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Los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC, no se quedarán atrás en la protesta nacional que se realizará hoy en todo el país en contra de lo que se denomina privatización de la educación y eliminación de la autonomía universitaria.
En Valledupar los estudiantes de la UPC y de otras instituciones de educación superior oficiales, marcharán a partir de las 8 de la mañana desde la sede Sabanas de la UPC hasta el edificio de la Gobernación del Cesar.
Abel Carreño y Álvaro Julio, estudiantes de la UPC, manifestaron que el gobierno se propone reformar la Ley 30 de 1.992 que establece la autonomía universitaria, para crear un nuevo marco que regulará la educación superior, la cual será privatizada siguiendo el modelo chileno. Expresaron los universitarios que pese a que el modelo chileno ha fracasado como lo demuestran las recientes y generalizadas protestas estudiantiles en ese país, aquí en Colombia, el gobierno dentro de esa teoría y reformas neoliberales, trata de seguirlo.
Cuestionaron el hecho de que los aportes presupuestales de la Nación a las universidades estatales, según el nuevo proyecto del gobierno, estaría sujeto al Producto Interno Bruto, PIB, lo cual consideran negativo para los sectores populares.
En la UPC, los estudiantes, desarrollan mesas de trabajo y foros en los que socializan entre sus compañeros, los alcances de la reforma a la Ley 30 de 1992. Dicen que el Proyecto oficial no ha sido socializado y no se ha concertado con los estamentos universitarios, profesores, empleados, estudiantes y directivos.
Rechacemos el nuevo proyecto de Ley de Educación Superior que pronto se presentará al congreso por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos cuyo principal propósito es continuar profundizando las políticas Neoliberales de privatización de las Universidades y avanzar en la reproducción de las condiciones que determinan el descenso progresivo de la calidad de los programas ofrecidos por estas.
Estamos convencidos de que es el estado el único responsable y capaz de garantizar el derecho a una educación de calidad, científica, democrática y al servicio del pueblo. Es hora que la educación pase a un primer plano en el acontecer político nacional y que se le otorgue la importancia que se merece dentro del proyecto de país que queremos las mayoría de los Colombianos, un país soberano, mas equitativo, con una justa distribución de la riqueza, un país próspero, de oportunidades ,de plenos derechos y que satisfaga las necesidades básicas de sus pobladores.
La Universidad Popular del Cesar, desde sus estamentos, como directa perjudicada y como escenario del pensamiento, debe participar en la construcción del movimiento social que apunte a lograr estas trasformaciones, por lo tanto, llamamos a toda la comunidad Upecista a sumarse a esta gran jornada de movilización nacional exigiendo una mayor financiación para la U pública y por supuesto para nuestra institución.
La MESA AMPLIA ESTUDIANTIL estableció que la concentración para la marcha se realizará este 7 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. en el campus Universitario de Sabanas desde donde partirá el recorrido hasta la Gobernación del Cesar.
¡Todos a marchar este 7 de Septiembre en defensa de la Educación Pública en Colombia!
El 24 de agosto de 2011 se creo la Mesa Amplia Universitaria con la participación de varios de los mas destacados sectores y líderes estudiantiles de la universidad popular del cesar entre ellos Julio Bertty, William Lasso, Alfredo Bermudez, Ketty Fuentes, Abel Carreño, Maryis Pacheco y el representante de los estudiantes ante la facultad de Ingenierías Álvaro José Julio Beltrán, los cuales conforman el comité operativo provisional de la Mesa.
La Mesa Amplia Universitaria tiene como objetivo principal discutir desde los diferentes estamentos de nuestra alma mater; la Universidad Popular del Cesar (Estudiantes, Trabajadores y Docentes) el nuevo proyecto de ley de educación superior presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos y su impacto a nivel nacional y local. Cabe de antemano agregar que este proyecto de Ley no soluciona la crisis financiera de las universidades públicas las cuales tienen un déficit presupuestal de cerca de 750 mil millones de pesos debido al abandono del estado y al recorte de las transferencias sino que por el contrario, las sumerge mucho más en la ola de las privatizaciones y en el detrimento de la calidad.
De esta manera invitamos a toda la comunidad upecista a ponerse al tanto sobre el tema y a expresar un rechazo tajante contra este proyecto de ley que se convierte en el más grabe atentado contra la educación en la historia del país. Únete a la Mesa Amplia Universitaria. Estaremos informándolos por este medio y con la realización de diferentes actividades pedagógicas que se llevarán a cabo en todas las sedes de la UPC.
¡Viva la UPC! , ¡Todos Unidos Contra la Nueva Ley de Educación Superior de Santos!
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Twitter: @OceUnicesar
Intervención del senador Jorge Enrique Robledo el foro sobre la educación, citado por Ángela Robledo y Carlos Amaya, representantes a la Cámara, Auditorio Luis Guillermo Vélez, Congreso de la República, 11 de mayo de 2011.
Gonzalo Arango*, Pereira, marzo 29 de 2011
Ponencia presentada en el Foro citado por el gobierno en la Universidad Tecnológica de Pereira para presentar su propuesta. Esta ponencia fue aprobada por la junta de Aspu, seccional Risaralda.
Disponer de un sistema de educación superior de cobertura universal y de altos niveles de excelencia en sus ofertas de formación, así como de pertinencia social y competencia científica en investigación y extensión, es más que un deseo de los colombianos. Es una necesidad urgente de la sociedad, en cualquier país del mundo y mucho más en aquellos, que como el nuestro, padecen de condiciones de atraso en su capacidad científica y tecnológica, disponen de aparatos productivos raquíticos y exhiben indeseables indicadores de exclusión social, producto de una inequidad enorme en la distribución del ingreso, los cuales se traducen en condiciones de existencia miserables para millones de compatriotas, con extremos de hambre, carencia de abrigo, insalubridad, enfermedad y muerte, que rayan en lo inhumano.
Es indudable que no es posible lograr este propósito de la noche a la mañana. Se precisa emprender un esfuerzo de largo aliento y destinar en este empeño ingentes recursos. Se requiere de una política de estado que priorice, sobre otro tipo de inversiones, la destinación de cuantiosos recursos públicos a la educación en sus diferentes niveles y modalidades y dentro de ellos a la educación superior. También es cierto que atender debida, oportuna y adecuadamente las necesidades educativas de la población es necesario pero no suficiente, para construir un mundo de equidad social. Se precisa de un conjunto de políticas de estado que enrumben al país por la senda del progreso económico y el bienestar social, aprovechando al máximo para ello la singular y exuberante dotación de recursos naturales de nuestro territorio, la capacidad extraordinaria de trabajo y la sobresaliente inteligencia de sus gentes.
Es por ello que cuando se anuncia la presentación de un proyecto de Ley que reemplazará la que hoy rige en materia de educación superior, la Ley 30 de 1992, se genera una gran expectativa y se desata un intenso debate en la sociedad, en todas sus instancias, iniciando por la comunidad académica, sector de la población que ha hecho del trabajo con el conocimiento su proyecto de vida, continuando con los demás estamentos de la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores y empleados administrativos, es decir quienes vivimos en la cotidianidad la experiencia universitaria. Pero además es necesario que esta discusión cobije al conjunto de la sociedad, porque lo que está en juego no es de poca monta: la suerte de un instrumento insustituible para el desarrollo económico, social y cultural de la nación y un importante motor de la movilidad social de sus habitantes.
Desde el arribo a la dirección del Estado del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno, mediante la vocería de su Ministra de Educación María Fernanda Campo, anunció la presentación de un proyecto de “reforma integral” de la Ley 30. Ello en contraposición al que había sido radicado por el gobierno anterior en el Congreso de la República en las postrimerías de su mandato y que abordaba el tema de la financiación con fórmulas acordadas con el Consejo Nacional de Rectores del SUE, después de un proceso de concertación iniciado tras el clamor de muchas voces que reclamaban una intervención oportuna y suficiente del gobierno, mediante la asignación de recursos adicionales y así evitar el colapso financiero que se avizoraba. Los nuevos recursos que reclamaban las universidades para “compensar” el desequilibrio financiero en las universidades públicas generado por decisiones de diferentes instancias del estado, situación llevada al extremo por la exigencia de ampliación de cobertura de la denominada “revolución educativa”, superaban los 450.000 millones de pesos, en el año 2009, además de reclamar un ajuste anual del presupuesto de las universidades públicas en el IPC más 9 puntos porcentuales, sostenido en el tiempo.
Es bueno recordar que entre 1993 y el año 2008, la participación de las transferencias del estado al presupuesto de las universidades públicas había pasado de 84% al 51%, la de las matriculas del 7% al 14% y la de “otros ingresos” del 8% al 35%. En términos de aportes por estudiante al año, se pasó en ese mismo período y en pesos de 2008, de un promedio de 5,69 millones a 3,67, en términos porcentuales una reducción del 35,5%.
Estamos hablando del período de vigencia de la Ley 30 de 1992, período en el cual, como consecuencia y complemento del retiro paulatino del Estado en su financiación se han registrado otras transformaciones notables y críticas. Las condiciones de selección, contratación y remuneración de los docentes se han deteriorado al extremo. Hoy día, solo una cifra cercana al 25% de los profesores en las universidades públicas lo son de carrera y el resto trabajan a destajo, contratados por períodos académicos o por horas, sin criterios claros de selección ni permanencia lo que abrió las puertas de la universidad a la politiquería y el clientelismo. Las plantas de personal administrativo y de trabajadores se van desmontando paulatinamente y la contratación precaria hace su agosto con la proliferación de nóminas paralelas y la intermediación de agencias de empleos temporales. El hacinamiento en aulas, laboratorios y talleres es el pan de cada día al lado de la eliminación de las visitas técnicas y las salidas de campo como actividades financiadas por la universidad. El bienestar estudiantil ha sido reemplazado por la institucionalización de la caridad pública. A todo lo anterior se le denomina racionalización del gasto y a sus ejecutores se les califica de eficientes.
La democracia se convierte en una especie en extinción y su simulación en instrumento de manipulación para las decisiones colectivas. La autonomía sucumbe ante la normatividad al detalle y el sometimiento de las decisiones universitarias a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional estimuladas con contratos o castigadas por la presencia de pobres “indicadores de desempeño”. A la desfinanciación y el incremento desmedido de la cobertura le ha correspondido una degradación generalizada de la calidad. En palabras del representante de los profesores al Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, “las administraciones universitarias han sacrificado la calidad para garantizar la sostenibilidad de las instituciones”.
Ejemplo claro de ello es lo acontecido en esta universidad, que conmemora sus 50 años de existencia, la cual se ha erigido como proyecto piloto en la aplicación de estas políticas cuyas nefastas consecuencias han sido opacadas por un acucioso aparato propagandístico mediático y por los frecuentes y permanentes reconocimientos y distinciones de los gobiernos de turno.
Es este el modelo de universidad que se pretende profundizar con el proyecto de Ley que ha sido presentado para la discusión. Es la universidad para la época de la globalización y el libre comercio. Es la refinación en la legislación vigente, de los mecanismos que hagan posible, sin cortapisa alguna, la operación de las multinacionales de la educación y de la información que han hecho de la oferta internacional de programas de formación un gran negocio a través de las diversas modalidades establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pactadas por el gobierno en los diversos TLCs. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”.
Es la continuación del abandono paulatino de la financiación estatal a las universidades públicas y de ampliar la transferencia de recursos a las privadas, las actuales que no sucumban ante la avanzada de las respaldadas por el capital financiero internacional y las trasnacionales de la educación superior, y a las nuevas que lleguen, vía créditos educativos y subsidios. Es el predominio de la concepción de la educación superior como mercancía sobre la que la reivindica como derecho y bien público. Es la consolidación de la idea de universidad como empresa económica sobre la de institución social, y patrimonio cultural.
De la misma manera que se hace con la riqueza minero-energética del subsuelo y con el agro nacional para la implantación de agroindustrias orientadas a productos tropicales de exportación y materias primas para los agro-combustibles, se pretende entregar el mercado de la educación superior al capital financiero internacional, mediante múltiples formas. Nos preguntamos si ese es el camino adecuado para llegar a la prosperidad que nos anuncian.
El estudio detallado y detenido del articulado de la propuesta gubernamental nos permite sustentar lo que acabo de afirmar en esta breve intervención, limitada a 10 minutos. En ese sentido, estamos publicando en la página WEB de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, análisis y opiniones que se están produciendo a diario. La invitación que hacemos a la comunidad universitaria y a la población en general es a participar en el debate público de esta iniciativa gubernamental y a conformar un gran frente de movilización social en su contra. No participaremos de la oferta de “enriquecer y mejorar la propuesta” aplicando maquillajes a su articulado y dejando intacta su naturaleza.
La reforma que reclama la Educación Superior en Colombia no es de la naturaleza de la que se nos presenta. La crisis de la universidad es de financiación adecuada y oportuna por parte del estado, de autonomía y democracia, que son conceptos inseparables, de equidad social. El movimiento profesoral a través de sus organizaciones gremiales, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –ASPU- y la Federación Nacional de Profesores Universitarios –FENALPROU-, ha generado propuestas en este sentido, como el acuerdo Marco Sectorial para la Educación Superior –AMSES- que se han presentado al Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2002 y en varias ocasiones, iniciativas que han sido ignoradas sistemática y persistentemente. Allí está plasmado nuestro pensamiento.
Disponer de un sistema de educación superior de cobertura universal y de altos niveles de excelencia en sus ofertas de formación, así como de pertinencia social y competencia científica en investigación y extensión, es más que un deseo de los colombianos. Es una necesidad urgente de la sociedad, en cualquier país del mundo y mucho más en aquellos, que como el nuestro, padecen de condiciones de atraso en su capacidad científica y tecnológica, disponen de aparatos productivos raquíticos y exhiben indeseables indicadores de exclusión social, producto de una inequidad enorme en la distribución del ingreso, los cuales se traducen en condiciones de existencia miserables para millones de compatriotas, con extremos de hambre, carencia de abrigo, insalubridad, enfermedad y muerte, que rayan en lo inhumano.
