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I. FINANCIACIÓN.
- Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.
- Financiamiento estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.
- El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.
- Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.
- El Icetex solo será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.
II. DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA
- Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:
i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.
III. BIENESTAR
- Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.
- Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.
IV. CALIDAD ACADÉMICA
- Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.
V. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
- Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.
VI. RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD
- La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.
- Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.
- El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.
Rechacemos el nuevo proyecto de Ley de Educación Superior que pronto se presentará al congreso por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos cuyo principal propósito es continuar profundizando las políticas Neoliberales de privatización de las Universidades y avanzar en la reproducción de las condiciones que determinan el descenso progresivo de la calidad de los programas ofrecidos por estas.
Estamos convencidos de que es el estado el único responsable y capaz de garantizar el derecho a una educación de calidad, científica, democrática y al servicio del pueblo. Es hora que la educación pase a un primer plano en el acontecer político nacional y que se le otorgue la importancia que se merece dentro del proyecto de país que queremos las mayoría de los Colombianos, un país soberano, mas equitativo, con una justa distribución de la riqueza, un país próspero, de oportunidades ,de plenos derechos y que satisfaga las necesidades básicas de sus pobladores.
La Universidad Popular del Cesar, desde sus estamentos, como directa perjudicada y como escenario del pensamiento, debe participar en la construcción del movimiento social que apunte a lograr estas trasformaciones, por lo tanto, llamamos a toda la comunidad Upecista a sumarse a esta gran jornada de movilización nacional exigiendo una mayor financiación para la U pública y por supuesto para nuestra institución.
La MESA AMPLIA ESTUDIANTIL estableció que la concentración para la marcha se realizará este 7 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. en el campus Universitario de Sabanas desde donde partirá el recorrido hasta la Gobernación del Cesar.
¡Todos a marchar este 7 de Septiembre en defensa de la Educación Pública en Colombia!
El 24 de agosto de 2011 se creo la Mesa Amplia Universitaria con la participación de varios de los mas destacados sectores y líderes estudiantiles de la universidad popular del cesar entre ellos Julio Bertty, William Lasso, Alfredo Bermudez, Ketty Fuentes, Abel Carreño, Maryis Pacheco y el representante de los estudiantes ante la facultad de Ingenierías Álvaro José Julio Beltrán, los cuales conforman el comité operativo provisional de la Mesa.
La Mesa Amplia Universitaria tiene como objetivo principal discutir desde los diferentes estamentos de nuestra alma mater; la Universidad Popular del Cesar (Estudiantes, Trabajadores y Docentes) el nuevo proyecto de ley de educación superior presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos y su impacto a nivel nacional y local. Cabe de antemano agregar que este proyecto de Ley no soluciona la crisis financiera de las universidades públicas las cuales tienen un déficit presupuestal de cerca de 750 mil millones de pesos debido al abandono del estado y al recorte de las transferencias sino que por el contrario, las sumerge mucho más en la ola de las privatizaciones y en el detrimento de la calidad.
De esta manera invitamos a toda la comunidad upecista a ponerse al tanto sobre el tema y a expresar un rechazo tajante contra este proyecto de ley que se convierte en el más grabe atentado contra la educación en la historia del país. Únete a la Mesa Amplia Universitaria. Estaremos informándolos por este medio y con la realización de diferentes actividades pedagógicas que se llevarán a cabo en todas las sedes de la UPC.
¡Viva la UPC! , ¡Todos Unidos Contra la Nueva Ley de Educación Superior de Santos!
Contactanos:
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Twitter: @OceUnicesar
Jueves, 10 de Marzo de 2011
Las siguientes son las palabras del Presidente de la República este 10 de marzo durante el acto de presentación de los lineamientos de esta propuesta del Gobierno nacional.
Lea a continuación las palabras pronunciadas por el Presidente Juan Manuel Santos:
"En 18 años todo cambia. Nada es igual.
Recuerden cómo era Colombia hace 18 años, con unas realidades económicas y de seguridad, muy distintas a las actuales.
Ahora somos parte de ese grupo de países que proyectan mayor crecimiento para los próximos 10 años, que se denominan los CIVETS, además de que el Banco HSBC nos ubicó dentro de las 30 economías más grandes del mundo para el año 2050.
Estando en un país y un mundo en permanente evolución, es una necesidad -un deber- no sólo adaptarse a los cambios, sino también estar siempre un paso adelante de ellos.
Ustedes -señores rectores- saben bien cómo han avanzado sus universidades en el mismo periodo de tiempo, no sólo en cuanto a infraestructura y número de estudiantes, sino también en exigencia académica y en la flexibilidad de sus programas, en la acreditación.
Hace 18 años yo estaba en el Ministerio de Comercio Exterior, antes estaba como miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andres, con el doctor Angulo -que aquí está presente- y hoy es un mundo muy diferente y una universidad muy diferente.
Allá me acuerdo cómo analizábamos y cómo se tomaron decisiones que trascendieron muchísimo en la calidad de la universidad y que también después vimos cómo evolucionó el país.
Y fue hace algo más de 18 años cuando -apenas un año después de haberse expedido la Constitución de 1991- se promulgó la Ley 30 sobre el servicio público de la Educación Superior.
Esta ley -sin duda-ha permitido el desarrollo de la educación superior que hoy tenemos, pero también tenemos que estar de acuerdo en que fue elaborada para unos desafíos distintos a los actuales.
En las últimas dos décadas se masificó Internet, y ahora las tecnologías de la información son parte esencial de la vida de quienes ingresan hoy a la Educación Superior.
Hace 18 años, por ejemplo, apenas se estaba hablando en este país del celular, de la internacionalización de la economía, de la globalización como un elemento importante para la educación.
Pero al mismo tiempo, 18 años después de esa Ley, constatamos situaciones preocupantes:
En los últimos 10 años, más de 3 millones 200 mil jóvenes bachilleres no ingresaron a la educación superior o desertaron.
En consecuencia, muchos salieron prematuramente al mercado laboral, generalmente sin éxito.
Esto tiene repercusiones en la economía, pues significa una enorme presión sobre el empleo.
De hecho, la mayor tasa de desempleo está entre los jóvenes de 17 a 24 años, allí el promedio es casi el doble que el promedio nacional.
Por eso, se los digo sin rodeos: la Ley 30 de 1992 -con los beneficios que trajo en su momento- no se ajusta a los desafíos que hoy tenemos por delante.
Si de veras queremos dar el salto al desarrollo, ser la promesa cumplida de los CIVETS o hacer realidad los pronósticos del Banco HSBC, necesitamos un sistema de Educación Superior acorde con nuestras realidades, con nuestras metas y con el mundo de hoy.
De hecho, para ingresar a la OCDE -esa organización de países con buenas prácticas a la que estamos postulando-, debemos mostrar, por ejemplo, mejores indicadores en cuanto a formación académica.
Hemos venido mejorando en educación básica, llegando a un buen nivel de cobertura de casi el 100% -y eso hay que abonárselo al gobierno del (ex) Presidente Uribe, ahí se hizo un esfuerzo realmente importante- y trabajamos duro para subir la cobertura de la educación media.
Creemos, además, en nuestro gobierno, que la educación de nuestros niños y jóvenes corresponde a los rieles de las cinco locomotoras que nos llevarán hacia la Prosperidad Democrática.
Por eso estamos decididos a trabajar en este cuatrienio con énfasis en un objetivo inaplazable -eso con la Ministra lo hemos discutido muchísimas veces- le he dicho que hay que adoptar ese mantra: la calidad educativa, manteniendo y mejorando los niveles de cobertura.
Pero también debemos trabajar para que esos jóvenes que se gradúan de bachilleres, continúen su formación y no detengan ese proceso en el colegio o deserten a mitad de camino.
No podemos conformarnos con este cuello de botella.
No es posible que el país y las familias se esfuercen por graduar a sus jóvenes como bachilleres, para luego dejarlos sin mayores oportunidades.
Sé que es un reto difícil, un reto que tenemos, y que espero, podamos cumplir.
Tenemos que ser capaces de generar una mayor oferta de instituciones y programas de educación superior que garanticen excelente calidad y acceso a los jóvenes pobres.
En la campaña recorrí mucho este país, y tal vez de los momentos donde la gente más respondía era a la oferta de romper ese cuello de botella.
Ustedes vieron a las madres de Familias en Acción. Todas las madres lo que le dicen a uno hoy es: 'Por favor Presidente, déle oportunidades a mis hijos para que después de graduarse del colegio -después de mucho esfuerzo- puedan continuar con su educación superior'.
