7 de Septiembre - GRAN MARCHA NACIONAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Rechacemos el nuevo proyecto de Ley de Educación Superior que pronto se presentará al congreso por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos cuyo principal propósito es continuar profundizando las políticas Neoliberales de privatización de las Universidades y avanzar en la reproducción de las condiciones que determinan el descenso progresivo de la calidad de los programas ofrecidos por estas.

Estamos convencidos de que es el estado el único responsable y capaz de garantizar el derecho a una educación de calidad, científica, democrática y al servicio del pueblo. Es hora que la educación pase a un primer plano en el acontecer político nacional y que se le otorgue la importancia que se merece dentro del proyecto de país que queremos las mayoría de los Colombianos, un país soberano, mas equitativo, con una justa distribución de la riqueza, un país próspero, de oportunidades ,de plenos derechos y que satisfaga las necesidades básicas de sus pobladores.

La Universidad Popular del Cesar, desde sus estamentos, como directa perjudicada y como escenario del pensamiento, debe participar en la construcción del movimiento social que apunte a lograr estas trasformaciones, por lo tanto, llamamos a toda la comunidad Upecista a sumarse a esta gran jornada de movilización nacional exigiendo una mayor financiación para la U pública y por supuesto para nuestra institución.

La MESA AMPLIA ESTUDIANTIL estableció que la concentración para la marcha se realizará este 7 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. en el campus Universitario de Sabanas desde donde partirá el recorrido hasta la Gobernación del Cesar.

¡Todos a marchar este 7 de Septiembre en defensa de la Educación Pública en Colombia!

Democracia en la Universidad, ¿Qué democracia?

