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I. FINANCIACIÓN.
- Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.
- Financiamiento estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.
- El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.
- Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.
- El Icetex solo será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.
II. DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA
- Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:
i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.
III. BIENESTAR
- Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.
- Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.
IV. CALIDAD ACADÉMICA
- Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.
V. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
- Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.
VI. RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD
- La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.
- Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.
- El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.
22 de Marzo de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
El debate sobre la ratificación, por parte del Congreso norteamericano, del TLC Colombia-E.E.U.U parece no tener fin. Luego de apresuradas negociaciones en las cuales el equipo colombiano entregó todo a cambio de nada (incluidas las denominadas “franjas rojas”) terminó la ronda de negociaciones en febrero 27 de 2006. El funesto resultado era algo anunciado por la Presidencia de la República: “Fue Colombia la mayor interesada en que comenzáramos las negociaciones para alcanzar un TLC con los Estados Unidos”[1]. A cualquier precio, faltó añadir.
Gracias a la resistencia y movilización de los pueblos colombiano y norteamericano, la tanda de negociaciones se prolongó más de lo normal y, lo más importante, se ha impedido que entre en vigor. El 6 de marzo de 2005 los indígenas del Cauca realizaron una consulta frente al TLC, la cual arrojó un rechazo unánime al Tratado. Análogos resultados se desprendieron de las consultas realizadas por estudiantes y por productores de clima frío. El gobierno de Álvaro Uribe ignoró olímpicamente estas genuinas expresiones democráticas y populares.
En maratónicas sesiones, la mayoría uribista del Congreso de la República de Colombia aprobó el TLC firmado entre los dos gobiernos, y la Corte Constitucional hizo lo propio, con salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería. En sentido contrario, en abril del 2008 la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por 294 votos contra 195, envió el TLC al “congelador”. Que nadie se llame a engaños, los demócratas, con Nancy Pelosi a la cabeza, salvaron al TLC, el cual, de haberse sometido a votación, se hubiese hundido debido a las contradicciones formales con George W. Bush.
EL gobierno de Obama ha hecho un sinnúmero de veces referencia a la necesidad de aprobar el TLC con Colombia, pero ha dejado muy en claro que su gobierno tiene otras prioridades, entre ellas el TLC con Corea del Sur y con Panamá. Afortunadamente meros “cantos de sirena” han resultado ser las declaraciones de legisladores, líderes políticos y miembros del gabinete de Barack Obama sobre brindarle “un nuevo aire” a este nefasto tratado.
En reciente visita a Colombia, el excandidato presidencial republicano John McCain afirmó que “sería una bofetada al Gobierno y los colombianos si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio”[2]. Lógicamente su interés se reduce a utilizar el TLC como mecanismo para contrarrestar, así sea sutil y momentáneamente, los efectos de la más grave crisis originada en el país, cuyo costo se ha cargado sobre los hombros de los menos favorecidos, y que se ha extendido por todo el globo llevando a la tumba a las economías más dependientes de la dinámica comercial y monetaria de Estados Unidos. Esta percepción es propia de la dogmática ideología neoliberal, quien ve en el libre y anárquico desarrollo de las fuerzas del mercado el súmmum de la política económica moderna, ignorando la realidad.
Las revelaciones de los cables diplomáticos expuestos por Wikileaks confirman lo que todo el mundo sabía: Estados Unidos utiliza su diplomacia y sus embajadas como frentes y comandos de batalla, prestos a cualquier acción para llevar a feliz término sus intereses. En las recientes revelaciones realizadas por El Espectador[3] con respecto a Colombia se muestra de manera clara el servilismo de nuestra dirigencia y la intromisión del gobierno estadounidense hasta en los menores asuntos internos. Las relaciones de dominación, de dependencia, de sometimiento, de explotación, son la verdadera bofetada a nuestro país.
Opinión| 10 Jul 2010 - 11:00 pm
Lunares de los acuerdos comerciales
Por: Eduardo Sarmiento
Los acuerdos ponen en riesgo el sector agropecuario. Se renuncia a la franja de precios que permite ajustar aranceles.
Los TLC con Europa y Canadá tienen las mismas características del acuerdo con Estados Unidos. El país se compromete a reducir el promedio de aranceles de 12% a 0 y Europa de 3% a 0%. Sin duda, se trata de un acuerdo asimétrico, que incrementará más las importaciones colombianas que las exportaciones.
La mayor inequidad se presenta en los productos que son elaborados simultáneamente en ambos países, en particular y en mayor grado en la agricultura. El país renuncia en un buen número de cultivos a la franja de precios que permite ajustar los aranceles en relación con los movimientos de las internacionales. Aún más grave, se compromete a bajar los aranceles de los cereales y de los derivados ganaderos, como la leche y la carne, que actualmente se encuentran cerca de 100%, dentro de un marco de quince años.