Y ese cuello de botella, además, tiene un ingrediente que agrava el problema y es que la educación del bachillerato no es una educación para el trabajo.
La persona que no puede continuar la educación superior no sabe trabajar, y por eso entran a engrosar las filas del desempleo, a engrosar las filas de las bandas criminales, del narcotráfico, de la violencia.
Por difícil que parezca, es un desafío que no podemos aplazar.
Para nuestra propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación, la Ministra y todo su equipo consultó muchos estudios e hizo muchas investigaciones a nivel nacional.
También revisaron experiencias internacionales sobre cobertura, sobre calidad, sobre internacionalización, sobre equidad y sobre el posicionamiento de la educación como el motor de todas las transformaciones sociales.
Pero no queremos, ni podemos, hacer esta reforma solos.
Ustedes están acá, como representantes de la Educación, porque hoy iniciamos un proceso de discusión colectiva en talleres y mesas de trabajo regionales.
Queremos escuchar las voces de los rectores, de los profesores, de los estudiantes y de los padres de familias.
Queremos escuchar al sector productivo, y que hablen también los jóvenes que no han tenido acceso a la educación superior y sus padres.
También queremos conocer la experiencia internacional, para lo cual el Ministerio organizará en abril un foro Internacional con invitados de primer orden, que compartirán las lecciones aprendidas en sus países.
La idea es que -de la mano de todos ustedes- presentemos al Congreso un proyecto de reforma visionario y pragmático.
Porque una reforma tan importante requiere de una discusión amplia y pública.
Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión enriquece la calidad de las políticas públicas, y sobre todo de una política pública tan importante, tan trascendental para el futuro de nuestro país como es su educación superior.
El objetivo es sembrar y cultivar una generación productiva, jóvenes que reciban conocimientos y competencias útiles, de acuerdo a lo que demandan los sectores público y privado.
En Colombia -por ejemplo- el 65 por ciento de la educación superior es universitaria y el 35 por ciento es técnica.
Esa proporción es a la inversa en países desarrollados, y nosotros quisiéramos al menos dejar al final de este gobierno esa relación en 55-45, avanzando hacia una situación ideal de paridad.
El propósito es tener más colombianos que -además de tener una formación académica de calidad- ingresen exitosamente al mercado laboral o inicien sus propios emprendimientos.
También, buscamos consolidar una educación sintonizada con la realidad del país y con las tendencias internacionales.
Debe quedar muy claro que el proyecto de ley respeta y -más aún- fortalece el principio de autonomía universitaria.
No vamos a debilitar ese principio, y en eso tienen mi palabra.
Hecha esa aclaración, quiero contarles los cuatro objetivos de este proyecto de ley, que estamos poniendo a su consideración.
El primero -ya lo he dicho- es promover mayor calidad.
Planteamos incentivos a la buena calidad y a procesos de acreditación, así como al fomento de investigación e innovación.
Precisamente, el 10 por ciento de las regalías -según la reforma que está en trámite en el Congreso- será invertido en programas regionales de ciencia y tecnología.
Desde hoy los invito, señores rectores, a pensar en proyectos de ciencia y tecnología que fortalezcan la investigación y la innovación de sus instituciones e impacten el desarrollo regional.
El segundo objetivo de esta reforma es generar condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior.
Para esto se necesita plata -y mucha-.
Albert Einstein dijo alguna vez: "Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia".
Los recursos públicos son limitados y debemos ser muy ingeniosos para ampliar las fuentes de recursos del sector.
Prevemos mantener la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional.
Es decir, además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación, el Estado otorgará un 1 por ciento adicional en 2012; un 2 por ciento en 2013, y un 3 por ciento entre 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de desempeño.
También le inyectaremos a la educación superior pública, no sólo aportes del Estado, sino Alianzas Público-Privadas.
La educación pública -si quiere ser competitiva- no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada.
Y eso -que quede claro- no significa privatizar, sino invertir.
Desde ya quiero evitar malos entendidos.
Lo que estamos proponiendo busca -simple y llanamente- que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública -y en alianza con ella-, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante.
¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas público-privadas mejorarán la calidad de la formación y la investigación.
Serán negocios en los que todos ganan, como ha pasado en Corea, China, Irlanda, Estados Unidos o -para no ir muy lejos- en los Parques Tecnológicos Universitarios de Brasil.
Y para las instituciones privadas también tenemos una propuesta: mayor inversión.
A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada en ellas.
Por eso proponemos crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro.
Brasil es un ejemplo de cómo esta fórmula multiplica la cobertura:
¡En 12 años pasaron de 1'800.000 estudiantes a casi 6 millones!, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro.
Estas instituciones -además- aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres.
Hoy nuestro Ministerio de Hacienda y la DIAN estudian la viabilidad de un esquema similar, para que las instituciones con ánimo de lucro reciban beneficios tributarios a cambio de aportes a los fondos de becas de Icetex.
Otro ejemplo es Corea: allí financian la demanda mediante un sistema de crédito -otorgado por el sector financiero con garantía parcial del Estado-, además de ofrecer estímulos y exenciones tributarias a las instituciones de educación con ánimo de lucro.
En la misma China, bajo un régimen comunista, se ha pasado de dos millones de estudiantes a 26 millones en menos de 20 años, con una oferta privada -en los últimos 10 años- que alcanza al 20 por ciento de los estudiantes.
En Colombia tenemos que entender, de una vez por todas, que no podemos anclarnos en el debate perpetuo sobre si es válido o no que el sector privado invierta en la educación superior pública, mientras otros países crean millones de cupos, mejoran su calidad y nos adelantan en la carrera de la competitividad.
De acuerdo con nuestra propuesta, el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado podría significar unos 2,4 billones de pesos adicionales para el sector en los próximos 3 años.
Esos recursos serían suficientes para que pasemos de alrededor de 1'600.000 estudiantes que hoy están en procesos de formación de educación superior, a 2'200.000 estudiantes recibiendo educación superior pertinente y de calidad, en el 2014.
¡Un aumento del 37 por ciento!
El proyecto de ley también fortalece al ICETEX.
Contempla la creación de un fondo que garantice el sostenimiento de estudiantes de bajos recursos -promoviendo su permanencia- y destina recursos para mantener los subsidios de matrícula.
Este fondo también permitiría un pago diferido de los créditos subsidiados o del valor de la matrícula, de tal manera que los estudiantes comiencen a pagarlos cuando se gradúen, cuando se vinculen al mercado laboral y superen un umbral mínimo de ingreso.
Durante nuestra campaña insistimos mucho en que íbamos a dar prioridad a este sistema de becas-crédito del Icetex, y me complace muchísimo decir que lo estamos haciendo, porque eso va a romper el cuello de botella del que estábamos hablando.
Precisamente, hace algo más de un mes, en el Foro que convocó el Partido de la U sobre el tema de la educación -en el que siempre ha mantenido una importante iniciativa- nos comprometimos a trabajar para que los intereses sean cada vez más bajos y para hacer del sistema de becas-crédito una herramienta para aumentar la cobertura y estimular el buen rendimiento académico.
Y no se quedó en palabras este compromiso ¡Ya comenzamos!
Como muchos de ustedes saben, redujimos la tasa de interés -del 16 por ciento al 4 por ciento anual en época de estudio- y determinamos condonar el 25 por ciento de la deuda para graduados del Sisbén 1 y 2.
Hoy proponemos -además- ampliar la condonación hasta un ciento por ciento a aquellos estudiantes que obtengan los mejores resultados en la pruebas SABER-PRO.
Por otra parte, las instituciones de educación superior podrán financiar sus proyectos de expansión y mejoramiento con créditos de FINDETER, con respaldo de sus obligaciones a través de un fondo de garantías.
Un tercer objetivo de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
Es decir, la educación superior debe ser útil y pertinente para las regiones del país, y también para cumplir con los estándares internacionales como los que establece la OCDE.
En el plano regional servirá para la distribución de recursos adicionales y escalonados de cada año -como les comenté antes-.
Proponemos crear Comités Departamentales de Educación Superior -con la participación de las Secretarias de Educación- como instancias de coordinación a nivel regional.
Después de todo, las regiones son las que pueden determinar el tipo de capital humano que requieren y demandan.
En el plano de la internacionalización, nuestra propuesta facilita la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como su participación en redes académicas.
También promueve la internacionalización del currículo y de nuestro sistema de calidad, para que nuestros profesionales tengan las puertas abiertas en muchos otros países.
