El auge que tomó la movilización universitaria, a partir de los primeros días de mayo, no es súbito, ni espontáneo. Corresponde a un proceso que, desplegado en el tiempo, tiene coyunturas, fases y momentos de muy variada intensidad, que es preciso evaluar, para proyectar su continuidad.
La Asamblea Nacional Multiestamentaria, realizada el 3 de mayo en la Universidad Nacional, identificó como objetivo certero el cuestionamiento a los Artículos más lesivos del Plan de Desarrollo 2006-2010, contra la educación superior pública y propuso acciones inmediatas que tuvieron alcance nacional y no pudieron ser amordazadas por los medios de comunicación.
La marcha multitudinaria del 10 de mayo, en Bogotá, logró que el Presidente de la República y la Ministra de Educación admitieran la inconveniencia del Artículo 38° del Plan, referido a los acuerdos de concurrencia para las universidades del orden nacional, específicamente para la Universidad Nacional.
En el contexto de las jornadas de agitación y del Paro Nacional convocado por FECODE para el 23 de mayo, contra el recorte de las transferencias, el movimiento universitario y de secundaria tomó un apogeo extraordinario y se generalizó a la mayoría de las universidades, en las cuales, en la medida de sus posibilidades se mantuvo la asamblea permanente o escalonada , se organizaron campamentos, ocupaciones , marchas callejeras, actividades lúdicas y "abrazos" al campus universitario, que tuvieron gran acogida en la opinión pública.
Las denuncias, los foros y los debates realizados durante las jornadas de protesta, contienen un elemento común determinante: rechazo total y fundamentado a los artículos del Plan de Desarrollo que propician el marchitamiento financiero de la educación superior pública y el deterioro de su calidad académica.
Los pronunciamientos de la comunidad académica, con diverso grado de compromiso, hicieron visible la legitimidad de la protesta y, la participación masiva de los estamentos en las movilizaciones, da cuenta de la apropiación colectiva del problema.
La apropiación colectiva del problema constituye uno de los logros más significativos del movimiento, como importante resultado de la movilización y la crítica argumentada. Desde luego, la toma de conciencia no es el todo, pero tampoco la nada y, por lo tanto, la evaluación del éxito o el fracaso del movimiento no puede tener como referentes únicos la redefinición del Acuerdo de Concurrencia o la objeción presidencial a la ley del Plan de Desarrollo.
Las reivindicaciones en defensa de la educación superior pública son legítimas, están totalmente vigentes y señalan la perspectiva inmediata de la lucha, entendiendo siempre que se trata de un proceso con objetivos generales y específicos que trascienden la coyuntura, en el cual se han venido acumulando valiosas experiencias y logros significativos.
El debate sobre los medios de la protesta social fue enriquecido con el desarrollo exitoso de las marchas pacíficas y multitudinarias, acompañadas de expresiones lúdicas y artísticas; métodos que abren alternativas de participación masiva e incluyente, con amplia acogida interna y simpatía en la opinión pública. Fueron creados nuevos consejos estudiantiles y se fortalecieron los existentes, lo cual constituye otro de los beneficios más significativos, del movimiento. Tarea esta que sin duda deberá ocupar la mayor trascendencia para el movimiento estudiantil, buscando que sea un estamento más compacto, cohesionado que tenga una mejor capacidad organizativa para procurar una defensa más eficaz de las intereses de la universidad y del país.
La continuidad de las movilizaciones, fue interrumpida por la terminación del semestre en la mayoría de las universidades o la declaración de vacaciones colectivas, en algunas de ellas. La idea de salvar el semestre, tomando decisiones flexibles y acudiendo a formas imaginativas como la denominada currículo alternativo que combina diversas actividades permitiendo el desarrollo de la docencia, la construcción de espacios democráticos y participativos, el debate, el foro y la movilización, constituye otro logro importante que es preciso valorar y proyectar hacia el futuro.
El saneamiento del pasivo pensional de las universidades estatales del orden Nacional, con base en acuerdos de concurrencia, que figura en el Artículo 38, es el más conocido por la vigorosa movilización en su contra, en la Universidad Nacional, con acompañamiento de la mayoría de las universidades del orden nacional y territorial. Pero no debemos perder de vista que se trata de una política pública que envuelve todo un modelo educativo diseñado para menguar la calidad académica de la educación superior pública y finalmente liquidarla adecuándola a las necesidades del libre comercio y de la globalización neoliberal.
El Plan de Desarrollo implica la continuidad de las políticas del Plan 2002-2006 y tiene como antecedentes inmediatos dos documentos directamente relacionados con las políticas educativas: " Visión Colombia II Centenario: 2019" y Agenda interna para la productividad y la competitividad. El Plan Decenal de Educación 2006-2015, no se menciona explícitamente, pero está completamente integrado al documento " Visión 2019".