En contraste, tanto Europa como Canadá mantienen los subsidios a los productos agrícolas dentro de los compromisos con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sus concesiones al país se dan en los productos que elabora a bajos costos relativos, como las flores y las confecciones, que siempre pueden colocarse en cualquier lugar. Mientras Colombia pretende obtener los beneficios en las ventajas comparativas, los socios los buscan en la ampliación de la demanda.
Curiosamente, el TLC replica el error del desmonte arancelario de la apertura. Luego de 20 años de negociación, los representantes criollos no han entendido que el comercio internacional, en particular en los productos agrícolas y ganaderos, no es regulado por las ventajas comparativas. No es cierto que la entrega de los productos que el país elabora con elevados aranceles porque gozan de una amplia demanda mundial se puedan reemplazar por pingües beneficios a los bienes que siempre se han colocado en los mercados externos. Tal como ocurrió con los cereales, la pérdida del mercado de estos productos, y ahora de la leche y la ganadería con Europa, se hará a expensas de contraer el área agrícola.
El TLC desconoce la realidad mundial. La crisis ha constituido una clara evidencia de que no todos los países pueden incrementar las exportaciones y la necesidad de concederles prioridad a los mercados internos y las exportaciones que ofrecen mayores posibilidades de demanda. Por eso, las naciones desarrolladas no renuncian a los subsidios y los países de América Latina que le apuestan a la industrialización y el mercado interno, como Brasil y Argentina, están comprometidos con la integración latinoamericana orientada a ampliar los mercados.
El país no ha logrado asimilar las lecciones de la apertura, más concretamente de la pérdida de los mercados internos y externos ocasionada por la baja de los aranceles y la revaluación del tipo de cambio. A tiempo que en la agricultura causaron la contracción de la cuarta parte del área sembrada y la elevación de la pobreza a 65%, en las zonas urbanas significaron la tasa de desempleo más alta de América Latina y el disparo de la informalidad.
En medio del furor de un debate presidencial en que los candidatos reconocen el estado deplorable del desempleo, la informalidad y la pobreza y se comprometen a reducirlos, se aprueban dos TLC que contribuirán a exacerbarlos. Se dice una cosa y se hace otra.
Consenso de organizaciones, redes y movimientos sociales a partir de la VI Ronda celebrada entre el 21 y 25 de septiembre en Bruselas. Bogotá, noviembre 19 de 2009
Esta negociación se realizará a pesar de que los otros dos miembros de la CAN, Ecuador y Bolivia, se han negado a aceptar el formato de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y de que es evidente que la insistencia en este tipo de negociación por parte de la UE y de los gobiernos de Perú y Colombia agudiza la crisis del proceso de integración andino y no garantiza el desarrollo sostenible de nuestros pueblos.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil andina y europea queremos expresar nuestras preocupaciones con relación a este proceso y a sus potenciales impactos:
La crisis económica mundial ha cuestionado el paradigma del “libre comercio” y todo el sistema económico internacional basado en el predominio del capital financiero y los intereses de las multinacionales, lo que ha conducido a una catástrofe energética, alimenticia y climática. Los TLC, en que persisten la UE y los gobiernos de Perú y Colombia bloquean la capacidad de los países andinos de promover políticas nacionales de desarrollo en beneficio de la mayoría de sus habitantes.
De un Acuerdo de Asociación a un TLC. En el proceso de negociación, la Comisión Europea y los gobiernos de Perú y Colombia abandonaron la discusión de los “pilares” de Diálogo Político y Cooperación para negociar un típico TLC al tiempo que la CE siguió ejerciendo presión para lograr un acuerdo que en esencia tuviera como objetivo la inclusión de los denominados temas de Singapur, es decir, el grado más elevado posible de liberalización comercial incluida una amplia liberalización de los servicios y las compras públicas, y el acuerdo sobre disciplinas en temas relativos al comercio como inversión, propiedad intelectual y políticas de competencia. Las propuestas de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, y que buscan promover el “comercio justo”, “acuerdos comerciales para el desarrollo” y una real superación de las asimetrías fueron desechadas por la UE sin siquiera responderlas, e ignoradas por los gobiernos de Perú y Colombia porque se apartan del dogma del libre comercio.
La negociación bilateral de este TLC agrava las tensiones ya existentes en el seno de la CAN pudiendo afectar el avance del proceso de integración andino. Esto evidencia la falta de coherencia de la UE con su discurso de apoyo a la integración regional y el desarrollo sostenible de los países andinos. El que los gobiernos de Perú y Colombia hayan promovido y aceptado esta bilateralidad ha agudizado las diferencias entre los gobiernos de la región, agravando las fricciones ya existentes entre los miembros del bloque. Todo ello, en lugar de coadyuvar al proceso de integración andino que podría ayudar a los países a conjurar los efectos de la crisis múltiple y promover un desarrollo sustentable, aumenta las tensiones y riesgos de fractura de la CAN.