Como cuarto y último objetivo, el proyecto de ley contiene un capítulo específico de Transparencia y Buen Gobierno.
Con él buscamos promover criterios de gobernabilidad que combinen la autonomía institucional y la responsabilidad pública.
También se exige la rendición de cuentas, para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones -tanto del Estado como de la sociedad en general- y las metas alcanzadas con estos recursos.
En suma, nuestra propuesta se basa en cuatro pilares:
Promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno.
Cito siempre una frase del Libertador Simón Bolívar, que nos puede dar una idea del inmenso reto que asumimos hoy, y que no es sólo del Gobierno sino de todo el sector educativo:
Decía Bolívar: "Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación".
De manera que los invito, señores rectores, a considerar a fondo esta propuesta que permitirá traer más recursos públicos y privados al sector.
Con ellos podremos mejorar la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestros programas, y hacerlos asequibles a más jóvenes.
Los profesores tendrán mejores oportunidades de continuar con su formación, de investigar y tener un mayor contacto con los sectores sociales y productivos, a través de las alianzas público-privadas, así como mayor movilidad y posibilidades de trabajo en redes y en grupos internacionales.
Invito también a los padres de familia para que trabajemos unidos en esta propuesta que les dará a nuestros hijos una excelente formación, al alcance del bolsillo de todos.
Finalmente hago un llamado al sector productivo para que se involucre, como una manera de ser responsables directos de la formación de nuestro recurso humano.
La formación de esta generación -y de las siguientes- debe ser un motivo de Unidad Nacional.
Se trata de trabajar juntos para darles a los jóvenes un proceso de formación sostenido, sin que tengan que abandonarlo a mitad de camino.
Pensemos en esto: hace 8 años se graduaron poco más de 400 mil bachilleres, el año pasado fueron 620 mil y para el 2014 alcanzarán casi 780 mil.
A ellos -y a los que vienen cada año-, debemos garantizarles su tránsito por la educación técnica o universitaria.
Por eso invito a toda la sociedad a que nos acompañe, con entusiasmo, con determinación, en este camino de reforma de la educación superior.
Las nuevas generaciones de estudiantes merecen una nueva Ley de Educación Superior:
Una ley que los ayude a formarse en un mundo nuevo, en un mundo del siglo XXI, una ley que les permita -como decía Bolívar- marchar hacia la grandeza personal y hacia la grandeza de nuestra nación.
Muchas gracias".
Recuerden cómo era Colombia hace 18 años, con unas realidades económicas y de seguridad, muy distintas a las actuales.
Ahora somos parte de ese grupo de países que proyectan mayor crecimiento para los próximos 10 años, que se denominan los CIVETS, además de que el Banco HSBC nos ubicó dentro de las 30 economías más grandes del mundo para el año 2050.
Estando en un país y un mundo en permanente evolución, es una necesidad -un deber- no sólo adaptarse a los cambios, sino también estar siempre un paso adelante de ellos.
Ustedes -señores rectores- saben bien cómo han avanzado sus universidades en el mismo periodo de tiempo, no sólo en cuanto a infraestructura y número de estudiantes, sino también en exigencia académica y en la flexibilidad de sus programas, en la acreditación.
Hace 18 años yo estaba en el Ministerio de Comercio Exterior, antes estaba como miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andres, con el doctor Angulo -que aquí está presente- y hoy es un mundo muy diferente y una universidad muy diferente.
Allá me acuerdo cómo analizábamos y cómo se tomaron decisiones que trascendieron muchísimo en la calidad de la universidad y que también después vimos cómo evolucionó el país.
Y fue hace algo más de 18 años cuando -apenas un año después de haberse expedido la Constitución de 1991- se promulgó la Ley 30 sobre el servicio público de la Educación Superior.
Esta ley -sin duda-ha permitido el desarrollo de la educación superior que hoy tenemos, pero también tenemos que estar de acuerdo en que fue elaborada para unos desafíos distintos a los actuales.
En las últimas dos décadas se masificó Internet, y ahora las tecnologías de la información son parte esencial de la vida de quienes ingresan hoy a la Educación Superior.
Hace 18 años, por ejemplo, apenas se estaba hablando en este país del celular, de la internacionalización de la economía, de la globalización como un elemento importante para la educación.
Pero al mismo tiempo, 18 años después de esa Ley, constatamos situaciones preocupantes:
En los últimos 10 años, más de 3 millones 200 mil jóvenes bachilleres no ingresaron a la educación superior o desertaron.
En consecuencia, muchos salieron prematuramente al mercado laboral, generalmente sin éxito.
Esto tiene repercusiones en la economía, pues significa una enorme presión sobre el empleo.
De hecho, la mayor tasa de desempleo está entre los jóvenes de 17 a 24 años, allí el promedio es casi el doble que el promedio nacional.
Por eso, se los digo sin rodeos: la Ley 30 de 1992 -con los beneficios que trajo en su momento- no se ajusta a los desafíos que hoy tenemos por delante.
Si de veras queremos dar el salto al desarrollo, ser la promesa cumplida de los CIVETS o hacer realidad los pronósticos del Banco HSBC, necesitamos un sistema de Educación Superior acorde con nuestras realidades, con nuestras metas y con el mundo de hoy.
De hecho, para ingresar a la OCDE -esa organización de países con buenas prácticas a la que estamos postulando-, debemos mostrar, por ejemplo, mejores indicadores en cuanto a formación académica.
Hemos venido mejorando en educación básica, llegando a un buen nivel de cobertura de casi el 100% -y eso hay que abonárselo al gobierno del (ex) Presidente Uribe, ahí se hizo un esfuerzo realmente importante- y trabajamos duro para subir la cobertura de la educación media.
Creemos, además, en nuestro gobierno, que la educación de nuestros niños y jóvenes corresponde a los rieles de las cinco locomotoras que nos llevarán hacia la Prosperidad Democrática.
Por eso estamos decididos a trabajar en este cuatrienio con énfasis en un objetivo inaplazable -eso con la Ministra lo hemos discutido muchísimas veces- le he dicho que hay que adoptar ese mantra: la calidad educativa, manteniendo y mejorando los niveles de cobertura.
Pero también debemos trabajar para que esos jóvenes que se gradúan de bachilleres, continúen su formación y no detengan ese proceso en el colegio o deserten a mitad de camino.
No podemos conformarnos con este cuello de botella.
No es posible que el país y las familias se esfuercen por graduar a sus jóvenes como bachilleres, para luego dejarlos sin mayores oportunidades.
Sé que es un reto difícil, un reto que tenemos, y que espero, podamos cumplir.
Tenemos que ser capaces de generar una mayor oferta de instituciones y programas de educación superior que garanticen excelente calidad y acceso a los jóvenes pobres.
En la campaña recorrí mucho este país, y tal vez de los momentos donde la gente más respondía era a la oferta de romper ese cuello de botella.
Ustedes vieron a las madres de Familias en Acción. Todas las madres lo que le dicen a uno hoy es: 'Por favor Presidente, déle oportunidades a mis hijos para que después de graduarse del colegio -después de mucho esfuerzo- puedan continuar con su educación superior'.
Y ese cuello de botella, además, tiene un ingrediente que agrava el problema y es que la educación del bachillerato no es una educación para el trabajo.
La persona que no puede continuar la educación superior no sabe trabajar, y por eso entran a engrosar las filas del desempleo, a engrosar las filas de las bandas criminales, del narcotráfico, de la violencia.
Por difícil que parezca, es un desafío que no podemos aplazar.
Para nuestra propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación, la Ministra y todo su equipo consultó muchos estudios e hizo muchas investigaciones a nivel nacional.
También revisaron experiencias internacionales sobre cobertura, sobre calidad, sobre internacionalización, sobre equidad y sobre el posicionamiento de la educación como el motor de todas las transformaciones sociales.
Pero no queremos, ni podemos, hacer esta reforma solos.
Ustedes están acá, como representantes de la Educación, porque hoy iniciamos un proceso de discusión colectiva en talleres y mesas de trabajo regionales.
Queremos escuchar las voces de los rectores, de los profesores, de los estudiantes y de los padres de familias.
Queremos escuchar al sector productivo, y que hablen también los jóvenes que no han tenido acceso a la educación superior y sus padres.
También queremos conocer la experiencia internacional, para lo cual el Ministerio organizará en abril un foro Internacional con invitados de primer orden, que compartirán las lecciones aprendidas en sus países.
