicas y para participar del Encuentro Nacional, a la espera de contar con mayores elementos de análisis que permitieran tomar decisiones sobre el devenir de la movilización. Ante estos hechos el Rector Alfonso López, como en pasadas ocasiones, de manera arbitraria decide declarar un cese indefinido de actividades académicas, lo que genera el rechazo del estudiantado, quienes exigimos de manera inmediata la apertura de la Universidad, la ampliación del calendario académico en por lo menos 4 semanas, continuación del debate sobre los temas referidos y garantías para la culminación del semestre.

El Consejo Académico decidió reanudar labores académicas a partir del 4 de noviembre, prolongar la entrega de notas hasta el 18 de diciembre con el propósito de culminar las actividades académicas de cada programa, encargar a los directores de escuela de garantizar el desarrollo total de los contenidos programáticos de las asignaturas, solicitar a los docentes de la Sede Central y Facultad Seccional Sogamoso no aplicar ningún tipo de evaluación durante el tiempo comprendido entre el 4 y 9 de noviembre y crear los espacios para continuar la discusión de las reformas académicas y los informes presupuestales.

Sin embargo, el Rector incumpliendo estos acuerdos, decide dar por terminado el contrato de los profesores ocasionales y catedráticos (que hoy representan mas del 60% de la planta docente de la universidad) a partir del 27 de noviembre del año en curso, dejando sin piso las garantías para culminar el semestre en la fecha aprobada por el Consejo Académico (argumentando, entre otras cosas, problemas presupuestales) y obligando a la comunidad académica a culminar el semestre en condiciones desfavorables para una adecuada formación. Esto es una afrenta contra la calidad de la educación.

Exigimos por parte de la administración el cumplimiento de las garantías solicitadas por el estudiantado para la culminación del semestre y la pronta solución a las justas exigencias de los profesores ocasionales y catedráticos.

Siempre hemos defendido un profesorado de planta, con adecuada remuneración y dedicación exclusiva a la actividad académica como condición indispensable para una educación de alta calidad. La política de desfinanciación, asfixia presupuestal y autofinanciación de la universidad impuesta por el neoliberalismo deteriora las condiciones laborales de los docentes y de paso la calidad de la educación, por eso rechazamos que cada día sea mayor la contratación de profesores ocasionales y catedráticos y exigimos para ellos la contratación laboral directa que les garantice estabilidad y respeto a sus derechos.

Invitamos a estudiantes, profesores y trabajadores a fortalecer la unidad, organización y movilización multiestamentaria en defensa de una educación de alta calidad, con adecuada financiación estatal y al servicio del desarrollo nacional.

GERMAN DUEÑAS

Representante Estudiantil Consejo Académico - UPTC

EN BERLIN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SE SOLIDARIZAN CON PARO DE LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS

"Keine neoliberale universität, keine kooperation mit paramilitärs"

"No a la universidad neoliberal, no a la cooperación paramilitar"

En el marco de "Expo Colombia 2009" algunas organizaciones de solidaridad programaron distintas acciones de protesta contra este intento del gobierno colombiano por lavarse la cara frente a la comundad internacional, en medio de los grandes escandalos de corrupcion, violación de derechos humanos y parmilitarismo que cada vez se conocen con mayor fuerza en Europa.

El jueves 29 de octubre le correspondió el turno a la educación superior. La embajada colombiana programó un día completo, al estilo de rueda de negocios, donde en cabeza del Viceministro de educación Gabriel Burgos y el rector de la Univerisdad Nacional Moisés Wasserman, esperaban ganar socios que financien la privatización de la educación superior en Colombia.

Del otro lado el Consejo Estudiantil, en cabeza de dos jóvenes lideres del grupo internacional, Colombianas comprometidas con la verdadera realidad de su país, organizó una jornada que inicio con una charla paralela, a las 12m.

Allí el estudiante Diego Marin, hoy exiliado en Noruega, quien fuera representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Nacional y lider de la ACEU hasta octubre de 2008, habló con estudiantes alemanes acerca de la grave crisis de las universidades colombianas, la antidemocracia en los campus, la crisis humanitaria y las recientes movilizaciones de los estudiantes colombianos.

Con casa llena en el "café rojo" fueron los propios estudiantes alemanes, quienes en una muestra de verdadera soidaridad internacional y movidos por la fuerte realidad presentada por Marin, propusieron llevar a la asamblea de estudiantes la iniciativa de hacer una movilización frente al edificio donde se desarrollaba la actividad programada por la embajada colombiana.

"Keine neoliberale universität, keine kooperation mit paramilitärs"

"No a la universidad neoliberal, no a la cooperación paramilitar"

Bajo esta consigna y en dos horas, entre las 2 y las 4 de la tarde, el llamado a la solidaridad internacional se extendio por el campus y las consignas de los estudiantes colombianos fueron la fuente de inspiración para que pronto se cojugaran palabras y verbos en Alemán. Manos francesas, españolas, italianas, colombinas, chilenas, entre otras nacionalidades fabricaron pancartas, imprimieron los comunicados y a la hora indicada, con la puntualidad alemana y el compromiso que caracteriza a los estudiantes de todos los continentes, emprenideron camino hacia el edificio Henry Ford donde el viceministro y el rector de la UN se encontraban en medio de una conferencia.