Liberalizar el acceso a recursos naturales y sectores estratégicos limita las posibilidades de desarrollo y coarta la soberanía de los Estados. Los recursos naturales, la biodiversidad, los conocimientos ancestrales, los servicios públicos, las fuentes de agua y los recursos minerales y energéticos de la región andina han sido objetivo codiciado por las empresas transnacionales de Europa y Estados Unidos, que se verían aún más beneficiadas por las negociaciones de este TLC. Poner estos sectores estratégicos para el desarrollo de los países al servicio de los afanes de lucro de tales corporaciones, va en contravía de los intereses nacionales de los países andinos y refuerza la predominancia de las políticas neoliberales.
El TLC con la UE puede agudizar la exclusión y los conflictos en la región andina. Los acontecimientos recientes en la región han demostrado la perversidad de estos tratados y la justificación de las luchas sociales contra la comercialización de los recursos naturales y han puesto en el centro del debate cómo los TLC implican el despojo de territorios y la violación de los derechos humanos. Los pueblos indígenas andinos no solo no han sido consultados como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sino que se han criminalizado sus protestas. Tampoco se han tenido en cuenta recomendaciones sobre los efectos de los acuerdos comerciales en las mujeres tanto del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como del Parlamento Europeo. Los análisis sobre los resultados en los países donde éstos se han implementado revelan que fomentan la dependencia de la exportación de productos básicos -con sus consecuencias en la seguridad y soberanía alimentaria-, el aumento en los precios de los medicamentos -afectando la salud de la población-, y la sobreexplotación de la mano de obra, especialmente la femenina. Con el TLC y una mayor expansión de la industria de hidrocarburos y minas podrían exacerbarse los conflictos internos que ya se dan en algunas zonas entre los gobiernos partidarios de impulsar la inversión extranjera en industrias extractivas y la población local.
¿Dónde quedó la defensa de los derechos humanos?: A pesar de que existen serios cuestionamientos a la vigencia y respeto de los derechos humanos en la región, y que la UE supuestamente promueve la “cláusula democrática” en sus negociaciones comerciales, las denuncias de violaciones de los derechos humanos y las libertades públicas en Colombia y Perú no han merecido la más mínima atención durante el proceso, pese a sus efectos adversos para el fortalecimiento de la democracia. Finalmente, temas de gran interés y urgencia como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias en la UE, han quedado fuera de las negociaciones, pese a ser de interés para todos los países andinos.
No existen mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil: Desde el inicio de las negociaciones, movimientos y organizaciones sociales andinos y europeos han propuesto la exclusión de temas que afectan directamente la vigencia de derechos de las poblaciones, que no han sido tomados en cuenta. Otros han señalado la necesidad de que la llamada cláusula democrática tenga verdadero poder vinculante. También se han hecho llamados a crear mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil y a que no se prosiga la negociación sin evaluar sus verdaderos impactos. Pero toda esta capacidad propositiva ha sido inútil pues la UE y los gobiernos de Perú y Colombia continúan negociando de espaldas a la ciudadanía sin que existan mecanismos vinculantes de las propuestas y de la participación de las organizaciones sociales.
No se recogen recomendaciones ni se toman en cuenta los resultados del Estudio de Impacto: Los mecanismos de diseño, elaboración y socialización del Estudio de Impacto y Sostenibilidad del Acuerdo encomendado por la propia Comisión Europea, fueron altamente precarios y apenas cuando se está terminando la negociación se están recogiendo opiniones sobre sus resultados por lo que no tendrá influencia real sobre sus resultados. Por otra parte, estos mismos resultados advierten que los beneficios económicos de la liberalización del comercio entre ambas regiones no serán equitativos.
Por lo tanto, en el contexto de la crisis económica internacional y el impacto efectivo que ya viene teniendo en el proceso de integración andina la negociación de Perú y Colombia con la UE, las organizaciones abajo firmantes demandamos que:
• En estas condiciones de replanteamiento de las reglas económicas del comercio y las finanzas mundiales, de crisis del proceso de integración andina, de violaciones de los derechos humanos, de exclusión a las propuestas alternativas, de graves amenazas a la capacidad de los Estados de promover el desarrollo, la negociación de este TLC debe suspenderse.
• Debe abordarse un serio y profundo replanteamiento de las relaciones económicas y políticas de la UE con la región andina de tal forma que se busque una relación y acuerdos económicos y comerciales que beneficien a los pueblos y no preserven una situación evidentemente injusta y desigual. Esta nueva relación no puede basarse en el libre comercio sino en la primacía de los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, de los Pueblos y de la Naturaleza.