La idea es que -de la mano de todos ustedes- presentemos al Congreso un proyecto de reforma visionario y pragmático.
Porque una reforma tan importante requiere de una discusión amplia y pública.
Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión enriquece la calidad de las políticas públicas, y sobre todo de una política pública tan importante, tan trascendental para el futuro de nuestro país como es su educación superior.
El objetivo es sembrar y cultivar una generación productiva, jóvenes que reciban conocimientos y competencias útiles, de acuerdo a lo que demandan los sectores público y privado.
En Colombia -por ejemplo- el 65 por ciento de la educación superior es universitaria y el 35 por ciento es técnica.
Esa proporción es a la inversa en países desarrollados, y nosotros quisiéramos al menos dejar al final de este gobierno esa relación en 55-45, avanzando hacia una situación ideal de paridad.
El propósito es tener más colombianos que -además de tener una formación académica de calidad- ingresen exitosamente al mercado laboral o inicien sus propios emprendimientos.
También, buscamos consolidar una educación sintonizada con la realidad del país y con las tendencias internacionales.
Debe quedar muy claro que el proyecto de ley respeta y -más aún- fortalece el principio de autonomía universitaria.
No vamos a debilitar ese principio, y en eso tienen mi palabra.
Hecha esa aclaración, quiero contarles los cuatro objetivos de este proyecto de ley, que estamos poniendo a su consideración.
El primero -ya lo he dicho- es promover mayor calidad.
Planteamos incentivos a la buena calidad y a procesos de acreditación, así como al fomento de investigación e innovación.
Precisamente, el 10 por ciento de las regalías -según la reforma que está en trámite en el Congreso- será invertido en programas regionales de ciencia y tecnología.
Desde hoy los invito, señores rectores, a pensar en proyectos de ciencia y tecnología que fortalezcan la investigación y la innovación de sus instituciones e impacten el desarrollo regional.
El segundo objetivo de esta reforma es generar condiciones para que más colombianos se gradúen de la educación superior.
Para esto se necesita plata -y mucha-.
Albert Einstein dijo alguna vez: "Si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia".
Los recursos públicos son limitados y debemos ser muy ingeniosos para ampliar las fuentes de recursos del sector.
Prevemos mantener la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional.
Es decir, además de la base presupuestal y del ajuste natural por cuenta de la inflación, el Estado otorgará un 1 por ciento adicional en 2012; un 2 por ciento en 2013, y un 3 por ciento entre 2014 y 2019, premiando resultados y buenos indicadores de desempeño.
También le inyectaremos a la educación superior pública, no sólo aportes del Estado, sino Alianzas Público-Privadas.
La educación pública -si quiere ser competitiva- no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada.
Y eso -que quede claro- no significa privatizar, sino invertir.
Desde ya quiero evitar malos entendidos.
Lo que estamos proponiendo busca -simple y llanamente- que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública -y en alianza con ella-, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante.
¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas público-privadas mejorarán la calidad de la formación y la investigación.
Serán negocios en los que todos ganan, como ha pasado en Corea, China, Irlanda, Estados Unidos o -para no ir muy lejos- en los Parques Tecnológicos Universitarios de Brasil.
Y para las instituciones privadas también tenemos una propuesta: mayor inversión.
A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada en ellas.
Por eso proponemos crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro.
Brasil es un ejemplo de cómo esta fórmula multiplica la cobertura:
¡En 12 años pasaron de 1'800.000 estudiantes a casi 6 millones!, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro.
Estas instituciones -además- aportan recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres.
Hoy nuestro Ministerio de Hacienda y la DIAN estudian la viabilidad de un esquema similar, para que las instituciones con ánimo de lucro reciban beneficios tributarios a cambio de aportes a los fondos de becas de Icetex.
Otro ejemplo es Corea: allí financian la demanda mediante un sistema de crédito -otorgado por el sector financiero con garantía parcial del Estado-, además de ofrecer estímulos y exenciones tributarias a las instituciones de educación con ánimo de lucro.
En la misma China, bajo un régimen comunista, se ha pasado de dos millones de estudiantes a 26 millones en menos de 20 años, con una oferta privada -en los últimos 10 años- que alcanza al 20 por ciento de los estudiantes.
En Colombia tenemos que entender, de una vez por todas, que no podemos anclarnos en el debate perpetuo sobre si es válido o no que el sector privado invierta en la educación superior pública, mientras otros países crean millones de cupos, mejoran su calidad y nos adelantan en la carrera de la competitividad.
De acuerdo con nuestra propuesta, el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado podría significar unos 2,4 billones de pesos adicionales para el sector en los próximos 3 años.
Esos recursos serían suficientes para que pasemos de alrededor de 1'600.000 estudiantes que hoy están en procesos de formación de educación superior, a 2'200.000 estudiantes recibiendo educación superior pertinente y de calidad, en el 2014.
¡Un aumento del 37 por ciento!
El proyecto de ley también fortalece al ICETEX.
Contempla la creación de un fondo que garantice el sostenimiento de estudiantes de bajos recursos -promoviendo su permanencia- y destina recursos para mantener los subsidios de matrícula.
Este fondo también permitiría un pago diferido de los créditos subsidiados o del valor de la matrícula, de tal manera que los estudiantes comiencen a pagarlos cuando se gradúen, cuando se vinculen al mercado laboral y superen un umbral mínimo de ingreso.
Durante nuestra campaña insistimos mucho en que íbamos a dar prioridad a este sistema de becas-crédito del Icetex, y me complace muchísimo decir que lo estamos haciendo, porque eso va a romper el cuello de botella del que estábamos hablando.
Precisamente, hace algo más de un mes, en el Foro que convocó el Partido de la U sobre el tema de la educación -en el que siempre ha mantenido una importante iniciativa- nos comprometimos a trabajar para que los intereses sean cada vez más bajos y para hacer del sistema de becas-crédito una herramienta para aumentar la cobertura y estimular el buen rendimiento académico.
Y no se quedó en palabras este compromiso ¡Ya comenzamos!
Como muchos de ustedes saben, redujimos la tasa de interés -del 16 por ciento al 4 por ciento anual en época de estudio- y determinamos condonar el 25 por ciento de la deuda para graduados del Sisbén 1 y 2.
Hoy proponemos -además- ampliar la condonación hasta un ciento por ciento a aquellos estudiantes que obtengan los mejores resultados en la pruebas SABER-PRO.
Por otra parte, las instituciones de educación superior podrán financiar sus proyectos de expansión y mejoramiento con créditos de FINDETER, con respaldo de sus obligaciones a través de un fondo de garantías.
Un tercer objetivo de esta ley es adecuar el Sistema de Educación Superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
Es decir, la educación superior debe ser útil y pertinente para las regiones del país, y también para cumplir con los estándares internacionales como los que establece la OCDE.
En el plano regional servirá para la distribución de recursos adicionales y escalonados de cada año -como les comenté antes-.
Proponemos crear Comités Departamentales de Educación Superior -con la participación de las Secretarias de Educación- como instancias de coordinación a nivel regional.
Después de todo, las regiones son las que pueden determinar el tipo de capital humano que requieren y demandan.
En el plano de la internacionalización, nuestra propuesta facilita la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como su participación en redes académicas.
También promueve la internacionalización del currículo y de nuestro sistema de calidad, para que nuestros profesionales tengan las puertas abiertas en muchos otros países.
Como cuarto y último objetivo, el proyecto de ley contiene un capítulo específico de Transparencia y Buen Gobierno.
Con él buscamos promover criterios de gobernabilidad que combinen la autonomía institucional y la responsabilidad pública.
También se exige la rendición de cuentas, para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones -tanto del Estado como de la sociedad en general- y las metas alcanzadas con estos recursos.
En suma, nuestra propuesta se basa en cuatro pilares:
Promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno.
Cito siempre una frase del Libertador Simón Bolívar, que nos puede dar una idea del inmenso reto que asumimos hoy, y que no es sólo del Gobierno sino de todo el sector educativo:
Decía Bolívar: "Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación".
De manera que los invito, señores rectores, a considerar a fondo esta propuesta que permitirá traer más recursos públicos y privados al sector.
Con ellos podremos mejorar la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestros programas, y hacerlos asequibles a más jóvenes.
Los profesores tendrán mejores oportunidades de continuar con su formación, de investigar y tener un mayor contacto con los sectores sociales y productivos, a través de las alianzas público-privadas, así como mayor movilidad y posibilidades de trabajo en redes y en grupos internacionales.