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ECONOMIA Y SOCIEDAD

Lunes, 06 de Diciembre de 2010 00:37

En un país que viene de sufrir la tentación autoritaria, la Universidad debe jugar un papel más decidido en la política y en la defensa de la democracia.    Democracia y libertades políticas  En la afirmación que hace el profesor Iván Darío Arango en su artículo "Luces y sombras de la ideología universitaria",[1] hay dos elementos que interesa destacar. El primero con el que estoy de acuerdo es que "en nuestras universidades todavía se perciben la democracia y las libertades políticas como si fueran propias de una ideología burguesa". El segundo, con el no estoy de acuerdo, es que "se cree que la esfera pública está controlada por la clase dominante y por esa razón se menosprecian el debate, la denuncia y la crítica basados en argumentos". Comparto su primera afirmación. Efectivamente, reducir la democracia y las libertades políticas a valores de la ideología burguesa es desconocer su carácter revolucionario y emancipador. Este carácter se manifestó en las luchas que liberales y socialistas emprendieron contra gobiernos tiránicos durante el Siglo XIX, y contra el Estado totalitario en la Alemania nazi, en la Italia fascista y en la Unión Soviética, en el Siglo XX. Un elemento común a los gobiernos despóticos del XIX y totalitarios del XX consistió en la absorción del espacio público por el Estado para convertirlo en el espacio privado de quienes ejercían el poder. Esto se concretó en la negación absoluta de las libertades civiles, el sometimiento de la crítica mediante el control de la libertad de prensa; la expansión de la corrupción por toda la sociedad; la supresión del espacio democrático para deliberar juntos y del actuar en común; y la alteración de la balanza del sistema de pesos y contrapesos entre los tres poderes constitucionales del Estado. El problema que se plantearon los liberales y socialistas del Siglo XIX, que lucharon contra gobiernos despóticos era ¿si era viable, después del dominio del poder absoluto, realizar la revolución democrática? ¿Si era posible reversar el proceso por el cual el espacio público fue absorbido por el Estado? Benjamin Constant y Alexis de Tocqueville se preguntaron y respondieron estas cuestiones, con claridad ejemplar hace ya casi más de dos siglos. Creo que vale la pena mirar cómo lo hicieron, para enfrentar algunos de los problemas de nuestro presente. Libertad negativa y positiva Constant expuso en su famoso discurso pronunciado en el Ateneo de París "De la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos", una alternativa a las amenazas a la democracia, representada en la reducción radical de la autonomía política que resulta del desinterés de los ciudadanos por los asuntos públicos. Al desaparecer el interés por lo público, como resultado de que los ciudadanos se dedican a sus negocios, a su vida privada, el gobernante puede expandir la jurisdicción de su dominio más allá de lo permitido, destruyendo así la libertad moderna. Contra esta amenaza a la libertad, Constant propone un modelo político en el que articula dos conceptos de libertad: la libertad moderna o negativa y la libertad republicana o positiva. La libertad negativa corresponde a la idea del debido proceso. Nadie puede ser juzgado, detenido, ni preso, sino de acuerdo a leyes preexistentes, en consonancia con procedimientos establecidos por la ley y por las autoridades instituidas. Constant identifica la libertad moderna con la experiencia personal de la seguridad, con aquello que Montesquieu denominó la tranquilidad de espíritu resultante de que ningún ciudadano pueda temer nada de otro. Pero Constant introduce una segunda dimensión de la libertad cuando habla del derecho de tomar parte en el gobierno. La libertad moderna sería incompleta si se redujera a su dimensión negativa: "El peligro de la libertad moderna puede consistir en que, absorbiéndonos demasiado en el goce de nuestra independencia privada y en procurar nuestros intereses particulares, podamos renunciar muy fácilmente al derecho de tomar parte en el gobierno político"[2]. Contra este peligro Constant reclama un fortalecimiento de la democracia, el cual se debe concretar en el ejercicio de las libertades políticas. Es  decir en la práctica de la libertad de prensa, el control por la sociedad civil de las actividades de los funcionarios públicos mediante una opinión pública crítica y deliberante, el desempeño de una vigilancia activa y constante sobre los representantes elegidos para ver si cumplen exactamente con su encargo. Si estos derechos políticos no se ejercen y se confía en la buena voluntad de los gobernantes y en sus promesas de respeto a las leyes y a la constitución se crea un vacío en el ejercicio del poder. Libertades privadas y garantías políticas ¿Es posible disfrutar de los goces de la libertad privada sin las garantías para el ejercicio de las libertades políticas? ¿Y dónde encontraríamos esas garantías si renunciásemos a la libertad política?, se pregunta Constant. Pretender disfrutar de los derechos privados sin hacer uso de los derechos políticos, "sería una locura, semejante a la de un hombre que bajo el pretexto de no habitar sino un primer piso, pretendiese edificar sobre la arena un edificio sin cimientos".[3] Es decir, todos los derechos civiles pueden ser abrogados en la ausencia del derecho a la libertad política. Así, podemos ver, que la libertad moderna es un sistema complicado y entrelazado en el cual dos formas de libertad se combinan la una con la otra y se dan soporte mutuo. Imprescindible la participación política Para Tocqueville, al igual que para Constant el despotismo es una de las mayores amenazas para la democracia. Según Tocqueville, la libertad política en una sociedad democrática presupone no solamente el reconocimiento de los derechos individuales de todos los ciudadanos, sino también la promoción de la participación pública en la política. Los gobernantes que favorezcan la libertad democrática alientan a los ciudadanos a participar en la deliberación y en la decisión de las políticas públicas. Aquellos, que como Napoleón intentan establecer un gobierno despótico, excluyen a los ciudadanos de este proceso, y centralizan todas las decisiones y órdenes en el gobernante y sus agentes. Según Tocqueville, el surgimiento de Napoleón tras los años de anarquía posteriores a la dictadura jacobina del Comité de Salvación Pública, constituyó para Francia la clausura de la posibilidad de realizar la revolución democrática. Los límites al gobernante Tengo que simplificar mucho el argumento, que es muy complejo, pero Tocqueville parte de diagnosticar, como ya lo había hecho Constant, que una de las más peligrosas patologías de la democracia es el que los individuos se entreguen exclusivamente al goce de la independencia privada y a buscar solamente sus intereses particulares, renunciando al derecho de tomar parte en el gobierno. A partir de este diagnóstico formula su alternativa para reversar el proceso por el cual el espacio público fue absorbido por el Estado. El punto de partida para construir una sociedad democrática es asegurar la igualdad y la libertad. Para poder asegurarlas es necesario darles potestades o poderes a los individuos, de tal manera que puedan limitar al poder soberano. Para darles estos poderes propone fomentar asociaciones y desarrollar los mecanismos institucionales de la libertad de prensa, el poder judicial y los derechos individuales. Otorgarle estos poderes a los individuos tiene como objetivo poder marcar una separación entre derecho y poder. Si los individuos ejercen sus derechos políticos, el derecho y el poder ya no estarán concentrados en la misma persona. En el modelo constitucional de Tocqueville, la conexión fundamental entre soberanía popular, democracia política y derechos fundamentales consiste en que la voluntad popular se expresa auténticamente sólo si puede expresarse libremente. Y puede expresarse libremente sólo a través del ejercicio, además de las libertades políticas, de las libertades fundamentales por parte de todos los miembros de la comunidad política. Derechos fundamentales y democracia El primer objeto del legislador es dar ciertos derechos a los particulares y garantizarles el goce indiscutido de esos derechos. Por eso no puede existir soberanía popular sin derechos a la libertad individual. Para Tocqueville esto significa que los derechos individuales, que están consagrados en la Constitución, no pueden ser desconocidos por el legislador democrático. El sentido de esta prohibición es, precisamente, establecer los límites que los derechos inalienables de los individuos fijan al poder soberano. En este sentido las garantías constitucionales de los derechos fundamentales son también garantías de la democracia. El ejercicio democrático de la voluntad soberana del pueblo requiere de garantías y estas son los derechos individuales y los derechos políticos. De este modo, la conexión entre soberanía popular, democracia política y derechos fundamentales, se constituye en límite a la voluntad de la "tiranía de la mayoría" o del poder absoluto de un gobernante autoritario. Así pues, creo que una de las enseñanzas que proponen estos autores es que la democracia y las libertades políticas no son propias de una ideología burguesa y que tiene todo el sentido luchar por su defensa; y esto mucho más en una sociedad como la nuestra, donde como consecuencia del dominio de un gobierno despótico la esfera pública fue, en gran medida, desaparecida. Colombia y la tentación despótica Y disiento de Iván Darío Arango al afirmar que "se cree que la esfera pública está controlada por la clase dominante". Pienso que esto es precisamente lo que ha pasado en Colombia. Aquí hemos vivido en los últimos años un proceso similar al que vivieron algunas sociedades bajo gobiernos despóticos o totalitarios en los dos últimos siglos. El espacio público fue engullido por el Estado y convertido en el espacio privado del gobernante y del grupo dominante en el poder. Un gobierno que desarticula el sistema de pesos y contrapesos establecidos en el texto constitucional de un Estado social de derecho, en función de los intereses del poder Ejecutivo, que se convierte en el agente de un proceso de "reconfiguración cooptada del Estado", en asocio con actores e intereses ilegales en su trámite legislativo; que utiliza los organismos de inteligencia del Estado para amedrentar a los jueces que investigan a sus aliados políticos; que convierte al Estado en un instrumento para el enriquecimiento de funcionarios y allegados del grupo dominante en el poder mediante la generalización de la corrupción, es un gobierno que,[4] según Constant y Tocqueville, representa una de las peores formas de despotismo. Aquella, precisamente, en la que la esfera pública está controlada por la clase que gobierna. Así que es necesario recuperar el carácter revolucionario y emancipador de la democracia y las libertades políticas, tanto en el contexto nacional, como en las universidades públicas. Universidad crítica y deliberante En esto tendría que consistir el papel político que tiene que desempeñar una universidad crítica y deliberante. En las universidades públicas no se trata simplemente de reclamar un espacio para hablar, para que la palabra y la razón imperen; no se trata de entrelazar las manos de los estudiantes con el equipo rectoral para enfrentar la violencia; se trata es de demandar los derechos de participación política como, por ejemplo, el derecho a examinar el presupuesto, el derecho a elegir representantes, el derecho a exigirles a los funcionarios elegidos responsabilidad por sus acciones públicas. La democracia se simboliza en que debe haber el espacio para el deliberar juntos y actuar en común, pero la democracia se basa en la desconfianza. Pero por sobre todo, los ciudadanos no deben creer en la palabra del gobernante (o del rector de turno) que proclama que él está actuando en su nombre. La democracia exige una constante vigilancia. Y para poder ejercerla se requiere que los ciudadanos defiendan democráticamente la Constitución ejerciendo sus derechos políticos, resistiendo mediante la crítica, la protesta y la huelga todos los abusos del poder, utilizando la libertad de prensa para defenderse de la opresión y apelando a la fuerza de los tribunales para hacer valer los derechos individuales. * Profesor titular del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia; Doctor en Filosofía, Universidad de Konstanz (Alemania). Becario de la Fundación Alexander von Humboldt. E-mail: franciscocortes2007@gmail.comEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Notas de pie de página [1] Arango, Iván Darío: Alma Mater. No. 593. En: http://almamater.udea.edu.co/periodico/ [2] Constant, Benjamin: De la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos. Tecnos. Madrid, 1998. Pág. 90. [3] Constant, Benjamin. Op.cit., p.91. [4] A estos problemas hice referencia de forma más descriptiva en: ¿Democracia? ¿Cuál democracia? En: Razón Pública, sección Política y gobierno. Domingo 19 de septiembre de 2010. En: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1393:idemocracia-icual-democracia&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27         Francisco Cortés Rodas*