• Este replanteo, debe tomar en cuenta una serie de propuestas alternativas que diversas organizaciones y redes de la sociedad civil que tanto en el área andina como en Europa vienen desarrollando encaminadas al fortalecimiento de una integración regional no subordinada a los TLC, es decir, una integración desde los pueblos.
Suscriben:
Organizaciones América Latina: Alianza Social Continental-ASC, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo-ALOP, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas-CSA, Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAAL, Global Network-América Latina, Mesa de Coordinación Latinoamericana de Comercio Justo, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-PIDHDD, Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria-RIPPES, Latinoamérica y El Caribe, Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos-LATINDADD, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía-REMTE. Organizaciones Región Andina: Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, Consejo Consultivo Laboral Andino-CCLA, Consejo Permanente de Sindicatos Andinos del Agua, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas-CCSA, Instituto Laboral Andino-ILA. Bolivia: Centro de Educación Popular Q’HANA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario-CEDLA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA, Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia-CIOEC, Fundación TIERRA, PIDHDD-Capítulo Bolivia, Productividad, Biósfera y Medio Ambiente-PROBIOMA, Programa NINA, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS. Colombia: Afrolider, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Cauca – AGROPEMCA, Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca – ADUC, Asociación MINGA, Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Asociación para la Promoción Social Alternativa, Minga, Asociación Salud al Derecho, Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, Asomujer y Trabajo, Campaña Comercio con Justicia: Mis Derechos No Se Negocian, Central de Trabajadores de Colombia, Central de Trabajadores de Colombia –CTC, Central Unitaria de Trabajadores – CUT, Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería, Centro de Estudios del Trabajo – CEDETRABAJO, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad –CODHESEL, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia, Comité Colombia de Lucha contra el ALCA y el TLC, Comité de Interlocución Campesina y Comunal –CICC, Confederación de Pensionados de Colombia – CPC, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Coordinación Región Andina Federación Sindical Mundial, Corporación Aury Sará, Corporación Cactus, Corporación Ensayos para la divulgación de la Cultura Política, Corporación Jurídica Libertad de Antioquia-Colombia, Corporación Jurídica Yira Castro, Escuela de Formación Sindical Raúl Eduardo Mahecha, Escuela Nacional Sindical, Federación Colombiana de Educadores – FECODE, Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, Federación Nacional de Profesores Universitarios, Federación Santandereana de Mineros – FESAMIN, Federación Sindical Mundial –Oficina Regional América-, Fundación Servicio Colombiano de Desarrollo Social, Gran Coalición Democrática, Grupos Estudiantiles Confederados GEC, Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Unión Nacional de Usuarios y defensores de Servicios Públicos Domiciliarios, Marcha de Mujeres Campesinas, Marcha Mundial de Mujeres –Colombia-, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, Mesa de Mujeres y Economía, Mesa de Unidad Agraria, Observatorio de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, Organización Colombiana de Estudiantes, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio-RECALCA, Sindicato del Instituto de Bienestar Familiar – SINTRABIENESTAR, Sindicato Nacional de Corteros -SINALCORTEROS, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón – SINTRACARBÓN, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario -SINALTRAINAL, Sintramienergética -Seccional El Paso, Sintrateléfonos, Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, Tribunal Mujeres y des, Unidad Cafetera, Unión Nacional de Empleados Bancarios -UNEB, Unión Sindical Obrera –USO, Ecuador: Acción Ecológica, Asociación de Bananeros Orenses, de la provincia de El Oro Ecuador, Asociación de Pequeños Bananeros de Tenguel, provincia de El Guayas-Ecuador, Asociación de Trabajadores Portuarios de Puerto Bolívar, provincia de El Oro-Ecuador, Asociaciones de Pequeños Agricultores de Pasaje, provincia de El Oro-Ecuador, Campaña Ecuador Decide, Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas-CESA, Centro de Derechos Económicos y Sociales-CDES, Centros Agrícolas de Machala, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa, provincia de El Oro-Ecuador, Colectivo de Estudio y Vivencia Intercultural Nexos Culturales, Colectivo de Mujeres Acción Política por la Equidad -APE, Confederación de Trabajadores del Ecuador -CTE, Confederación Nacional del Seguro Campesino –CONFEUNASSC, Coordinadora Política de Mujeres -CPM, Cristianos de Base, Democracia Socialista, Fondo Ecuatoriano Populorum Progessio-FEPP, Migrantes, Refugiados y Desplazados -MIREDES Internacional, Sistema de la Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador-SIPAE. Perú: Acción Internacional por la Salud –AIS, Alternativa, Centro de Investigación Social y Educación Popular, ASC-Perú, Asociación ARARIWA, Asociación