Invito también a los padres de familia para que trabajemos unidos en esta propuesta que les dará a nuestros hijos una excelente formación, al alcance del bolsillo de todos.
Finalmente hago un llamado al sector productivo para que se involucre, como una manera de ser responsables directos de la formación de nuestro recurso humano.
La formación de esta generación -y de las siguientes- debe ser un motivo de Unidad Nacional.
Se trata de trabajar juntos para darles a los jóvenes un proceso de formación sostenido, sin que tengan que abandonarlo a mitad de camino.
Pensemos en esto: hace 8 años se graduaron poco más de 400 mil bachilleres, el año pasado fueron 620 mil y para el 2014 alcanzarán casi 780 mil.
A ellos -y a los que vienen cada año-, debemos garantizarles su tránsito por la educación técnica o universitaria.
Por eso invito a toda la sociedad a que nos acompañe, con entusiasmo, con determinación, en este camino de reforma de la educación superior.
Las nuevas generaciones de estudiantes merecen una nueva Ley de Educación Superior:
Una ley que los ayude a formarse en un mundo nuevo, en un mundo del siglo XXI, una ley que les permita -como decía Bolívar- marchar hacia la grandeza personal y hacia la grandeza de nuestra nación.
Muchas gracias".
Escuche las palabras del Presidente Juan Manuel Santos
Armando Portela Quintero - Coordinador CEDETRABAJO (Cesar)
Cuando se escuchan términos como lección y aprendizaje, inmediatamente tomamos como referente la práctica, el quehacer cotidiano de los maestros y maestras, su labor abnegada en el desarrollo de la docencia que es la aplicación de su saber específico, la pedagogía. De esto sabe y conoce mucho el magisterio colombiano. Sin embargo, bueno es recordar viejas lecciones y permanecer con la mente abierta para nuevos aprendizajes; pues, Las viejas lecciones tienden a disiparse en el intrincado laberinto de la complacencia y a borrarse en la oscura sombra de los tiempos.
Esta reflexión viene al caso al recordar que tras una larga y sostenida lucha, durante dos azarosas décadas, de los 70 y los 80 del siglo XX, el magisterio colombiano organizado en la Federación Colombiana de Educadores –FECODE-- obtuvo un resonante triunfo. Fue una época de épicas batallas por sacar del ostracismo a la profesión docente, porque se le reconociera su estatus laboral especial y por lo tanto y correlativamente un régimen prestacional y de salud especiales, todo ello garantizado por el cerrojo de la estabilidad laboral.
Al magisterio colombiano, también es bueno recordarlo, nada le ha sido dado: todos los derechos que reivindicó y las garantías laborales y prestacionales con que se ha venido beneficiando, como consecuencia de la más elemental justicia, fueron conquistados en un constante, firme y decidido batallar en contra de las más retardatarias corrientes políticas y sociales empotradas en la cúpula del Estado. Esta conquista de derechos, es, pues, una de esas importantes lecciones que no se deben olvidar.
Con el correr de los años, obligado por su cada vez más recurrente y profunda crisis, el sistema capitalista imperial ha puesto en marcha la hasta hoy más salvaje y perversa andanada de pillaje y saqueo contra los pueblos y naciones débiles del mundo: se trata de la política neoliberal, también conocida como globalización, que ve como rentables negocios y busca jugosas ganancias hasta en servicios que son derechos fundamentales de la sociedad, tales como la salud y la educación. Sobra decir que con el señuelo de la modernización neoliberal, el sistema nacional de salud pública ha sido arrasado completamente toda vez que los sucesivos gobiernos lo han venido entregando al control voraz de un minúsculo grupo intermediario, las EPS, en detrimento de la salud del pueblo cuya atención es cada vez más precaria y deficiente.
La misma suerte de la salud le espera a la educación. Ya el neoliberalismo decidió que allí hay un rico filón de ganancias y ha empezado su devastadora labor de saqueo, con el auspicio de gobiernos antipopulares y sumisos al imperio como el actual, de Juan Manuel Santos, que aplica al pie de la letra los postulados de la “Revolución educativa” de Uribe Vélez y pretende entregar la educación pública al sector privado por la vía de contratación o el pago de subsidio a entidades particulares, así como a través de los llamados megacolegios, construidos y dotados con dinero del Estado y luego son entregados en concesión a entes privados, todo en detrimento de la calidad de la educación y de los derechos laborales, de salud y estabilidad de los maestros y maestras colombianas.
En respuesta a tan fatídica pretensión gubernamental, la Federación Colombiana de Educadores FECODE presentará el próximo 7 de Abril, un pliego de peticiones al gobierno donde se recogen las más sentidas aspiraciones de los docentes de Colombia. Es la oportunidad para que en el departamento del Cesar los maestros y maestras, antiguos y nuevos, acompañemos solidariamente a nuestro sindicato ADUCESAR y a FECODE a nivel nacional, haciendo un despliegue inusitado de iniciativa y entusiasmo explicando a los padres de familia y a los estudiantes cuál es el peligro que se cierne sobre la educación y la soberanía de Colombia con la privatización de la educación.
Hoy es necesario tener en cuenta dos lecciones nuevas, frescas: la lucha de los trabajadores del Cerrejón, aglutinados en su sindicato, Sintracarbón, y a los camioneros, agrupados en la Asociación Colombiana de Camioneros –ACC-. Estos dos importantes sectores de trabajadores y productores nacionales nos han señalado con su accionar cómo es que debemos defender nuestro Pliego de Peticiones. Como ellos es necesario que la organización sindical se dé a la acuciosa tarea de difundir dicho Pliego en la comunidad educativa y demás estamentos sociales, pedagogía a fondo, educar y concientizar tanto al magisterio como a los usuarios del servicio público educativo de la justeza de cada una de las peticiones y de los beneficios que tiene una educación pública de calidad, de carácter científico, con cobertura universal y totalmente financiada por el Estado.
Las lecciones de los trabajadores mineros del carbón y de los camioneros son claras: 1) se requiere de la más férrea unidad gremial para conjugar la fuerza de la razón con la razón de la fuerza para desarrollar, con posibilidad de éxito, una batalla de largo aliento con tesón y sin desmayo; 2) Es necesario asumir la defensa del Pliego con decisión inquebrantable para no retroceder ante los escollos de la adulación, la intimidación, la calumnia, la amenaza y la represión, seguros de que la conquista y defensa de nuestros derechos no serán concedidos gratuitamente sino que dependen totalmente de nuestra unidad y capacidad de lucha.
La suerte está echada. El Pliego de Peticiones, que contiene reivindicaciones importantes como el respeto al régimen especial de salud, un Estatuto Único para la Profesión Docente, entre otros, será el muro de contención a la feroz arremetida del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos contra el magisterio y la educación pública.
¡Defendamos firme y decididamente nuestro justo Pliego de Peticiones!
Juan Pablo Fernández M., Bogotá, Bogotá, 21 de octubre de 2010
Federico List explicaba hace siglo y medio que para una nación, más importante que la riqueza misma, “es la aptitud para crear riquezas”. Anotaba además que mediante la combinación de la inteligencia y los brazos de las gentes se logra transformar la naturaleza en mayor grado. El Banco Mundial, en 2005, señaló que las naciones más desarrolladas fundamentan el 81 por ciento de su riqueza en las habilidades y destrezas de sus habitantes, mientras que las más pobres lo hacen solo en 50 por ciento.
El debate sobre la educación, entonces, va más allá de la existencia de suficientes y adecuadas plantas físicas, profesores bien remunerados, con estabilidad y con posibilidad de mejorar sus niveles de conocimiento, currículos que formen a los estudiantes en la ciencia y respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria; asuntos que la política educativa está empeñada en reducir. La educación tiene que ver también con si se tiene una economía de verdad próspera. Luego hablar de buena educación en medio del “libre comercio” lleva una carga de cinismo, pues desde la década del noventa, el agro y la industria colombianos se alejan cada vez más de las producciones complejas.
En este marco se escucha con frecuencia que la educación es un pilar –el santismo la llama “locomotora”– del desarrollo, y muchos se rasgan las vestiduras en defensa de una “buena” política educativa. Pero a renglón seguido, aprueban sin crítica cortos presupuestos. Para el 2011, el aumento del gasto destinado a la educación será 3,3 por ciento, recursos que, por ejemplo, no solventan el medio billón de pesos de déficit que arrastran las universidades públicas y que las tiene al borde de la ruina. La solución es mayores alzas en las matrículas y créditos del Icetex, que expolian a quienes se ven obligados a usarlos.