En una muestra de la eficiencia de la seguridad democrática y sus aparatos de inteligencia las puertas se encontraban cerradas, pero como siempre los estudiantes lograron burlar este obstaculo y alcanzaron luego de algunos forcejeos el auditorio donde se desarrollaba la actividad.

Durante una hora los más de 100 estudiantes alemanes y de distintas nacionalidades aprendieron a corear las cosignas de los colombianos, haciendo temblar las conciencias de las personas en el edificio quienes sintieron, cual si fuera la carrera 7 Bogotana, la energía de las voces estudiantiles.

Luego de un discurso poniendo en claro la verdadera situación colombiana por parte de Marin y diversos discursos de apoyo de estudiantes de la Universidad Libre de Berlín, se cumplió la tarea y ahora el gobierno nacional, y especialmente el ministerio de educación nacional saben que no pueden seguir engañando a la opinión internacional.

Mientras crezca la represión crecera la lucha, en el exilio, estudiando en el exterior o en los campus del país, los estudiantes colombianos hacen escuchar su voz de protesta.

No importa donde vayan los esbirros del gobierno la solidaridad internacional los alcanzará rapidamente para gritarles en la cara que los estudiantes colombianos no están solos en la lucha.

Desde Alemania, los estudiantes universitarios no solo envían su voz de solidaridad sino que con su propia movilización apoyan la justa lucha de los estudiantes colombianos.

Adelante compañeros, el mundo también los escucha y acompaña.


ASTA. Consejo Estudiantil de la Universidad Libre de Berlín.

COMO UNA CITA EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, CALIFICÓ EL SENADOR ROBLEDO JORNADAS DE MAÑANA Y EL JUEVES

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 13 de octubre de 2009

Como justas, calificó el senador Jorge Enrique Robledo las reivindicaciones de la comunidad universitaria que mañana y el jueves realizará sendas jornadas de protestas en todo el país. El congresista recordó que el gobierno, en detrimento de la calidad académica y del adecuado acceso a la educación, viene desarrollando una política de privatización de la educación pública.

Los estudiantes exigen una adecuada financiación de la universidad pública por parte del gobierno nacional, el cual reduce las transferencias por estudiante, transfiere mayores responsabilidades a las instituciones sin darles los recursos para atenderlas e intenta desentenderse de su obligación con el pasivo pensional. La deplorable situación de las universidades es tal que incluso las directivas de muchas reconocen que sí el gobierno no atiende sus obligaciones, la quiebra seguirá acechándolas.

Robledo recordó también que la política es la de extender el “libre comercio” a la universidad pública, en contravía del desarrollo y el progreso nacionales. Por último, ofreció su respaldo y solidaridad con los reclamos de la comunidad universitaria, hizo un llamado al gobierno nacional para que los atienda y explicó que para que el aparato educativo no sea de la misma mediocridad del productivo, este debe ser de alta calidad, con total respaldo económico del gobierno y de acceso universal.

No se llamen a engaños con lo sucedido en la UTP

martes 25 de agosto de 2009

OCE-Risaralda, Pereira, agosto de 2009

El pasado 18 de agosto, en confusos hechos, una estudiante resultó lesionada por el estallido de un artefacto explosivo. Es deber de la comunidad educativa expresar su rotundo rechazo ante este nuevo episodio que, además de atentar contra la integridad física de un miembro de la comunidad universitaria, sólo sirve para sembrar zozobra, generar temores en estudiantes, profesores y trabajadores que se inhiben de participar en justas acciones de protesta contra la inmensa cantidad de decisiones, del gobierno nacional y de la dirección universitaria en la UTP, que afectan las condiciones de trabajo y el bienestar de los universitarios, cercenan la democracia y lesionan los intereses educativos del pueblo colombiano.

Las acciones anónimas, individuales y aisladas de movilización universitaria alguna, que han ocurrido últimamente en la universidad, bien podrían ser obra de quienes consideran equivocadamente que con estos hechos presionarán cambios favorables a la democracia y propiciarán la recuperación de los derechos conculcados. No obstante lo anterior, queda un enorme manto de dudas acerca de los patrones que rodearon los hechos del 18 de agosto. Resulta sospechoso el peculiar despliegue de operativos con que se atendieron los sucesos y las circunstancias que los rodearon. No sería raro que lo ocurrido sea obra de provocadores de los organismos de seguridad del estado para justificar el apuntalamiento de la militarización de los claustros universitarios que está en marcha, como lo ratificó la semana anterior en Manizales, el presidente Álvaro Uribe Vélez, al manifestar de manera pública y amenazante que mantendrá a la policía al interior de las Universidades del país, con su presencia intimidatoria.