ATUSPARIA, Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo -ANC, Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH, Central Unitaria de Trabajadores del Perú-CUT Perú, Centro de Asesoría Laboral del Perú -CEDAL, Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN, Centro Peruano de Estudios Sociales –CEPES, Colegio de Sociólogos del Perú, Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida –CONAGUAVIDA, Confederación Campesina del Perú-CCP, Confederación General de Trabajadores del Perú -CGTP, Confederación Nacional Agraria –CNA, Conferencia Nacional de Desarrollo Social –CONADES, Consumidores por el Desarrollo -CxD, Convención Nacional del Agro Peruano –CONVEAGRO, CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo, DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable del Perú – FENTAP, Foro Ecológico del Perú, Forum Solidaridad Perú, Grupo Género y Economía, Grupo Red de Economía Solidaria del Perú -GRESP, Instituto de Desarrollo Urbano -CENCA , Instituto de Estudios Sindicales –IESI, Marcha Mundial de las Mujeres Perú, Movimiento Manuela Ramos, PIDHDD-Capítulo Perú, Programa Democracia y Transformación Global, Programa Laboral de Desarrollo –PLADES, Red JUBILEO PERÚ, Red MUQUI, Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético, Red Peruana de Migraciones y Desarrollo, Red Peruana por una Globalización con Equidad- Red GE, Sociedad Nacional del Ambiente –SNA: México: Comité Cerezo, Marcha Mundial de las Mujeres -Zona Centro, Mujeres para el Diálogo –MpD, Red Nacional Género y Economía –REDGE, RMALC, Siembra, A.C. Nicaragua: Movimiento Social Nicaragüense Otro Mundo es Posible. Redes y organizaciones europeas: Red UE CAN, Red Europea de ONG de Cooperación al Desarrollo Grupo SUR, Amigos de la Tierra Europa -FoEE, European Left, Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia –OIDHACO, ONGD Africando, Oxfam International, Transnational Institute –TNI, Worldview-The Gambia. Alemania: Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – FDCL, Informationsbüro Nicaragua e.V.- oficina de información Nicaragua – Wuppertal, Informationsstelle Lateinamerika (ila) e.V., Kolko e.V. - Derechos Humanos por Colombia, Salva la Selva, World Economy, Ecology & Development –WEED. Austria: Center for Encounters and Active Non-Violence, Bad Ischl, Bélgica: Centre National de Coopération au Développement - 11 11 11, Centre tricontinental -CETRI, Comité pour les droits humains "Daniel Gillard", Corporate Europe Observatory, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11, Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde –CADTM, Solidar, SOS Faim: España/Estado Español: ACSUR-Las Segovias, Alternativa antimilitarista.moc, AMARANTE Setem, Asociación Canaria de Economía Alternativa, Asociacion De Solidaridad Con Colombia Asoc-Katío, Attac Catalunya, Attac España, Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos –Coliche, Comisión 0’7% PIB, de Daimiel, Comité Oscar Romero de Madrid, Comité por la defensa de los derechos humanos en Colombia –COMADEHCO, Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, Ecologistas en Acción, Fundación IEPALA, Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga -CC.OO, ICID - Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo-UGT, Izquierda Anticapitalista, Justicia por Colombia, Movimiento Rural Cristiano, Mundubat, Observatorio de la Deuda en la Globalización Catalunya, Observatorio de Multinacionales en América Latina –OMAL, Red de Semillas -Resembrando e Intercambiando-, Red Solidaria Itaca, SODePAZ, Unión Universal Desarrollo Solidario, Veterinarios Sin Fronteras. Francia: AITEC, Attac France, France Amerique Latine, Partido Comunista de Francia, Secours Catholique-Caritas. Holanda: Cross Cultural Bridges, Fondo de Solidaridad XminY, Organizacion Juvenil y Autonoma para Latino-America –OJALA, Plataforma ABC, X minus Y Solidarity Fund. Irlanda: Latin American Solidarity Centre. Italia: A Sud , Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Rete Italiana di Solidarieta Colombia Vive!. Reino Unido: Christian Aid, War on Want, Suecia: Civis, Solidaridad Suecia-América Latina – SAL. Suiza: Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien ask.
Bogotá, junio de 2009
A casi dos siglos de celebrar la independencia de Colombia, el país afronta una nueva pérdida de su soberanía y graves amenazas a su existencia como nación.
Desde septiembre de 2007, y sin la participación de la población, el Gobierno negocia con la Unión Europea un Tratado de Libre Comercio, cuya cuarta ronda se celebra en Bogotá este mes y pretende estar firmado antes de finalizar el 2009. Este acuerdo colmará de beneficios y garantías a las empresas del viejo continente, particularmente a las españolas. El resultado será un mayor recorte de los derechos a trabajadores, empresarios, campesinos y ciudadanos en general. Todas las acciones que adelanta el Gobierno se orientan a privilegiar a las empresas transnacionales, mientras se aumenta el sufrimiento, las condiciones de vida son cada vez más difíciles y el trabajo cada vez más precario para los colombianos
Con el credo neoliberal de Exportar o Morir, Se condenó a la economía y a la sociedad a una situación colonial, impidiendo que la mayoría de colombianos y colombianas tengan acceso a la educación de calidad, salud gratuita, vivienda digna, servicios sanitarios, empleo estable y bien remunerado, y se profundiza el saqueo de los recursos naturales.
