Esta Declaración fue aprobada por mayoría.
LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL
La crisis del sistema capitalista mundial que estalló en el otoño del año 2008 aún no cesa y sus devastadores efectos han cobijado también a la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional, creado por los poderosos para ajustar a los débiles, terminó con sus recetas por convertirse en el árbitro de la misma. El rigor de sus planes de ajuste se ha hecho sentir sobre las debilitadas economías de Grecia, España, Portugal, Italia, Irlanda y, en general, sobre todo los países de la periferia europea, que compraron su prosperidad al debe y se endeudaron hasta el infinito en busca de la utopía de igualarse con las viejas potencias.
Las sucesivas reuniones del G8 y del G20 no atinan a dar con la solución. El debate que allí se libra tiene que ver con la contradicción entre las potencias dominantes para encontrar salidas. De una parte, los neoliberales contumaces quieren aprovecharla para proclamar a los cuatro vientos el fracaso del “Estado de Bienestar” y para imponer a los trabajadores y a los pueblos regresivas políticas que barran de una vez por todas con viejas conquistas alcanzadas. De otra, los vergonzantes neokeynesianos consideran que los gobiernos deben continuar emitiendo moneda para salvar primero a los banqueros y de esta manera al resto de la economía. Unos y otros se niegan a aceptar que el neoliberalismo ha fracasado estruendosamente.
En este orden de ideas se ha roto el espejismo de Obama. Ante el fracaso evidente de sus políticas, el incumplimiento de sus promesas electorales y el ahondamiento de la crisis económica, ha caído en desgracia, no sólo ante las cúpulas oligárquicas de republicanos y demócratas, sino ante las amplias masas de votantes que cada día ven más lejos sus infundadas expectativas. El panorama de la crisis económica en Estados Unidos es abrumador: un desempleo superior al 10%, una gran masa de trabajadores sometida a bárbaras formas de explotación bajo los empleos basura del "Justo a tiempo", una seguridad social en colapso y la reforma obamista, peor incluso que la ley 100, un país con un tremendo déficit fiscal y comercial, convertido en el más endeudado de la tierra y con un déficit energético cercano al 60% de sus necesidades cotidianas.
Obligado por las circunstancias intrínsecas a las rapaces leyes del imperialismo, Estados Unidos sólo puede seguir manteniendo su dominación sobre la base de las políticas de fuerza. En tal sentido, se ve forzado a desplegar su descomunal aparato militar-industrial, a ocupar bases en los cuatro puntos cardinales de la tierra, a reactivar sus agresivas flotas en todos los océanos y a actuar cada día con mayor arbitrariedad y unilateralismo para sacar adelante sus pretensiones frente a las potencias rivales.
A pesar del empantanamiento de los Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, Washington prepara, en compañía de Israel, su gendarme en Oriente Medio, una agresión a Irán bajo el pretexto de frenar el desarrollo nuclear de este país, sigue hostigando para reactivar la guerra en la península de Corea, contiende en el Asia Central metiendo sus manos en todos los conflictos regionales y étnicos para apuntalar su amenaza contra China y Rusia y porfía por el control hegemónico de África. Y en América Latina sigue en la brega por estabilizar su patio trasero tratando de aplacar el clima antiimperialista en la región, para lo cual Juan Manuel Santos, con su manguala, que no “Unidad Nacional”, funge como personero ideal de tal pretensión. Sin embargo, el imperialismo expande sus ejércitos y bases para notificar al continente su determinación indudable de acudir a la fuerza en caso necesario. Esto explica el apoyo abierto al Golpe de Estado en Honduras contra la legítima presidencia de Manuel Zelaya, la toma militar de Haití en enero del presente año aprovechando la tragedia del terremoto, la reactivación de la Cuarta Flota del Caribe, disuelta desde la década de los 50, la ocupación de Costa Rica con más de 7.000 soldados y 40 buques de guerra y la decisión de obtener en territorio colombiano la cesión de siete bases militares.
Sólo con la amenaza de la fuerza el imperialismo ha podido sostener la hegemonía del dólar como moneda mundial. Cada día es mayor la desconfianza frente a esta moneda. Su devaluación es imparable, como lo es su emisión desenfrenada, y por todas partes surgen propuestas alternativas entre los países para resolver sus intercambios por el viejo sistema de trueque o para diversificar sus reservas monetarias, previendo el inevitable colapso de una economía que sustenta su potencia en la dependencia del complejo militar-industrial y no en la producción para satisfacer realmente las necesidades fundamentales de la creciente población mundial.