La Ministra de Educación acepta que “cerca del 70 por ciento de nuestros estudiantes (de media y básica) no alcanzan desempeños mínimos, requeridos y esperados.” Dice también que los “resultados de la prueba PISA, el programa internacional para la evaluación de estudiantes (…) nos ubican en el puesto 65 entre 70 naciones” (El Tiempo, sep.19.10). Cifras del Ministerio de Educación indican que entre 2002 y 2009 el gasto per cápita real en educación pasó de 687 mil a 891 mil pesos, crecimiento en lo fundamental explicado por el aumento del gasto público. Se dice que la cobertura es del 110 por ciento, y a renglón seguido se acepta que más de un millón de niños están por fuera del sistema educativo. Y al desagregar y analizar el gasto se ve que su aumento oculta dos asuntos: primero, que este se hizo sacrificando la calidad, como lo acepta la propia Ministra. Y segundo, que parte del aumento es financiado en mayor medida por las clases medias y bajas, vía gasto privado –disfrazado de público– y por cuenta de un inicuo sistema tributario.
El gasto privado por habitante pasó de 310 mil a 344 mil, y su peso en el total cayó de 45 a 39 por ciento. El público aumentó de 377 mil a 546 mil pesos. El mayor esfuerzo estatal, que suena positivo, evidencia un proceso de empobrecimiento de la población y presenta como públicos esfuerzos de las familias y la sociedad. En 2002, de cada cien pesos públicos gastados en educación superior, siete se realizaban a través del Icetex; a 2010 la porción creció a 11,5 pesos, monto que se ampliará al 2019, según el Mineducación. Algo parecido sucede con el Sena. Su gasto representó en 2002 28,5 de cada cien pesos, para 2010 aumentó a 34 pesos. El 45,5 por ciento de los dineros a la educación superior, que se dicen públicos, en el caso del Icetex son préstamos que cobran intereses que, además del capital, deben remunerar su rentabilidad y la del Banco Mundial, entidad que financia parte de la operación. Y en el del Sena provienen de los aportes vía nómina de trabajadores y empleadores. Se añade que, desde 1993, los aportes por estudiante del gobierno nacional a las universidades públicas han caído, en pesos reales, 40 por ciento, merma causante de la modificación en la estructura de ingresos de las universidades. Modelo de financiación que el gobierno busca profundizar con la reforma a la Ley 30. Sin financiamiento público serio, no es posible una educación de alta calidad.
En relación con el sistema tributario, son de público conocimiento las exenciones a monopolios y trasnacionales, que entre 2004 y 2009 sumaron cerca de 30 billones de pesos. Pero se sabe menos que los impuestos en Colombia no afectan la distribución del ingreso, es decir, el sistema tributario colombiano no es progresivo, y en el menos malo de los casos se mantiene invariable la distribución de la riqueza –Colombia es el quinto país más desigual de la tierra–. Después de cobrados los impuestos, mientras que en Europa y Gran Bretaña, por ejemplo, el coeficiente de Gini cae de 0,46 a 0,35 y de 0,52 a 0,38, en Colombia permanece en 0,53. (Banco Mundial, Reseñas de Política, ene.08). El profesor Jairo Bautista explica que la “carga tributaria en los impuestos a la renta pesa fundamentalmente sobre las rentas laborales”, pues las cerca de 5 mil empresas que la Dian clasifica como grandes contribuyentes son, más que aportantes, recaudadores de impuestos. Agrega que los “grandes contribuyentes retienen más del 70% del total” de los ingresos por impuesto a la renta, “y de las retenciones totales, más del 65% se cobran sobre rentas del trabajo”, no del capital. (Distribución de la carga tributaria en Colombia, ESAP, 2009).
En el ranking de las mejores 500 universidades del mundo, las colombianas no figuran ni por error. El gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos es 2.830 veces el presupuesto de Colciencias y 16 veces todo el gasto en educación colombiano (659 billones vs. 42,1 billones). Además, hace carrera la idea de que el mejor modelo educativo es uno de carácter confesional. Ojalá no se le haga eco a la idea de introducir la enseñanza del diseño inteligente, teoría idealista que niega los aportes del darwinismo y “explica” el funcionamiento del universo, no en la investigación científica, sino en su negación.
En la educación por competencias María Fernando Ocampo define la calidad como “aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público”. Nada del sentido crítico y autocrítico, del libre pensamiento y de la libertad de cátedra. Solo el pensamiento único, muy propio de los tiempos de la globalización neoliberal. Uno de los grandes aportes de la burguesía ilustrada en el siglo XIX fue establecer una educación pública, de alta calidad y accesible a toda la población. Entendían que este era un pilar para el desarrollo capitalista. Pero el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses extranjeros, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios.
El debate sobre la educación, entonces, va más allá de la existencia de suficientes y adecuadas plantas físicas, profesores bien remunerados, con estabilidad y con posibilidad de mejorar sus niveles de conocimiento, currículos que formen a los estudiantes en la ciencia y respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria; asuntos que la política educativa está empeñada en reducir. La educación tiene que ver también con si se tiene una economía de verdad próspera. Luego hablar de buena educación en medio del “libre comercio” lleva una carga de cinismo, pues desde la década del noventa, el agro y la industria colombianos se alejan cada vez más de las producciones complejas.
En este marco se escucha con frecuencia que la educación es un pilar –el santismo la llama “locomotora”– del desarrollo, y muchos se rasgan las vestiduras en defensa de una “buena” política educativa. Pero a renglón seguido, aprueban sin crítica cortos presupuestos. Para el 2011, el aumento del gasto destinado a la educación será 3,3 por ciento, recursos que, por ejemplo, no solventan el medio billón de pesos de déficit que arrastran las universidades públicas y que las tiene al borde de la ruina. La solución es mayores alzas en las matrículas y créditos del Icetex, que expolian a quienes se ven obligados a usarlos.
La Ministra de Educación acepta que “cerca del 70 por ciento de nuestros estudiantes (de media y básica) no alcanzan desempeños mínimos, requeridos y esperados.” Dice también que los “resultados de la prueba PISA, el programa internacional para la evaluación de estudiantes (…) nos ubican en el puesto 65 entre 70 naciones” (El Tiempo, sep.19.10). Cifras del Ministerio de Educación indican que entre 2002 y 2009 el gasto per cápita real en educación pasó de 687 mil a 891 mil pesos, crecimiento en lo fundamental explicado por el aumento del gasto público. Se dice que la cobertura es del 110 por ciento, y a renglón seguido se acepta que más de un millón de niños están por fuera del sistema educativo. Y al desagregar y analizar el gasto se ve que su aumento oculta dos asuntos: primero, que este se hizo sacrificando la calidad, como lo acepta la propia Ministra. Y segundo, que parte del aumento es financiado en mayor medida por las clases medias y bajas, vía gasto privado –disfrazado de público– y por cuenta de un inicuo sistema tributario.
El gasto privado por habitante pasó de 310 mil a 344 mil, y su peso en el total cayó de 45 a 39 por ciento. El público aumentó de 377 mil a 546 mil pesos. El mayor esfuerzo estatal, que suena positivo, evidencia un proceso de empobrecimiento de la población y presenta como públicos esfuerzos de las familias y la sociedad. En 2002, de cada cien pesos públicos gastados en educación superior, siete se realizaban a través del Icetex; a 2010 la porción creció a 11,5 pesos, monto que se ampliará al 2019, según el Mineducación. Algo parecido sucede con el Sena. Su gasto representó en 2002 28,5 de cada cien pesos, para 2010 aumentó a 34 pesos. El 45,5 por ciento de los dineros a la educación superior, que se dicen públicos, en el caso del Icetex son préstamos que cobran intereses que, además del capital, deben remunerar su rentabilidad y la del Banco Mundial, entidad que financia parte de la operación. Y en el del Sena provienen de los aportes vía nómina de trabajadores y empleadores. Se añade que, desde 1993, los aportes por estudiante del gobierno nacional a las universidades públicas han caído, en pesos reales, 40 por ciento, merma causante de la modificación en la estructura de ingresos de las universidades. Modelo de financiación que el gobierno busca profundizar con la reforma a la Ley 30. Sin financiamiento público serio, no es posible una educación de alta calidad.