Llamamos la atención a la comunidad para estar atentos a este tipo de hechos y estar prestos a enfrentarlos con la acción colectiva, con la certeza de que la política de seguridad democrática está ávida de cualquier pretexto para avanzar en la arremetida reaccionaria de la administración Uribe; por ende el estudiantado debe enarbolar las banderas de la resistencia civil descartando cualquier acción que diezme la capacidad acumulativa del movimiento estudiantil o colme de prerrogativas a la administración de Luis Enrique Arango, para que su política pase inadvertida. Hoy más que nunca la Universidad requiere de la organización y la movilización masiva. Se halla sumergida en la debacle financiera, los programas sociales no aumentan a la par con el número de gente en las aulas, la situación económica de más del 50% del estudiantado es de pobreza, crece el número de estudiantes que deben caminar largas distancias para asistir a la universidad así como los que asisten sin alimentarse debidamente.

Cada vez es mayor la cifra de personas que reciben un -no- como respuesta a su solicitud de ayuda económico-social o en el “mejor” de los casos se los pone en la eterna lista de espera; menos esperanzador resulta el programa de bono alimenticio, que a efectos de la política de cobertura irresponsable implementada por el rector, atiende cada día un porcentaje menor de educandos, mientras el sistema de comedor privado que opera en la institución responde con el incremento de los precios. Tampoco escapan a las problemáticas de los universitarios las cifras de desempleo que padece el departamento, donde los padres o hermanos que financian los estudios de muchos estudiantes se han quedado sin ingreso para sostener sus hogares.

De tal forma, estudiantes, profesores, trabajadores y comunidad en general, que ésta es la verdadera y principal situación que agobia a quienes hacen parte de la UTP. Por ello la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, convoca a la lucha masiva, civil y democrática, ratificando como siempre su enfático repudio a peroratas que apelen a mecanismos violentos los cuales operan en contra de los intereses de los estudiantes, sin perder de vista a la política uribista como el principal artífice de la degradación académica y financiera de la educación superior.

Contra la degradación de la educación superior… ¡Resistencia civil y democrática!

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS

BOGOTA, AGOSTO 20,21 Y 22 DE 2009.

AL PUEBLO COLOMBIANO.

Convocatoria a la acción política y movilización social

Esta Cumbre Social y Política, realizada exitosamente en Bogotá del 20 al 22 de agosto con la participación de 1030 delegados de todo el país, marca un punto alto en los pasos que debemos dar para la construcción de la unidad de las fuerzas sociales y políticas, tal como se expresa en los acuerdos alcanzados:

I. Colombia ha sido afectada por la crisis económica mundial pero además, como lo expresamos en la convocatoria a esta Cumbre, sufre cuatro tragedias:

1) la económica signada por los efectos perversos de la aplicación del neoliberalismo, la inequidad económica y la excesiva concentración de la riqueza y de la tierra que nos ha llevado a ser uno de los países en el mundo con mayor desigualdad y exclusión económica y social. Estos efectos se han agravado con la profundización de los TLC con Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, rechazados por unanimidad en esta Cumbre Nacional.

2) la social, marcada por el aumento atroz de la pobreza, la miseria y la exclusión que afecta a gran parte de la población colombiana y más intensamente a mujeres, jóvenes, afro-descendientes e indígenas; marcada también por el crecimiento del desempleo, la pauperización del trabajador colombiano ante la pérdida de garantías laborales, el desmonte sistemático de los derechos pensionales, el paquete legislativo del gobierno y una criminal política agroindustrial destinada a liquidar al campesinado, desplazarlo por la violencia o a empujarlo a aumentar los cordones de miseria de las grandes ciudades;

3) la humanitaria, con la guerra y las violaciones crónicas a las normas del Derecho Internacional Humanitario que se contabiliza en la última década en más de cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento forzado, miles de crímenes de Estado (mal llamados falsos positivos), miles de homicidios entre la población civil, desaparecidos y secuestrados, asesinatos masivos y sistemáticos contra poblaciones indígenas, afro-colombianos, campesinos y pobladores del campo y millares de detenciones masivas y arbitrarias; violaciones aberrantes contra los derechos de las mujeres, niñas y niños en medio del conflicto, persecución y homicidios de líderes sindicales, políticos, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos, violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad y confianza inversionista, y

4) la tragedia política, atravesada por la toma del Estado y los partidos por mafias del narcotráfico y paramilitares, hoy llamadas bandas criminales, que han llevado hasta ahora a involucrar a 81 parlamentarios en el proceso de la parapolítica, a tener municipios e incluso departamentos enteros bajo el dominio militar y criminal de las mafias y a infiltrar organismos como el DAS y la fiscalía y ponerlos al servicio del hampa en detrimento de los derechos de los ciudadanos que deberían proteger.

Hemos constatado el incremento de la pobreza y la exclusión que se han extendido con las nefastas políticas neoliberales y el autoritarismo que condensa el proyecto de Estado Comunitario y su seguridad antidemocrática.