EL BALANCE DEL RÉGIMEN URIBISTA
Al cabo de ocho años de régimen uribista las cifras del desastre social son abrumadoras y cada día más sectores de la nación entienden el fraude al que el país fue sometido en la tiranía del mesías del Ubérrimo. Como nunca antes, la nación y sus recursos fueron feriados en provecho de las multinacionales y los grandes monopolios. La política de confianza inversionista significó la entrega a la barata de todo lo que en Colombia implicaba algún valor, dando sustento al régimen plutocrático, en el cual el círculo de validos del poder se enriqueció como nunca mientras que la mayoría de la población era empujada a la más agobiante pobreza.
Al final de cuentas el uribismo nos dejó convertidos en el quinto país más inequitativo del mundo y en el más desigual de América Latina en las zonas rurales. Las cifras de desempleo superan el 13% y las estadísticas de informalidad abarcan al 60% de la población laboriosa. De 1.400.000 pequeñas empresas, más de 900.000 son informales. Tenemos algo más de 20 millones de pobres y entre ellos 8 son indigentes. Más de 400 empresas del Estado fueron reestructuradas y miles de funcionarios perdieron sus empleos. Las privatizaciones, ese asalto a los bienes públicos en provecho del círculo palaciego, estuvieron al orden del día: zonas francas, aeropuertos, carreteras, puertos, hospitales, colegios, comunicaciones, acueductos, basuras, salud y educación y todo lo que fuera rentable terminó convertido en lucrativo negocio de particulares.
La economía nacional, retrocedió más de un siglo, pues, antes que avanzar hacia la consolidación de un mercado interior que produjera bienes de capital e incrementara la capacidad de consumo de la gente, terminó reprimarizada en una producción basada en la gran minería, los hidrocarburos y la gran plantación, tal como eran los enclaves coloniales de principios del siglo XX. Bajo el oprobioso régimen de concesión, áreas enteras del territorio nacional fueron entregadas a las multinacionales del petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y todo lo que implica recursos del subsuelo, después de haber rebajado hasta el infinito los impuestos y regalías y de prorrogar hasta el agotamiento los actuales contratos.
En el campo, se concentró como nunca la propiedad de la tierra. La ruina económica provocada por la apertura neoliberal y la violencia desalojaron a más de 4 millones de personas, hoy desplazados internos. El país perdió su soberanía alimentaria al importar en la actualidad más de 9 millones de toneladas de alimentos y al haber perdido en los últimos ocho años más de 1 millón de hectáreas de cultivos transitorios mecanizados. Los ingresos del hogar campesino, incluido el minifundio cafetero, no equivalen a un salario mínimo. Las grandes plantaciones de palma africana y de caña de azúcar se han encaminado a la producción de agrocombustibles subsidiados con los que se sustituye petróleo internamente para incrementar la oferta disponible que permita paliar el déficit energético de Estados Unidos.
A este panorama desolador hay que agregarle que el país se estremeció a lo largo de ocho años con los peores escándalos de corrupción y tráfico de influencias de que se tenga noticia en la historia nacional. La reelección fue conseguida utilizando todos los delitos contemplados en los códigos: el cohecho, el chantaje, el soborno, la amenaza, el engaño, la manipulación, el espionaje y el acoso a opositores, magistrados, periodistas y cualquiera que se opusiera a los designios tiránicos del régimen uribista.
El terrible episodio de los falsos positivos jamás será olvidado y más temprano que tarde se entenderá que la tan llevada y traída seguridad democrática fue sólo una farsa sangrienta. La llamada seguridad democrática implicó para el país tremendos costos económicos, superiores a siete puntos del PIB, pérdida de soberanía a manos de los Estados Unidos con la implementación de un Plan Colombia que ha provocado irreparables daños ecológicos con las fumigaciones, millones de desplazados internos, violación de los derechos humanos, negación de las libertades ciudadanas y utilización de los aparatos de seguridad del Estado para perseguir a los opositores. Uribe desató un clima de guerra que, bajo el pretexto de combatir la violencia, reprimió las luchas populares y las acciones de resistencia civil.
En materia de Derechos Humanos la herencia del uribismo es escalofriante. Padecimos como nunca las políticas de persecución y aniquilamiento sindical, hasta el punto que más de 580 de nuestros dirigentes y activistas fueron asesinados durante su funesto mandato. Colombia es con mucho el lugar más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical y la libertad de asociación. A pesar de relievar su democracia y negar sistemáticamente la existencia de un conflicto interno, durante el año 2009, le impusieron cuatro Relatores Especiales de la ONU y todos ellos coinciden en sus informes sobre las preocupantes condiciones de seguridad para los sindicalistas y defensores de derechos humanos. En lo corrido del año 2010 van 35 sindicalistas asesinados, lo que niega de manera contundente que Colombia sea catalogada como caso en progreso y por tanto, debe volver a ser evaluado en la próxima conferencia de la OIT.