Dando continuidad a las políticas de la "Revolución Educativa", las metas para el 2019 son: a) aumentar la cobertura hasta llegar al 50% b) mejorar la calidad y la pertinencia de los programas c) consolidar 20 centros de investigación de excelencia d) alcanzar un 0.1% de la población dedicada a investigación e) lograr que el 30% de los profesores universitarios de tiempo completo tengan el título de doctorado (8.000 docentes) f) alcanzar una inversión en ciencia y desarrollo tecnológico que represente el 1% del PIB con 50% de inversión privada y g) lograr el reconocimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad a nivel internacional.
Las metas de cobertura parten del 29.10% en 2006 y avanzan progresivamente al 34.7% en 2010; 40% en 2015 y 50% en 2019, ligadas al cambio en la composición de la matrícula, de un 75% en formación universitaria profesional y de posgrado, y un 25%, en formación Técnica y Tecnológica, en 2006, a un 40% y 60%, respectivamente, en 2019; paralelamente se buscará una disminución de la deserción del 48% al 25%, durante el mismo período. Las metas de formación por competencias básicas ciudadanas y laborales serán evaluadas a través de los Ecaes y las de calidad estarán articuladas a los procesos de Registro Calificado de los programas de pregrado y posgrado, la Acreditación Institucional, la promoción de la formación doctoral de los profesores, de los centros de investigación y serán monitoreadas con base en el manejo de indicadores a través del SNIES.
La relación de dichas política con el Plan de Desarrollo aparece en varios apartes, entre ellos, el dedicado al capital humano, en el cual se anuncia que los esfuerzos en materia de educación estarán orientados al fortalecimiento y la articulación de todos los niveles, con base en el enfoque de competencias, especialmente en formación para el trabajo que será evaluada a través de los Ecaes; el mejoramiento de la pertinencia y la calidad estará basado en información sobre el comportamiento y requerimientos del mercado laboral.
Como se trata de lograr dichas metas, con los mismos o menores recursos financieros, cabe formular, entre otras objeciones, las siguientes:
1. El Aumento de cobertura en formación Técnica y Tecnológica, con iguales o menores recursos, implica el deterioro de la investigación y la formación profesional, de Maestría y Doctorado.
2. La autonomía de las universidades, para decidir sobre sus prioridades académicas y formativas, queda severamente mancillada.
3. La formación por competencias operativas y ciudadanas, restringida exclusivamente al mercado laboral y al pensamiento oficial, omite las necesidades estratégicas de la sociedad y contradice el espíritu crítico y pluralista de la universidad recortando de contera la libertad de cátedra.
4. Las presiones y manipulaciones, con los indicadores de gestión, obligan a las universidades a ceñirse pasivamente a las presiones estatistas, para ser viables financieramente.
Según el Artículo 34: "Las instituciones de educación superior contarán con un período de dos años de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos" .
De un enunciado tan general, pueden derivarse distintas opciones: a) La reedición del inconstitucional Decreto 3545, violatorio de la autonomía universitaria b) la contratación de una costosa e ineficiente asesoría tipo SER, o la aplicación de la plataforma de la Universidad del Atlántico c) La evaluación de los programas en términos de costo por estudiante manejando promedios simplistas y haciendo abstracción de las especificidades de las ciencias, las artes y las disciplinas, lo cual pondría en grave riesgo áreas del saber que generan externalidades sociales muy valiosas en la sociedad y el mundo simbólico de la cultura.
Otros artículos del Proyecto de Plan de Desarrollo, hacen referencia a la contribución de los egresados de las universidades públicas (impuesto a los egresados) apuntando a la deserción de los estudiantes de estrato cuatro hacia arriba y a la adopción de medidas de ajuste a los servicios de salud, que pueden poner en entredicho su subsistencia, afectando negativamente un componente esencial del bienestar universitario.
En consecuencia, es necesario declarar un estado de alerta que implica, de inmediato:
- Convocar la Asamblea Nacional Multiestamentaria para el 19 de agosto, precedida de Asambleas estamentarias el 17 y 18 de agosto.
- Profundizar el análisis de las políticas publicas mencionadas y enriquecer el acervo de documentos. En asambleas, claustros, conferencias y foros, ampliar el debate para clarificar al máximo la toma de conciencia colectiva del problema.
- Actualizar la Plataforma y el Pliego de la Multiestamentaria Nacional y programar actividades y tareas de movilización. Constituir un Frente común en defensa de la universidad pública que vincule diversos sectores de la población y acordar acciones conjuntas. Definir la fecha y el lugar del la Cumbre Universitaria y la hora cero del Paro Nacional Universitario. Acoger la convocatoria de la Gran Coalición Democrática para la Jornada Nacional de Protesta del 10 al 12 de octubre.
- Organizar el Encuentro o Congreso Universitario que formule la propuesta de Universidad que requiere el país.
- Mantener en alto la guardia, frente a la crisis humanitaria expresando de manera sistemática la denuncia y el repudio a la persecución, las amenazas y los atentados contra estudiantes, profesores, trabajadores y empleados de las universidades.