La magnitud de las luchas sociales de los pobladores de todos los rincones de Colombia evidencian que éstas siguen su curso ascendente como lo ilustran la resistencia de los corteros de caña del Valle del Cauca, la amplia movilización de la juventud y de la sociedad en contra de la guerra, la Minga Indígena y Popular, las luchas de Asonal judicial, de trabajadores del carbón, campesinos, afro descendientes, educadores, organizaciones de víctimas y muchas otras. Luchas que expresan alto grado de inconformidad con la situación actual y disposición para transformar condiciones de trabajo y vida al mismo tiempo que para lograr los cambios estructurales que necesita el país.

Este ambiente social va en contravía de las encuestas, denota un acelerado desprestigio del gobierno y el mayor conocimiento de las reformas y los cambios estructurales que requiere Colombia, con visión de lo social al servicio de las mayorías y del desarrollo sostenible y equitativo del país.

La crisis económica ha puesto de manifiesto con crudeza los factores esenciales que entraban el desarrollo y generan pobreza. Llamamos desde esta Cumbre a sumar esfuerzos para plantear iniciativas y acciones que pongan a pagar la crisis a sus causantes y a impedir que sus costos se descarguen sobre los sectores populares.

II- Nos ponemos de acuerdo y asumimos compromisos para:

• Construir y aclimatar la paz con justicia social por la vía de la democracia y la equidad. Promover acciones y acuerdos humanitarios y escenarios hacia la solución política del conflicto armado interno y los conflictos sociales y políticos. Apoyar iniciativas como las de Colombianos y Colombianas por la Paz y otras que propenden por el diálogo por la paz y la democracia, y la búsqueda inmediata de un cese de hostilidades bilateral o simultáneo.
• Asumir con más fuerzas la defensa del medio ambiente y persistir en la búsqueda de la soberanía alimentaria para defender la calidad de vida de todos los colombianos. Apoyar las exigencias de reparación integral a las víctimas y en particular el reclamo por más de 8 millones de hectáreas despojadas mediante la violencia por narcotraficantes, paramilitares y promotores de negocios legales e ilegales.

• Rechazar la presencia de bases extranjeras y la entrega de las bases de las Fuerzas Armadas para operaciones del Comando Sur, que es un camino que escala el conflicto, lo internacionaliza, lesiona la soberanía y la necesidad de la unidad latinoamericana y de una nueva política concertada y multilateral de seguridad en la región.
• Apoyar una agenda de lucha contra el narcotráfico que se aparte de la fracasada “guerra contra el narcotráfico” y privilegie un enfoque de salud y contra los carteles internacionales del tráfico y lavado, rechace la criminalización de los campesinos o de los adictos y consumidores, suspenda la erradicación forzada, las fumigaciones y la utilización de la estrategia antidroga como instrumento de seguridad continental.
• Lucharemos por la generación de empleo digno, por el respecto a las libertades políticas y los derechos humanos defendiendo un plan económico y social de desarrollo democrático que no descargue los costos de la crisis en el pueblo.

Estos objetivos inaplazables nos llevan a pensar y actuar para fortalecer la unidad de acción social, popular y política, a fortalecer el tejido formado por todos los hilos sociales y políticos que surgen del esfuerzo histórico por el progreso y la democracia, por la libertad y la autodeterminación de nuestros pueblos.

Alzamos nuestra voz diciendo que estamos contra el referendo reeleccionista, contra la perpetuación del Presidente Uribe en el gobierno y ratificamos la urgencia de una gran convergencia progresista y democrática que permita elegir en el 2010 un gobierno de carácter democrático y popular, con un programa político, para los cambios de fondo que necesita el país.

III- Para el logro de los propósitos que nos unifican nos comprometemos a sacar adelante las siguientes acciones políticas y de movilización social:

1. Organizar y preparar acciones de protesta y paros cívicos regionales y locales en defensa de los intereses económicos y sociales de todos los sectores del pueblo. Respaldar las movilizaciones convocadas para los próximos meses por el movimiento sindical, indígena y popular, en particular la Jornada Nacional de Lucha convocada por CGD, CUT, FECODE y la CPC el 26 de agosto; la Movilización Nacional contra las bases norteamericanas el 9 de septiembre y la Jornada Mundial, continental y nacional por el Trabajo Decente el 7 de octubre. La Cumbre compromete su respaldo y solidaridad con las luchas sociales que se libran en el país.
2. Respaldar el llamado de la Gran Coalición Democrática formulado en su Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del 17 de abril en Bogotá para preparar un paro cívico nacional.
3. Unir esfuerzos para producir un vuelco en la política con una candidatura presidencial que proyecte soluciones de fondo a las angustias crecientes en las mayorías populares.
4. Sumar energías para lograr que el tratado sobre las bases militares norteamericanas en Colombia sea echado atrás y para ello realizar una jornada nacional de lucha el próximo 9 de septiembre.
5. Trabajar por afianzar y fortalecer la unidad de todos los pueblos de nuestra América que hoy siguen levantándose contra la tiranía y la opresión para triunfar como lo hicieron hace 200 años ante el imperio español.
6. Vamos con entusiasmo a realizar en todos los departamentos Cumbres o encuentros de Organizaciones sociales y políticas, para informar del desarrollo y decisiones de esta Cumbre nacional y asumir los compromisos con la movilización social y política.
7. Las conclusiones consensuadas a las que llegaron las mesas temáticas de trabajo en esta Cumbre forman parte de este pronunciamiento y nos comprometen en su desarrollo y ejecución. Ellas sintetizan los acuerdos y el ambiente unitario de esta Cumbre nacional.
8. Las conclusiones de la Cumbre Social y Política y su materialización honran la memoria del compañero Apecides Alvis Fernández quien murió en medio de nuestras deliberaciones cumpliendo con su compromiso unitario. Igualmente honramos la memoria de los dirigentes sindicales, sociales y políticos asesinados y desaparecidos por el autoritarismo del régimen colombiano.