"Primó la tesis del simple cambio de un articulito" Andrés Pastrana

Política | 29 Mayo 2009 - 5:35pm

Esta es la nueva misiva enviada por el ex presidente Pastrana a la Corte Constitucional:

Mayo 29 de 2009

Doctor
Nilson Pinilla Pinilla
Presidente
Honorable Corte Constitucional
Ciudad.


Respetado Señor Presidente:

Recibí su comunicación de fecha 28 de mayo.

Los debates en torno a la Constitución son el eje de la política en las democracias modernas. Las opiniones y los fallos de los magistrados, los orígenes y antecedentes de estos, su filosofía y aún su estilo personal son materia de controversia o aplauso. Las decisiones de una corte con mandato de vigilancia y preservación de la constitución pueden llegar a dividir una nación y definir su rumbo político, tal como sucede en Estados Unidos en torno al debate del aborto. Pero una cosa es disentir y otra deslegitimar. Aquí el problema de fondo no es la forma.

Como ciudadano, lo reitero una vez más a la Honorable Corte, disiento respetuosamente de la sentencia que permitió la reelección presidencial, considerado gravísima la omisión del Tribunal cuando desestimó el equilibrio constitucional que se rompía. No creo que haya sido acertado admitir un peso de semejante proporción sin ajustar los correspondientes contrapesos, garantías y salvaguardias. A la par de un trámite maculado por el cohecho –según la Corte Suprema de Justicia- primó la tesis del simple cambio de un articulito propugnada por el Ejecutivo.

