Mostrando entradas con la etiqueta Abstención Activa Contra El Referendo Uribista. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Abstención Activa Contra El Referendo Uribista. Mostrar todas las entradas

Cinco fuentes de la Corte: El referendo está hundido

http://www.lasillavacia.com/sites/all/themes/lasilla/images/logo_naranja_negro_height50.gif
http://www.lasillavacia.com/historia/7073

 


El cambio de la pregunta del referendo por parte del Congreso y la violación de los topes fueron los dos argumentos más convincentes para la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional que respaldan la ponencia de Humberto Sierra Porto en contra del referendo.

Cinco fuentes que tienen conocimiento de lo sucedido el miércoles en sala plena y que pertenecen a diferentes despachos confirmaron a La Silla Vacía que el referendo se va a caer en la Corte Constitucional.

Aunque, como lo explicó ayer en los medios el presidente de la Corte Mauricio González, el viernes en la mañana se llevara a cabo una fase de conclusiones en la que cada magistrado hará explícita su posición frente a cada uno de los vicios, la percepción de estas cinco personas, que trabajan en despachos diferentes, es que la iniciativa no tiene ningún futuro. Dado que la etapa de argumentación ha concluído, es altamente improbable que lo percibido en las discusiones de sala plena sufra un viraje el viernes. Teniendo en cuenta estas evidencias, corroboradas de manera independiente, La Silla Vacía se arriesga a concluir que el referendo está muerto.

Los magistrados tienen dudas diferentes sobre cada uno de los vicios identificados por el ponente Humberto Sierra Porto, pero, según nuestras fuentes, el de la violación de los topes y el cambio de la pregunta cuentan con el respaldo de la mayoría de los magistrados.

Frente a la violación de los topes de financiación para la recolección de firmas, hay prácticamente unanimidad en que se violaron los montos máximos que permitiría la ley.  El dilema para la minoría de magistrados que aún no está convencida de si esta violación amerita acabar con la posibilidad de la reelección por más de una vez gira alrededor de tres puntos: sobre si la etapa prelegislativa es materia de control constitucional, si los topes se aplican para la recolección de las firmas, y si la violación de los topes sería una violación de la ley pero no de la Constitución. 

Existe la tesis de que de acuerdo a las limitaciones impuestas por la misma Constitución, la Corte no tendría la competencia de revisar lo sucedido antes de que la iniciativa fuera presentada al Congreso. La segunda tesis es que los topes se aplicarían para la campaña del referendo una vez la Corte le haya dado luz verde y no para la fase de recolección de firmas. Y tercero, se argumenta que la regulación de los topes es legal y no constitucional, y que por lo tanto un referendo de iniciativa del pueblo estaría por encima de la ley.

El otro vicio sobre el que parece haber mayoría es el del cambio de la pregunta del referendo. El pueblo aprobó la reelección para el 2014, y el Congreso interpretó que lo que realmente querían los colombianos era reelegir por segunda vez a Álvaro Uribe y cambió la pregunta para habilitar al Presidente a someter su nombre a consideración para el 2010.

La ponencia de Sierra dice que el Congreso tiene potestad para cambiar la pregunta mientras la modificación no sea sustancial. Uno de los argumentos del ponente que más impacto ha tenido en Sala ha sido que la Constitución sólo le permite al pueblo o al gobierno presentar referendos constitucionales ya que si el Congreso quiere sacar una ley lo puede hacer sin recurrir a un referendo. Y que en esa medida, reconocerle iniciativa al Congreso cuando la Constitución se lo prohíbe sería absurdo. Entonces, la discusión ha girado sobre qué tan sustancial es ese cambio.

Sobre el tema de la convocatoria irregular a extras no ha habido mucho debate. En cambio, el tema de los votos de los tránsfugas de Cambio Radical sí ha provocado discusiones y no hay un consenso mayoritario al respecto.

Curiosamente, uno de los temas que más ha ocupado el tiempo de los magistrados es el debate sobre la teoría de la sustitución de la Constitución. Y es interesante que haya sido así porque en la medida en que una mayoría de magistrados considera que la violación de topes es un vicio insalvable como lo planteó Sierra Porto en su ponencia, no habría razón para entrar a debatir la sustitución.

Según conoció La Silla Vacía, la razón por la que se está dando esta discusión es porque Sierra Porto quiere cerrarle espacio a la teoría de la sustitución que hizo boga en la Corte anterior y que esta nueva corte defendió con una votación 5-4 en un caso que tenía que ver con la carrera administrativa. En este punto, existe una probabilidad alta de que por lo menos un magistrado que la vez pasada votó a favor de la teoría de la sustitución, cambie su voto e incline la balanza hacia el otro lado. Con lo cual Sierra Porto habría triunfado con uno de sus caballitos de batalla. 

La percepción de los despachos consultados por La Silla Vacía es que ya es evidente que por lo menos cinco magistrados hundirán la iniciativa y altamente probable que otros dos más lo hagan. Mauricio González parece indeciso y Pretelt votará a favor de la reelección. 

La decisión final final se conocerá el viernes hacia el mediodía.

EXCLUSIVO: Uribe no podrá ir por la segunda reelección. El referendo no pasa en la Corte.



Enviar a un amigoVersión para imprimirDescargar en PDF        

 

Foto: Presidencia de la República


Exclusiva: el Presidente no podrá postularse a una segunda reelección. Así será la votación de la Corte mañana sobre el referendo.