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS.

Bogotá, agosto 22 de 2009.

¡Bienvenidos a Univalle Compañeros!

ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES OCE

REGIONAL VALLE

ocecali@hotmail.com - www.ocecali.tk - 300 823 87 44

¡Bienvenidos a Univalle Compañeros!

Cercanos a celebrar los 200 años de nuestra independencia del imperio español, el Gobierno Colombiano, autorizó sin vacilamiento alguno y de forma desafiante, la presencia oficial y permanente en territorio colombiano del ejército más poderoso del mundo. No serán una ni dos, sino 7 las bases militares norteamericanas que empezaran a operar por toda la geografía nacional y desde las cuales se pretende desestabilizar a los demás países hermanos, hecho que se constituye en una amenaza abierta para todo el sur del continente.

El presidente Álvaro Uribe Vélez, dispuesto a todo por mantener el respaldo de la potencia norteamericana, no escatima en servilismo y busca por la vía militar finiquitar su grosera tarea de entregar completamente la dignidad de los colombianos y la soberanía de nuestro país. En su intentona para quedar bien con su “amigo” extranjero no se alcanza a percatar que la empantanada interna construida por él no es tan simple de resolver. Su falta de respeto por las normas constitucionales, la corruptela que carcome las fuerzas Uribistas (incluidos sus hijos) y la sistemática utilización de la violencia Estatal contra las gentes y organizaciones que luchan de manera civil contra sus políticas, son practicas que no pasan ya como marginales sino como políticas medulares de su gobierno.

Ya no resulta tan descabellado pensar que muy pronto Colombia se convertirá en una sub-base Yankee y que nuestra nación terminará aislada del resto de países del continente, convirtiéndose en la única nación del sur de América dominada económica, política y militarmente por los Estados Unidos.

Lo que sucede en nuestra Universidad Pública.

Las políticas de dominación dictadas desde el norte también se sienten en nuestra Universidad. Los compromisos adquiridos por los prestamos de organismos multilaterales de crédito han significado “una desaceleración del gasto publico”. Por esta razón todos los decretos y normas expedidos por el gobierno de Uribe han sido solo recortes presupuestales que afectan inevitablemente la calidad de la Educación Publica.

En el Caso concreto de la Universidad del Valle, la nación solo ha incrementado, en los últimos 10 años, su presupuesto en un 6%, siendo éste el principal rubro de financiación. Por el contrario, la llamada autofinanciación, que es la búsqueda de recursos propios (la venta de servicios, los diplomados, convenios, contratos y asesorías con entes externos), ha crecido en un 26% en el mismo periodo. Estas dos cifras evidencian que en Univalle se cumple con creces la política de autofinanciación definida en la mal llamada “revolución educativa” del ministerio de educación nacional.

Esta política, de enviarle la responsabilidad de educar el pueblo a los departamentos y municipios, ha contado con la deshonrosa colaboración de mandatarios y rectores. La situación es tan grave en univalle que la Universidad está a punto de renunciar a que las sedes Regionales sean financiadas por el gobierno central y andan mirando bajo qué figura financiera (seccionales) se las entregan a los municipios, todos ellos con déficit fiscal.

La cobertura ha aumentado en estos últimos diez años en un 32%, lo que significa que el valor per cápita por estudiantes ha disminuido considerablemente. Los efectos de esto: hacinamiento en salones de clase, disminución de los profesores nombrados y aumento de profesores hora cátedra, es decir, degradación de la calidad académica.

¿Frente a tal grado de cosas qué podemos hacer?

Pensamos que el estudiante Univalluno tiene el deber de utilizar herramientas de lucha que sean amplias y democráticas. Por herramientas democráticas entendemos aquellas que no se apartan del sentir de la mayoría del estudiantado y aquellas que encarnan las reivindicaciones mas sentidas del gremio estudiantil. La amplitud tiene que ver con el grado de participación y el método persuasivo para que cada estudiante asuma como propia cada batalla.

El semestre pasado tuvimos ejemplo de esto: los estudiantes se armaron de argumentos y de fuerzas para echar atrás una medida administrativa que pretendía anualizar las carreras de la Universidad del Valle. Sin desesperaciones y con mucha seriedad dieron la pelea y la ganaron. Muchos estudiantes pudieron ingresar este semestre a Univalle por esta victoria. (Que no fue fácil)

La Organización Colombiana de Estudiantes –OCE– da la bienvenida a todos los estudiantes y hace un llamado para que sigamos construyendo los Consejos Estudiantiles por facultades y programas, mecanismos que no son impulsados adecuadamente por la administración y se construyeron con fuertes luchas estudiantiles.