Es indudable que no es posible lograr este propósito de la noche a la mañana. Se precisa emprender un esfuerzo de largo aliento y destinar en este empeño ingentes recursos. Se requiere de una política de estado que priorice, sobre otro tipo de inversiones, la destinación de cuantiosos recursos públicos a la educación en sus diferentes niveles y modalidades y dentro de ellos a la educación superior. También es cierto que atender debida, oportuna y adecuadamente las necesidades educativas de la población es necesario pero no suficiente, para construir un mundo de equidad social. Se precisa de un conjunto de políticas de estado que enrumben al país por la senda del progreso económico y el bienestar social, aprovechando al máximo para ello la singular y exuberante dotación de recursos naturales de nuestro territorio, la capacidad extraordinaria de trabajo y la sobresaliente inteligencia de sus gentes.
Es por ello que cuando se anuncia la presentación de un proyecto de Ley que reemplazará la que hoy rige en materia de educación superior, la Ley 30 de 1992, se genera una gran expectativa y se desata un intenso debate en la sociedad, en todas sus instancias, iniciando por la comunidad académica, sector de la población que ha hecho del trabajo con el conocimiento su proyecto de vida, continuando con los demás estamentos de la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores y empleados administrativos, es decir quienes vivimos en la cotidianidad la experiencia universitaria. Pero además es necesario que esta discusión cobije al conjunto de la sociedad, porque lo que está en juego no es de poca monta: la suerte de un instrumento insustituible para el desarrollo económico, social y cultural de la nación y un importante motor de la movilidad social de sus habitantes.
Desde el arribo a la dirección del Estado del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno, mediante la vocería de su Ministra de Educación María Fernanda Campo, anunció la presentación de un proyecto de “reforma integral” de la Ley 30. Ello en contraposición al que había sido radicado por el gobierno anterior en el Congreso de la República en las postrimerías de su mandato y que abordaba el tema de la financiación con fórmulas acordadas con el Consejo Nacional de Rectores del SUE, después de un proceso de concertación iniciado tras el clamor de muchas voces que reclamaban una intervención oportuna y suficiente del gobierno, mediante la asignación de recursos adicionales y así evitar el colapso financiero que se avizoraba. Los nuevos recursos que reclamaban las universidades para “compensar” el desequilibrio financiero en las universidades públicas generado por decisiones de diferentes instancias del estado, situación llevada al extremo por la exigencia de ampliación de cobertura de la denominada “revolución educativa”, superaban los 450.000 millones de pesos, en el año 2009, además de reclamar un ajuste anual del presupuesto de las universidades públicas en el IPC más 9 puntos porcentuales, sostenido en el tiempo.
Es bueno recordar que entre 1993 y el año 2008, la participación de las transferencias del estado al presupuesto de las universidades públicas había pasado de 84% al 51%, la de las matriculas del 7% al 14% y la de “otros ingresos” del 8% al 35%. En términos de aportes por estudiante al año, se pasó en ese mismo período y en pesos de 2008, de un promedio de 5,69 millones a 3,67, en términos porcentuales una reducción del 35,5%.
Estamos hablando del período de vigencia de la Ley 30 de 1992, período en el cual, como consecuencia y complemento del retiro paulatino del Estado en su financiación se han registrado otras transformaciones notables y críticas. Las condiciones de selección, contratación y remuneración de los docentes se han deteriorado al extremo. Hoy día, solo una cifra cercana al 25% de los profesores en las universidades públicas lo son de carrera y el resto trabajan a destajo, contratados por períodos académicos o por horas, sin criterios claros de selección ni permanencia lo que abrió las puertas de la universidad a la politiquería y el clientelismo. Las plantas de personal administrativo y de trabajadores se van desmontando paulatinamente y la contratación precaria hace su agosto con la proliferación de nóminas paralelas y la intermediación de agencias de empleos temporales. El hacinamiento en aulas, laboratorios y talleres es el pan de cada día al lado de la eliminación de las visitas técnicas y las salidas de campo como actividades financiadas por la universidad. El bienestar estudiantil ha sido reemplazado por la institucionalización de la caridad pública. A todo lo anterior se le denomina racionalización del gasto y a sus ejecutores se les califica de eficientes.
La democracia se convierte en una especie en extinción y su simulación en instrumento de manipulación para las decisiones colectivas. La autonomía sucumbe ante la normatividad al detalle y el sometimiento de las decisiones universitarias a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional estimuladas con contratos o castigadas por la presencia de pobres “indicadores de desempeño”. A la desfinanciación y el incremento desmedido de la cobertura le ha correspondido una degradación generalizada de la calidad. En palabras del representante de los profesores al Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, “las administraciones universitarias han sacrificado la calidad para garantizar la sostenibilidad de las instituciones”.
Ejemplo claro de ello es lo acontecido en esta universidad, que conmemora sus 50 años de existencia, la cual se ha erigido como proyecto piloto en la aplicación de estas políticas cuyas nefastas consecuencias han sido opacadas por un acucioso aparato propagandístico mediático y por los frecuentes y permanentes reconocimientos y distinciones de los gobiernos de turno.
Es este el modelo de universidad que se pretende profundizar con el proyecto de Ley que ha sido presentado para la discusión. Es la universidad para la época de la globalización y el libre comercio. Es la refinación en la legislación vigente, de los mecanismos que hagan posible, sin cortapisa alguna, la operación de las multinacionales de la educación y de la información que han hecho de la oferta internacional de programas de formación un gran negocio a través de las diversas modalidades establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pactadas por el gobierno en los diversos TLCs. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”.
Es la continuación del abandono paulatino de la financiación estatal a las universidades públicas y de ampliar la transferencia de recursos a las privadas, las actuales que no sucumban ante la avanzada de las respaldadas por el capital financiero internacional y las trasnacionales de la educación superior, y a las nuevas que lleguen, vía créditos educativos y subsidios. Es el predominio de la concepción de la educación superior como mercancía sobre la que la reivindica como derecho y bien público. Es la consolidación de la idea de universidad como empresa económica sobre la de institución social, y patrimonio cultural.
De la misma manera que se hace con la riqueza minero-energética del subsuelo y con el agro nacional para la implantación de agroindustrias orientadas a productos tropicales de exportación y materias primas para los agro-combustibles, se pretende entregar el mercado de la educación superior al capital financiero internacional, mediante múltiples formas. Nos preguntamos si ese es el camino adecuado para llegar a la prosperidad que nos anuncian.
El estudio detallado y detenido del articulado de la propuesta gubernamental nos permite sustentar lo que acabo de afirmar en esta breve intervención, limitada a 10 minutos. En ese sentido, estamos publicando en la página WEB de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, análisis y opiniones que se están produciendo a diario. La invitación que hacemos a la comunidad universitaria y a la población en general es a participar en el debate público de esta iniciativa gubernamental y a conformar un gran frente de movilización social en su contra. No participaremos de la oferta de “enriquecer y mejorar la propuesta” aplicando maquillajes a su articulado y dejando intacta su naturaleza.
La reforma que reclama la Educación Superior en Colombia no es de la naturaleza de la que se nos presenta. La crisis de la universidad es de financiación adecuada y oportuna por parte del estado, de autonomía y democracia, que son conceptos inseparables, de equidad social. El movimiento profesoral a través de sus organizaciones gremiales, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –ASPU- y la Federación Nacional de Profesores Universitarios –FENALPROU-, ha generado propuestas en este sentido, como el acuerdo Marco Sectorial para la Educación Superior –AMSES- que se han presentado al Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2002 y en varias ocasiones, iniciativas que han sido ignoradas sistemática y persistentemente. Allí está plasmado nuestro pensamiento.
Jorge Aristizábal Ossa, Secretario Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Medellín, 16 de marzo de 2011
En este escrito trataré los temas de la financiación y la privatización. Pero hay más implicaciones en el proyecto: su impacto en la democracia, en la autonomía universitaria, en la formación académica y por último en la burocracia y clientelismo que profundizan. En próximos escritos estaré opinando sobre estos temas. Las opiniones aquí expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor.
Con bombos y platillos la semana anterior, tanto el Presidente Juan Manuel Santos como la Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo, presentaron a los rectores el proyecto de reforma total a la Ley 30 de 1992. Entre sus razones expusieron que se trata de modernizar la educación colombiana para ponerla a tono con las tendencias mundiales y con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Lo que no dijeron es que la tendencia mundial es el neoliberalismo que predica la venta de cualquier servicio público, entre ellos la educación superior, y que para modernizar las universidades públicas en las nuevas tecnologías y tendencias educativas se requiere mucho dinero para inversión y modernización. Sobre aumentos de presupuesto para inversión y funcionamiento no dijeron nada. Se acomodaron a la tendencia en boga para urgir al capital privado nacional e internacional a que se tome el negocio de la educación a todo nivel dado que no se les restringe en ninguna cosa. Promovieron el establecimiento de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y la creación de entidades mixtas público-privadas para sacar al sistema educativo colombiano del notorio atraso en que se encuentra.
Y es que evidentemente las universidades públicas se encuentran en una crisis profunda que el Gobierno Nacional se niega a reconocer y por ende a resolver. Ya son dos las cartas que el Consejo Nacional de Rectores del Sistema de Universidades Estatales, SUE, le han dirigido, una al anterior presidente y otra al actual, donde le demuestran la desfinanciación a la que están siendo sometidos desde la expedición de la Ley 30/92 y el incumplimiento hasta hoy de la mayoría de los recursos aprobados en el 2009. Las universidades públicas tienen muchas nuevas obligaciones que han tenido que atender en estos 19 años, han triplicado la cobertura estudiantil, se han extendido por las regiones con nuevas sedes regionales, han conformado centenares de grupos de investigación, se han modernizado hasta donde ha sido posible, han generado casi la mitad de sus gastos en recursos propios y se han endeudado grandemente con el sector financiero para cubrir sus obligaciones laborales y pensionales. El mayor problema es la carencia de un presupuesto estatal adecuado.
¿Y como responde a esto la propuesta de Santos? Con cero incrementos reales en la base presupuestal y unos ridículos aportes adicionales entre el 2012 y el 2019. Se mantiene la base presupuestal del 2011 (art. 103) con los incrementos anuales del IPC, el antiguo artículo 86. Seguirá congelado el presupuesto de las universidades públicas, congelación que ya lleva 19 años. El Gobierno de Santos no aporta ni un peso nuevo en la base presupuestal.
Igualmente se definen unos recursos adicionales irrisorios de dos formas. La primera forma se determina dependiendo del incremento del PIB: si es menor del 5%, si está entre 5 y 7.5% o es mayor del 7.5%, se aportarán adicionalmente el 30, 40 o 50% de ese incremento sobre la base presupuestal (art. 105), antiguo artículo 87. Irrisorio a todas luces. En el 2010 el incremento del PIB fue del 0.29%, el 30% es 0,087%. Con una base presupuestal de 2.2 billones en 2010 obtenemos $1914 millones para 32 universidades. Pero eso sí, explícito y claramente queda establecido que esos nuevos recursos no incrementan la base presupuestal (art. 104 y contradictoriamente el 106). Son $60 millones por universidad. El PIB de Colombia en las últimas dos décadas jamás ha crecido más del 6.8%. En el mejor de los casos, asumiendo un crecimiento del PIB del 8%, los aportes adicionales serían el 4% de 2.2 billones o sea $88.000 millones ($2750 millones por universidad).
La segunda forma otorga un aporte adicional de 1% en el 2012, 2% en el 2013 y 3% del 2014 al 2019 (art. 106). Corresponde a pesos de hoy a $ 22.000 millones para el 2012 ($ 688 millones por universidad), $44.000 millones en 2013 ($ 1375 millones/U), y 66.000 millones entre 2014 y 2019 ($2062 millones /U). En total son $462.000 millones en esos ocho años ($14.438 millones por universidad en ocho años). Aportes adicionales ridículos ante la grave situación de desfinanciamiento que las mismas universidades, Aspu y la Federación Nacional de Profesores Universitarios han denunciado y estimado, hoy, en más de seiscientos mil millones de pesos.
Otra arbitrariedad que se impone: esos recursos adicionales serán distribuidos por el CESU (art. 105). Tendrán más juego los rectores que hagan parte de esa institución. Se imponen los criterios de cobertura (quien más matricule más recibe), productividad y formación de los docentes y la promoción de la investigación y la innovación. Los criterios de distribución ya han sido probados en años anteriores y es mucho el descontento porque los rectores se quejan de que el parámetro que más aplica el MEN es la ampliación de cobertura. Pero no cesa la arbitrariedad: el artículo 107 establece que para recibir esos escasos dineros deben firmar un “Convenio plurianual de desempeño” en cuestiones de calidad y acceso a la educación superior. Grave lesión a la autonomía. El MEN impondrá la formación que quiera y forzará a las universidades a recibir más estudiantes a costa de un mínimo aporte que no aumentará la base presupuestal.
Las otras medidas económicas del proyecto en lugar de favorecer a las universidades públicas les resulta sumamente lesivo por las nuevas obligaciones impuestas: las universidades serán transformadas en entidades prestatarias dado que el estudiante puede diferir el pago de la matrícula hasta su vinculación al mercado laboral y superado un nivel de ingreso aun no definido y que cada institución debe reglamentar (art. 99); establecerán una política general de ayudas y créditos con el fin de facilitar el ingreso y la permanencia a las personas de bajos recursos (art. 117); la acreditación de alta calidad, dada por una entidad privada y posiblemente extranjera de acreditación mediante “convenios de asociación”, deberá ser pagada por las universidades (art. 77); en los Comités Departamentales de Educación Superior (sustituye los CRES) deberán luchar contra el “el uso compartido de los recursos institucionales” (art. 129, literal c.); en los contratos y convenios con otras instituciones o empresas “se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales” (art. 29), lo que demuestra el abandono de la defensa de lo público; la concurrencia al pasivo pensional, que es una obligación estatal, se extiende a todas las universidades e instituciones de educación superior (art. 110); se establece el cobro de derechos pecuniarios por supletorios y habilitaciones (art. 98, literal c.); las escuelas normales superiores competirán por los recursos de las universidades oficiales pues se las eleva al nivel de IES (arts. 40 y 41); se las orienta a introducir la educación por ciclos (art. 68), de educación permanente, no extensión solidaria (art. 69); desarrollar procesos de internacionalización (art. 155), de movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes, y promover el emprendimiento y la innovación de los estudiantes (art. 11).