La Silla Vacía confirmó con cinco fuentes que conocieron cómo se desarrolló la Sala Plena y que pertenecen a distintos despachos que mañana la Corte votará a favor de la ponencia que pide hundir el referendo.  Lo único que no es claro todavía es si Mauricio González votará a favor o en contra del referendo. Ya es obvio que Jorge Pretelt votará a favor. Y que todos los demás votarán en contra.

Estas son las posiciones percibidas en Sala Plena:


• Niegan todos los vicios y votarán a favor del referendo
: el único que ha argumentado de frente a favor del referendo es Jorge Pretelt, uno de los magistrados nominados por el Presidente Uribe. En la primera Sala Plena utilizó argumentos similares a los del Procurador y es el único voto seguro favorable a la reelección.

Están a favor de todos los vicios identificados por Sierra Porto en su ponencia: el ponente Humberto Sierra y el magistrado Luis Ernesto Vargas se han mostrado a favor de todos los vicios identificados en la ponencia inicial. Se da por descontado que votarán en contra del referendo.

• Están a favor de otros cargos de la ponencia, pero no del vicio de transfuguismo
: Gabriel Mendoza, Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle, que se han mostrado a favor de tumbar el referendo por otros vicios, han planteado dudas sobre la inconstitucionalidad del vicio en el caso de los congresistas de Cambio Radical que votaron a favor del referendo sin que se hubiera oficializado su cambio de bancada.

En el tema de la violación de topes, hay un consenso mayoritario a que es un vicio insalvable. Solo María Victoria Calle, Jorge Pretelt y Mauricio González han manifestado que no habría topes globales para la recolección de firmas. Lo más probable es que no voten a favor de estos cargos.

Frente al cambio de pregunta, hay consenso entre los magistrados -salvo Pretelt y de pronto González- de que es un vicio insalvable.  Allí la discusión gira sobre qué tan esencial fue cambiar la formulación de la pregunta sobre la reelección del 2014 al 2010. El argumento del ponente es que dado que la Constitución solo le dio la iniciativa para hacer un referendo al Gobierno y al pueblo –pero no al Congreso- entonces el legislativo no tendría competencia para hacer cambios sustanciales en un referendo. González no parece definido en este punto. Dependiendo de cómo resuelva su encrucijada, el referendo se hundirá 7-2 u 8-1. En cualquiera de los dos escenarios, el Presidente Uribe no podrá someter su nombre nuevamente a consideración de los ciudadanos colombianos.

• Frente al vicio de competencia de la sustitución de la Constitución, es donde la Corte está más dividida. A pesar de que recientemente, en la sentencia C-588 sobre la carrera administrativa, cinco magistrados respaldaron la tesis de que algunas reformas constitucionales son tan radicales que en realidad cambian la esencia de la Constitución y la sustituyen por otra y que por lo tanto, no se pueden hacer, ayer hubo un intenso debate en la Sala Plena al respecto.

Mientras que los magistrados Calle, Vargas y Palacio quieren salvaguardar el precedente de la antigua Corte en el sentido de que la reelección no implicaba una sustitución pero solo porque era por una sola vez y había una ley de garantías, los otros dos magistrados que en el caso de la carrera administrativa respaldaron la tesis ya no se perciben tan convencidos. En particular, Henao, parece ahora inclinarse más hacia la ponencia de Sierra Porto, quien prefiere no desenterrar el tema y hundir el referendo por los vicios procedimentales.

Este tema, que suena super técnico, es clave porque si la Corte mantiene su jurisprudencia y hace valer el precedente de la pasada sentencia de reelección, las aspiraciones reeleccionistas de Álvaro Uribe quedarían cercenadas para siempre. De lo contrario, un nuevo referendo –este sí bien hecho- podría abrir en el futuro las puertas para una reelección por tercera vez o indefinida.

En este punto, dado que Sierra Porto, Pretelt, González y Pinilla son enemigos acérrimos de la sustitución, bastaría con que Henao cambie de posición y argumente las razones por las cuales en un caso de menor trascendencia como el de la carrera administrativa sí valía la tesis y en esta ocasión no.

En conclusión, ya es evidente que –salvo que hoy pasaran cosas completamente imprevistas y alguno de los magistrados votara diferente a como se ha comportado en Sala Plena- la Corte hundirá mañana el referendo.

La votación, como mínimo será 7-2, dado que todos los demás magistrados han argumentado acerca de la inconstitucionalidad de por lo menos un vicio. La única incertidumbre es si Mauricio González, que ha sembrado dudas sobre la ponencia a lo largo de todo el debate, le asignará suficiente peso al tema del cambio de pregunta.

Reducción al absurdo

ELESPECTADOR.COM

 

 

Opinión| 15 Ene 2010 - 10:36 pm

Mauricio García Villegas

Por: Mauricio García Villegas
LAS POSICIONES POLÍTICAS TIENEN sus maneras típicas de interpretar la Constitución.

Así como la derecha tiene una preferencia por los argumentos jurídicos basados en las formas, en los procedimientos y en las competencias, la izquierda insiste sobre todo en la democracia directa, en la participación popular y en la voluntad del pueblo. Pero leyendo el concepto del Procurador sobre la ley del referendo veo que los roles se han invertido: la derecha de hoy se volvió populista y dejó de ser procedimental y legalista, lo cual ha obligado a todos los demás grupos políticos a defender los procedimientos y las formas establecidas en la Constitución. ¿Cómo es esto posible?

 Lo que creo es que este cambio en la manera de interpretar la Constitución por parte de la derecha no obedece a ninguna concepción jurídica seria, sino a una estrategia política, amañada y circunstancial.