JUAN MANUEL SANTOS: HEREDERO Y CONTINUADOR DEL URIBISMO
El gobierno de Juan Manuel Santos es el heredero y continuador del uribismo. Los 9 millones de votos obtenidos el 20 junio no hubieran sido posibles sin la bendición del régimen saliente. La demarcación del santismo con el uribismo no puede llamarnos a engaño y hace parte del juego. Curtido y sabedor sobre estas trampas es el movimiento obrero colombiano para creer que cambios de forma o de tono implican transformaciones de fondo en la política. Las locomotoras que jalonarán la economía anunciadas por Santos son las mismas de la seguridad democrática y la confianza inversionista, lemas con los que el uribismo condujo al país y a los trabajadores al actual desastre.
Es insólito, por decir lo menos, que Juan Manuel Santos, quien fue presentado, antes del 20 de junio como la reedición del fascismo, la antidemocracia y la exclusión oligárquica, sea convertido ahora, sin saber por qué, en esperanza de redención y cambios democráticos para los trabajadores y el pueblo de Colombia. Todo esto a pesar de las evidentes señales en contrario, del inusitado blindaje para impedir el destape de la olla podrida del uribismo en los organismos de seguridad del Estado, al ratificar en la dirección del DAS al señor Felipe Muñoz y de la continuación de las políticas de guerra, carrera armamentista, militarización de la sociedad y Seguridad Democrática.
En nada difiere el Santos presidente de 2010 del Santos ministro de Comercio de César Gaviria, del Santos ministro de Hacienda de Pastrana y del Santos ministro de Defensa de Uribe. Es una hoja de vida de servicio de las peores causas contra la Nación.
La conformación de su gabinete no deja duda al respecto. Colocó en los puestos claves a la cúpula pastranista, la misma que en 1999 firmó el acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional y propició todo el ajuste neoliberal que el uribismo aplicó en sus ocho años. Encumbró también a los negociadores del TLC con Estados unidos y a representantes destacados de los gremios y del capital financiero. Con razón se le ha denominado como la Selección Colombia del neoliberalismo.
La agenda legislativa propuesta por el actual gobierno tampoco augura nada bueno a los trabajadores. Se trata, en primer lugar, de un raponazo a la regiones, a las cuales se les arrebatan las regalías bajo el fementido argumento de combatir la corrupción; se decreta la abolición del salario mínimo con el subterfugio de formalizar el primer empleo; se aprovecha la crisis de la justicia para reencauzarla en pro de las clases dominantes y concentrar más poder en el Ejecutivo; se impulsa el ordenamiento territorial, en virtud del cual, las obligaciones del gasto serán descargadas en los magros presupuestos municipales; se propone, bajo sospechosos estudios de expectativas de vida, la adopción de una nueva reforma pensional que alargue la edad para acceder a este derecho o que recorte los beneficios que pueden ser alcanzados por los trabajadores; se impone el principio neoliberal de sostenibilidad fiscal para cerrarle el paso a cualquier eventual gasto social del Estado; se hace dolida demagogia con las víctimas de la violencia para hablar de una ley de restitución de tierras, sin garantizarles un usufructo provechoso ni un enfoque productivo diferente, obligándolas a incorporarlas a los proyectos del agronegocio y del capital financiero de cultivos de tardío rendimiento; y se intenta desaparecer a las minoritarias fuerzas de oposición de los recintos del Congreso para facilitar de esta manera la subyugación oligárquica, mediante una reforma política que suprime el voto preferente y la circunscripción nacional para el Senado, a la vez que eleva el umbral y la cifra repartidora.
Para completar su operación de engaño a gran escala, Juan Manuel Santos escogió a Angelino Garzón como su fórmula vicepresidencial. El nombramiento fue presentado como un nuevo rumbo de la cúpula gubernamental y, por supuesto, como señal del nuevo clima. Nada más truculento. Hace muchos años que Angelino Garzón abandonó las toldas de los trabajadores para pasar al servicio de sus enemigos de clase. Desde principios de los años 90 y, en particular, desde que ocupó el Ministerio de Trabajo bajo el gobierno de Pastrana, luego la Gobernación del Valle y después la embajada en Ginebra, ha dado muestras consecutivas de su fidelidad al neoliberalismo y de su rompimiento con los intereses de clase de los trabajadores colombianos. No otra cosa puede deducirse de sus viajes a Estados Unidos a defender el nefasto Tratado de Libre Comercio y de su resuelto papel en Ginebra para que Colombia fuera excluida de la lista de países violadores de derechos laborales y humanos por parte de la 99ª conferencia de la OIT, el pasado mes de junio.