Consecuentemente, tampoco considero positiva para la construcción del edificio constitucional la declaración del señor Presidente de la Corte cuando aventura públicamente -en contravía de la jurisprudencia vigente que limita a una sola instancia la reelección presidencial- la tesis de la absoluta soberanía popular como razón para decidir (ratio decidendi) sobre un eventual referendo reeleccionista.

El Presidente de la Corte Constitucional coincide entonces con el Ejecutivo cuando éste asegura: “…este (Colombia) es un país de Estado Social de Derecho y Estado de Opinión, que es la categoría superior del Estado de Derecho”. Así se abona el campo para que prospere la tesis de la hecatombe constitucional según la cual el pueblo es soberano para destruir sus instituciones sin colocar nada en el sitio de lo arrasado.

Desde la cabeza de la Corte, sin expresión contraria a lo expuesto al respecto en mi carta a los señores magistrados, se abre camino a la posibilidad de una tercera elección consecutiva de un presidente. Para efectos prácticos se abren las puertas a la reelección indefinida puesto que una vez más se vislumbra otro cambio cuatrienal de jurisprudencia –a la manera andina- que acentúa la vía autocrática de la Carta. Más peso presidencial sin contrapesos democráticos.

Con el orden constitucional roto a favor de una persona por razón de la vía de hecho de la compra de conciencias, tengo la obligación moral, como ciudadano y como ex Presidente, de defender la Constitución y el Estado Social de Derecho y, por consiguiente, disentir en la forma más respetuosa de la Honorable Corte Constitucional tanto por decisiones pasadas como por las advertencias de su presidente hacia el futuro.

Sin otro particular me suscribo de la Honorable Corte,


Respetuosamente,

Andrés Pastrana Arango

Ex Presidente de la República.

Dirección web fuente:

http://elespectador.com/noticias/politica/articulo143143-primo-tesis-del-simple-cambio-de-un-articulito

“Ocho años, más que suficientes”

Internacional | 23 Mayo 2009 - 12:56am

Foto: AP

El presidente Uribe exhibió orgulloso un autógrafo que le dio Barack Obama durante la Cumbre de las Américas. Hoy su reelección altera a Washington.

Por: Vanessa de la Torre / Washington | Elespectador.com

Aunque los méritos de Álvaro Uribe siguen siendo su mejor carta de presentación en los círculos políticos de Estados Unidos, la manera como está manejando su posible reelección está afectando no sólo su imagen sino la del país.

“Escándalos rodean al líder colombiano”, tituló en un reciente artículo el prestigioso periódico The Washington Post. “Uribe: Calculador y obsesionado”, dijo Univisión el lunes en su página de Internet. “Uribe cava su propia tumba”, opinó uno de los más leídos analistas del Miami Herald, Andrés Openheimer. “Uribe: pareciéndose a Chávez”, insinuó la renombrada revista estadounidense Time.

La posibilidad de que el mandatario colombiano sea elegido por tercera vez está causando preocupación en Estados Unidos. Y aunque oficialmente la administración de Barack Obama evada el tema o lo comente con gran discreción —Hillary Clinton, secretaria de Estado, y Thomas Shanon, subsecretario para el Hemisferio Occidental, coincidieron en decir que “la reelección es una decisión del pueblo colombiano”—, hay varios demócratas y republicanos que miran con desconfianza lo que está sucediendo en el país.

“El gobierno del presidente Obama quiere fortalecer la democracia, las instituciones; quiere fortalecer el Estado de Derecho en toda la región. Cuando aquí se publican esas noticias, queda la sensación de que en Colombia no se están fortaleciendo las instituciones de una democracia como quiere la administración Obama”, explicó a El Espectador el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Myles Frechette.

“No es una interpretación demasiado dura. Si Colombia quiere seguir recibiendo ayuda masiva de Estados Unidos, es importante que vaya tomando en cuenta lo que está saliendo en los medios acá. No parece estar en sintonía con el rumbo que Obama y el Congreso le quieren dar a la política latinoamericana”, recalcó.

Y es que en una región donde algunos líderes —Chávez, Correa y Ortega— han despertado molestias en la Casa Blanca y el Capitolio por quererse perpetuar en el poder y opacar las instituciones democráticas de sus países, Colombia parecía ser la excepción. Los méritos de Uribe son innegables y siguen siendo su mejor carta de presentación, pero las movidas políticas que están acompañando la modificación de la Constitución para que pueda ser elegido nuevamente, se están convirtiendo en una mancha que afecta la imagen y la reputación del país. “No conozco a una sola persona que esté de acuerdo con otra elección de Uribe”, afirmó tajantemente a El Espectador Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, el analista más prestigioso sobre Colombia en Washington. “Hasta los uribistas más apasionados no están de acuerdo con su reelección”, agregó.

Los falsos positivos, el espionaje a políticos, periodistas y jueces orquestado desde el DAS, el enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, las grandes ganancias obtenidas por sus hijos en varios negocios gracias a decisiones de funcionarios públicos, la parapolítica y la supuesta financiación de su campaña de 2006 con dineros de DMG han causado un gran daño al mandatario.