 Para demostrar lo que digo voy referirme al concepto del Procurador, utilizando el viejo método de la reducción al absurdo, que consiste en suponer una hipótesis a través de la cual se obtiene un resultado que no tiene sentido, lo cual permite concluir que dicha hipótesis de partida es falsa.

 La hipótesis que propongo consiste en suponer que los argumentos del Procurador se mantienen incluso cuando cambia el color político de quienes resultan favorecidos con su decisión. ¿Qué pasa si no son los uribistas sino, por ejemplo, los del Polo, los favorecidos? Habría que preguntarle al Procurador si, dado ese cambio hipotético, estaría dispuesto a mantener su argumentación. Solo si la respuesta es afirmativa —suponiendo, claro, que esta sea sincera—  el Procurador saldría bien librado. Hagamos pues la prueba.

 Supongamos que el presidente no es Uribe sino Petro y que este último, como Uribe, goza de gran prestigio, lleva casi ocho años en el poder y quiere cambiar la Constitución para gobernar en un tercer período. La pregunta para el Procurador —que seguiría siendo el mismo— sería esta: ¿tomaría usted la misma decisión? ¿Pondría usted, como lo hace ahora, la voluntad del pueblo por encima de los procedimientos constitucionales? ¿Diría usted de nuevo que cambiar la Constitución mediante referendo es lo mismo que cambiarla mediante Asamblea Constituyente? ¿Se mantendría usted firme en decir que la violación de los topes de financiación durante la recolección de firmas no desvirtuó la voluntad popular? ¿Pasaría usted por alto, como lo hace ahora, todos los vicios de trámite que tuvo el proceso de elaboración de la ley?

 Dudo mucho de que usted, o la gran mayoría de los uribistas que lo acompañan, pudiera responder afirmativamente a una sola de estas preguntas. Y lo dudo porque todo indica que para usted la norma superior no es la Constitución sino los valores conservadores que defiende el presidente Uribe. Así lo demostró en sus recientes arremetidas contra la legalización del aborto, contra las parejas homosexuales y lo ratifica hoy en su concepto sobre la ley del referendo. Allí, en esos valores conservadores, no en la Constitución y en sus procedimientos, está, cree usted, el proyecto de sociedad que debe guiar a Colombia.

  Una constitución es como una regla básica de juego; una regla que establece límites al ejercicio del poder político, con independencia de quién sea el gobernante. Así lo consagraron los constituyentes de 1991. Para el Procurador, en cambio, parece como si los procedimientos y los límites que establece la Constitución sólo se aplicaran en el evento de que el uribismo no estuviera en el poder.

* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de DeJuSticia

Concepto del Procurador es incoherente: ex presidente de Corte Constitucional

http://elespectador.com/images/logo.gif
Por: Giovanni González Arango
Advierte que no es lógico considerar exequible una iniciativa con inconstitucionales.

La postura del Procurador General de la Nación frente al referente reeleccionista carece de coherencia en muchos puntos, señaló el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra.

El ex magistrado señaló que no es posible avalar la constitucionalidad de un acto sobre el cual se reconocen irregularidades y faltas graves a los principios de la Carta Magna, que se han producido de manera latente.

"A mi juicio, resulta incoherente y peca contra la necesaria solidez que debería tener, porque se encuentran vicios de carácter formal en el trámite de una Ley tan delicada, como la que pretende convocar un referendo, lo lógico es que entonces se declare la inexequibilidad de la Ley para asegurar el cumplimiento de la primacía de la Constitución Política", advirtió Beltrán, en diálogo con ElEspectador.com

Señaló, así mismo, que aunque el concepto propugne porque el presidente Uribe se acoja a la Ley de Garantías, la excepcionalidad frente a los plazos para inscribir su candidatura, lo que en realidad busca es que el primer mandatario esté exento de cumplir con tales disposiciones.

El experimentado penalista manifestó que la Corte Constitucional debe apartarse totalmente del concepto del Ministerio Público, tal y como lo hizo en el momento en que aprobó la reelección presidencial, hasta ahora vigente, en el 2004.

Recordó que, en esa oportunidad, el Alto Tribunal rechazó la posición de la Procuraduría, aprobando la iniciativa y que en esta oportunidad debería proceder de la misma manera, declarando la inexequibilidad de la Ley por la cual se busca convocar al pueblo para que se pronuncie en torno a la posibilidad de que un candidato que haya sido elegido para dos períodos pueda volver a participar en una nueva contienda electoral.

Referendo en Estado de opinión

ELESPECTADOR.COM 
 

 Editorial | 13 Enero 2010 - 11:00pm

Por: Elespectador.com
TRAS LA ENTREGA A LA CORTE CONStitucional del concepto sobre el referendo reeleccionista redactado por el procurador Alejandro Ordóñez, en el que pide que se declare exequible, hoy más que nunca parece imponerse en Colombia el Estado de opinión por sobre el de Derecho. Todo vale mientras “no se afecte la expresión del pueblo”, parece habernos sentenciado el Procurador.
 
El concepto, como cualquier otro, ha generado opiniones en contra y a favor. Quienes avalan una segunda reelección del presidente Uribe estiman que estamos ante un fallo rigurosamente argumentado desde el derecho. Opositores, abstencionistas y críticos, por el contrario, plantean que es la política, no el derecho, la que da sustento al polémico texto.

Infortunadamente para el Estado de Derecho que desde estas páginas hemos defendido, una revisión cuidadosa de la argumentación del Procurador les da la razón a los segundos. El concepto final es bastante claro, casi obvio en su intención de apoyar una segunda reelección del presidente Uribe, pero incurre en contradicciones que no dejan de ser sorprendentes.