En relación con el sistema tributario, son de público conocimiento las exenciones a monopolios y trasnacionales, que entre 2004 y 2009 sumaron cerca de 30 billones de pesos. Pero se sabe menos que los impuestos en Colombia no afectan la distribución del ingreso, es decir, el sistema tributario colombiano no es progresivo, y en el menos malo de los casos se mantiene invariable la distribución de la riqueza –Colombia es el quinto país más desigual de la tierra–. Después de cobrados los impuestos, mientras que en Europa y Gran Bretaña, por ejemplo, el coeficiente de Gini cae de 0,46 a 0,35 y de 0,52 a 0,38, en Colombia permanece en 0,53. (Banco Mundial, Reseñas de Política, ene.08). El profesor Jairo Bautista explica que la “carga tributaria en los impuestos a la renta pesa fundamentalmente sobre las rentas laborales”, pues las cerca de 5 mil empresas que la Dian clasifica como grandes contribuyentes son, más que aportantes, recaudadores de impuestos. Agrega que los “grandes contribuyentes retienen más del 70% del total” de los ingresos por impuesto a la renta, “y de las retenciones totales, más del 65% se cobran sobre rentas del trabajo”, no del capital. (Distribución de la carga tributaria en Colombia, ESAP, 2009).
En el ranking de las mejores 500 universidades del mundo, las colombianas no figuran ni por error. El gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos es 2.830 veces el presupuesto de Colciencias y 16 veces todo el gasto en educación colombiano (659 billones vs. 42,1 billones). Además, hace carrera la idea de que el mejor modelo educativo es uno de carácter confesional. Ojalá no se le haga eco a la idea de introducir la enseñanza del diseño inteligente, teoría idealista que niega los aportes del darwinismo y “explica” el funcionamiento del universo, no en la investigación científica, sino en su negación.
En la educación por competencias María Fernando Ocampo define la calidad como “aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público”. Nada del sentido crítico y autocrítico, del libre pensamiento y de la libertad de cátedra. Solo el pensamiento único, muy propio de los tiempos de la globalización neoliberal. Uno de los grandes aportes de la burguesía ilustrada en el siglo XIX fue establecer una educación pública, de alta calidad y accesible a toda la población. Entendían que este era un pilar para el desarrollo capitalista. Pero el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses extranjeros, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios.
Oct 4/10 Maestros, facultades de educación, pedagogos e investigadores están haciendo un llamado a reflexionar sobre la formación docente en el país y las implicaciones que pueden tener en esta profesión las Resoluciones 5443 del 30 de junio y 6966 del 6 de agosto de este año. Estas resoluciones, expedidas por el Ministerio de Educación del gobierno saliente, regulan la formación de maestros en Colombia, al definir el perfil del educador, los componentes básicos del currículo de una institución formadora de docentes y las áreas en las que las instituciones de educación superior pueden impartir sus títulos. En concepto de algunos maestros e investigadores, la consecuencia inmediata de su aplicación es la eliminación de programas de pregrado orientados a la formación de profesores para la enseñanza en contextos específicos, tales como las licenciaturas en educación rural y comunitaria, o con poblaciones particulares como son las licenciaturas en educación popular, reeducación y pedagogía social. Las resoluciones proponen que sólo se desarrollen programas de pregrado en las áreas básicas de conocimiento y que dicha formación se dé a través de programas de posgrados. De igual modo, consideran que tienen efectos preocupantes sobre el desarrollo del conocimiento científico de la pedagogía. "En primer lugar, las facultades de educación se convierten en instituciones que certifican competencias laborales para el "ejercicio docente" y preparan para los Ecaes (Exámenes de Calidad de Educación Superior) y exámenes de ingreso al servicio educativo. En segundo lugar, todo está circunscrito a la enseñanza y aprendizaje de los saberes y disciplinas escolares. Es decir, las instituciones formadoras de maestros son espacios para profesionalizar enseñantes de saberes y disciplinas con presencia en el currículo y que pueden ser evaluados en competencias básicas y profesionales. Nada más, nada menos", señalan los reconocidos profesores e investigadores de la Universidad de Antioquia Andrés Klaus Runge y Juan Felipe Garcés. Para sus contradictores, las resoluciones simplifican y trivializan la docencia, profesión sobre la que en círculos académicos se tiene una preocupación: la disminución de egresados de facultades de educación y la salida próxima de un importante número de profesores que llegan a la edad de pensión. Con el fin de aportar a la reflexión sobre la profesión docente desde diferentes organizaciones y sectores, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade), el Instituto Innovación y Desarrollo Educativo en Formación Docente de la OEI y el proyecto Educación Compromiso de Todos realizarán el próximo 6 de octubre el foro 'Rutas para la construcción de una política pública de formación de docentes en Colombia". El evento se realizará en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República de 8 a.m. a 5 p.m, participarán el Viceministro de Educación y representantes de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) y de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), entre otros. |
Foto: Archivo Semana
Educación
El mercado laboral es cada vez más competitivo y exige que quienes son o quieren formar parte de él, estén permanentemente capacitándose, como una manera de poder marcar la diferencia y ser atractivo para las empresas.
Esta es una realidad, pero los colombianos aún no lo han entendido así, debido a que el 87% de ellos, según un estudio realizado por Trabajando.com a cerca de 3.600 personas, no ha estudiado un posgrado. Aunque, el 58% de ellos ha pensado en cursar alguno en el mediano o corto plazo.
“Las personas están conscientes de la necesidad de estar permanentemente especializándose para no quedar fuera del mercado; sin embargo, les cuesta tomar una decisión de este tipo porque los resultados no son inmediatos, pero no por eso menos atractivos”, dice Ricardo Garcés, country manager de Trabajando.com Colombia.
A quienes desean realizar algún posgrado se les preguntó por qué no han comenzado a hacerlo, el 72% de ellos reconoce que no cuenta con los recursos para cursarlo, un 19% tiene planeado empezar a estudiar el próximo año, un 5% porque aún no tiene claro qué estudiar y el 4% restante, porque no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a un posgrado.
Antes de tomar una decisión de este tipo, el profesional debe tener claro el área y tipo de industria a la que apuntará. Además, de considerar cuánto valora su empresa el hecho de que el trabajador realice una especialización, un master o algún curso de capacitación.
A quienes ya han tomado esta decisión y se encuentran realizando un posgrado, se les preguntó el por qué de su decisión, el 63% de ellos señala que lo estudia porque quiere crecer profesionalmente, un 20% porque el mercado laboral es cada vez más competitivo y el 17% restante porque quiere tener un mejor cargo y salario.
Si bien existen distintos tipos de posgrados para cada necesidad, los profesionales colombianos tienen ciertas preferencias a la hora de elegir un elemento diferenciador para su hoja de vida, el 74% de ellos decidió iniciar una especialización, un 23% una maestría y el 3% restante un doctorado.
¿Y por qué escogieron un determinado posgrado?, un 57% de los profesionales lo hizo porque está relacionado con lo que estudió, un 33% porque tiene que ver con el cargo que está desempeñando y por último, un 10% porque quiere enfocarse en algo distinto a lo que estudió.
“Tener estudios de especialización, maestrías o doctorados no es sinónimo de un mejor puesto de trabajo o salario; no obstante, es un hecho que te permite ser un profesional con más herramientas y por ende, acceder a más y mejores oportunidades en el mercado”, agrega el country manager de Trabajando.com Colombia.
“Las personas están conscientes de la necesidad de estar permanentemente especializándose para no quedar fuera del mercado; sin embargo, les cuesta tomar una decisión de este tipo porque los resultados no son inmediatos, pero no por eso menos atractivos”, dice Ricardo Garcés, country manager de Trabajando.com Colombia.
A quienes desean realizar algún posgrado se les preguntó por qué no han comenzado a hacerlo, el 72% de ellos reconoce que no cuenta con los recursos para cursarlo, un 19% tiene planeado empezar a estudiar el próximo año, un 5% porque aún no tiene claro qué estudiar y el 4% restante, porque no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a un posgrado.
Antes de tomar una decisión de este tipo, el profesional debe tener claro el área y tipo de industria a la que apuntará. Además, de considerar cuánto valora su empresa el hecho de que el trabajador realice una especialización, un master o algún curso de capacitación.
A quienes ya han tomado esta decisión y se encuentran realizando un posgrado, se les preguntó el por qué de su decisión, el 63% de ellos señala que lo estudia porque quiere crecer profesionalmente, un 20% porque el mercado laboral es cada vez más competitivo y el 17% restante porque quiere tener un mejor cargo y salario.