Pero si a la Universidad se la trata como a algo indeseable y prescindible al sector privado se le extiende la alfombra roja para que se tome la educación superior en Colombia. Aquí está el segundo problema que la comunidad universitaria deberá enfrentar: A la manera como se actuó en el sector de la salud, viene la privatización a fondo de la educación superior.
“Las instituciones de educación superior serán públicas, privadas y mixtas”; las privadas conforme a las “personas jurídicas con o sin ánimo de lucro” (art. 13). “Podrán desarrollar programas académicos en cualquier nivel y campos de acción” (art. 8). “Organizadas como corporaciones o fundaciones o como sociedades anónimas” (art. 32). “A las instituciones de educación superior mixtas les será aplicable el régimen de una institución de naturaleza privada” (arts. 33 y 37). Para las de naturaleza privada o mixta, “Disponibilidad de por lo menos la mitad de los recursos requeridos para que la primera promoción culmine los estudios de cada programa propuesto” (art. 14, parágrafo 2, literal c.). “Constituida la sociedad podrá recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos y vender acciones” (art. 32, parágrafo). “Los programas de grado podrán ser técnicos profesionales, tecnológicos, o profesionales universitarios. Los de posgrado podrán ser de especialización, maestría y doctorado” (art. 56).
La legislación que se propone es altamente favorable al sector privado nacional y extranjero. Más aun cuando estamos ad portas de la aprobación en el Senado de los Estados Unidos del TLC con nuestro país. Se exige allí el suministro transfronterizo (Educación virtual y a distancia), el consumo en el extranjero (Movilidad de profesores y estudiantes colombianos (art. 156), la presencia comercial (universidades e instituciones norteamericanas fundamentalmente privadas) y la presencia física de personas (movilidad gringa), además del trato nacional para que no haya ninguna diferencia entre las instituciones de educación superior extranjera y las colombianas, incluyendo obviamente, la financiación estatal. Acojo aquí parte del comunicado de la Organización Colombiana de Estudiantes, Oce, del 14 de marzo de 2011:
“Esta propuesta (de entidad jurídica) que se presenta como novedosa tiene su origen en el tratado de libre comercio, firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TLCAN o NAFTA, que implicó la entrada de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas: Apollo Global Incorporated y la Laureate Education Inc, entre otras. Esta última que ha comprado universidades en más de 20 países y que ya se alza como una de las dueñas del “mercado” universitario en México, avanza a pasos avasallantes en Brasil, país que como lo señaló Santos, será el ejemplo a seguir y en donde solamente la Laureate Education Inc. se ha hecho al control de 9 Instituciones de Educación Superior. Con esto se abre la compuerta para que juventud colombiana sea formada por las multinacionales ligadas a la producción como las de Motorola, Disney, Malboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft. Este tipo de instituciones ya tienen sus primeras semillas con la universidad de Sanitas y con la Chevrolet para taxistas”.
Pero no termina la entrega aquí. El gobierno se obliga a transferir recursos a las instituciones de educación superior privadas sin ánimo de lucro y a cualquiera que obtenga la acreditación de alta calidad (art. 108). Ya dijimos atrás que la acreditación podrá realizarse por instituciones privadas y extranjeras que inevitablemente vendrán, por medio de contratos de asociación con el MEN (art. 77). Indefectiblemente se acreditarán de alta calidad “previo informe de evaluación externa dado por un órgano de evaluación” (art. 78) y el Estado les deberá transferir recursos. Y si se presentan como institutos o centros de investigación, “podrán ofrecer, previo convenio con instituciones de educación superior y conjuntamente con éstas, programas de posgrado” (art. 9).
Todavía hay más: se impone el subsidio a la demanda con el crédito estudiantil obligándose el Estado a transferir recursos al Icetex para financiar los créditos a los estudiantes, recursos que terminarán en manos de las instituciones de educación superior privadas y extranjeras en su mayoría. Anualmente habrá un aporte estatal al Icetex para los “subsidios de matrícula” (art. 115). El Fondo para la Permanencia Estudiantil también recibirá “Aportes del Presupuesto General de la Nación” (art. 116). Findeter “establecerá líneas de crédito especiales para las Instituciones de Educación Superior, con destino a inversión en infraestructura física y tecnológica” (art. 114). “El Fondo Nacional de Garantías, FNG, garantizará los créditos otorgados a instituciones de educación superior públicas y privadas” (art. 112). El Icetex, “a través de un fondo creado con recursos del Presupuesto Nacional, podrá ser garante de los préstamos otorgados por el sector financiero a los estudiantes de Educación Superior de escasos recursos económicos” (art. 118). El mister y el criollo trabajando con plata colombiana.
Más oprobioso aún es que la obligación de destinar el 2% del presupuesto total a bienestar universitario se elimina. (Aparece en un documento (art. 145) y desaparece en otros dos). Corresponde al artículo 118 de la Ley 30 aun vigente. Ocurre lo mismo con la obligación establecida en el artículo 162 (Similar al anterior; aparece y desaparece) que textualmente dice: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, diseñará instrumentos dentro del estatuto tributario que permitan que un porcentaje de la renta gravable de las Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro se destine a fondos de becas y créditos administrados por el Icetex y dirigidos a población vulnerable según reglamentación que expida el Gobierno Nacional”. Sumémosle que la obligación del artículo 119 de la Ley 30 vigente que establece que “Las Instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente”, fue eliminada. Todas las garantías al sector privado nacional y extranjero y todos los obstáculos para las universidades públicas. Esto es privatización a fondo. (Aclaro. Hay tres documentos sobre el proyecto de reforma: 1. En el Proyecto Ley 30 de 1992 de la página http://aplicaciones.contactenoscolo... aparecen 164 artículos; 2. En el documento Propuesta vs Ley 30 del mismo link ya son 160 artículos; y 3. En el material entregado a los rectores e integrantes de los consejos directivos también son 160).
Las anteriores son las primeras impresiones y análisis de un proyecto de ley que muestra que el Gobierno de Santos va más allá que el de Uribe Vélez en lo que trata con la educación superior y particularmente con la pública. Es continuista y profundizador a ultranza del modelo neoliberal.
Con bombos y platillos la semana anterior, tanto el Presidente Juan Manuel Santos como la Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo, presentaron a los rectores el proyecto de reforma total a la Ley 30 de 1992. Entre sus razones expusieron que se trata de modernizar la educación colombiana para ponerla a tono con las tendencias mundiales y con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Lo que no dijeron es que la tendencia mundial es el neoliberalismo que predica la venta de cualquier servicio público, entre ellos la educación superior, y que para modernizar las universidades públicas en las nuevas tecnologías y tendencias educativas se requiere mucho dinero para inversión y modernización. Sobre aumentos de presupuesto para inversión y funcionamiento no dijeron nada. Se acomodaron a la tendencia en boga para urgir al capital privado nacional e internacional a que se tome el negocio de la educación a todo nivel dado que no se les restringe en ninguna cosa. Promovieron el establecimiento de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y la creación de entidades mixtas público-privadas para sacar al sistema educativo colombiano del notorio atraso en que se encuentra.
Y es que evidentemente las universidades públicas se encuentran en una crisis profunda que el Gobierno Nacional se niega a reconocer y por ende a resolver. Ya son dos las cartas que el Consejo Nacional de Rectores del Sistema de Universidades Estatales, SUE, le han dirigido, una al anterior presidente y otra al actual, donde le demuestran la desfinanciación a la que están siendo sometidos desde la expedición de la Ley 30/92 y el incumplimiento hasta hoy de la mayoría de los recursos aprobados en el 2009. Las universidades públicas tienen muchas nuevas obligaciones que han tenido que atender en estos 19 años, han triplicado la cobertura estudiantil, se han extendido por las regiones con nuevas sedes regionales, han conformado centenares de grupos de investigación, se han modernizado hasta donde ha sido posible, han generado casi la mitad de sus gastos en recursos propios y se han endeudado grandemente con el sector financiero para cubrir sus obligaciones laborales y pensionales. El mayor problema es la carencia de un presupuesto estatal adecuado.
¿Y como responde a esto la propuesta de Santos? Con cero incrementos reales en la base presupuestal y unos ridículos aportes adicionales entre el 2012 y el 2019. Se mantiene la base presupuestal del 2011 (art. 103) con los incrementos anuales del IPC, el antiguo artículo 86. Seguirá congelado el presupuesto de las universidades públicas, congelación que ya lleva 19 años. El Gobierno de Santos no aporta ni un peso nuevo en la base presupuestal.
Igualmente se definen unos recursos adicionales irrisorios de dos formas. La primera forma se determina dependiendo del incremento del PIB: si es menor del 5%, si está entre 5 y 7.5% o es mayor del 7.5%, se aportarán adicionalmente el 30, 40 o 50% de ese incremento sobre la base presupuestal (art. 105), antiguo artículo 87. Irrisorio a todas luces. En el 2010 el incremento del PIB fue del 0.29%, el 30% es 0,087%. Con una base presupuestal de 2.2 billones en 2010 obtenemos $1914 millones para 32 universidades. Pero eso sí, explícito y claramente queda establecido que esos nuevos recursos no incrementan la base presupuestal (art. 104 y contradictoriamente el 106). Son $60 millones por universidad. El PIB de Colombia en las últimas dos décadas jamás ha crecido más del 6.8%. En el mejor de los casos, asumiendo un crecimiento del PIB del 8%, los aportes adicionales serían el 4% de 2.2 billones o sea $88.000 millones ($2750 millones por universidad).
La segunda forma otorga un aporte adicional de 1% en el 2012, 2% en el 2013 y 3% del 2014 al 2019 (art. 106). Corresponde a pesos de hoy a $ 22.000 millones para el 2012 ($ 688 millones por universidad), $44.000 millones en 2013 ($ 1375 millones/U), y 66.000 millones entre 2014 y 2019 ($2062 millones /U). En total son $462.000 millones en esos ocho años ($14.438 millones por universidad en ocho años). Aportes adicionales ridículos ante la grave situación de desfinanciamiento que las mismas universidades, Aspu y la Federación Nacional de Profesores Universitarios han denunciado y estimado, hoy, en más de seiscientos mil millones de pesos.
Otra arbitrariedad que se impone: esos recursos adicionales serán distribuidos por el CESU (art. 105). Tendrán más juego los rectores que hagan parte de esa institución. Se imponen los criterios de cobertura (quien más matricule más recibe), productividad y formación de los docentes y la promoción de la investigación y la innovación. Los criterios de distribución ya han sido probados en años anteriores y es mucho el descontento porque los rectores se quejan de que el parámetro que más aplica el MEN es la ampliación de cobertura. Pero no cesa la arbitrariedad: el artículo 107 establece que para recibir esos escasos dineros deben firmar un “Convenio plurianual de desempeño” en cuestiones de calidad y acceso a la educación superior. Grave lesión a la autonomía. El MEN impondrá la formación que quiera y forzará a las universidades a recibir más estudiantes a costa de un mínimo aporte que no aumentará la base presupuestal.
Las otras medidas económicas del proyecto en lugar de favorecer a las universidades públicas les resulta sumamente lesivo por las nuevas obligaciones impuestas: las universidades serán transformadas en entidades prestatarias dado que el estudiante puede diferir el pago de la matrícula hasta su vinculación al mercado laboral y superado un nivel de ingreso aun no definido y que cada institución debe reglamentar (art. 99); establecerán una política general de ayudas y créditos con el fin de facilitar el ingreso y la permanencia a las personas de bajos recursos (art. 117); la acreditación de alta calidad, dada por una entidad privada y posiblemente extranjera de acreditación mediante “convenios de asociación”, deberá ser pagada por las universidades (art. 77); en los Comités Departamentales de Educación Superior (sustituye los CRES) deberán luchar contra el “el uso compartido de los recursos institucionales” (art. 129, literal c.); en los contratos y convenios con otras instituciones o empresas “se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales” (art. 29), lo que demuestra el abandono de la defensa de lo público; la concurrencia al pasivo pensional, que es una obligación estatal, se extiende a todas las universidades e instituciones de educación superior (art. 110); se establece el cobro de derechos pecuniarios por supletorios y habilitaciones (art. 98, literal c.); las escuelas normales superiores competirán por los recursos de las universidades oficiales pues se las eleva al nivel de IES (arts. 40 y 41); se las orienta a introducir la educación por ciclos (art. 68), de educación permanente, no extensión solidaria (art. 69); desarrollar procesos de internacionalización (art. 155), de movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes, y promover el emprendimiento y la innovación de los estudiantes (art. 11).
Pero si a la Universidad se la trata como a algo indeseable y prescindible al sector privado se le extiende la alfombra roja para que se tome la educación superior en Colombia. Aquí está el segundo problema que la comunidad universitaria deberá enfrentar: A la manera como se actuó en el sector de la salud, viene la privatización a fondo de la educación superior.
“Las instituciones de educación superior serán públicas, privadas y mixtas”; las privadas conforme a las “personas jurídicas con o sin ánimo de lucro” (art. 13). “Podrán desarrollar programas académicos en cualquier nivel y campos de acción” (art. 8). “Organizadas como corporaciones o fundaciones o como sociedades anónimas” (art. 32). “A las instituciones de educación superior mixtas les será aplicable el régimen de una institución de naturaleza privada” (arts. 33 y 37). Para las de naturaleza privada o mixta, “Disponibilidad de por lo menos la mitad de los recursos requeridos para que la primera promoción culmine los estudios de cada programa propuesto” (art. 14, parágrafo 2, literal c.). “Constituida la sociedad podrá recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos y vender acciones” (art. 32, parágrafo). “Los programas de grado podrán ser técnicos profesionales, tecnológicos, o profesionales universitarios. Los de posgrado podrán ser de especialización, maestría y doctorado” (art. 56).