Frente al certificado del Registrador que suponíamos necesario para garantizar la legitimidad del proceso de recolección y financiación de las firmas, se concluye que esto ya se hizo en el momento en el que la Registraduría avaló las firmas y recibió los balances de los promotores de la iniciativa. La certificación de legalidad de la financiación de las firmas no es entonces requerida, pese a que el propio Registrador determinó que la plena validez del certificado dependía de los topes y posibles fraudes.

En ese mismo sentido, se acepta que la posible violación en los topes es grave, pero no tanto como para afectar la validez del referendo. La incidencia de tan indecorosa situación sería apenas de orden personal o administrativo. El transfuguismo que permitió la votación en el Congreso tampoco constituiría un vicio de trámite y, a lo sumo, daría para una sanción disciplinaria. Y se acepta que la convocatoria a extras en el Congreso fue irregular pero, de nuevo, sin consecuencias.

Sobre si el referendo podría dar lugar a una sustitución de la Constitución, toda vez que existe la posibilidad de que para cada nueva reelección el Presidente acuda a la voluntad popular, el Procurador nos recuerda que en su sentencia sobre la primera reelección la Corte Constitucional dejó claro que al pueblo le estaba permitido modificar el contenido del pacto político. En lo que no reparó fue en lo taxativa que fue la Corte en dicha sentencia al aclarar que la reelección sólo estaba permitida por una única vez. Por lo mismo, el concepto tampoco nos aclara cuál es el futuro del equilibrio de poderes y el democrático sistema de pesos y contrapesos. Preocupación esta que, en últimas, representa lo central de todo cuanto se ha discutido en los últimos 14 meses.

Para terminar, se acepta que la Ley de Garantías que rigió para la primera reelección sigue vigente y aplica, pues, para el caso en que el Presidente desee postularse como candidato, una vez que se conozca el resultado del referendo. Y se le aconseja, desde el plano ético ya que jurídicamente nada lo obliga, que se acoja a la ley. Una postura que ha debido adoptar hace seis meses y que, como ya no lo hizo, garantiza que en caso de que el Presidente sea candidato no habrá igualdad de condiciones en la contienda electoral.

¿Cómo llegamos a este punto de no retorno en el que, no obstante las serias irregularidades y anomalías de orden formal y sustantivo que encierra el referendo reeleccionista, el jefe del Ministerio Público le pide a la Corte Constitucional que declare su exequibilidad? La respuesta, por lo pronto, parece estar del lado del Estado de opinión. Lo que antes no pasaba de ser una hipótesis gubernamental de corte más bien teórico, luce ya como una realidad tangible que comienza a cobrar vida jurídica con el concepto del Procurador. Lamentable y preocupante.
Dirección web fuente:

Procuraduría pide declarar constitucional el referendo

  http://elespectador.com/images/logo.gif

Política |12 Ene 2010 - 4:15 pm

Por: Redacción Judicial
Aunque señaló varios errores en la ley, advirtió que éstos "no vician la voluntad del pueblo", y por eso le pidió a la Corte que declare exequible la iniciativa popular.

Tambien le pide al Presidente que se acoja a la ley de garantia electorales.
El largo etcétera de "peros" jurídicos que durante 14 meses han venido esgrimiendo los críticos del referendo reeleccionista fue removido de un plumazo por cuenta del concepto que dio a conocer el procurador general, Alejandro Ordóñez, alegando en esencia que la ley que convoca a un referendo para que el jefe de Estado, Álvaro Uribe, pueda presentarse nuevamente como candidato presidencial debe ser declarada exequible por la Corte Constitucional. Aunque reconoció que se cometieron irregularidades, en su opinión éstas "no afectan la expresión del pueblo" y por eso le pidió a Uribe que de inmediato se acoja "a las restricciones y prohibiciones de la Ley de Garantías".

El jefe del Ministerio Público consideró que ante la inminencia de una candidatura del presidente Álvaro Uribe, y ad portas de la decisión sobre el referendo por parte de la Corte Constitucional, "se deben superar las interpretaciones formalistas" y dar paso a una campaña electoral equilibrada y transparente. Según Ordóñez, no se puede obviar la creciente expectativa que genera una segunda reelección, así como tampoco se puede pasar por alto el corto tiempo que hay entre el posible aval constitucional y la fecha de las elecciones que haga posible la aplicación de la Ley de Garantías, que prohíbe que el candidato-presidente utilice los recursos del Estado para promover su nombre y sus propuestas.

Durante una concurrida rueda de prensa, el representante del Ministerio Público señaló con vehemencia que tanto el pueblo como el Congreso pueden reformar la Constitución. El primero mediante referendos y el segundo a través de actos legislativos. Ordóñez aseveró que la Carta Política no es un instrumento pétreo, sino susceptible de modificaciones. Por ello, luego de enumerar los aspectos que abordó su estudio respecto de la exequibilidad del referendo, uno a uno fue desestimando los supuestos vicios de trámite de la norma que han puesto en evidencia connotados juristas, como el ex procurador Edgardo Maya, el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán o congresistas de la oposición.

El concepto citó una posición de la Corte Constitucional que, al estudiar el referendo convocado en el año 2003 por el presidente Uribe, resaltó: "No le corresponde a la Corte examinar si los contenidos de una ley que convoca a un referendo son o no constitucionales, ni mucho menos políticamente oportunos, sino que debe estudiar si el procedimiento de formación de esa ley se ajusta o no a las exigencias constitucionales". Así fue como Ordóñez capoteó las conveniencias políticas de una iniciativa de este talante, y simplemente se limitó a considerar que ni siquiera algunos vicios evidentes en el trámite del referendo afectaban su legitimidad, pues la soberanía de las mayorías debe primar.