POR UNA EDUCACION CIENTIFICA, NACIONAL Y AL SERVICIO DEL PUEBLO!

ocecali@hotmail.com NO A LAS BASES MILITARES GRINGAS! www.ocecali.blogspot.com

Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR

CARTA ABIERTA DE LA ASC A LOS PRESIDENTES DE UNASUR
ACERCA DE LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA

Enviamos a continuación la carta entregada por la ASC a los presidentes de UNASUR, acerca de las bases militares de EE.UU. en Colombia.

Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR

LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Presidente de la Republica de Brasil
RAFAEL CORREA
Presidente de la Republica de Ecuador
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS
Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela
MICHEL BACHELET
Presidenta de la Republica de Chile
CRISTINA KIRCHNER
Presidenta de la Republica de Argentina
EVO MORALES
Presidente de la Republica de Bolivia
TABARE VASQUEZ
República de Uruguay
FERNANDO LUGO
Presidente de la Republica de Paraguay
ALAN GARCIA
Presidente de la República de Perú.
BHARRAT JAGDEO
República de Guayana
RONALD VENETIAAN
República de Suriname

Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestras inquietudes sobre los acontecimientos recientes que en nuestra opinión afectan la estabilidad del continente y las perspectivas de integración materializadas en procesos como el de UNASUR.

El gobierno de Uribe Vélez de Colombia anunció recientemente la decisión de otorgar a las tropas de EE UU, el permiso de operación sobre 7 bases militares en el territorio nacional, en un acuerdo que permitiría cualquier clase de operaciones en el interior y exterior del país. Esto significa, junto con el despliegue de la IV flota, el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en una región estratégica desde la cual se pueden lanzar operaciones sobre todo el continente. Colombia al signar este acuerdo dará inmunidad a los militares y contratistas estadounidenses, con lo cual se les garantiza la impunidad y se los coloca por fuera de los controles judiciales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo el uso de las bases significan una intervención en los asuntos internos de Colombia y una amenaza contra los procesos democráticos en toda la región. Por ejemplo la presencia de la base militar Soto Cano en Honduras ha sido utilizada por los golpistas de ese país para demostrar el apoyo estadounidense al golpe militar.

Esta utilización, que da amplias facilidades al ejército estadounidenes se constituye en una interferencia en los procesos de integración, un estímulo a las corrientes que quieren desestabilizar los procesos democráticos y una fuente de conflictos en una región que ha hecho avances en el logro de su autonomía y en la búsqueda de caminos propios para su desarrollo. Las declaraciones en Brasil del asesor de seguridad de la Casa Blanca de que “nuestra misión es ayudar en el entrenamiento de sus fuerzas de frontera” y sobre que el gobierno de Venezuela no hizo mucho para combatir la presencia de las FARC en dicho país, demuestran el propósito de Estados Unidos de terciar en las diferencias y contradicciones entre los países de la región.

La presencia de estas bases se ha justificado con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en realidad representan una pieza del dispositivo militar global de Estados Unidos y patrocinan un enfoque militar y unilateral de estos problemas, impidiendo el tratamiento social, político, autónomo y multilateral de tales problemas. Enfoques, que con el Plan Colombia y la Iniciativa Merida, han demostrado su ineficacia y su alto potencial de desestabilización regional y cuya aplicación en Colombia y en las zonas fronterizas ha contribuido a agravar la crisis humanitaria, ambiental y social de vastas regiones. Estas bases, junto con los Tratados de Libre Comercio, se constituyen en nuevos obstáculos para avanzar en la integración sudamericana tan apreciada por los pueblos de la región.

El planteamiento del gobierno de Uribe sobre que Unasur no tiene competencia para analizar este problema, no es más que otro esfuerzo de ese gobierno de sabotear cualquier esfuerzo de integración latinoamericano y facilitar la interferencia de Estados Unidos en los procesos de la región. Por el contrario, consideramos que la próxima reunión de Unasur, debe pronunciarse al respecto, rechazar la instalación de estas y cualquier base militar en Suramérica, condenar la interferencia en los asuntos de la integración regional y avanzar en la búsqueda de soluciones políticas a través del dialogo de los diferentes asuntos de controversia entre los países dentro del espíritu de convivencia pacífica, ayuda mutua y respeto a la soberanía, la cual se vulnera al entregar el territorio Colombiano a las operaciones militares estadounidenses y no con la discusión fraternal en el seno de Unasur.

Igualmente les solicitamos, recibir a una delegación de los movimientos sociales del continente para expresarles estas inquietudes y permitir que el proceso de construcción de Unasur, cuente con las opiniones de los mismos.

Alianza Social Continental
Enrique Daza

Secretario

QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UIS

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, 18 de junio de 2009

“La cancelación del semestre en la Universidad Industrial de Santander es una decisión profundamente antidemocrática que desconoce los más elementales derechos los estudiantes”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo.