La legislación que se propone es altamente favorable al sector privado nacional y extranjero. Más aun cuando estamos ad portas de la aprobación en el Senado de los Estados Unidos del TLC con nuestro país. Se exige allí el suministro transfronterizo (Educación virtual y a distancia), el consumo en el extranjero (Movilidad de profesores y estudiantes colombianos (art. 156), la presencia comercial (universidades e instituciones norteamericanas fundamentalmente privadas) y la presencia física de personas (movilidad gringa), además del trato nacional para que no haya ninguna diferencia entre las instituciones de educación superior extranjera y las colombianas, incluyendo obviamente, la financiación estatal. Acojo aquí parte del comunicado de la Organización Colombiana de Estudiantes, Oce, del 14 de marzo de 2011:
“Esta propuesta (de entidad jurídica) que se presenta como novedosa tiene su origen en el tratado de libre comercio, firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TLCAN o NAFTA, que implicó la entrada de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas: Apollo Global Incorporated y la Laureate Education Inc, entre otras. Esta última que ha comprado universidades en más de 20 países y que ya se alza como una de las dueñas del “mercado” universitario en México, avanza a pasos avasallantes en Brasil, país que como lo señaló Santos, será el ejemplo a seguir y en donde solamente la Laureate Education Inc. se ha hecho al control de 9 Instituciones de Educación Superior. Con esto se abre la compuerta para que juventud colombiana sea formada por las multinacionales ligadas a la producción como las de Motorola, Disney, Malboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft. Este tipo de instituciones ya tienen sus primeras semillas con la universidad de Sanitas y con la Chevrolet para taxistas”.
Pero no termina la entrega aquí. El gobierno se obliga a transferir recursos a las instituciones de educación superior privadas sin ánimo de lucro y a cualquiera que obtenga la acreditación de alta calidad (art. 108). Ya dijimos atrás que la acreditación podrá realizarse por instituciones privadas y extranjeras que inevitablemente vendrán, por medio de contratos de asociación con el MEN (art. 77). Indefectiblemente se acreditarán de alta calidad “previo informe de evaluación externa dado por un órgano de evaluación” (art. 78) y el Estado les deberá transferir recursos. Y si se presentan como institutos o centros de investigación, “podrán ofrecer, previo convenio con instituciones de educación superior y conjuntamente con éstas, programas de posgrado” (art. 9).
Todavía hay más: se impone el subsidio a la demanda con el crédito estudiantil obligándose el Estado a transferir recursos al Icetex para financiar los créditos a los estudiantes, recursos que terminarán en manos de las instituciones de educación superior privadas y extranjeras en su mayoría. Anualmente habrá un aporte estatal al Icetex para los “subsidios de matrícula” (art. 115). El Fondo para la Permanencia Estudiantil también recibirá “Aportes del Presupuesto General de la Nación” (art. 116). Findeter “establecerá líneas de crédito especiales para las Instituciones de Educación Superior, con destino a inversión en infraestructura física y tecnológica” (art. 114). “El Fondo Nacional de Garantías, FNG, garantizará los créditos otorgados a instituciones de educación superior públicas y privadas” (art. 112). El Icetex, “a través de un fondo creado con recursos del Presupuesto Nacional, podrá ser garante de los préstamos otorgados por el sector financiero a los estudiantes de Educación Superior de escasos recursos económicos” (art. 118). El mister y el criollo trabajando con plata colombiana.
Más oprobioso aún es que la obligación de destinar el 2% del presupuesto total a bienestar universitario se elimina. (Aparece en un documento (art. 145) y desaparece en otros dos). Corresponde al artículo 118 de la Ley 30 aun vigente. Ocurre lo mismo con la obligación establecida en el artículo 162 (Similar al anterior; aparece y desaparece) que textualmente dice: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, diseñará instrumentos dentro del estatuto tributario que permitan que un porcentaje de la renta gravable de las Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro se destine a fondos de becas y créditos administrados por el Icetex y dirigidos a población vulnerable según reglamentación que expida el Gobierno Nacional”. Sumémosle que la obligación del artículo 119 de la Ley 30 vigente que establece que “Las Instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente”, fue eliminada. Todas las garantías al sector privado nacional y extranjero y todos los obstáculos para las universidades públicas. Esto es privatización a fondo. (Aclaro. Hay tres documentos sobre el proyecto de reforma: 1. En el Proyecto Ley 30 de 1992 de la página http://aplicaciones.contactenoscolo... aparecen 164 artículos; 2. En el documento Propuesta vs Ley 30 del mismo link ya son 160 artículos; y 3. En el material entregado a los rectores e integrantes de los consejos directivos también son 160).
Las anteriores son las primeras impresiones y análisis de un proyecto de ley que muestra que el Gobierno de Santos va más allá que el de Uribe Vélez en lo que trata con la educación superior y particularmente con la pública. Es continuista y profundizador a ultranza del modelo neoliberal.
Por: LaSillaVacia.com Gustavo Gómez Martínez, 8 de Abril, 2011 10:14 pm |      |
Vea aquí el texto de la reforma a la Ley 30 propuesta por Santos.El miércoles, el director del DAS, Felipe Muñoz, dijo que las marchas que promovieron los estudiantes universitarios en varias ciudades del país estaban infiltradas por grupos terroristas. Los datos de inteligencia indicaban que las células urbanas de las Farc y el Eln intentarían tomarse la jornada de protesta que estudiantes, profesores y directivos convocaron para expresar su rechazo a la reforma a la Ley de Educación. La Silla Vacía acompañó a líderes estudiantiles de las universidades Nacional, Pedagógica, Distrital, Externado y Libre. Todos ellos dan la cara. Si bien hay personas que se tapan la cara para protestar y recurren a hechos violentos, los líderes estudiantiles no se encapuchan y prefieren reivindicar sus derechos en manifestaciones que se alejan de los tropeles y las pedreas. Estos líderes que dan la cara, organizan las marchas y caminan con sus compañeros, son quienes al final tienen la vocería de los estudiantes. Y los que piden un asiento en la discusión de la reforma de la Ley 30, o Ley de Educación. Estuvimos con los líderes de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) y de la Federación Universitaria de Estudiantes (FEU). La primera agremia a estudiantes de universidades privadas y públicas porque, como lo dice Juan Sebastián López, aspirante a graduarse de abogado y representante estudiantil de la Universidad Externado, este tipo de reformas -como la de la Ley 30- afecta por igual a todas las universidades del país. Los otros miembros de la OCE con los que hablamos son Óscar Ruiz, estudiante de Ciencias Sociales de la Pedagógica, Maria Paula Marín, ingeniera Industrial de la Distrital, y Estefanni Barreto Sarmiento, presidente del Consejo Estudiantil y estudiante de Derecho de la Libre. Ellos coincidieron en que si bien se han registrado hechos violentos durante las manifestaciones estudiantiles, los medios de comunicación terminan presentándolos como los hechos protagónicos. Con eso, explican, terminan siendo distractores que buscan evitar las discusiones sobre las propuestas de los estudiantes. También hacen que se evada el reconocimiento a un movimiento que se está formando. “Son hechos aislados, lo que nos interesa es discutir la propuesta de reforma a la Ley, la cual no reconoce que hay una crisis financiera en la educación pública y por lo tanto no la soluciona”, dijo Óscar Ruiz. Los estudiantes de la FEU coinciden con estos argumentos aunque admiten las otras realidades. Edder Carrión, líder de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, dice que los hechos violentos son legítimos, si bien él no los comparte. David Flórez, ex representante estudiantil al Consejo Superior Universitario y estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, dice que las universidades públicas son -y deben ser- el reflejo de la realidad del país y esa realidad está marcada por el conflicto armado. De allí, explica el estudiante, la presencia de grupos armados en algunos claustros. Pero eso sí, advierte que el hecho de que esos grupos armados estén no quiere decir que manejen la discusión y, por el contrario, asegura que lo importante no es discutir estos hechos, sino las propuestas concretas que los estudiantes tienen sobre cómo debería ser la educación en Colombia. Estas son las caras de los líderes estudiantiles: Fotos: Felipe Rincón, Sara Rojas. Edición de video: Sara Rojas Contenido Relacionado: | |
Declaración de la Organización Colombiana de Estudiantes, Bogotá 14 de marzo de 2011.
El presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado 10 de marzo una reforma estructural a la educación superior. De sus palabras se extrae que apunta a favorecer de manera directa al capital financiero y a las multinacionales de la educación superior, así como a marchitar la situación financiera de las universidades públicas. Esta política es lo más grave que le podría suceder a la educación superior en Colombia en toda su historia.
La modificación propuesta en la naturaleza de las Instituciones de Educación Superior, respecto a su transformación en entidades con ánimo de lucro, es una exigencia de las multinacionales de la enseñanza superior y del capital financiero. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo especifico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”. Dicha reforma les permite, a la luz de la legislación comercial, que este tipo de instituciones puedan distribuir dividendos y realizar inversiones en otros sectores de la sociedad, para no hablar de las implicaciones en lo referente a los costos de matrícula y demás servicios universitarios.
Esta propuesta que se presenta como novedosa tiene su origen en el tratado de libre comercio, firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TLCAN o NAFTA, que implicó la entrada de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas: Apollo Global Incorporated y la Laureate Education Inc, entre otras. Esta ultima que ha comprado universidades en más de 20 países y que ya se alza como una de las dueñas del “mercado” universitario en Mexico, avanza a pasos avasallantes en Brasil, país que como lo señaló Santos, será el ejemplo a seguir y en donde solamente la Laureate Education Inc. se ha hecho al control de 9 Instituciones de Educación Superior. Con esto se abre la compuerta para que juventud colombiana sea formada por las multinacionales ligadas a la producción como las de Motorola, Disney, Malboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft. Este tipo de instituciones ya tienen sus primeras semillas con la universidad de Sanitas y con la Chevrolet para taxistas.
Tampoco sorprende que se condicionen los recursos para las universidades públicas sobre la base del cumplimiento de "indicadores de gestión". Esta propuesta no sólo no va a resolver la crisis financiera de las universidades públicas, que como lo ha afirmado el Sistema de Universidades Estatales, SUE, es superior a medio billón de pesos, sino que además vulnera la autonomía, la calidad y la democracia universitarias. Estos indicadores conllevan al aumento en cobertura sobre la base de los mismos o de menos recursos por estudiante, incrementos destinados a su vez, solamente, a ciertas universidades, programas y metodologías de enseñanza, en resumen: los nuevos recursos serán para los programas acordes a las necesidades de los “sectores locomotoras” de la mal llamada prosperidad democrática, o en palabras de Santos “en nuestro gobierno, la educación de nuestros niños y jóvenes corresponde a los rieles de las cinco locomotoras que nos llevarán hacia la Prosperidad Democrática”.
La reforma propuesta permite que las multinacionales de la educación superior y las universidades corporativas se entronicen en la educación superior, subsidiando la demanda de educación privada por medio del Icetex, pero además con base en lo acordado en el TLC, será claro que dichas instituciones también podrán hacerse a subsidios directos por parte del Estado y aupados con exenciones tributarias. La reforma educativa de Santos es en suma la consolidación de la confianza inversionista de Uribe, esta vez en el sector educativo.
La mejor manera para hacer de la educación superior un negocio privado es comenzar por desmantelar su carácter público, su financiación proviene del presupuesto nacional aportado por la población, es por esto que debe estar a su servicio. Los altos costos de matrícula de las universidades privadas son producto del marchitamiento premeditado de las universidades públicas y de la permisividad oficial hacia los mercaderes de la educación. Estas condiciones oprobiosas se profundizarán a menos que los sectores demócratas de la sociedad opongan la unidad y la movilización a la más retardataria de las propuestas educativas en la historia del país. Que cuente el país con que los estudiantes unidos con los demás estamentos universitarios derrotaremos ésta iniciativa mediante la lucha de masas y persistiremos en el propósito de concretar una educación de carácter científico, al servicio del desarrollo de la nación y del progreso del pueblo colombiano. Derrotar la política de Santos en educación superior es la tarea principal de estudiantes, profesores, trabajadores y todos los que defiendan la educación pública.
Jueves, 10 de Marzo de 2011
Las siguientes son las palabras del Presidente de la República este 10 de marzo durante el acto de presentación de los lineamientos de esta propuesta del Gobierno nacional.
Lea a continuación las palabras pronunciadas por el Presidente Juan Manuel Santos:
"En 18 años todo cambia. Nada es igual.
Recuerden cómo era Colombia hace 18 años, con unas realidades económicas y de seguridad, muy distintas a las actuales.
Ahora somos parte de ese grupo de países que proyectan mayor crecimiento para los próximos 10 años, que se denominan los CIVETS, además de que el Banco HSBC nos ubicó dentro de las 30 economías más grandes del mundo para el año 2050.
Estando en un país y un mundo en permanente evolución, es una necesidad -un deber- no sólo adaptarse a los cambios, sino también estar siempre un paso adelante de ellos.
Ustedes -señores rectores- saben bien cómo han avanzado sus universidades en el mismo periodo de tiempo, no sólo en cuanto a infraestructura y número de estudiantes, sino también en exigencia académica y en la flexibilidad de sus programas, en la acreditación.
Hace 18 años yo estaba en el Ministerio de Comercio Exterior, antes estaba como miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andres, con el doctor Angulo -que aquí está presente- y hoy es un mundo muy diferente y una universidad muy diferente.
Allá me acuerdo cómo analizábamos y cómo se tomaron decisiones que trascendieron muchísimo en la calidad de la universidad y que también después vimos cómo evolucionó el país.
Y fue hace algo más de 18 años cuando -apenas un año después de haberse expedido la Constitución de 1991- se promulgó la Ley 30 sobre el servicio público de la Educación Superior.