“Aquí hay un dicho muy popular: ‘no se trata solamente de no hacer cosas que parezcan incorrectas, es importante no dar la impresión siquiera de que se está obrando incorrectamente’. Si las autoridades se enteran de que usted tuvo información privilegiada y sacó provecho de eso, lo pueden enviar a prisión. Los políticos aquí le aplican los mismos estándares americanos a lo que pasa en otros países”, aseguró el ex embajador Frechette refiriéndose al escándalo de Tomás y Jerónimo Uribe. Y agregó: “Teniendo en cuenta los seis millones de dólares que Estados Unidos le ha dado a Colombia en los últimos años y los intereses del gobierno que aún están pendientes, como la continuación del Plan Colombia y la aprobación del TLC, estas revelaciones no ayudan para nada”.

“Hasta los republicanos que tanto han apoyado a Colombia ahora se deben sentir avergonzados. ¿Cómo es posible que después de tanto apoyo y tanta protección esté pasando esto? Nadie va a defender esas cosas que se están viendo en los medios de comunicación”, aseguró el ex diplomático.

Hay mayor preocupación entre los demócratas. En diálogo con este diario, el senador Bob Menéndez, miembro del Comité de Finanzas por donde tendrá que pasar el TLC en su proceso de aprobación, explicó: “Yo tengo un gran respeto por el presidente Uribe y entiendo la necesidad de tener mano dura para poder recuperar la soberanía contra el narcotráfico, pero nos pone a pensar si para liberar al país se están balanceando todos los aspectos de la democracia”.

Sin duda la reelección es hoy el tema principal en Washington. Y el cambio de la Constitución por segunda vez en menos de cinco años, es una de las críticas más duras. “Cambiar la Constitución es una decisión del pueblo colombiano y ellos deben decidir lo mejor para su país. Pero no hay que olvidar que la Constitución crea una estabilidad y les da a los ciudadanos el entendimiento y la claridad sobre las reglas para vivir en su país. El cambio simplemente para propósitos políticos me inquieta en todo el hemisferio, no solamente en Colombia”, dijo el senador Menéndez.

Frechette concluyó: “En EE.UU. consideramos que ocho años en el poder son más que suficientes”.

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NO a la reelección

PORTADA. Un tercer período de Uribe tendría graves repercusiones institucionales para el país.

Sábado 9 Mayo 2009

El país se está deslizando gradualmente hacia una reforma constitucional que tendrá serias implicaciones institucionales: la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. En los próximos días, la Comisión de Conciliación del Senado y la Cámara llegará a un acuerdo sobre la modificación del texto original del referendo y con esto quedará el camino abierto para un tercer período del actual Presidente. Que esto sea casi un hecho cumplido nos obliga a analizar las consecuencias que tendrá esta medida.

La segunda reelección es mucho más grave que la primera. La anterior, a pesar de la controversia que suscitó, tenía cierta justificación política e institucional. Por un lado, se estaban obteniendo grandes avances en la guerra contra la subversión que ameritaban continuidad. Por otro, existía un consenso de que un período único de cuatro años era un plazo demasiado corto para culminar una obra de gobierno. Esta combinación de factores, jalonados por la popularidad de Álvaro Uribe, hizo posible que se rompiera el tabú que había existido en Colombia durante el siglo XX sobre los peligros de la reelección inmediata.

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Candidatos a la rectoría arremeten contra tribunal de garantías de la UPC

Fuertes criticas hicieron los seis candidatos a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, una vez el tribunal de garantías de la institución los calificara como no admitiditos para participar en la contienda electoral para ocupar la dirección del Alma Mater.

Además de mostrarse inconformes con la decisión que tomó el Tribunal de Garantías, para no admitirlos en la lista de candidatos a la rectoría los candidatos expresaron en la vocería de Raúl Bermúdez varios puntos críticos de la UPC

Una vez los seis candidatos dieron a conocer a los medios de comunicación lo plateado en el comunicado cada uno desvirtuó las supuestas faltas en que incurrieron según el tribunal de garantía de la UPC.

Deciderio Padilla por su parte tomo una frase de su campaña para referirse a la competencia que tienen los miembros del tribunal de garantía para evaluar sus hojas de vida .

A su turno el candidato Oscar Ariza, con documentos en mano desvirtuó la calificación del tribunal de Garantía hacia su candidatura.

En fin los candidatos expusieron sus respectivas pruebas para controvertir las decisiones del tribunal de garantías no obstante cuentan con un lapso de cinco días para impetrar el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación.

Estudiantes dicen que no hay democracia en la UPC

La Federación de Estudiantes Upecistas también se pronunció sobre la decisión del tribunal de garantías del Alma Mater de no aceptar la admisión de seis candidatos. Dicen los estudiantes que no hay democracia en la institución.

Sergio Muñoz, representante de Federación de Estudiantes upecistas criticó también la decisión del tribunal de garantías de la UPC al señalar que no hay una verdadera democracia en la universidad.

El representante de la federación analizó los puntos de vista de los candidatos inadmitidos y su opinión fue la siguiente.