Tras analizar los escenarios por los cuales navegó la iniciativa popular, como el proceso de recolección de firmas y de inscripción del referendo ante los organismos electorales, así como su tránsito en la Cámara de Representantes y el Senado, el Procurador reiteró que las eventuales violaciones a la financiación del referendo podrían constituir responsabilidades de carácter individual, incluso sanciones disciplinarias, pero de ninguna manera viciarían la voluntad de los más de cuatro millones de firmas de colombianos que soportan la iniciativa. Es decir, las investigaciones conexas que adelanta la Fiscalía y el propio Consejo Nacional Electoral por las eventuales violaciones a los topes electorales, en criterio de Ordóñez, no afectan la expresión de los colombianos.

Al abordar si el Congreso podía alterar el contenido de la iniciativa, que en principio facultaba a Uribe a aspirar a un tercer mandato en el año 2014, el jefe del Ministerio Público indicó que sí podía hacerlo en virtud de la "democracia representativa", y que en este caso el Legislativo, al cambiar la pregunta del referendo, solamente precisó la voluntad del pueblo que firmó la iniciativa popular, pues de manera notoria lo que se buscaba era avalar que en las próximas elecciones figure el nombre de Álvaro Uribe Vélez en el tarjetón expedido por la Registraduría como candidato.

El concepto de 53 páginas, entregado por Ordóñez a la Corte Constitucional, también estudió dos de las más protuberantes anomalías en el trámite del referendo denunciadas por distintos sectores: la aparentemente irregular convocatoria a sesiones extras en diciembre de 2008, cuando éste agonizaba en la Cámara de Representantes y el transfuguismo de varios parlamentarios, cuya única intención fue la de votar favorablemente la iniciativa que sus colectividades consideraban un error para la democracia. Sobre el primer punto, el Procurador resaltó que en la convocatoria a sesiones extras sí se presentó una irregularidad, que fue la publicación del acto administrativo en el diario oficial con posterioridad al inicio de las sesiones y de votación.

No obstante, consideró que ello no constituye un vicio insubsanable que afecte la formación de la ley, y se apoyó en recientes sentencias del Consejo de Estado, una de ellas de la magistrada Marta Sáenz, que advierte que los errores en la publicación de estos decretos no afectan la validez de los actos legislativos. Sobre el segundo asunto, es decir, la insólita voltereta política de varios congresistas que buscaban sí o sí votar el referendo, Ordóñez recalcó nuevamente que si cometieron falta alguna, ésta deberá ser analizada desde la órbita individual y, por tanto, tampoco esta anomalía constituye un problema en el trámite de la iniciativa popular.

Quizás el pronunciamiento del jefe del Ministerio Público que causó más polémica es que le pidió a la Corte Constitucional que al evaluar la exequibilidad del referendo solamente circunscriba su estudio a los eventuales errores en el trámite de la iniciativa -yerros que consideró menores Ordóñez-. En cambio, sostuvo que en relación con la discusión de si un tercer período presidencial consecutivo afecta todo el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de 1991, Ordóñez manifestó que el referendo no sustituye la Carta Magna, pues en ésta la figura de la reelección ya había sido admitida. Lo curioso es que se fundamentó en la sentencia de la Corte que declaró exequible la primera reelección en 2005, en la cual, sin embargo, se hizo la salvedad de que la Carta Política no se sustituía siempre y cuando la reelección se permitiera por una única vez.

Por último, el Procurador General de la Nación le pidió a la Corte que se declare la inexequibilidad de la expresión "voto en blanco" contenida en la ley que convoca al referendo, y que faculta a la ciudadanía a votar en blanco si así lo desea. En su criterio, sólo puede haber dos formas de votación de esta iniciativa en las urnas: sí o no. En ese sentido, además, Ordóñez le solicitó a la Corte que fije la fecha de convocatoria del referendo, lo que en palabras castizas se traduce en que el alto tribunal sí podría modular su fallo y convocar al pueblo en tiempos en que el presidente Uribe pueda formalizar su candidatura. Aunque el propio presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla, señaló el martes que en principio él no encontraba viable que la Corte ajustara el cronograma electoral a esta iniciativa.

De esta manera, pues, comenzó la cuenta regresiva para conocer la suerte del referendo reeleccionista. El primer examen jurídico ya lo pasó: el del Procurador. Los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán la responsabilidad de avalar o no esta controvertida iniciativa. Tras la solicitud del jefe del Ministerio Público de que el presidente Uribe se acoja a las prohibiciones de la Ley de Garantías, algún entendido le comentó a este diario: "¿Aún le quedan dudas de que Uribe quiere la reelección?".

Oposición dice que es pesimista sobre el concepto del Procurador frente al referendo reeleccionista

http://www.caracol.com.co/images/logocar.gif 

Noticiero Caracol | Enero 10 de 2010



Sectores de la oposición siguen a la expectativa del concepto que emitirá el próximo martes el Procurador General de la Nación sobre el referendo de la reelección del Presidente Álvaro Uribe.

El Senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, dijo a Caracol Radio que no se hace muchas ilusiones que el Procurador Alejandro Ordóñez vaya a pronunciarse en contra del referendo de la reelección.