COLOMBIA: País con riquezas pero la mayoría de su población en la pobreza
A partir de 1990 los gobiernos colombianos impusieron una política económica que eliminó todos los mecanismos de protección a la producción agraria e industrial y deterioró las condiciones laborales, siendo el Gobierno de Álvaro Uribe el que ha llevado a su máximo desarrollo estas políticas, con la cual se han beneficiado solo unos pocos grupos económicos, mientras a las mayorías les ha ido muy mal.
En el país hay más de 22 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, es decir la mitad de la población. Colombia es una de las naciones más desiguales del mundo, en la cual el 10% de la población más pobre tiene ingresos 64 veces inferiores al 10% más rico. Más de la mitad de quienes tienen algún ingreso lo consiguen en el sector informal, La deserción universitaria por cuestiones económicas y sociales es del ¡48%!, y mientras esto ocurre, el capital financiero especulativo obtiene inmensas utilidades y el gobierno, se preocupa solamente por asegurar las ganancias de los grandes conglomerados.
TLC CON EUROPA ES NEGOCIADO POR MULTINACIONALES
El Gobierno dice que el Tratado es un instrumento mediante el cual Colombia y la Unión Europea multiplicarán su comercio e inversión. Sin embargo, no considera que la economía colombiana es significativamente menor que la europea, además con baja industrialización, poco desarrollo agrícola y casi nulo avance científico y tecnológico.
El objetivo del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la Unión Europea es consolidar y ampliar el control que ya poseen las multinacionales europeas sobre áreas vitales de la economía nacional, como el agua, la energía, las telecomunicaciones, el sistema bancario, los medicamentos y los recursos mineros, con la complicidad del gobierno colombiano, a través de empresas como Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, BBVA, Banco Santander, Repsol YPF, BHP Billiton, Anglo Gold Ashanti, Endesa, entre otras.
Estas compañías, han estado involucradas en los peores hechos de corrupción contra el patrimonio de los colombianos, como la construcción de la represa de El Guavio, el Metro de Medellín, la privatización de Telecom y el saqueo del ferroníquel, el carbón y el oro, solo para mencionar algunos casos.
¿CÓMO NOS AFECTA?
La Unión Europea pretende aumentar la duración de las patentes que generan exclusividad en la producción de medicamentos. Los mayores costos que los colombianos tendrán que pagar por sus medicinas, si se aprueba este TLC, ha sido calculado en más de 380 millones de dólares al año. Bajo este Tratado se le otorgan más derechos a las empresas que a los ciudadanos, cambiando -además- la legislación nacional para adecuarla a las necesidades corporativas, como de hecho viene ocurriendo con las exenciones tributarias, las Zonas Francas Especiales y los contratos de estabilidad jurídica. Un TLC con la Unión Europea hará irreversible esta política.
A los campesinos y productores agrícolas colombianos se les imponen medidas sanitarias europeas imposibles de cumplir dadas las condiciones del país, obligándolos a declinar frente a los poderosos productores europeos, quienes son subsidiados por su Estado en más de 154 BILLONES de pesos al año, ¡63 veces más que en Colombia! Con estos subsidios y las medidas sanitarias y fitosanitarias que desde Europa se pretenden imponer, se terminará de arruinar la producción agrícola que aún subsiste en el país.
Las mujeres se verán seriamente afectadas si se firma este TLC con la UE, pues empeorarán las condiciones de trabajo en áreas de la economía con predominante participación femenina y -además- habrá menos oportunidades para solucionar las necesidades de cuidado de las familias. Uno de los temas más preocupantes es el de la precariedad laboral, puesto que en 2008 solamente 38 de cada 100 mujeres en edad de trabajar tenían empleo. Estas cifras contrastan con el 68% de la Población Económicamente Inactiva, que en general están dedicadas a trabajos del hogar.
El 85% de los productos que le vende Colombia a Europa son carbón, ferroníquel, café, banano y petróleo. Y serán los mismos que le venderemos si se firma un TLC, porque lo que compra la UE al mundo son equipos eléctricos, vehículos, aviones y productos químicos, que no se producen en Colombia. La política del gobierno es exportar recursos naturales y materias primas, no bienes industriales, puesto que no existe ninguna política de fomento al desarrollo industrial.