DENUNCIA DE LOS CANDIDATOS INADMITIDOS

DENUNCIA PÚBLICA

Nosotros los suscritos aspirantes a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2009 2013, denunciamos ante la comunidad universitaria y la opinión pública la preocupante situación que atraviesa el alma Mater a raíz de las consideraciones y hechos que a continuación precisamos:

1. Se ha caracterizado la actual administración universitaria por ser generadora de situaciones que riñen con los criterios de transparencia y pulcritud que establecen las normas pertinentes.

Para sólo señalar las más críticas, nos referimos entre otros al manto de dudas sobre la designación del actual rector, los procesos de contratación destinados a satisfacer los requerimientos de clientelas que mantienen una relación parasitaria con el presupuesto institucional, el surgimiento de una nómina exagerada que dispara de manera exorbitante los gastos de funcionamiento en detrimento de la inversión en los procesos académicos, la desvinculación sin justificación de algunos docentes y funcionarios que se perfilaban como potenciales candidatos a la rectoría para el presente periodo, (casos Félix Movilla y Oscar Ariza), el deterioro de la calidad académica motivada por la contratación de personas sin el lleno de los requisitos de alta calidad, para el ejercicio de la docencia, omitiendo el recurso de convocatoria pública y meritocracia, la precariedad de los laboratorios, bibliotecas y sitios de prácticas, eliminación de las horas de asesorías estudiantiles, minimización de las prácticas empresariales, retribución indigna en el valor de las horas cátedras, reducción de las ayudas y medios educativos e inexistencia de una verdadera política de bienestar universitario, escaso apoyo al proceso de capacitación docente, e incumplimiento en el desembolso de los recursos de los proyectos de semilleros y grupos de investigación, ausentismo reiterado de profesores catedráticos poco comprometidos con la asistencia a clases, deterioro del parque automotor, ausencia permanente del puesto de trabajo del rector por la frecuencia del uso de viáticos sin resultados concretos en la gestión

2. A propósito del actual proceso de designación del rector, es palpable la disposición de la infraestructura física y logística de la Universidad en función del candidato Raúl Maya quien está cuestionado por ejercer coacción y constreñimiento electoral en favorecimiento propio, pues desde su otrora posición de Consejero Superior y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas elaboró toda la carga académica para los docentes de la Universidad, bajo el criterio de que, quien no votara por él en la futura elección a rector, quedaría desvinculado de tajo de nuestra alma mater.

Lo mismo sucede con Enrique Meza Daza, quien junto con Maya Pabón gozan del favorecimiento del rector, que en forma descarada y amañada concede privilegios a algunos simpatizantes de los candidatos de la administración para que violen las normas académicas establecidas. Esto sumado a la discriminación en la aplicación de las normas electorales que se dirigen a favorecer a los candidatos afectos a la administración y a impedir la actividad proselitistas y académica del resto de aspirantes a la rectoría. En ese sentido repudiamos la actitud asumida por el funcionario GEOVANNY PERTUZ de la seccional de Aguachica a quien le han conferido la potestad de decidir quien puede o no difundir su propuesta programática en esa seccional.

Finalmente, y como corolario de estas prácticas ilegales y antidemocráticas, el Tribunal de Garantías Electorales negó la inscripción de los 6 candidatos que mantienen una posición independiente de las directivas actuales, interpretando de manera tendenciosa el artículo 2 del Acuerdo 038 del 2004. Este acto sospechoso, deplorable y sin precedente alguno, que niega la inscripción a seis candidatos que aspiraban a la rectoría, valida la inscripción de tres candidatos de quienes se dice que pertenecen a la administración y tienen inhabilidades expresas como es el caso de Raúl Maya Pabón y Enrique Meza Daza, pero que de manera descarada continúan en la impunidad frente a una comunidad que exige respeto y justicia para que el Cesar y la Upc no siga siendo presa del despotismo y la ilegalidad que tanto daño han hecho al equilibrio democrático.

Existen comentarios preocupantes sin que se haya abierto investigación alguna sobre constreñimiento académico de algunos profesores como Wilfredo Vilardi, Teobaldo García, Asdrúbal Rocha, Ever Díaz hacia los estudiantes para que voten por Raúl Maya, candidato de la Universidad.

Hechos como estos merecen llamar la atención de la comunidad local, nacional e internacional para que nuestra universidad se depure de actos delincuenciales como los que se cometen en la UPC donde se soslaya la normatividad del país pretendiendo construir una isla jurídica, bajo el sofisma de la autonomía universitaria.

En consecuencia, con las razones expuestas solicitamos al Consejo Superior de la UPC el encargo de un rector para el proceso de designación del rector que se encuentra en curso.

Se firma en Valledupar a los 8 días del mes de octubre de 2008.

ROBERTO DAZA SUÁREZ RAÚL BERMÚDEZ MÁRQUEZ

Candidato a la rectoría Candidato a la rectoría

FELIX MOVILLA CONTRERAS DESIDERIO PADILLA GARCÍA

Candidato a la rectoría Candidato a la rectoría

OSCAR ANDRES ARIZA DAZA JESUALDO HERNANDEZ MIELES

Candidato a la rectoría Candidato a la rectoría

‘Descabezan’ seis aspirantes a Rectoría de la UPC

Por incumplir requisitos

La Universidad Popular del Cesar vuelve a polarizarse por el proceso electoral.