Sostuvo que el Procurador es amigo del Presidente Uribe y le debe la elección de su cargo al jefe del estado y a su bancada con lo cual no se entendería que su concepto sea en contra.

El Senador y miembro del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes, sostuvo que los tiempos no le alcanzan al referendo así la corte constitucional se pronuncie a favor pero que el Presidente Uribe ya no alcanzó a ser candidato y debe presentarse pero para el 2014.

El Vocero del liberalismo Senador, Juan Manuel Galán manifestó que ojala el Procurador tuviera en cuenta todos la clase de vicios del referendo y que para cualquier ciudadano común y corriente la ilegalidad de esa iniciativa es evidente.

Uribe se deja empujar

ELPAIS.COM

  EDITORIAL

El presidente colombiano se niega a revelar sus intenciones si el tribunal avala un tercer mandato

07/01/2010
El presidente colombiano Álvaro Uribe sería el Hitchcock latinoamericano, maestro del suspense, si no estuviera jugando con su eventual reelección a un tercer mandato, para el que aún tendría, sin embargo, que ganar un referéndum que le permitiera retocar la Constitución. En sus últimas declaraciones se ha encomendado al Altísimo, al pueblo y a la Corte Constitucional, de quienes dice que depende su presentación a las elecciones de mayo. Pero de la triple invocación, a la que hay que hacer plena confianza es a la del tribunal, porque sin su consentimiento -que se espera desde hace meses- no caben consulta ni candidatura.

La situación sigue, con todo, calentándose en lo que ya es verdadera precampaña, ante la que se perfilan dos escuelas. La que sostiene que los recientes atentados de las FARC, con el brutal asesinato del gobernador de la provincia del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, prueban que la política de seguridad democrática es incapaz de acabar con la guerrilla -en realidad, un hatajo de bandoleros y terroristas-, y la que, por el contrario, porfía con que hace falta una tercera oportunidad para que Uribe saje definitivamente ese absceso de la democracia colombiana. Y a la vista de los altísimos índices de popularidad presidencial, cabe poca duda de que la segunda es mayoritaria.

Igualmente, la verborragia del vecino de al lado, el presidente venezolano, Hugo Chávez, secunda para conjurar problemas de política interior esa preferencia, con sus acusaciones de que Estados Unidos va a atacar a su país desde bases colombianas e islas holandesas del Caribe, razón por la que mete también en el ajo a un país que desde que perdió Indonesia en 1949 no ha querido oír hablar de aventuras militares.

Son cada día más las voces nacionales e internacionales que piden al presidente que adelante su compromiso de no presentarse a un tercer mandato aunque la sentencia del tribunal lo autorice: que se contente con ocho años de éxitos en la lucha contra la subversión, pero de profunda atonía en lo social. Un tercer Uribe es, además de inapropiado (que la ley por él impulsada le sea aplicada), innecesario. Sucesores los hay en casa y en la oposición, pero, sobre todo, Colombia precisa otros aires. El mejor y más democrático servicio que puede prestar hoy a la nación es tomarse un merecido descanso.

© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

Otro tropezón en el trámite del referendo

http://www.semana.com/img/top/logo_semana.gif

Cámara de Representantes
Alejandro Acosta. Revista DineroCámara de Representantes


REVISTA DE RADIO. La Imprenta Nacional certificó que el llamado a la sesión en la que se aprobó la ley en Cámara hace un año se hizo oficialmente después de que ya había sido votada. Nada de lo aprobado ese día tendría validez, dicen expertos.

Miércoles 18 Noviembre 2009

Al trámite del referendo reeleccionsista le surgió un nuevo vicio de forma en su trámite. La sesión extraordinaria que se programó en la plenaria de la Cámara para aprobar el texto del proyecto reeleccionista durante la madrugada del 17 de diciembre fue convocada oficialmente después de que hubiera tenido lugar y de que la Cámara ya hubiera aprobado el referendo.

Así consta en un concepto emitido por la Imprenta Nacional donde le informa a la Corte Constitucional dicha irregularidad.

Según algunos constitucionalistas, ese anuncio extemporaneo de la sesión extra deja sin piso cualquier decisión tomada durante la sesión.

En el documento la Imprenta informa que el decreto que convocó a la sesión extraordinaria en la plenaria de la Cámara de Representares fue publicado en la tarde de ese mismo día, casi 18 horas después de la votación que aprobó la ley del referendo.

Esta mañana, en diálogo con Caracol Radio, el ex magistrado y ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán explicó que los decretos que convocan a este tipo de reuniones se debe publicar antes del encuentro y no después; además que sólo se puede convocar a una extraordinaria si el Congreso se encuentra en receso.

“La reunión se realizó en el madrugón entre el 16 y el 17 de diciembre, se aprobó el referendo con una votación a las 3:40 de la mañana, lo que significa que así se hubiera publicado el decreto la noche anterior, que no se hizo y es una falta gravísima, fue una sesión por fuera de las condiciones previstas en la Constitución”.

Según Beltrán la sesión es inconstitucional por no haber publicado el decreto antes de la reunión y por haberla programado incumpliendo las leyes. Escuche qué ley se violó en este caso y por qué no tiene validez esta sesión.

Agregó que el certificado de la Imprenta no sólo muestra la irregularidad de la sesión extraordinaria, sino que además tiene en cuenta que dicha reunión se realizó cuando todavía estaban vigentes las sesiones ordinarias.

Otro de los interesados en conocer el concepto de la Imprenta Nacional era el congresista de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, quien habló con la misma cadena radial y explicó por qué este certificado era vital para las pruebas que recolecta el magistrado de la Corte Constitucional que tiene a cargo el estudio de la ley de referendo, Humberto Sierra Porto.