El TLC con la UE tiene como objetivo que las transnacionales europeas tengan plena libertad de venir a nuestro territorio a llevarse los recursos naturales, mancillando los derechos de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, y desplazándolas a los cordones de miseria e inseguridad de las ciudades, sin ninguna posibilidad de llevar una vida digna. Las permanentes violaciones a los derechos humanos, la miseria y la falta de oportunidades en Colombia son un escándalo internacional, son inocultables y revelan la naturaleza autoritaria y antidemocrática de quienes persisten, como el gobierno, en profundizar el neoliberalismo a través de TLC que benefician exclusivamente a las multinacionales extranjeras.
Pero mientras todo esto ocurre, la Unión Europea aprobó la “Directiva de Retorno” que persigue, judicializa y encarcela a los inmigrantes que llegan a este territorio en búsqueda de una oportunidad económica que sus países empobrecidos por el saqueo no les pudo brindar. Es decir, libre movilidad de las mercancías y los capitales, y represión y xenofobia para los seres humanos.
ENTONCES… ¿QUÉ HACER?
Denunciar que la principal causa de la pobreza y el atraso de Colombia tiene su origen en el modelo económico neoliberal que concentró la riqueza en unos pocos y eliminó los derechos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales. Alertar a la población colombiana y a la comunidad internacional sobre el accionar de las multinacionales europeas en el país, que atentan contra la estabilidad laboral, la producción de alimentos, el medio ambiente y las riquezas naturales y energéticas.
Ante esta situación, la única salida es promover la más amplia unidad de todos los sectores democráticos del país para oponernos a que se continúe negociando y se firme este Tratado de Libre Comercio con Europa, y toda la política económica de la “Confianza Inversionista”.
La movilización social ha probado su efectividad, como lo demuestran las valientes acciones de los corteros de caña, la minga indígena, los trabajadores del carbón, el ferroníquel, el banano, los camioneros, profesores y trabajadores judiciales, quienes alientan las luchas que hoy tienen congelado el TLC con Estados Unidos, Canadá y Noruega, y que mantiene en el ‘ojo del huracán’ al gobierno de Uribe Vélez en todos los países sensibles ante las violaciones de los derechos humanos.
POR UNA VIDA DIGNA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES
¡NO A LA FIRMA DEL TLC CON LA UNION EUROPEA!
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio - RECALCA
Campaña comercio con justicia; mis derechos no se negocian
Central Unitaria de Trabajadores - CUT
Gran Coalición Democrática
Federación Colombiana de Educadores - FECODE
Confederación General del Trabajo - CGT
Organización Colombiana de Estudiantes - OCE
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas - CNOA
* Recalca congrega a 50 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.
RECALCA, Bogotá, junio 5 de 2009
El mes pasado se cumplieron 5 años desde que el gobierno de Uribe Vélez inició las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ansiaban tener listo en un año. Hoy los colombianos tienen suficientes razones para festejar que, a pesar de los colosales esfuerzos por entregar la soberanía nacional, el Congreso estadounidense persiste en su decisión de negarse a aprobarle un acuerdo al cuestionado gobierno colombiano.
Los medios de comunicación hicieron eco de las noticias fabricadas con el deseo en la Casa de Nariño, que lleva dos años cantando victoria por la ratificación del TLC. Hoy se sabe que el acuerdo seguirá en el congelador, por lo menos en lo que resta de 2009, porque a Obama “se le enfrío el entusiasmo”, según Portafolio, para fortuna de las mayorías de colombianos, productores del campo y la ciudad, trabajadores, comunidades indígenas y afrodescendientes.
A continuación mostramos algunos de esos titulares, desde mediados de 2007, cuando comenzó el ‘via crucis’ de Uribe en el congreso estadounidense:
· TLC: ahora sí le falta un paso en el Congreso. Portafolio, 29 junio 2007.
· Última ofensiva para que el TLC no se aplace para el 2009 inician hoy Colombia y E.U. Portafolio, Octubre 31 2007.
· Al Tratado de Libre Comercio le faltan 15 votos para ser aprobado en Congreso de E.U. El Tiempo, 15 noviembre 2007.
· A la ’Opción nuclear’ apelaría el gobierno de Bush para sacar adelante el TLC con Colombia. El Tiempo, 13 enero 2008.
· “El TLC con Colombia es factible” Sam Farr. El Tiempo, 12 enero 2008.
· Solo 20 días le quedan al Tratado de Libre Comercio (TLC) en Congreso de Estados Unidos. Portafolio, 30 Julio 2008.
· Decisión de Obama de destrabar TLC con Colombia podría terminar en visto bueno del Congreso de E.U. Portafolio, 21 abril 2009.
· Gobierno de E.U. eleva prioridad de destrabar los TLC con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Portafolio, 19 de mayo de 2009
Es a través de la movilización y la presión social que se derrotará la política antinacional y plutocrática de Álvaro Uribe, en un momento que es favorable -entre otras- porque la comunidad internacional está vigilante de sus acciones contra la democracia y los derechos humanos. Cada fracaso de este gobierno es un triunfo para los colombianos.