WILLIAM DE ÁVILA R.

Por ahora quedaron ‘descabezados’ seis de los aspirantes a la Rectoría de la Universidad Popular del Cesar, luego de la revisión de la documentación que era necesaria aportar para que las inscripciones quedaran en firme, según lo decidió un acuerdo del Tribunal de Garantías Electorales, presidido por Hernán Darío Hinojosa Corzo.

La decisión deja por fuera del proceso a Óscar Andrés Ariza Daza, Desiderio Padilla García, Roberto Daza Suárez, Jesualdo Hernández Mieles, Félix Miguel Movilla y Raúl Francisco Bermúdez Márquez.

Los que mantienen firme su aspiración son Raúl Enrique Maya Pabón, Enrique Alfonso Meza Daza y Luis Alberto Caballero Freyte.

Contra el acuerdo procede el recurso de reposición ante el Tribunal de Garantías Electorales y subsidio de apelación ante el Consejo Superior Universitario dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

El Tribunal de Garantías Electorales consideró que mediante el Acuerdo 036 del 14 de julio de 2004 se reglamentó el proceso de escogencia de la lista de elegibles al cargo de Rector y que en el Artículo 5º se expresó que el Tribunal de Garantías Electorales verificará las calidades y requisitos de los aspirantes y expedirá el acto de inscripción y en caso de que alguno no cumpla con ellos, mediante acto motivado negará la inscripción, por lo que procedió en concordancia.

REQUISITOS

En el Artículo 3º del Acuerdo 036 se establece que cada aspirante deberá presentar ante la Secretaría General de la Universidad Popular del Cesar en el momento de su inscripción, la hoja de vida con los respectivos soportes y certificados actualizados sobre los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios y sus propuestas programáticas, los cuales se remitirán al Tribunal de Garantías Electorales para su verificación, debiendo constarse previamente el cumplimiento de entrega de los documentos que avalen las calidades y requisitos exigidos.

lista Negados

• Desiderio Padilla García, Roberto Daza Suárez, Raúl Francisco Bermúdez Márquez y Jesualdo Hernández Mieles: No aportaron el documento expedido por autoridad competente que avale el requisito de no estar excluido del ejercicio de su profesión.

• Oscar Andres Ariza Daza: No acreditó los requisitos de experiencia administrativa en cargo de Nivel Directivo, no aportando documento que avale cumplir con experiencia administrativa en cargo de nivel ejecutivo.

No acreditó mediante certificación que el cargo desempeñado como Director de la Corporación efectivamente pertenezca al Nivel Directivo.

No aportó documento expedido por autoridad competente que avale el requisito de no estar excluido del ejercicio de su profesión.

• Félix Miguel Movilla Contreras: No acreditó los requisitos de tiempo mínimo de experiencia administrativa en cargo de Nivel Directivo.

En cuanto a las certificaciones aportadas, el tribunal únicamente consideró que la acreditación de experiencia administrativa en cargo de nivel directivo no avala el tiempo mínimo de tres años.

Acto sospechoso

Los seis aspirantes que no cumplieron con todos los requisitos exigidos se pronunciaron mediante un comunicado, en el cual denunciaron a “la actual administración universitaria por ser generadora de situaciones que riñen con los criterios de transparencia y pulcritud que establecen las normas pertinentes”.

Consideraron que se interpretó de manera tendenciosa el artículo 2 del Acuerdo 038 del 2004 que reglamenta “este acto sospechoso, deplorable y sin precedente alguno”.

Los denunciantes pidieron que sea nombrado un nuevo rector, mientras dura el proceso electoral.

Destacaron que existe un manto de dudas sobre la designación del actual rector, los procesos de contratación, el surgimiento de una nómina exagerada, la desvinculación sin justificación de algunos docentes y funcionarios que se perfilaban como potenciales candidatos a la rectoría, como Félix Movilla y Oscar Ariza y el deterioro de la calidad académica motivada por la contratación de personas sin el lleno de los requisitos de alta calidad, entre otros hechos.

También que en el actual proceso “es palpable la disposición de la infraestructura física y logística de la Universidad en función del candidato Raúl Maya quien está cuestionado por ejercer coacción y constreñimiento electoral en favorecimiento propio”.

LISTA Avalados

1Raúl Enrique Maya Pabón.

2Enrique Alfonso Meza Daza.

3Luis Alberto Caballero Freyte.

Todos cumplieron los requisitos establecidos en el acuerdo 038 de 2004.

“Se trató de un descabezamiento conveniente”

Excluidos a la Consulta Estamentaria

‘Tremendo’ revuelo causó en seis de los aspirantes a la Consulta Estamentaria para Rector de la UPC, el hecho de que el Tribunal de Garantías Electorales de esa institución determinó negar su .