Según explicó Lara Restrepo, desde septiembre había solicitado a la Imprenta que “certificara la fecha de publicación del decreto convocatorio a extras, aquí lo que hubo fue un decreto que surtió efecto sin darse a conocer al país, este procedimiento no admite excepción alguna, porque abriría la puerta a leyes secretas de espaldas al país".

El certificado de la Imprenta Nacional hace parte de las pruebas pedidas por el magistrado Sierra Porto, quien lo analizará como parte fundamental de las pruebas que pidió a varias entidades para definir si considera que el referendo reeleccionista es constitucional o no.

Reelección: los de a pie y los líderes de opinión piensan muy distinto

http://www.lasillavacia.com/sites/all/themes/lasilla/images/logo_naranja_negro_height50.gif


Miércoles 11 de Noviembre de 2009

En la más reciente encuesta Gallup el 82 por ciento de los encuestados se muestran a favor de la reelección y el 17 por ciento en contra. Esta encuesta que fue realizada en cinco ciudades capitales y tiene una muestra de 1000 personas de todos los estratos contrasta radicalmente con lo que se ve en una encuesta que la Misión de Observación Electoral le hizo a las “élites”. La Moe entrevistó a a miembros de 157 instituciones (representantes de los gremios, directores de ONG´s, medios, cabezas de organizaciones sindicales y académicos). Frente a la pregunta qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la segunda reelección presidencial el 78 por ciento de los encuestados dicen estar totalmente en desacuerdo, el 8 por ciento dice estar totalmente de acuerdo y el resto están en posiciones intermedias.

Álvaro Uribe y su ‘lluvia’ de escándalos

http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoMedios/Imagenes/elheraldo5.jpg




Agro Ingreso Seguro es apenas el más reciente escándalo que sacude al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero no es el único. Y éste, igual que los demás, tampoco le ha afectado en su imagen; es como si el primer mandatario estuviera blindado contra los efectos de irregularidades y corrupción. A él, como el teflón, todo le resbala y nada le afecta. A lo largo de siete años, su administración ha estado cargada de situaciones anómalas que por lo delicadas hubieran hecho tambalear a cualquier mandatario que no fuera Álvaro Uribe, como lo ha reseñado la prensa internacional.

Ejemplos de esa protección son los casos de la ‘Yidispolítica’, que no solo ha dejado en entredicho la transparencia del proceso que se dio para conseguir su primera reelección, sino que compromete seriamente a varios miembros de su gabinete.

Pero más allá de que el Presidente no resulte afectado, en más de una ocasión Uribe no solo no sale de los funcionarios que aparezcan implicados en escándalos, sino que los defiende públicamente, aunque los señalamientos los comprometan abiertamente. Eso precisamente ocurrió en el DAS con el ex director Jorge Noguera, con su embajador en Italia Sabas Pretelt y con el ministro de Protección Diego Palacio, entre otros. Pero resulta más difícil de entender que con esos eventos su imagen se fortalezca, y hace que hoy se le dé como favorito para otro mandato.

Notarías por votos

A los señalamientos de Yidis Medina contra el referendo se sumaron las denuncias del ex superintendente de Notariado Manuel Guillermo Cuello Baute dentro del proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el Gobierno pagó los votos del referendo reeleccionista con notarías. Según sus declaraciones, 34 congresistas y funcionarios fueron premiados entregándoles dichas oficinas a sus amigos o familiares. Como en todas las otras situaciones, el Gobierno lo niega, y todo sigue como si nada hubiera pasado.

Macabros positivos

En su momento, la senadora Cecilia López dijo que el ministro Santos “carga con la mayor vergüenza” del 2008, al hacer referencia a los llamados ‘falsos positivos’, una práctica que se venía ejecutando por un sector de las Fuerzas Militares en muchas zonas del país: desaparecer jóvenes para presentarlos como guerrilleros dados de baja y aumentar las cifras de la Seguridad Democrática. En ese momento los sectores políticos de oposición pidieron la cabeza de Santos, pero el Ministro se mantuvo, ratificado por el Presidente.

Cohecho de uno

El de la ‘Yidispolítica’ es el caso que más sorprende a entendidos y legos, porque es la única situación en que en una condena por el delito de cohecho solo hay un culpable (Yidis Medina y Teodolindo Avendaño). En ese tipo penal siempre debe haber dos partes responsables; uno que da y otro que recibe. La propia Yidis aceptó haber recibido prebendas de funcionarios, como el ex ministro Sabas Pretelt y el ministro de Protección, Diego Palacio; pero ellos siguen allí, desempeñando sus funciones como si nada hubiera ocurrido y con el respaldo incondicional del presidente Uribe.

Reelección sí o sí

El estudio y aprobación del referendo reeleccionista ha dejado a su paso una estela de dudas para la transparencia de este proceso. Desde el mismo paso de la recolección de las firmas y su financiación, con violación de los topes, hasta el mismo trámite en el Congreso han sido cuestionados por todas las maniobras realizadas por el Gobierno para sacar la iniciativa, como por ejemplo, convocar sesiones extras en la madrugada del 17 de diciembre. La oposición denunció que el Gobierno destinó más de $230 mil millones del presupuesto para garantizar los votos y aprobar el proyecto.