Si bien existen distintos tipos de posgrados para cada necesidad, los profesionales colombianos tienen ciertas preferencias a la hora de elegir un elemento diferenciador para su hoja de vida, el 74% de ellos decidió iniciar una especialización, un 23% una maestría y el 3% restante un doctorado.
¿Y por qué escogieron un determinado posgrado?, un 57% de los profesionales lo hizo porque está relacionado con lo que estudió, un 33% porque tiene que ver con el cargo que está desempeñando y por último, un 10% porque quiere enfocarse en algo distinto a lo que estudió.
“Tener estudios de especialización, maestrías o doctorados no es sinónimo de un mejor puesto de trabajo o salario; no obstante, es un hecho que te permite ser un profesional con más herramientas y por ende, acceder a más y mejores oportunidades en el mercado”, agrega el country manager de Trabajando.com Colombia.
EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 30 PERSISTE EN EL PROPÓSITO DE DEGRADAR LA UNIVERSIDAD PUBLICA.
Comité Operativo Multiestamentario Nacional Universitario, Bogotá, 25 de marzo de 2010
En el Taller sobre la reforma a la ley 30, convocado por el Comité Operativo de la Multiestamentaria Nacional y realizado el domingo 21 de marzo, en la sede de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, se avanzó sustantivamente en el análisis de la propuesta del Gobierno de reformar la ley 30 de 1992, más específicamente los artículos 86 y 87.
Las ponencias de los profesores Jairo Estrada, Mario Hernández, Alfonso Conde, Gonzalo Arango y Luis Aurelio Ordóñez, aportaron valiosas contribuciones relacionadas con las tendencias internacionales y su articulación con el contexto político y económico nacional, durante las últimas décadas. En igual sentido se expresaron los delegados estudiantiles de FUN Comisiones, ACEU, FEU, OCE, profesorales de FENALPROU, ASPU, de empleados y trabajadores, SINTRAUNICOL y de la Asociación de padres y madres de la Universidad Nacional, MAPA. Las intervenciones coincidieron en que el proyecto de reforma, se circunscribe dentro de las tendencias caracterizadas por el avance de las políticas neoliberales enfocadas a profundizar el ciclo de mercantilización de los derechos de la población colombiana. En contraposición al modelo imperante, se insistió en la necesidad de avanzar con propuestas en materia de financiación plena por parte del Estado, Bienestar Universitario, condiciones de trabajo dignas para profesores, empleados y trabajadores, autonomía universitaria y construcción de un modelo de educación superior que garantice la formación al más alto nivel, como corresponde a los retos del conocimiento y a las necesidades de progreso de la sociedad colombiana.
La retrospectiva acerca del proceso de elaboración de la ley 30, en las mesas de trabajo, que la precedieron, donde se sustentaron propuestas sobre financiación , autonomía universitaria , democracia y construcción de un modelo de educación superior comprometido con la formación al más alto nivel, entre otras, mostró que quedaron inconclusas o meramente enunciadas en el papel.
La comparación con las políticas gubernamentales para el sector de la Salud , con consecuencias verdaderamente catastróficas, deja entrever que se impusieron mediante una difusa conceptualización, para disimular los verdaderos objetivos de mercantilización y precarización de la atención a la salud de los colombianos, por la vía del subsidio a la demanda como bien privado de consumo individual y acceso según capacidad de pago. El mismo sistema de subsidio a la demanda, que ha mostrado sus consecuencias nefastas en la educación básica y media, constituye la base de la reforma a la ley 30. Prueba de ello es la relevancia dada a ICETEX, con los empréstitos del Banco Mundial, para ampliar cobertura, sin calidad. De otra parte se resaltó críticamente la presión de Gobierno de supeditar la asignación de recursos a la implementación de reformas que profundizan la degradación académica, administrativa y financiera de la educación superior pública, mediante la manipulación perniciosa de “indicadores de gestión”, como los contenidos en el derogado Decreto 3545, que sin pudor alguno se retoman en función del ajuste fiscal y de recorte presupuestal que auspicia el FMI.
En el Taller se resaltó el hecho de que el proyecto de reforma se enmarca en la crisis económica que vive el país, producto de la política de “confianza inversionista, seguridad democrática y cohesión social” del Gobierno. Como si fuera poco, el desempleo supera el 14% , el endeudamiento externo ha situado al país en el séptimo lugar del mundo con peor desigualdad y, entre tanto, las gabelas otorgadas a los monopolios y las transnacionales ocasionan un voluminoso detrimento del patrimonio público en contravía de los intereses del país.
Las presentaciones fueron enriquecidas con el debate , orientado a profundizar el análisis de la crisis de la educación superior , su marchitamiento académico, la asfixia presupuestal y la precarización de las condiciones de trabajo, entre otras de sus manifestaciones. En especial, para reiterar que no solamente se trata de la financiación, con base en los artículos 86 y 87, sino de un problema más complejo , que incluye la construcción de un modelo de educación superior pública de excelencia y su financiación por parte del Estado, como reconocimiento a un derecho constitucional. Un modelo que contrasta categóricamente , con la política educativa oficial que busca convertir la educación en una mercancía , a través de tasas de matrícula sufragadas por los estudiantes en un mercado perverso, como el de la educación, en el cual la competencia no mejora la calidad, sino, por el contrario, la deteriora.
Teniendo en cuenta que no se parte de cero para la construcción del modelo de Universidad que requiere al país, con criterios de excelencia académica, para responder a los retos de la sociedad de conocimiento y de las necesidades de la economía y la sociedad; pero se trata de un problema complejo, se aclaró que se requiere tiempo, para ser tratado con todo rigor, en un Congreso Universitario precedido de elaboración de documentos y debate amplio en todas las universidades.
Por lo pronto, la discusión del proyecto de reforma a los artículos 86° y 87 ° es apremiante. Según las declaraciones de la Ministra de Educación será llevado al Congreso en la presente legislatura, una vez haya logrado el consenso con los rectores, quienes “ingenuamente” piensan abstraerse del contexto general y sumarse pasivamente a la iniciativa de otorgar crédito a los jóvenes de niveles 1 y 2 del Sisbén, iniciativa destinada a legitimar demagógicamente la propuesta; por supuesto, sin aumentar los aportes del Estado, para garantizar calidad, ni otorgar becas a los estudiantes más necesitados, que no están, ni estarán en condiciones de asumir créditos.
En las intervenciones se hizo referencia a las ponencias presentadas en el FORO del Ministerio de Educación durante los días 1, 2 y 3 de marzo; al discurso de la Ministra y al informe del periódico El Tiempo, del jueves 18 de marzo, en el que se anuncia la meta de los 500.000 nuevos cupos durante los próximos 8 años. Igualmente, los documentos relacionados con la llamada “Revolución Educativa” y la Visión 2019.
También se leyó el Borrador de la “Propuesta de reforma para un ajuste a la ley 30 de 1992”, de marzo 10, 2010, que circula de manera sigilosa en manos de los rectores y las cúpulas administrativas de las universidades, propuesta sobre la cual es preciso abrir un debate que permita concretar el consenso de la comunidad universitaria, ante un proceso que define el futuro de la educación superior pública para los próximos lustros.
Toda la documentación se divulgará en la páginas de las asociaciones gremiales de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores padres de familia (MAPA); buscando de igual forma incorporar al SENA y a los estudiantes de las universidades privadas , en el debate.
Para afrontar la arremetida privatizadora del Gobierno, el Comité Operativo, convoca al desarrollo de una intensa labor pedagógica acerca de la propuesta de reforma, con el objetivo de consolidar un movimiento universitario nacional que unifique a todos los estamentos y a los sectores democráticos de la sociedad en la defensa de la universidad pública, comenzando por:
1. Elaborar una Carta Pública apoyada con firmas de intelectuales, estudiantes, profesores, empleados, trabajadores y padres de familia sustentando la defensa de la educación superior pública, ante el Congreso nacional y la ciudadanía. 2. Promover, con la mayor urgencia, Foros y debates en todas las universidades . 3. Apoyar la convocatoria al FORO del miércoles 14 de abril, a las 10 a.m. , en el Auditorio Camilo Torres, de la Universidad Nacional. 4. Hacer contactos con las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Ramírez y el Senador Jorge Robledo, para la realización de una Audiencia pública en el Congreso, en la fecha que se pueda convenir, de acuerdo con sus compromisos.
TODOS A CERRAR FILAS EN DEFENSA DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA, DE EXCELENCIA ACADÉMICA, DEMOCRÁTICA, PLURALISTA Y COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD COLOMBIANA.
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