La medida, adoptada arbitrariamente por el Consejo Académico de la Universidad, reprime las justas protestas del estudiantado contra las irregularidades que se han presentado en la Institución.

La decisión tiene el oscuro propósito de ocultar las gravísimas acusaciones de las que ha sido objeto el rector Jaime Alberto Camacho, escándalo que incluso ha llevado al gobernador de Santander, Horacio Serpa, a exigir su separación del cargo. Por estos hechos los estudiantes legítimamente exigen la renuncia del directivo.

“El derecho a la huelga y a la protesta está reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano y debe ser respetado por las directivas de la universidad”, concluyó el Senador del Polo Democrático Alternativo.

Robledo expresó su solidaridad a los estudiantes del la UIS y reiteró su preocupación por el recorte de garantías de quienes se oponen a las políticas del actual gobierno.

Carta/protesta por interceptación de llamadas telefonicas de las afiliadas CTC y CUT en Colombia

Víctor Báez Mosqueira, Secretario General, Confederación SWindical de Trabajadores de las Américas, CSA, Sao Paulo, mayo 11 de 2009

Señor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de La República Bogotá, Colombia

Señor Presidente:

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que en la región representa a más de 50 millones de trabajadores/as expresa su profundo rechazo por las irregularidades cometidas desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS con interceptaciones de comunicaciones “chuzadas” entre los que se mencionan a Organizaciones Sindicales Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC.

Hemos sido informados que en las últimas semanas, se ha dado una gran difusión por los medios de comunicación con declaración de altos funcionarios del Gobierno de Colombia, sobre las interceptaciones telefónicas del DAS a las personas posibles opositores del Gobierno y a funcionarios de este, pero especialmente de las Altas Cortes, al Vicepresidente de la República y a Organizaciones Sociales.

La cadena radical Caracol ha difundido un extenso listado de personajes a los que les han interceptado sus comunicaciones “chuzadas”, entre los que se mencionan a los Organizaciones Sindicales CUT y CTC.

Según se pudo establecer, algunos de los agentes del DAS que prestaban servicios de escoltas, presentaban informes de las conversaciones y reuniones de las personas que estaban a su cuidado, e incluso en algunos casos llegaron a grabar las conversaciones.

De acuerdo con el informe de más de 300 páginas realizado por investigadores de la Fiscalía, las comunicaciones del vicepresidente Francisco Santos y de su familia, estaban "chuzadas" y en el mismo paquete las comunicaciones de organizaciones como la Asamblea por la Paz, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y las Organizaciones Sindicales Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC.

También se venían realizando interceptaciones ilegales a las comunicaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.

La vicepresidencia de la República y las organizaciones sindicales formaban parte del mismo paquete de "chuzadas", porque una de sus principales funciones es tener contacto con todo tipo de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos.

Señor Presidente:

La CSI/CSA rechaza más este atentado contra las libertades en Colombia y demanda la aclaración inmediata sobre estas denuncias. Igualmente, solicitamos que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para dar con los responsables materiales e intelectuales de estas violaciones y que los castigue de acuerdo a la ley.

Solicitamos a usted y a todo su Gobierno las garantías necesarias para la realización de la labor de los/as defensores de los derechos humanos lo que incluye los/as dirigentes y miembros de las organizaciones sindicales de Colombia.

Un gobierno para los ricos

Domingo 03 de Mayo de 2009 00:00

Hugo serrano Gómez*(Ex Senador del Partido Liberal)

La prensa nacional divulgó la semana pasada un decreto que el Gobierno mantenía en reserva y que se refiere a la obligatoriedad en Colombia de utilizar, a partir de 2012, en todos los vehículos de menos de dos litros, una mezcla de combustible de 85% etanol y 15% gasolina, lo cual prendió todas las alarmas.

La noticia me tomó por sorpresa, pues actualmente no existen motores desarrollados en el mundo, con esas características, excepto algunas marcas en estado de experimentación en Brasil y en los Estados Unidos.

La producción de etanol a partir de la caña de azúcar, beneficia a los ingenios Manuelita, Providencia, Incauca, Mayagüez y Risaralda, para cuyo montaje de las plantas, obtuvieron grandes incentivos oficiales. Allí se producen 300 millones de litros al año, con el agravante de que no pagan impuestos. Bonito así.
La utilización de agrocombustibles ha sido cuestionada por la ONU y muchas organizaciones ambientalistas en el mundo, que incluso, han propuesto el cierre de las plantas, para aumentar la capacidad agrícola y cubrir las necesidades de millones de seres que hoy pasan hambre.

Colombia no es ajena a esta situación, pues ya se está viendo como, tierras que antes eran destinadas a la producción de artículos de pan coger, hoy se destinan al cultivo de caña, como está ocurriendo en los municipios de la hoya del Río Suárez entre Santander y Boyacá.

Desde hace cinco años el Gobierno y Alcoholes S.A., anunciaron montar una planta de etanol que aún no despega y, sobre esta base, los agricultores aumentaron la producción de caña en 20 mil hectáreas, hasta el punto que, tuvieron que convertir los excedentes de miel en panela, lo cual provocó un desplome en su precio cercano al 30%. Se redujo en cambio la producción de frutales y de otro tipo de alimentos.