Esta ley -sin duda-ha permitido el desarrollo de la educación superior que hoy tenemos, pero también tenemos que estar de acuerdo en que fue elaborada para unos desafíos distintos a los actuales.
En las últimas dos décadas se masificó Internet, y ahora las tecnologías de la información son parte esencial de la vida de quienes ingresan hoy a la Educación Superior.
Hace 18 años, por ejemplo, apenas se estaba hablando en este país del celular, de la internacionalización de la economía, de la globalización como un elemento importante para la educación.
Pero al mismo tiempo, 18 años después de esa Ley, constatamos situaciones preocupantes:
En los últimos 10 años, más de 3 millones 200 mil jóvenes bachilleres no ingresaron a la educación superior o desertaron.
En consecuencia, muchos salieron prematuramente al mercado laboral, generalmente sin éxito.
Esto tiene repercusiones en la economía, pues significa una enorme presión sobre el empleo.
De hecho, la mayor tasa de desempleo está entre los jóvenes de 17 a 24 años, allí el promedio es casi el doble que el promedio nacional.
Por eso, se los digo sin rodeos: la Ley 30 de 1992 -con los beneficios que trajo en su momento- no se ajusta a los desafíos que hoy tenemos por delante.
Si de veras queremos dar el salto al desarrollo, ser la promesa cumplida de los CIVETS o hacer realidad los pronósticos del Banco HSBC, necesitamos un sistema de Educación Superior acorde con nuestras realidades, con nuestras metas y con el mundo de hoy.
De hecho, para ingresar a la OCDE -esa organización de países con buenas prácticas a la que estamos postulando-, debemos mostrar, por ejemplo, mejores indicadores en cuanto a formación académica.
Hemos venido mejorando en educación básica, llegando a un buen nivel de cobertura de casi el 100% -y eso hay que abonárselo al gobierno del (ex) Presidente Uribe, ahí se hizo un esfuerzo realmente importante- y trabajamos duro para subir la cobertura de la educación media.
Creemos, además, en nuestro gobierno, que la educación de nuestros niños y jóvenes corresponde a los rieles de las cinco locomotoras que nos llevarán hacia la Prosperidad Democrática.
Por eso estamos decididos a trabajar en este cuatrienio con énfasis en un objetivo inaplazable -eso con la Ministra lo hemos discutido muchísimas veces- le he dicho que hay que adoptar ese mantra: la calidad educativa, manteniendo y mejorando los niveles de cobertura.
Pero también debemos trabajar para que esos jóvenes que se gradúan de bachilleres, continúen su formación y no detengan ese proceso en el colegio o deserten a mitad de camino.
No podemos conformarnos con este cuello de botella.
No es posible que el país y las familias se esfuercen por graduar a sus jóvenes como bachilleres, para luego dejarlos sin mayores oportunidades.
Sé que es un reto difícil, un reto que tenemos, y que espero, podamos cumplir.
Tenemos que ser capaces de generar una mayor oferta de instituciones y programas de educación superior que garanticen excelente calidad y acceso a los jóvenes pobres.
En la campaña recorrí mucho este país, y tal vez de los momentos donde la gente más respondía era a la oferta de romper ese cuello de botella.
Ustedes vieron a las madres de Familias en Acción. Todas las madres lo que le dicen a uno hoy es: 'Por favor Presidente, déle oportunidades a mis hijos para que después de graduarse del colegio -después de mucho esfuerzo- puedan continuar con su educación superior'.
Y ese cuello de botella, además, tiene un ingrediente que agrava el problema y es que la educación del bachillerato no es una educación para el trabajo.
La persona que no puede continuar la educación superior no sabe trabajar, y por eso entran a engrosar las filas del desempleo, a engrosar las filas de las bandas criminales, del narcotráfico, de la violencia.
Por difícil que parezca, es un desafío que no podemos aplazar.
Para nuestra propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación, la Ministra y todo su equipo consultó muchos estudios e hizo muchas investigaciones a nivel nacional.
También revisaron experiencias internacionales sobre cobertura, sobre calidad, sobre internacionalización, sobre equidad y sobre el posicionamiento de la educación como el motor de todas las transformaciones sociales.
Pero no queremos, ni podemos, hacer esta reforma solos.
Ustedes están acá, como representantes de la Educación, porque hoy iniciamos un proceso de discusión colectiva en talleres y mesas de trabajo regionales.
Queremos escuchar las voces de los rectores, de los profesores, de los estudiantes y de los padres de familias.
Queremos escuchar al sector productivo, y que hablen también los jóvenes que no han tenido acceso a la educación superior y sus padres.
También queremos conocer la experiencia internacional, para lo cual el Ministerio organizará en abril un foro Internacional con invitados de primer orden, que compartirán las lecciones aprendidas en sus países.
La idea es que -de la mano de todos ustedes- presentemos al Congreso un proyecto de reforma visionario y pragmático.
Porque una reforma tan importante requiere de una discusión amplia y pública.
Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión enriquece la calidad de las políticas públicas, y sobre todo de una política pública tan importante, tan trascendental para el futuro de nuestro país como es su educación superior.
El objetivo es sembrar y cultivar una generación productiva, jóvenes que reciban conocimientos y competencias útiles, de acuerdo a lo que demandan los sectores público y privado.
En Colombia -por ejemplo- el 65 por ciento de la educación superior es universitaria y el 35 por ciento es técnica.
Esa proporción es a la inversa en países desarrollados, y nosotros quisiéramos al menos dejar al final de este gobierno esa relación en 55-45, avanzando hacia una situación ideal de paridad.
El propósito es tener más colombianos que -además de tener una formación académica de calidad- ingresen exitosamente al mercado laboral o inicien sus propios emprendimientos.
También, buscamos consolidar una educación sintonizada con la realidad del país y con las tendencias internacionales.
Debe quedar muy claro que el proyecto de ley respeta y -más aún- fortalece el principio de autonomía universitaria.
No vamos a debilitar ese principio, y en eso tienen mi palabra.
Hecha esa aclaración, quiero contarles los cuatro objetivos de este proyecto de ley, que estamos poniendo a su consideración.
El primero -ya lo he dicho- es promover mayor calidad.
Planteamos incentivos a la buena calidad y a procesos de acreditación, así como al fomento de investigación e innovación.
Precisamente, el 10 por ciento de las regalías -según la reforma que está en trámite en el Congreso- será invertido en programas regionales de ciencia y tecnología.
Desde hoy los invito, señores rectores, a pensar en proyectos de ciencia y tecnología que fortalezcan la investigación y la innovación de sus instituciones e impacten el desarrollo regional.
El segundo objetivo de esta reforma es generar condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior.
Para esto se necesita plata -y mucha-.
Albert Einstein dijo alguna vez: "Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia".
Los recursos públicos son limitados y debemos ser muy ingeniosos para ampliar las fuentes de recursos del sector.
Prevemos mantener la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional.
Es decir, además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación, el Estado otorgará un 1 por ciento adicional en 2012; un 2 por ciento en 2013, y un 3 por ciento entre 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de desempeño.
También le inyectaremos a la educación superior pública, no sólo aportes del Estado, sino Alianzas Público-Privadas.
La educación pública -si quiere ser competitiva- no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada.
Y eso -que quede claro- no significa privatizar, sino invertir.
Desde ya quiero evitar malos entendidos.
Lo que estamos proponiendo busca -simple y llanamente- que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública -y en alianza con ella-, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante.
¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas público-privadas mejorarán la calidad de la formación y la investigación.
Serán negocios en los que todos ganan, como ha pasado en Corea, China, Irlanda, Estados Unidos o -para no ir muy lejos- en los Parques Tecnológicos Universitarios de Brasil.
Y para las instituciones privadas también tenemos una propuesta: mayor inversión.
A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada en ellas.
Por eso proponemos crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro.
Brasil es un ejemplo de cómo esta fórmula multiplica la cobertura:
¡En 12 años pasaron de 1'800.000 estudiantes a casi 6 millones!, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro.
Estas instituciones -además- aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres.
Hoy nuestro Ministerio de Hacienda y la DIAN estudian la viabilidad de un esquema similar, para que las instituciones con ánimo de lucro reciban beneficios tributarios a cambio de aportes a los fondos de becas de Icetex.
Otro ejemplo es Corea: allí financian la demanda mediante un sistema de crédito -otorgado por el sector financiero con garantía parcial del Estado-, además de ofrecer estímulos y exenciones tributarias a las instituciones de educación con ánimo de lucro.
En la misma China, bajo un régimen comunista, se ha pasado de dos millones de estudiantes a 26 millones en menos de 20 años, con una oferta privada -en los últimos 10 años- que alcanza al 20 por ciento de los estudiantes.
En Colombia tenemos que entender, de una vez por todas, que no podemos anclarnos en el debate perpetuo sobre si es válido o no que el sector privado invierta en la educación superior pública, mientras otros países crean millones de cupos, mejoran su calidad y nos adelantan en la carrera de la competitividad.
De acuerdo con nuestra propuesta, el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado podría significar unos 2,4 billones de pesos adicionales para el sector en los próximos 3 años.
Esos recursos serían suficientes para que pasemos de alrededor de 1'600.000 estudiantes que hoy están en procesos de formación de educación superior, a 2'200.000 estudiantes recibiendo educación superior pertinente y de calidad, en el 2014.
¡Un aumento del 37 por ciento!
El proyecto de ley también fortalece al ICETEX.
Contempla la creación de un fondo que garantice el sostenimiento de estudiantes de bajos recursos -promoviendo su permanencia- y destina recursos para mantener los subsidios de matrícula.
Este fondo también permitiría un pago diferido de los créditos subsidiados o del valor de la matrícula, de tal manera que los estudiantes comiencen a pagarlos cuando se gradúen, cuando se vinculen al mercado laboral y superen un umbral mínimo de ingreso.
Durante nuestra campaña insistimos mucho en que íbamos a dar prioridad a este sistema de becas-crédito del Icetex, y me complace muchísimo decir que lo estamos haciendo, porque eso va a romper el cuello de botella del que estábamos hablando.
Precisamente, hace algo más de un mes, en el Foro que convocó el Partido de la U sobre el tema de la educación -en el que siempre ha mantenido una importante iniciativa- nos comprometimos a trabajar para que los intereses sean cada vez más bajos y para hacer del sistema de becas-crédito una herramienta para aumentar la cobertura y estimular el buen rendimiento académico.
Y no se quedó en palabras este compromiso ¡Ya comenzamos!
Como muchos de ustedes saben, redujimos la tasa de interés -del 16 por ciento al 4 por ciento anual en época de estudio- y determinamos condonar el 25 por ciento de la deuda para graduados del Sisbén 1 y 2.
Hoy proponemos -además- ampliar la condonación hasta un ciento por ciento a aquellos estudiantes que obtengan los mejores resultados en la pruebas SABER-PRO.
Por otra parte, las instituciones de educación superior podrán financiar sus proyectos de expansión y mejoramiento con créditos de FINDETER, con respaldo de sus obligaciones a través de un fondo de garantías.
Un tercer objetivo de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
Es decir, la educación superior debe ser útil y pertinente para las regiones del país, y también para cumplir con los estándares internacionales como los que establece la OCDE.
En el plano regional servirá para la distribución de recursos adicionales y escalonados de cada año -como les comenté antes-.
Proponemos crear Comités Departamentales de Educación Superior -con la participación de las Secretarias de Educación- como instancias de coordinación a nivel regional.
Después de todo, las regiones son las que pueden determinar el tipo de capital humano que requieren y demandan.
En el plano de la internacionalización, nuestra propuesta facilita la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como su participación en redes académicas.
También promueve la internacionalización del currículo y de nuestro sistema de calidad, para que nuestros profesionales tengan las puertas abiertas en muchos otros países.
Como cuarto y último objetivo, el proyecto de ley contiene un capítulo específico de Transparencia y Buen Gobierno.
Con él buscamos promover criterios de gobernabilidad que combinen la autonomía institucional y la responsabilidad pública.
También se exige la rendición de cuentas, para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones -tanto del Estado como de la sociedad en general- y las metas alcanzadas con estos recursos.
En suma, nuestra propuesta se basa en cuatro pilares:
Promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno.
Cito siempre una frase del Libertador Simón Bolívar, que nos puede dar una idea del inmenso reto que asumimos hoy, y que no es sólo del Gobierno sino de todo el sector educativo:
Decía Bolívar: "Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación".
De manera que los invito, señores rectores, a considerar a fondo esta propuesta que permitirá traer más recursos públicos y privados al sector.
Con ellos podremos mejorar la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestros programas, y hacerlos asequibles a más jóvenes.
Los profesores tendrán mejores oportunidades de continuar con su formación, de investigar y tener un mayor contacto con los sectores sociales y productivos, a través de las alianzas público-privadas, así como mayor movilidad y posibilidades de trabajo en redes y en grupos internacionales.
Invito también a los padres de familia para que trabajemos unidos en esta propuesta que les dará a nuestros hijos una excelente formación, al alcance del bolsillo de todos.
Finalmente hago un llamado al sector productivo para que se involucre, como una manera de ser responsables directos de la formación de nuestro recurso humano.
La formación de esta generación -y de las siguientes- debe ser un motivo de Unidad Nacional.
Se trata de trabajar juntos para darles a los jóvenes un proceso de formación sostenido, sin que tengan que abandonarlo a mitad de camino.
Pensemos en esto: hace 8 años se graduaron poco más de 400 mil bachilleres, el año pasado fueron 620 mil y para el 2014 alcanzarán casi 780 mil.
A ellos -y a los que vienen cada año-, debemos garantizarles su tránsito por la educación técnica o universitaria.
Por eso invito a toda la sociedad a que nos acompañe, con entusiasmo, con determinación, en este camino de reforma de la educación superior.
Las nuevas generaciones de estudiantes merecen una nueva Ley de Educación Superior:
Una ley que los ayude a formarse en un mundo nuevo, en un mundo del siglo XXI, una ley que les permita -como decía Bolívar- marchar hacia la grandeza personal y hacia la grandeza de nuestra nación.