Su labor de zapa entre el movimiento sindical ha sido constante en el enrevesado propósito de engatusar y cooptar activistas y dirigentes sindicales para apoyar las políticas antinacionales que el santismo está poniendo en marcha. En este cometido logró colocar de su lado a Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. De él, no sólo obtuvo el apoyo en Ginebra ante la OIT para que Colombia fuera excluida de la lista de países sancionados, sino también manifestaciones de respaldo al proyecto electoral del binomio Santos-Angelino, declaraciones en defensa de los TLC y compromisos en el impulso al Contrato Sindical, una más de las peores formas de tercerización laboral.
Ante los graves problemas que aquejan a los trabajadores y al pueblo colombiano, lo único que Angelino ofrece es un diálogo interminable en comisiones de concertación, aclarando que “concertar no es consensuar”, construyendo así el escenario ideal de la llamada democracia participativa, en la cual todos opinan, pero quien decide es el gobierno.
LAS REIVINDICACIONES DE LA CUT
En lo que a la CUT respecta, consideramos que frente a Juan Manuel Santos debemos mantener la misma postura que sostuvimos durante los dos mandatos del régimen uribista. Nuestra posición fue fijada en carta al presidente de la República. En consecuencia, continuaremos nuestro rechazo a los tratados de Libre Comercio, no sólo por lo que implican en materia de violación de los derechos de los trabajadores y de envilecimiento de nuestra mano de obra, sino por los ostensibles perjuicios de quiebra y ruina para la producción económica nacional y de lesión enorme a la soberanía. seguiremos reivindicando la garantía a los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga, anulados en la práctica con las reformas laborales de la última década. Exigiremos un Estatuto del Trabajo que dé cuenta de la restitución de los derechos conculcados y nos opondremos a que con esta ley estatutaria se protocolice la barrida de los derechos laborales que el neoliberalismo ha decretado en contra de los trabajadores en los últimos 20 años. En cuanto a los sentidos derechos del magisterio, respaldaremos, sin reserva alguna, el Pliego de Peticiones de la Federación Colombiana de Educadores y la aspiración del magisterio a un Estatuto Único para los docentes y a la defensa de su régimen especial en salud. Igual respeto reclamaremos para todos los regímenes de salud y demás disposiciones consignadas en las convenciones colectivas legalmente firmadas y que el Acto Legislativo 04 de 2005 pretende desconocer y exigiremos una reforma a la seguridad social, que suprima la ley 100 de 1993 y al unificar los planes obligatorios de salud, no se haga sobre la base de retroceder aún más en materia tan cara para los trabajadores.
Insistiremos en nuestras denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo y pediremos a la próxima Conferencia que nuevamente Colombia sea incluida en la lista de países violadores de normas laborales. Transformaremos la próxima visita de la comisión de la OIT en un acto de denuncia y movilización de los trabajadores. Exigiremos al gobierno nacional que se ponga fin de una vez por todas a las oprobiosas formas de tercerización del trabajo, que cese el contrato sindical, esa vil forma de desnaturalizar los objetivos y fines de la organización gremial de los trabajadores, que se supriman definitivamente las Cooperativas de Trabajo Asociado que tergiversan los loables y altruistas principios del origen del cooperativismo, que desaparezcan las empresas temporales de empleo y que todos los trabajadores en Colombia sean vinculados directamente a las empresas donde laboran, con plenas garantías prestacionales y salariales. Mantenemos nuestro respaldo al cese de la guerra y a la solución política del conflicto interno, como lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años, insistiendo en que se logren unos acuerdos humanitarios que vayan en función de esa negociación e insistir en exigir del Estado verdad, justicia y reparación para las víctimas y, en fin, desplegaremos nuestras resueltas movilizaciones y resistencias para oponernos a que la engañifa de la “Prosperidad Democrática”, proclamada por el actual gobierno, ese nuevo capítulo de la recolonización de Colombia que se está abriendo, alcance sus nefastos propósitos de saqueo a la nación, de expoliación de los trabajadores y de humillación del pueblo.