La caña es el sector que genera más empleo en el país; 285 municipios producen panela y más de 120 mil familias colombianas viven de la caña panelera. Santander tiene 850 trapiches, los cuales, junto con los de Boyacá, producen el 45% del total de la panela. Esta es nuestra gran preocupación, porque vemos que a los paneleros no los defiende nadie.

El temor de los agricultores es que en el área de Güepsa se siga aumentando la siembra de caña, y la miniplanta de etanol no aumente la producción que hoy es de ridículos cinco mil litros, con lo cual el precio de la panela seguirá cayendo y por supuesto, habrá más pobreza en la región.

Hoy, la panela de una libra, se cotiza en el trapiche en $700. Lo grave es que el consumidor final en las grandes ciudades, tiene que pagar por el mismo producto $1.400. Que lindo negocio para el intermediario.

En conclusión, el Gobierno le hace el negocito a los ingenios azucareros que producen el etanol más caro del mundo; el precio internacional del petróleo cae; producimos nuestra propia gasolina en nuestra refinerías y, mucho ojo, que ahora nos la quieren cambiar por etanol, que es muchísimo más caro y más venenoso que la gasolina.

Nota al margen: Tomás y Jerónimo parecen, más bien, ser los hijitos del Rey Midas: Todo lo que tocan lo vuelven oro.

LOS NEGOCIOS DE LOS HIJOS DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA

EL SENADOR ROBLEDO PROTESTA POR AGRESIÓN CONTRA OBREROS DE FERROCARRILES DEL NORTE, FENOCO

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 3 de abril de 2009.

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El senador Jorge Enrique Robledo expresó su más enérgica protesta contra la agresión de que fueron víctimas en la mañana de hoy los 600 obreros ferroviarios de Fenoco, filial de la norteamericana Drummond, quienes sostienen una asamblea permanente en los departamentos del Cesar y Magdalena para exigir que la compañía acceda a negociar un pliego de peticiones presentado desde noviembre de 2008. La fuerza pública irrumpió hacia las nueve sobre el campamento de Bosconia donde está concentrados los obreros, agrediendo a la multitud, haciendo trizas los vidrios de garajes y ventanas y pinchando las llantas de los vehículos. Hasta el momento hay seis heridos.

Según lo denunció el congresista del Polo Democrático, las relaciones laborales han venido deteriorándose en cada una de las trasnacionales del carbón en la Costa Caribe, en unas, porque las compañías no se ciñen a las normas de seguridad industrial, con fatales consecuencias para los operarios, como ocurrió recientemente en las minas de la Drummond; en otras, porque se niegan a someterse a las leyes colombianas que otorgan reconocimiento a los sindicatos y en otras porque incumplen acuerdos suscritos por ellas mismas. En la mayor parte de los casos, denunció el senador Robledo, el gobierno colombiano ha decidido hacer oídos sordos, dentro de su política de "confianza inversionista", encaminada a otorgar toda clase de privilegios al capital extranjero.

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CARTA AL MINISTRO DE GOBIERNO SOBRE LA AGRESIÓN A LOS TRABAJADORES DE FENOCO

Bogotá, 3 de abril de 2009

Doctor

FABIO VALENCIA COSSIO

Ministro del Interior y de Justicia

Ciudad

Atento saludo.

A las 9:45 de hoy, en Bosconia, Cesar, la fuerza pública irrumpió en forma violenta sobre el campamento donde se hallan congregados desde el pasado 24 de marzo cientos de obreros de Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco, filial de la norteamericana Drummond Limited. Como consecuencia del operativo, hay hasta el momento seis personas heridas, incluidos cuatro trabajadores de la empresa ferroviaria, a quienes el gobierno está dando trato de delincuentes cuando lo único que hacen es ejercer en forma pacífica el derecho a la protesta consagrado por la Constitución de Colombia.

Me permito hacer notar a Usted que quienes están incumpliendo las leyes no son los trabajadores colombianos sino las empresas extranjeras Drummond y Fenoco. Expresas normas del Código Sustantivo del Trabajo otorgan reconocimiento a los sindicatos y los facultan para presentar pliegos de peticiones, justamente lo que procedió a hacer el sindicato Sintraime el 4 de noviembre de 2008, sin que hasta la fecha Ferrocarriles del Norte de Colombia se haya dignado ni siquiera acusar recibo. La protesta que adelantan los obreros no busca otra cosa que presionar el inicio de las negociaciones.

Insto a Usted muy cordialmente a ordenar a quien corresponda que se respete el derecho a la protesta de los trabajadores. También estoy elevando una petición al señor Ministro de la Protección Social para que medie en el conflicto, a fin de que las negociaciones puedan abrirse cuanto antes y se despeje el panorama laboral en la Costa Caribe, tan deteriorado últimamente por la actitud cerril de las trasnacionales que allí operan.

Agradezco a Usted de antemano la atención.

Jorge Enrique Robledo, senador de la República

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