Muchas gracias".
Recuerden cómo era Colombia hace 18 años, con unas realidades económicas y de seguridad, muy distintas a las actuales.
Ahora somos parte de ese grupo de países que proyectan mayor crecimiento para los próximos 10 años, que se denominan los CIVETS, además de que el Banco HSBC nos ubicó dentro de las 30 economías más grandes del mundo para el año 2050.
Estando en un país y un mundo en permanente evolución, es una necesidad -un deber- no sólo adaptarse a los cambios, sino también estar siempre un paso adelante de ellos.
Ustedes -señores rectores- saben bien cómo han avanzado sus universidades en el mismo periodo de tiempo, no sólo en cuanto a infraestructura y número de estudiantes, sino también en exigencia académica y en la flexibilidad de sus programas, en la acreditación.
Hace 18 años yo estaba en el Ministerio de Comercio Exterior, antes estaba como miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andres, con el doctor Angulo -que aquí está presente- y hoy es un mundo muy diferente y una universidad muy diferente.
Allá me acuerdo cómo analizábamos y cómo se tomaron decisiones que trascendieron muchísimo en la calidad de la universidad y que también después vimos cómo evolucionó el país.
Y fue hace algo más de 18 años cuando -apenas un año después de haberse expedido la Constitución de 1991- se promulgó la Ley 30 sobre el servicio público de la Educación Superior.
Esta ley -sin duda-ha permitido el desarrollo de la educación superior que hoy tenemos, pero también tenemos que estar de acuerdo en que fue elaborada para unos desafíos distintos a los actuales.
En las últimas dos décadas se masificó Internet, y ahora las tecnologías de la información son parte esencial de la vida de quienes ingresan hoy a la Educación Superior.
Hace 18 años, por ejemplo, apenas se estaba hablando en este país del celular, de la internacionalización de la economía, de la globalización como un elemento importante para la educación.
Pero al mismo tiempo, 18 años después de esa Ley, constatamos situaciones preocupantes:
En los últimos 10 años, más de 3 millones 200 mil jóvenes bachilleres no ingresaron a la educación superior o desertaron.
En consecuencia, muchos salieron prematuramente al mercado laboral, generalmente sin éxito.
Esto tiene repercusiones en la economía, pues significa una enorme presión sobre el empleo.
De hecho, la mayor tasa de desempleo está entre los jóvenes de 17 a 24 años, allí el promedio es casi el doble que el promedio nacional.
Por eso, se los digo sin rodeos: la Ley 30 de 1992 -con los beneficios que trajo en su momento- no se ajusta a los desafíos que hoy tenemos por delante.
Si de veras queremos dar el salto al desarrollo, ser la promesa cumplida de los CIVETS o hacer realidad los pronósticos del Banco HSBC, necesitamos un sistema de Educación Superior acorde con nuestras realidades, con nuestras metas y con el mundo de hoy.
De hecho, para ingresar a la OCDE -esa organización de países con buenas prácticas a la que estamos postulando-, debemos mostrar, por ejemplo, mejores indicadores en cuanto a formación académica.
Hemos venido mejorando en educación básica, llegando a un buen nivel de cobertura de casi el 100% -y eso hay que abonárselo al gobierno del (ex) Presidente Uribe, ahí se hizo un esfuerzo realmente importante- y trabajamos duro para subir la cobertura de la educación media.
Creemos, además, en nuestro gobierno, que la educación de nuestros niños y jóvenes corresponde a los rieles de las cinco locomotoras que nos llevarán hacia la Prosperidad Democrática.
Por eso estamos decididos a trabajar en este cuatrienio con énfasis en un objetivo inaplazable -eso con la Ministra lo hemos discutido muchísimas veces- le he dicho que hay que adoptar ese mantra: la calidad educativa, manteniendo y mejorando los niveles de cobertura.
Pero también debemos trabajar para que esos jóvenes que se gradúan de bachilleres, continúen su formación y no detengan ese proceso en el colegio o deserten a mitad de camino.
No podemos conformarnos con este cuello de botella.
No es posible que el país y las familias se esfuercen por graduar a sus jóvenes como bachilleres, para luego dejarlos sin mayores oportunidades.
Sé que es un reto difícil, un reto que tenemos, y que espero, podamos cumplir.
Tenemos que ser capaces de generar una mayor oferta de instituciones y programas de educación superior que garanticen excelente calidad y acceso a los jóvenes pobres.
En la campaña recorrí mucho este país, y tal vez de los momentos donde la gente más respondía era a la oferta de romper ese cuello de botella.
Ustedes vieron a las madres de Familias en Acción. Todas las madres lo que le dicen a uno hoy es: 'Por favor Presidente, déle oportunidades a mis hijos para que después de graduarse del colegio -después de mucho esfuerzo- puedan continuar con su educación superior'.
Y ese cuello de botella, además, tiene un ingrediente que agrava el problema y es que la educación del bachillerato no es una educación para el trabajo.
La persona que no puede continuar la educación superior no sabe trabajar, y por eso entran a engrosar las filas del desempleo, a engrosar las filas de las bandas criminales, del narcotráfico, de la violencia.
Por difícil que parezca, es un desafío que no podemos aplazar.
Para nuestra propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación, la Ministra y todo su equipo consultó muchos estudios e hizo muchas investigaciones a nivel nacional.
También revisaron experiencias internacionales sobre cobertura, sobre calidad, sobre internacionalización, sobre equidad y sobre el posicionamiento de la educación como el motor de todas las transformaciones sociales.
Pero no queremos, ni podemos, hacer esta reforma solos.
Ustedes están acá, como representantes de la Educación, porque hoy iniciamos un proceso de discusión colectiva en talleres y mesas de trabajo regionales.
Queremos escuchar las voces de los rectores, de los profesores, de los estudiantes y de los padres de familias.
Queremos escuchar al sector productivo, y que hablen también los jóvenes que no han tenido acceso a la educación superior y sus padres.
También queremos conocer la experiencia internacional, para lo cual el Ministerio organizará en abril un foro Internacional con invitados de primer orden, que compartirán las lecciones aprendidas en sus países.
La idea es que -de la mano de todos ustedes- presentemos al Congreso un proyecto de reforma visionario y pragmático.
Porque una reforma tan importante requiere de una discusión amplia y pública.
Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión enriquece la calidad de las políticas públicas, y sobre todo de una política pública tan importante, tan trascendental para el futuro de nuestro país como es su educación superior.
El objetivo es sembrar y cultivar una generación productiva, jóvenes que reciban conocimientos y competencias útiles, de acuerdo a lo que demandan los sectores público y privado.
En Colombia -por ejemplo- el 65 por ciento de la educación superior es universitaria y el 35 por ciento es técnica.
Esa proporción es a la inversa en países desarrollados, y nosotros quisiéramos al menos dejar al final de este gobierno esa relación en 55-45, avanzando hacia una situación ideal de paridad.
El propósito es tener más colombianos que -además de tener una formación académica de calidad- ingresen exitosamente al mercado laboral o inicien sus propios emprendimientos.
También, buscamos consolidar una educación sintonizada con la realidad del país y con las tendencias internacionales.
Debe quedar muy claro que el proyecto de ley respeta y -más aún- fortalece el principio de autonomía universitaria.
No vamos a debilitar ese principio, y en eso tienen mi palabra.
Hecha esa aclaración, quiero contarles los cuatro objetivos de este proyecto de ley, que estamos poniendo a su consideración.
El primero -ya lo he dicho- es promover mayor calidad.
Planteamos incentivos a la buena calidad y a procesos de acreditación, así como al fomento de investigación e innovación.
Precisamente, el 10 por ciento de las regalías -según la reforma que está en trámite en el Congreso- será invertido en programas regionales de ciencia y tecnología.
Desde hoy los invito, señores rectores, a pensar en proyectos de ciencia y tecnología que fortalezcan la investigación y la innovación de sus instituciones e impacten el desarrollo regional.
El segundo objetivo de esta reforma es generar condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior.
Para esto se necesita plata -y mucha-.
Albert Einstein dijo alguna vez: "Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia".
Los recursos públicos son limitados y debemos ser muy ingeniosos para ampliar las fuentes de recursos del sector.
Prevemos mantener la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional.
Es decir, además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación, el Estado otorgará un 1 por ciento adicional en 2012; un 2 por ciento en 2013, y un 3 por ciento entre 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de desempeño.
También le inyectaremos a la educación superior pública, no sólo aportes del Estado, sino Alianzas Público-Privadas.
La educación pública -si quiere ser competitiva- no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada.
Y eso -que quede claro- no significa privatizar, sino invertir.
Desde ya quiero evitar malos entendidos.
Lo que estamos proponiendo busca -simple y llanamente- que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública -y en alianza con ella-, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante.
¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas público-privadas mejorarán la calidad de la formación y la investigación.
Serán negocios en los que todos ganan, como ha pasado en Corea, China, Irlanda, Estados Unidos o -para no ir muy lejos- en los Parques Tecnológicos Universitarios de Brasil.
Y para las instituciones privadas también tenemos una propuesta: mayor inversión.
A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada en ellas.
Por eso proponemos crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro.
Brasil es un ejemplo de cómo esta fórmula multiplica la cobertura:
¡En 12 años pasaron de 1'800.000 estudiantes a casi 6 millones!, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro.
Estas instituciones -además- aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres.
Hoy nuestro Ministerio de Hacienda y la DIAN estudian la viabilidad de un esquema similar, para que las instituciones con ánimo de lucro reciban beneficios tributarios a cambio de aportes a los fondos de becas de Icetex.
Otro ejemplo es Corea: allí financian la demanda mediante un sistema de crédito -otorgado por el sector financiero con garantía parcial del Estado-, además de ofrecer estímulos y exenciones tributarias a las instituciones de educación con ánimo de lucro.
En la misma China, bajo un régimen comunista, se ha pasado de dos millones de estudiantes a 26 millones en menos de 20 años, con una oferta privada -en los últimos 10 años- que alcanza al 20 por ciento de los estudiantes.
En Colombia tenemos que entender, de una vez por todas, que no podemos anclarnos en el debate perpetuo sobre si es válido o no que el sector privado invierta en la educación superior pública, mientras otros países crean millones de cupos, mejoran su calidad y nos adelantan en la carrera de la competitividad.
De acuerdo con nuestra propuesta, el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado podría significar unos 2,4 billones de pesos adicionales para el sector en los próximos 3 años.
Esos recursos serían suficientes para que pasemos de alrededor de 1'600.000 estudiantes que hoy están en procesos de formación de educación superior, a 2'200.000 estudiantes recibiendo educación superior pertinente y de calidad, en el 2014.
¡Un aumento del 37 por ciento!
El proyecto de ley también fortalece al ICETEX.
Contempla la creación de un fondo que garantice el sostenimiento de estudiantes de bajos recursos -promoviendo su permanencia- y destina recursos para mantener los subsidios de matrícula.
Este fondo también permitiría un pago diferido de los créditos subsidiados o del valor de la matrícula, de tal manera que los estudiantes comiencen a pagarlos cuando se gradúen, cuando se vinculen al mercado laboral y superen un umbral mínimo de ingreso.
Durante nuestra campaña insistimos mucho en que íbamos a dar prioridad a este sistema de becas-crédito del Icetex, y me complace muchísimo decir que lo estamos haciendo, porque eso va a romper el cuello de botella del que estábamos hablando.
Precisamente, hace algo más de un mes, en el Foro que convocó el Partido de la U sobre el tema de la educación -en el que siempre ha mantenido una importante iniciativa- nos comprometimos a trabajar para que los intereses sean cada vez más bajos y para hacer del sistema de becas-crédito una herramienta para aumentar la cobertura y estimular el buen rendimiento académico.
Y no se quedó en palabras este compromiso ¡Ya comenzamos!
Como muchos de ustedes saben, redujimos la tasa de interés -del 16 por ciento al 4 por ciento anual en época de estudio- y determinamos condonar el 25 por ciento de la deuda para graduados del Sisbén 1 y 2.
Hoy proponemos -además- ampliar la condonación hasta un ciento por ciento a aquellos estudiantes que obtengan los mejores resultados en la pruebas SABER-PRO.
Por otra parte, las instituciones de educación superior podrán financiar sus proyectos de expansión y mejoramiento con créditos de FINDETER, con respaldo de sus obligaciones a través de un fondo de garantías.
Un tercer objetivo de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
Es decir, la educación superior debe ser útil y pertinente para las regiones del país, y también para cumplir con los estándares internacionales como los que establece la OCDE.
En el plano regional servirá para la distribución de recursos adicionales y escalonados de cada año -como les comenté antes-.
Proponemos crear Comités Departamentales de Educación Superior -con la participación de las Secretarias de Educación- como instancias de coordinación a nivel regional.
Después de todo, las regiones son las que pueden determinar el tipo de capital humano que requieren y demandan.
En el plano de la internacionalización, nuestra propuesta facilita la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como su participación en redes académicas.
También promueve la internacionalización del currículo y de nuestro sistema de calidad, para que nuestros profesionales tengan las puertas abiertas en muchos otros países.
Como cuarto y último objetivo, el proyecto de ley contiene un capítulo específico de Transparencia y Buen Gobierno.
Con él buscamos promover criterios de gobernabilidad que combinen la autonomía institucional y la responsabilidad pública.
También se exige la rendición de cuentas, para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones -tanto del Estado como de la sociedad en general- y las metas alcanzadas con estos recursos.
En suma, nuestra propuesta se basa en cuatro pilares:
Promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno.
Cito siempre una frase del Libertador Simón Bolívar, que nos puede dar una idea del inmenso reto que asumimos hoy, y que no es sólo del Gobierno sino de todo el sector educativo:
Decía Bolívar: "Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación".
De manera que los invito, señores rectores, a considerar a fondo esta propuesta que permitirá traer más recursos públicos y privados al sector.
Con ellos podremos mejorar la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestros programas, y hacerlos asequibles a más jóvenes.