En las últimas horas, el Tribunal negó el derecho a la consulta a los aspirantes y ex rectores, Roberto Daza Suárez y Raúl Bermúdez Márquez, al igual que a Félix Movilla Andrade, Desiderio Padilla García, Oscar Ariza Daza y Jesualdo Hernández, quienes se consideran ‘descabezados’ con la decisión.

Los afectados produjeron un comunicado donde sientan su voz de protesta por lo que ellos consideran un ‘descabezamiento conveniente’, acusando a los miembros del Tribunal de Garantías de beneficiar a tres aspirantes que presuntamente estarían ‘en las cuerdas’ del actual rector José Guillermo Botero Cotes.

El Tribunal emitió un acuerdo en el que aceptan y niegan algunas aspiraciones. Acepta y encuentra en total orden la documentación aportada por Raúl Enrique Maya Pabón, quien cumple con los requisitos, al igual que Luís Alberto Caballero Freyte y Enrique Alfonso Meza Daza.

Según contempla el acuerdo, Desiderio Padilla no fue admitido por no aportar documento expedido por autoridad competente que avale el requisito de no estar excluido del ejercicio de su profesión; al igual que Roberto Daza, Jesualdo Hernández, y Raúl Bermúdez; para el caso de Félix Movilla, el acuerdo resume que no cumple con la experiencia administrativa en cargo de Nivel Directivo, al igual que Óscar Ariza Daza.

El Tribunal es claro también que contra la decisión producida los aspirantes ‘descabezados’ tienen la opción de interponer ‘recurso de reposición’ ante dicho organismo y en subsidio de apelación ante el Consejo Superior Universitario, dentro de los 5 días siguientes a la actual notificación.

“Es una total desfachatez”: ‘Descabezados’

En consenso en la residencia de Óscar Ariza Daza se reunieron los seis aspirantes cuyas intenciones fueron negadas por las causas ya citadas y, quienes consideran además que se trata de un favorecimiento a las causas de Raúl Maya Pabón, Enrique Meza y Luís Alberto Caballero, de quienes aseguran cuentan con la anuencia de la actual administración.

Contrariados, convocaron a una conferencia de prensa que se desarrollará hoy, a partir de las 9 de la mañana, en el hotel Sicarare de Valledupar, donde darán a conocer a voz propia su posición considerando que el actual Rector manipula a favor de Raúl Maya y Enrique Meza, especialmente, los procesos que determina el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC, y tildan a la actual administración de ser “generadora de situaciones que riñen con criterios de transparencia y pulcritud que establecen las normas pertinentes”, conceptos consignados en un documento a la opinión pública.

Cita el documento que, “a propósito del actual proceso de designación del Rector, es palpable la disposición de la infraestructura física y logística de la Universidad en función del candidato Raúl Maya quien está cuestionado por ejercer coacción y constreñimiento electoral en favorecimiento propio, pues desde su otrora posición de Consejero Superior y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas elaboró toda la carga académica para los docentes de la Universidad, bajo el criterio de que, quien no votara por él en la futura elección a Rector, quedaría desvinculado de tajo de nuestra alma mater”, precisaron.

En otro de sus apartes, el documento se refiere también a los favorecimientos que presuntamente ejerce a favor de Enrique Meza, el rector José Guillermo Botero, “quien junto con Maya Pabón gozan del favorecimiento del rector, que en forma descarada y amañada concede privilegios a algunos simpatizantes de los candidatos de la administración para que violen las normas académicas establecidas. Esto sumado a la discriminación en la aplicación de las normas electorales que se dirigen a favorecer a los candidatos afectos a la administración y a impedir la actividad proselitistas y académica del resto de aspirantes a la rectoría.”.

Los párrafos finales del documento firmado por los seis ‘descabezados’, se refiere específicamente a la que consideran actuación errónea del ‘Tribunal’; “como corolario de estas prácticas ilegales y antidemocráticas, el Tribunal de Garantías Electorales negó la inscripción de los 6 candidatos que mantienen una posición independiente de las directivas actuales, interpretando de manera tendenciosa el artículo 2 del Acuerdo 038 del 2004”, y complementa citando su negativa como un hecho sospechoso, “deplorable y sin precedente alguno, que niega la inscripción a seis candidatos que aspiraban a la rectoría, valida la inscripción de tres candidatos de quienes se dice que pertenecen a la administración y tienen inhabilidades expresas como es el caso de Raúl Maya Pabón y Enrique Meza Daza, pero que de manera descarada continúan en la impunidad frente a una comunidad que exige respeto y justicia para que el Cesar y la Upc no siga siendo presa del despotismo y la ilegalidad que tanto daño han hecho al equilibrio democrático”.

Finalmente, denuncian un presunto constreñimiento por parte de algunos docentes de la UPC. “Existen comentarios preocupantes sin que se haya abierto investigación alguna sobre constreñimiento académico de algunos profesores como Wilfred Vilardy, Teobaldo García, Asdrúbal Rocha y Ever Díaz hacia los estudiantes para que voten por Raúl Maya, candidato de la Universidad”, sentencian los ‘descabezados’.