* Recalca congrega a 50 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.
RECALCA, Bogotá, junio 1 de 2009
Un vendaval de críticas fue lo que sufrió el gobierno colombiano el pasado 25 de mayo en el parlamento canadiense, al debatirse la ratificación del Tratado de Libre Comercio, obligando al partido Conservador -en el poder- a retirar el proyecto de la agenda legislativa. Todos los escándalos que rodean al gobierno de Uribe Vélez salieron a relucir en el debate.
Serge Cardin, parlamentario del Bloque Quebequense, resaltó que “destacados críticos del gobierno estuvieron bajo vigilancia electrónica, incluso jueces que han condenado a paramilitares y narcotraficantes con posibles vínculos con el gobierno. Además del pisoteo a los derechos humanos, el gobierno de Uribe hace caso omiso a los derechos democráticos también”.
Por su parte, el parlamentario liberal Scott Brison, manifestó estar “preocupado por la sugerencia de que el presidente Uribe puede solicitar una enmienda constitucional sin precedentes para garantizar un tercer mandato consecutivo”, y agregó que “exigirá respuestas al gobierno colombiano, antes de estar dispuestos a apoyar el TLC” refiriéndose al tema de derechos humanos.
Incluso los hijos del primer mandatario colombiano fueron tema de debate; el parlamentario del Nuevo Partido Demócrata, Peter Julian, señaló “las últimas revelaciones por el escándalo de tráfico de influencias de los dos hijos del presidente, Tomás y Jerónimo”. Para Julian “no existe ni una sola respetable organización de derechos humanos que apoye la línea del gobierno”.
Pero lo más significativo fueron los cuestionamientos provenientes del partido liberal, quienes habían manifestado su apoyo a la aprobación del tratado. La parlamentaria de ese partido, Maria Minna, se refirió específicamente al caso de los desplazados en Colombia: “Esto está ocurriendo en las zonas que son ricas en cultivos, ricas en minerales y ricas en petróleo y gas. ¿Qué significa eso? que las compañías canadienses están explorando en estos terrenos, donde las personas han sido obligadas a abandonar sus tierras y, a veces, han sido asesinadas”. La parlamentaria también abordó el tema de los “falsos positivos” y manifestó: “el Presidente Uribe inicialmente había apoyado a los militares diciendo que nada de esto era cierto. Uribe ha negado que la situación existía, y solo actuó cuando fue presionado por Estados Unidos”.
Ante la avalancha de acusaciones, la defensa de los parlamentarios conservadores fue peor que la crítica. Demostrando un absoluto desconocimiento del país, el parlamentario Ron Cannan dijo que cuando estuvo en Colombio vio grandes avances, especialmente en Bogotá: “Es una ciudad muy progresista con una universidad. Tienen la esperanza de aprender de países como Canadá”.
“Colombia es la peor catástrofe en el hemisferio
en términos de derechos humanos”
Ésta fue la conclusión de Serge Cardin, parlamentario del Bloque Quebequense y, por ello, pidió a todos los parlamentarios “votar en contra y rechazar el TLC entre Canadá y Colombia. Creo que esta es una cuestión de dignidad humana”.
Ante tal situación y no contar con las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, el partido Liberal -a través de Maria Minna- le pidió al gobierno “retirar el proyecto de ley y, al menos, tomar en cuenta las recomendaciones formuladas por la comisión permanente para hacer una evaluación de los derechos humanos”. Recomendación aceptada por los conservadores, quienes no presentaron el proyecto en la agenda legislativa del 26, 27 y 28 de mayo, donde en cambio se leyeron varias constancias y peticiones de rechazo al TLC. “El Primer Ministro Harper definió que su supervivencia es más valiosa que el TLC”, declararon organizaciones canadienses.
Movimientos sociales canadienses y colombianos han trabajado conjuntamente para presionar al parlamento a rechazar este acuerdo. Estos son: el Consejo Laboral Canadiense, La Chiva, Mingas, SOS Colombia, el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional - Grupo de Política sobre las Américas, el Consejo de Canadienses, Fronteras Comunes de Canadá, y por Colombia RECALCA, que agrupa a los opositores al TLC.
Peter Julian hizo un llamado a los canadienses para mantener la presión sobre el TLC y seguir enviando “los miles de correos electrónicos y cartas dirigidos a los liberales, porque ellos se equivocan sobre este proyecto de ley. A través de la presión pública, pueden ser obligados a hacer lo correcto, que es votar para que se hunda”.
* Recalca congrega a 50 de las organizaciones sociales y sindicales más importantes del país, para coordinar las estrategias de educación, divulgación y movilización frente a los Tratados de Libre Comercio que impulsa el gobierno nacional.
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