Los profesores tendrán mejores oportunidades de continuar con su formación, de investigar y tener un mayor contacto con los sectores sociales y productivos, a través de las alianzas público-privadas, así como mayor movilidad y posibilidades de trabajo en redes y en grupos internacionales.
Invito también a los padres de familia para que trabajemos unidos en esta propuesta que les dará a nuestros hijos una excelente formación, al alcance del bolsillo de todos.
Finalmente hago un llamado al sector productivo para que se involucre, como una manera de ser responsables directos de la formación de nuestro recurso humano.
La formación de esta generación -y de las siguientes- debe ser un motivo de Unidad Nacional.
Se trata de trabajar juntos para darles a los jóvenes un proceso de formación sostenido, sin que tengan que abandonarlo a mitad de camino.
Pensemos en esto: hace 8 años se graduaron poco más de 400 mil bachilleres, el año pasado fueron 620 mil y para el 2014 alcanzarán casi 780 mil.
A ellos -y a los que vienen cada año-, debemos garantizarles su tránsito por la educación técnica o universitaria.
Por eso invito a toda la sociedad a que nos acompañe, con entusiasmo, con determinación, en este camino de reforma de la educación superior.
Las nuevas generaciones de estudiantes merecen una nueva Ley de Educación Superior:
Una ley que los ayude a formarse en un mundo nuevo, en un mundo del siglo XXI, una ley que les permita -como decía Bolívar- marchar hacia la grandeza personal y hacia la grandeza de nuestra nación.
Muchas gracias".
Escuche las palabras del Presidente Juan Manuel Santos
Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil Consejo Superior U. Caldas, 1 de febrero de 2011.
El pasado 14 de diciembre de 2010 y el 28 de enero de 2011 se realizaron las sesiones del Consejo Superior de la Universidad de Caldas donde la mayoría del Consejo Superior, con excepción de la representación estudiantil y profesoral, aprobó, por una votación de 6 contra 2, los 20 artículos y los anexos técnicos que regulan una nueva tabla de matrículas para los estudiantes que ingresen a partir del segundo semestre de 2011 y para aquellos que por algún motivo soliciten reingreso en los términos definidos por el reglamento estudiantil.
Aunque el argumento de la administración de la Universidad de Caldas, fue una supuesta búsqueda de “equidad” en el cobro de matrículas, desde la óptica de la representación estudiantil este nuevo acuerdo resulta lesivo para el acceso de los sectores más pobres a la universidad. El nuevo acuerdo fija unas matrículas (incluido servicios universitarios) que oscilan entre 135 mil pesos para quien tenga un Puntaje Base de Matrícula (PBM) igual a 11 y 3 millones 450 mil pesos para quienes tengan un PBM igual o superior a 73.
Los cambios que regula el nuevo acuerdo afectan especialmente a los estudiantes provenientes de los estratos 2 y 3 de la población. En detrimento de los ingresos de estas familias, aspira la administración actual que los cobros adicionales mejoren el rubro de recursos propios y, así no lo admita, profundizar el proceso de privatización del alma mater. Que esto es así lo confirman las cifras entregadas por el Jefe de la Oficina de Planeación de la Universidad quien aseguró que los recursos adicionales se proyectan en 400 millones de pesos en el primer año, 987 millones en el segundo, 1481 millones en el tercero, 1962 millones en el cuarto y 2413 millones en el quinto año, para un total de 7 mil 243 millones de pesos en los próximos 5 años que saldrán de los bolsillos de las familias de los futuros estudiantes de Manizales, Caldas y Colombia.
Actualmente son exentos del pago de matrícula los estudiantes que tienen un Puntaje Básico de Matrícula (PBM), inferior a 18, el nuevo acuerdo reduce la exención en el pago a los que tengan un PBM inferior a 11. De esta manera se reduce el porcentaje de estudiantes exentos del pago de matrícula. Hoy el 75% no paga, con esta nueva regulación quedará exonerado únicamente el 20% de los estudiantes. Dicho de otra manera hoy pagan el 25%, con la propuesta pagarían el 80% de los estudiantes que ingresen a la universidad, la gran mayoría de estos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la población.
El acuerdo establece una nueva forma para liquidar la matrícula tomando como referencia el valor de la pensión mensual del último año cursado en el colegio (multiplicado por un factor de 5.5), valor que se tendrá en cuenta siempre y cuando sea una suma mayor a la liquidación por el actual sistema de PBM, que tiene en cuenta los ingresos (75%) y el estrato socioeconómico (25%). De esta forma se pretende gravar de manera onerosa a las familias cuyos hijos se graduaron en colegios privados.
El acuerdo eliminó también varios descuentos que están vigentes y a los cuales tienen derecho los actuales estudiantes de la universidad. Los descuentos que se eliminaron son lo siguientes: 10% del valor de la matrícula por provenir de colegio público, 15% a los estudiantes provenientes de Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaría y la zona rural de Manizales y 20% a los estudiantes provenientes del resto del departamento de Caldas y de los municipios o zonas distintos a los mencionados anteriormente.
Es inconcebible que mientras en Inglaterra, Alemania y otros países europeos, como lo sostiene el rector de la Universidad Nacional, el costo de la matrícula está en alrededor de mil euros al año, “y eso en una sociedad con ingreso per cápita por lo menos 10 veces superior al colombiano”[1] en la Universidad de Caldas se establezcan matrículas anuales que superan los 2700 euros. Vaya paradoja, aunque los ingresos sean 10 veces menores, las familias de los estudiantes de la Universidad de Caldas a los que les liquidan la matrícula máxima, deben pagar 170% más que una familia europea.
Según cifras del Ministerio de Educación Nacional la deserción universitaria llega al 50%, es decir la mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad no pueden terminar sus estudios y la mayoría de los casos por cuestiones económicas. Este nuevo acuerdo, así la administración de la Universidad de Caldas intente presentarlo como algo progresista, agudiza y contribuirá a aumentar el fenómeno de la deserción estudiantil por razones económicas.
Debo denunciar que los anexos técnicos que hacen parte del acuerdo y que contienen elementos esenciales para definir la liquidación de la matrícula no hubo forma de debatirlos con la presencia de la representación estudiantil y profesoral, primero por el cambio abrupto[2] de la sesión del Consejo Superior del 24 de noviembre de 2010 y segundo porque la mayoría del Consejo Superior se negó a que se diera dicho debate en la sesión del 28 de enero de 2011 y al mejor estilo de un pupitrazo del Congreso se aprobó sin medir las consecuencias para los estratos más pobres de la población.
La Representación Estudiantil al Consejo Superior, consciente de que esto es un retroceso en la concepción de universidad publica y financiada por el Estado que defendemos, votó de manera negativa el acuerdo y en nombre de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, llama a los estudiantes y demás estamentos universitarios a promover el más amplio debate y movilización civilista para que se revisen los aspectos regresivos de este acuerdo que profundiza la concepción de educación como mercancía y de universidad como empresa.
[1] Wassermann, Moises. “¿Cobro de matrículas en universidades públicas?”. El Tiempo 31 de Octubre de 2010. En http://www.eltiempo.com/opinion/col...
[2] Ver http://noalalzadematriculas.blogspo...
Aunque el argumento de la administración de la Universidad de Caldas, fue una supuesta búsqueda de “equidad” en el cobro de matrículas, desde la óptica de la representación estudiantil este nuevo acuerdo resulta lesivo para el acceso de los sectores más pobres a la universidad. El nuevo acuerdo fija unas matrículas (incluido servicios universitarios) que oscilan entre 135 mil pesos para quien tenga un Puntaje Base de Matrícula (PBM) igual a 11 y 3 millones 450 mil pesos para quienes tengan un PBM igual o superior a 73.
Los cambios que regula el nuevo acuerdo afectan especialmente a los estudiantes provenientes de los estratos 2 y 3 de la población. En detrimento de los ingresos de estas familias, aspira la administración actual que los cobros adicionales mejoren el rubro de recursos propios y, así no lo admita, profundizar el proceso de privatización del alma mater. Que esto es así lo confirman las cifras entregadas por el Jefe de la Oficina de Planeación de la Universidad quien aseguró que los recursos adicionales se proyectan en 400 millones de pesos en el primer año, 987 millones en el segundo, 1481 millones en el tercero, 1962 millones en el cuarto y 2413 millones en el quinto año, para un total de 7 mil 243 millones de pesos en los próximos 5 años que saldrán de los bolsillos de las familias de los futuros estudiantes de Manizales, Caldas y Colombia.
Actualmente son exentos del pago de matrícula los estudiantes que tienen un Puntaje Básico de Matrícula (PBM), inferior a 18, el nuevo acuerdo reduce la exención en el pago a los que tengan un PBM inferior a 11. De esta manera se reduce el porcentaje de estudiantes exentos del pago de matrícula. Hoy el 75% no paga, con esta nueva regulación quedará exonerado únicamente el 20% de los estudiantes. Dicho de otra manera hoy pagan el 25%, con la propuesta pagarían el 80% de los estudiantes que ingresen a la universidad, la gran mayoría de estos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la población.
El acuerdo establece una nueva forma para liquidar la matrícula tomando como referencia el valor de la pensión mensual del último año cursado en el colegio (multiplicado por un factor de 5.5), valor que se tendrá en cuenta siempre y cuando sea una suma mayor a la liquidación por el actual sistema de PBM, que tiene en cuenta los ingresos (75%) y el estrato socioeconómico (25%). De esta forma se pretende gravar de manera onerosa a las familias cuyos hijos se graduaron en colegios privados.
El acuerdo eliminó también varios descuentos que están vigentes y a los cuales tienen derecho los actuales estudiantes de la universidad. Los descuentos que se eliminaron son lo siguientes: 10% del valor de la matrícula por provenir de colegio público, 15% a los estudiantes provenientes de Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaría y la zona rural de Manizales y 20% a los estudiantes provenientes del resto del departamento de Caldas y de los municipios o zonas distintos a los mencionados anteriormente.
Es inconcebible que mientras en Inglaterra, Alemania y otros países europeos, como lo sostiene el rector de la Universidad Nacional, el costo de la matrícula está en alrededor de mil euros al año, “y eso en una sociedad con ingreso per cápita por lo menos 10 veces superior al colombiano”[1] en la Universidad de Caldas se establezcan matrículas anuales que superan los 2700 euros. Vaya paradoja, aunque los ingresos sean 10 veces menores, las familias de los estudiantes de la Universidad de Caldas a los que les liquidan la matrícula máxima, deben pagar 170% más que una familia europea.
Según cifras del Ministerio de Educación Nacional la deserción universitaria llega al 50%, es decir la mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad no pueden terminar sus estudios y la mayoría de los casos por cuestiones económicas. Este nuevo acuerdo, así la administración de la Universidad de Caldas intente presentarlo como algo progresista, agudiza y contribuirá a aumentar el fenómeno de la deserción estudiantil por razones económicas.
Debo denunciar que los anexos técnicos que hacen parte del acuerdo y que contienen elementos esenciales para definir la liquidación de la matrícula no hubo forma de debatirlos con la presencia de la representación estudiantil y profesoral, primero por el cambio abrupto[2] de la sesión del Consejo Superior del 24 de noviembre de 2010 y segundo porque la mayoría del Consejo Superior se negó a que se diera dicho debate en la sesión del 28 de enero de 2011 y al mejor estilo de un pupitrazo del Congreso se aprobó sin medir las consecuencias para los estratos más pobres de la población.
La Representación Estudiantil al Consejo Superior, consciente de que esto es un retroceso en la concepción de universidad publica y financiada por el Estado que defendemos, votó de manera negativa el acuerdo y en nombre de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, llama a los estudiantes y demás estamentos universitarios a promover el más amplio debate y movilización civilista para que se revisen los aspectos regresivos de este acuerdo que profundiza la concepción de educación como mercancía y de universidad como empresa.
[1] Wassermann, Moises. “¿Cobro de matrículas en universidades públicas?”. El Tiempo 31 de Octubre de 2010. En http://www.eltiempo.com/opinion/col...
[2] Ver http://noalalzadematriculas.blogspo...
http://www.gobcesar.gov.co/articulo.aspx?idc=1206
Escrito por: Ramiro Ospino
1/16/2011 1:12:52 PM
Enero 16 En un termino de año y medio estaría construida la sede Caribe del Campus Cesar de la Universidad Nacional, proyecto que hizo posible el gobernador Cristian Moreno Panezo, luego de adquirir el lote de 50 hectáreas por mil 400 millones de pesos entre los municipios de Valledupar y La Paz.
El arquitecto Edwin Henao, quien socializó el proyecto arquitectónico ante más de 27 egresados del Departamento, manifestó que desde la parte técnica e ingeniería la inversión está estimada en mil millones de pesos.
“La Universidad aporta el proyecto y la experiencia. Para un Campus completo se invertirán más recursos, pero se iniciará su primera fase en 17 mil metros cuadrados con áreas acordes al ambiente de esta tierra, en un entorno paisajístico que mantendrá su naturaleza, pero además se reforestarán otras más, acompañadas de espejos de aguas”, sostuvo.
El gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, quien acompañó la socialización del proyecto, manifestó que ha resultado importante el avance del proyecto universitario. “Hemos involucrado a los egresados porque no sólo son el reflejo de la calidad de la universidad, sino también para consolidar un nodo académico que le haga seguimiento a la iniciativa y al estudio de factibilidad educativa”.
Marta Torres, gerente del proyecto del Campus Cesar, indicó que el grupo de egresados han mostrado su disposición y apoyo al proyecto. “Lo que hacemos es un reconocimiento a esa trayectoria profesional que han tenido en el Cesar, son la congregación de mucha experiencia y sabiduría”.
Para el 19 de enero quedó prevista la presentación del estudio de factibilidad que determina el número de programas de pregrado, postgrados y maestrías que se habilitarán, acorde a las exigencias del medio en esta parte del país.
El gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, quien acompañó la socialización del proyecto, manifestó que ha resultado importante el avance del proyecto universitario. “Hemos involucrado a los egresados porque no sólo son el reflejo de la calidad de la universidad, sino también para consolidar un nodo académico que le haga seguimiento a la iniciativa y al estudio de factibilidad educativa”.
Marta Torres, gerente del proyecto del Campus Cesar, indicó que el grupo de egresados han mostrado su disposición y apoyo al proyecto. “Lo que hacemos es un reconocimiento a esa trayectoria profesional que han tenido en el Cesar, son la congregación de mucha experiencia y sabiduría”.
Para el 19 de enero quedó prevista la presentación del estudio de factibilidad que determina el número de programas de pregrado, postgrados y maestrías que se habilitarán, acorde a las exigencias del medio en esta parte del país.
Suang Moreno y Sergio Fernández, Bogotá, Diciembre 6 de 2010.
Constancia presentada por la representación estudiantil ante el Consejo Académico, Suang Moreno por Posgrado y Sergio Fernández por Pregrado
Dicho lo anterior se hace necesario contextualizar el debate en Colombia a fin de ubicar la discusión, esbozando brevemente cual es el tipo de proyecto nacional que se ha venido implementando ya hace casi dos décadas, proyecto de nación que hoy se erige hegemónico y que apela al discurso de la formación de capital humano por encima de la formación humana, dejando al vaivén de las fluctuaciones económicas el devenir del Derecho a la Educación que ya no es concebida como derecho sino como una mercancía más, y que incluso va más allá, proponiendo congelar los derechos sociales y económicos de los colombianos a través de la llamada sostenibilidad fiscal, reglamentada por medio de una regla fiscal que no busca otra cosa que asegurar el sostenimiento de la deuda pública, que dicho sea de paso, en los últimos 10 años se triplicó, pasando de 65 billones a 170 billones de pesos, a pesar de que el país sacrificó los derechos sociales y económicos de la población en beneficio de la deuda. A este proceso de desmonte de los derechos y garantías de los colombianos responde el marchitamiento de la Universidad Pública, que pasó de recibir en transferencias de la nación en el año de 1993 el 83% de sus recursos, a recibir tan solo el 51% para el año 2008. Es claro que la decisión de los Gobiernos de las últimas dos décadas es la de profundizar el modelo más retardatario que hay en educación superior, el modelo del Banco Mundial que en sus documentos sobre educación superior[1][SM1] [SM2] , incluido el acuerdo de préstamo hecho entre Colombia y el Banco Mundial para impulsar los créditos ACCESS del Icetex, ha insistido en cuatro tareas y condiciones para la educación superior en Colombia, a saber:
1. Aumentar las fuentes de financiación privada de la educación superior pública.
2. Promover la financiación a la demanda educativa.
3. Desmontar los gastos no relacionados con la formación académica al interior de las Universidades.
4. El desarrollo de reformas académico administrativas que propendan por la eficiencia del gasto público, para liberar recursos que pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional en el fomento de la educación secundaria.
5. Procurar el aumento de los derechos de matrícula de ser necesario, con el fin de garantizar el sostenimiento de las responsabilidades financieras, que eventualmente adquieran las Universidades.
Dicho modelo que ha sido calificado como reaccionario por el mismo rector Wasserman[2][SM3] , es paradójicamente el modelo que se abre paso en Colombia y que claramente se abre camino, por vía de la autofinanciación creciente, en la Universidad Pública y en la Universidad Nacional concretamente.
Juntar en el debate público la preocupación legítima por el financiamiento de la Universidad Pública con la necesidad de un préstamo con el sistema financiero es a nuestro juicio confundir las causas, los argumentos y las soluciones, suceso en el que ineludiblemente pierde la Universidad Pública y la nación colombiana. Es evidente que existe otra opción, una solución que históricamente ha sido adoptada por los sectores marginados para hacer respetar sus derechos o para que se les reconozcan nuevos derechos: nos referimos a la unidad de los sectores democráticos en torno al ejercicio de la resistencia civil como mecanismo para defender la financiación adecuada de la Universidad Pública, comprendiendo que la Universidad debe ser científica, democrática y estar al servicio de la nación y no del Gobierno de turno o del capital foráneo, es decir, debe tener como propósito la formación humana y no la formación de capital humano.
Sin embargo la decisión de la administración en cabeza del rector Wasserman ha sido la de acudir a los préstamos como mecanismo para autofinanciar la Universidad Pública, hecho que demuestra claramente cuál es la posición que asume la administración de la Universidad Nacional con respecto al proyecto de nación que encarna Juan Manuel Santos, proyecto que en términos educativos consiste en erosionar la capacidad financiera de la Universidad Pública sobre la base de hacer más con lo mismo y de rebuscarse por vía de la autofinanciación los recursos que sean necesarios para suplir las necesidades de la Universidad. La posición de la Representación Estudiantil ante el Consejo Académico por pregrado y por posgrado es categórica en rechazar la obtención de préstamos con la banca para suplir las necesidades de la Universidad, que para el caso son las necesidades expresadas en el programa de desarrollo sectorial de educación del Gobierno Santos en el sentido de aumentar la cobertura en Educación Superior sobre la base de los mismos recursos hasta un 47%, o lo que es lo mismo, sobre la base de menos recursos per cápita por estudiante, condición ésta –el aumento de cobertura- que además se encuentra entre los requisitos del Findeter –entidad con la que se gestiona actualmente el préstamo- en su guía de presentación de proyectos de la Línea de Créditos para el Fomento de la Educación Superior[3][SM4] , en donde se señala que los proyectos deben:
“…proponer metas claras que permitan hacer seguimiento y establecer relaciones entre el valor de los recursos asignados y las metas alcanzadas en cuanto a cobertura”.
Lo anterior evidencia que las mal llamadas locomotoras del Gobierno Santos, y concretamente la infraestructura, será financiada con recursos privados y para el caso de las Universidades Públicas serán producto de la autofinanciación.
Finalmente e invocando el espíritu reflexivo que debe tener la Universidad Nacional como centro de ideas, llamamos la atención sobre el papel de los estamentos que componen la comunidad universitaria en estos momentos de crisis de la Universidad Pública, entendiendo que en cada uno de ellos existen mentes libres que no hacen odas al nepotismo institucional disfrazado de autoridad académica, para con ellos aunar esfuerzos por construir un modelo de universidad y de nación que reconozca los derechos a todos y todas por igual, y que procure el bienestar para el conjunto de la sociedad sobre la base de la defensa de la Educación Pública como condición sine qua non del desarrollo nacional.
[1] BANCO MUNDIAL, La enseñanza superior. Lecciones derivadas de la experiencia, Washington, 1995.
[2] Sesión del Consejo Académico del 13 de noviembre de 2009
[3] http://www.facebook.com/l/dfd27uMTp...>
[SM1]BANCO MUNDIAL, La enseñanza superior. Lecciones derivadas de la experiencia, Washington, 1995.
[SM2]Sesión del Consejo Académico del 13 de noviembre de 2009
[SM3] http://www.facebook.com/l/dfd27Pyga...>
La historia de la Universidad Nacional está íntimamente ligada al proceso de construcción de un proyecto de nación, es claro que a cada proyecto de nación le corresponde un proyecto de Universidad. Por tanto, el debate sobre el quehacer de la universidad tiene todo que ver con el quehacer de la nación, sería completamente descabellado considerar la universidad y sus estamentos como entes atomizados que no reaccionan a las presiones del entorno nacional. Al respecto la historia nos brinda ejemplos invaluables, ejemplos no solo de que en efecto a cada modelo de nación le corresponde un modelo de universidad, sino ejemplos además, de que existen diferentes formas de asumir los proyectos hegemónicos de nación y de Universidad. Mencionemos el ejemplo de la Universidad Alemana en medio del proyecto del llamado nacional socialismo. En su momento el debate tuvo por un lado a Bertrand Russel y a José Ortega y Gasset convergiendo en torno a la denuncia de la instrumentalización política de la universidad por parte del régimen nazi, y por otro lado a Martin Heidegger quien en su discurso de posesión como rector de la Universidad de Freiburg invitaba a la entrega ilimitada en defensa de las fuerzas de la tierra y de la sangre.
Dicho lo anterior se hace necesario contextualizar el debate en Colombia a fin de ubicar la discusión, esbozando brevemente cual es el tipo de proyecto nacional que se ha venido implementando ya hace casi dos décadas, proyecto de nación que hoy se erige hegemónico y que apela al discurso de la formación de capital humano por encima de la formación humana, dejando al vaivén de las fluctuaciones económicas el devenir del Derecho a la Educación que ya no es concebida como derecho sino como una mercancía más, y que incluso va más allá, proponiendo congelar los derechos sociales y económicos de los colombianos a través de la llamada sostenibilidad fiscal, reglamentada por medio de una regla fiscal que no busca otra cosa que asegurar el sostenimiento de la deuda pública, que dicho sea de paso, en los últimos 10 años se triplicó, pasando de 65 billones a 170 billones de pesos, a pesar de que el país sacrificó los derechos sociales y económicos de la población en beneficio de la deuda. A este proceso de desmonte de los derechos y garantías de los colombianos responde el marchitamiento de la Universidad Pública, que pasó de recibir en transferencias de la nación en el año de 1993 el 83% de sus recursos, a recibir tan solo el 51% para el año 2008. Es claro que la decisión de los Gobiernos de las últimas dos décadas es la de profundizar el modelo más retardatario que hay en educación superior, el modelo del Banco Mundial que en sus documentos sobre educación superior[1][SM1] [SM2] , incluido el acuerdo de préstamo hecho entre Colombia y el Banco Mundial para impulsar los créditos ACCESS del Icetex, ha insistido en cuatro tareas y condiciones para la educación superior en Colombia, a saber:
1. Aumentar las fuentes de financiación privada de la educación superior pública.
2. Promover la financiación a la demanda educativa.
3. Desmontar los gastos no relacionados con la formación académica al interior de las Universidades.
4. El desarrollo de reformas académico administrativas que propendan por la eficiencia del gasto público, para liberar recursos que pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional en el fomento de la educación secundaria.
5. Procurar el aumento de los derechos de matrícula de ser necesario, con el fin de garantizar el sostenimiento de las responsabilidades financieras, que eventualmente adquieran las Universidades.
Dicho modelo que ha sido calificado como reaccionario por el mismo rector Wasserman[2][SM3] , es paradójicamente el modelo que se abre paso en Colombia y que claramente se abre camino, por vía de la autofinanciación creciente, en la Universidad Pública y en la Universidad Nacional concretamente.
Juntar en el debate público la preocupación legítima por el financiamiento de la Universidad Pública con la necesidad de un préstamo con el sistema financiero es a nuestro juicio confundir las causas, los argumentos y las soluciones, suceso en el que ineludiblemente pierde la Universidad Pública y la nación colombiana. Es evidente que existe otra opción, una solución que históricamente ha sido adoptada por los sectores marginados para hacer respetar sus derechos o para que se les reconozcan nuevos derechos: nos referimos a la unidad de los sectores democráticos en torno al ejercicio de la resistencia civil como mecanismo para defender la financiación adecuada de la Universidad Pública, comprendiendo que la Universidad debe ser científica, democrática y estar al servicio de la nación y no del Gobierno de turno o del capital foráneo, es decir, debe tener como propósito la formación humana y no la formación de capital humano.
Sin embargo la decisión de la administración en cabeza del rector Wasserman ha sido la de acudir a los préstamos como mecanismo para autofinanciar la Universidad Pública, hecho que demuestra claramente cuál es la posición que asume la administración de la Universidad Nacional con respecto al proyecto de nación que encarna Juan Manuel Santos, proyecto que en términos educativos consiste en erosionar la capacidad financiera de la Universidad Pública sobre la base de hacer más con lo mismo y de rebuscarse por vía de la autofinanciación los recursos que sean necesarios para suplir las necesidades de la Universidad. La posición de la Representación Estudiantil ante el Consejo Académico por pregrado y por posgrado es categórica en rechazar la obtención de préstamos con la banca para suplir las necesidades de la Universidad, que para el caso son las necesidades expresadas en el programa de desarrollo sectorial de educación del Gobierno Santos en el sentido de aumentar la cobertura en Educación Superior sobre la base de los mismos recursos hasta un 47%, o lo que es lo mismo, sobre la base de menos recursos per cápita por estudiante, condición ésta –el aumento de cobertura- que además se encuentra entre los requisitos del Findeter –entidad con la que se gestiona actualmente el préstamo- en su guía de presentación de proyectos de la Línea de Créditos para el Fomento de la Educación Superior[3][SM4] , en donde se señala que los proyectos deben:
“…proponer metas claras que permitan hacer seguimiento y establecer relaciones entre el valor de los recursos asignados y las metas alcanzadas en cuanto a cobertura”.
Lo anterior evidencia que las mal llamadas locomotoras del Gobierno Santos, y concretamente la infraestructura, será financiada con recursos privados y para el caso de las Universidades Públicas serán producto de la autofinanciación.
Finalmente e invocando el espíritu reflexivo que debe tener la Universidad Nacional como centro de ideas, llamamos la atención sobre el papel de los estamentos que componen la comunidad universitaria en estos momentos de crisis de la Universidad Pública, entendiendo que en cada uno de ellos existen mentes libres que no hacen odas al nepotismo institucional disfrazado de autoridad académica, para con ellos aunar esfuerzos por construir un modelo de universidad y de nación que reconozca los derechos a todos y todas por igual, y que procure el bienestar para el conjunto de la sociedad sobre la base de la defensa de la Educación Pública como condición sine qua non del desarrollo nacional.
[1] BANCO MUNDIAL, La enseñanza superior. Lecciones derivadas de la experiencia, Washington, 1995.
[2] Sesión del Consejo Académico del 13 de noviembre de 2009
[3] http://www.facebook.com/l/dfd27uMTp...>
[SM1]BANCO MUNDIAL, La enseñanza superior. Lecciones derivadas de la experiencia, Washington, 1995.
[SM2]Sesión del Consejo Académico del 13 de noviembre de 2009
[SM3] http://www.facebook.com/l/dfd27Pyga...>
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