Pirámides del ‘tumbe’

Varios congresistas, en su momento, cuestionaron fuertemente al Gobierno por su pasividad en el tema de las captadoras ilegales de dinero, o pirámides, que dejaron en la ruina a miles de familias en todo el país. Por esta situación permanece preso David Murcia, cerebro del problema, y quien además contribuyó en la financiación de la recolección de firmas para impulsar la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. Es la hora en que la mayoría de las familias afectadas están a la espera de que se les devuelvan los dineros que entregaron.

País de ‘chuzados’

El escándalo de las ‘chuzadas’ en el gobierno Uribe comienza con las denuncias de interceptaciones de la Policía a magistrados, periodistas y dirigentes políticos, y por eso fueron destituidos 11 altos mandos de la Institución, contando al general Jorge Daniel Castro. Pero no fue el único caso, porque posteriormente se conoció que la misma irregularidad era cometida por la oficina de inteligencia del DAS, y que la Fiscalía también chuzaba. La Procuraduría General de la Nación también tendría equipos para hacer interceptaciones. Dice la oposición que las órdenes para chuzar salieron del Gobierno.

Paras’ en palacio

Fue muy sonado el caso de la misteriosa visita de un enviado del jefe paramilitar alias ‘Don Berna’ a la Casa de Nariño. En esa ocasión se dijo que el ingreso se produjo por la parte de atrás de la edificación, como lo mostraron las cámaras de seguridad del lugar. El secretario jurídico de Palacio, Edmundo Del Castillo, admitió que tuvo tres reuniones con el abogado del jefe ‘para’, Diego Álvarez, quien le habría entregado pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el presidente Álvaro Uribe. Dice el funcionario que recibió cuatro discos compactos con grabaciones.

Análisis de Alexandra García


Para la analista política Alexandra García, el blindaje de que goza el presidente Álvaro Uribe se debe a varios factores, uno de los cuales es un excelente manejo de medios y una forma muy particular de desviar la atención cuando le tocan un tema que no le interesa. Considera igualmente que el primer mandatario saca ventaja del hecho de que nunca ha dejado de ser candidato, y en cada actuación en público se presenta como tal, tratando siempre de ganarse la aceptación de la gente. Así mismo atiende todas las invitaciones y hace presencia tratando de vender su imagen como candidato.

Otra explicación a la aceptación de Uribe, según el concepto de García, es que la ciudadanía en nuestro país responde a la cultura de que el fin justifica los medios, y no le importa si existe corrupción o si hay desfalcos, siempre que se obtengan los resultados que se están buscando que, para el presente caso es el mejoramiento de la percepción de seguridad, producto del estilo de gobierno de Uribe.

Alexandra García es abogada de la Universidad del Norte y Politóloga de la Universidad del Estado de Pensylvania, EU.

http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/L/luribescandalo/luribescandalo.asp?CodSeccion=48

Colombia no se mira en el espejo

ELPAIS.COM

Pese a la acumulación de desastres, Uribe es el favorito para un tercer mandato

M. Á. BASTENIER - Bogotá - 12/10/2009

Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo.

Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo, como los presidentes estadounidenses que en los últimos meses de su mandato apenas acarrean poder ante seguidores y adversarios. Pero hay otras razones. El líder colombiano no quiere comprometerse mientras no sea seguro que pueda presentarse, y una serie de obstáculos legales, tanto de calendario como constitucionales, pueden hacer que eso no ocurra hasta marzo de 2010, en vísperas de las elecciones legislativas, fecha también para el referéndum que legalizaría su candidatura.

De entre todas las personalidades directa o indirectamente consultadas solo el ex presidente Belisario Betancur afirma que Uribe no piensa presentarse; el aspirante del partido liberal a las presidenciales de mayo próximo, Rafael Pardo, explica con conocimiento enciclopédico cómo es imposible que se presente porque la Corte Constitucional le negará el permiso, pero no duda que el presidente bien quisiera hacerlo; y la práctica totalidad de las voces políticas lo dan por presentado, como Carlos Gaviria, candidato del Polo en 2006, que, aunque fue fácilmente batido por Uribe con el 22% de los sufragios, obtuvo la más alta votación de todos los tiempos a una izquierda que no trata de disimular que lo es; y en ello coincide el aspirante oficial de esa izquierda para 2010, Gustavo Petro, partidario de sacar votos hasta de los sumideros para frenar a Uribe.

Colombia, como Dorian Grey, no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores: más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares; espionaje telefónico del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sobre todo el que se mueva; compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución; adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario; legitimación del transfuguismo masivo, como ocurrió en la aprobación de la ley del referéndum ya citado, sobre el que el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato; el caso más egregio de todos, los dos mil y pico falsos positivos -eufemismo por asesinato- de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, sobre los que Uribe no reconoce responsabilidad ni conocimiento. Y la última bofetada, la certificación estadounidense de que Colombia coopera en la lucha contra la droga -especialmente, cediendo el uso de siete bases a Estados Unidos- cuyo texto está concebido en lenguaje de potencia protectora a tribu protegida. Washington afirma, entre otros descaros, que "facilitará el diálogo entre el Gobierno colombiano y los cuerpos sociales", dando por sentado que Bogotá necesita que la estimulen. Y nadie protesta.

Pero esa letanía no parece contar para lo que se llama en Colombia opinión pública que, en realidad, se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato. Sobre esa base el uribismo gubernamental ha incluso teorizado. Esa masa constituye un Estado de Opinión, superior incluso al Estado de Derecho, y sobre el que voces áulicas se apoyan para decir que si el pueblo lo quiere no puede haber inconveniencia legal que se interponga.

Las espadas en alto se expresan en un escueto binomio: elecciones con o sin Uribe; si es con parece difícil que el movimiento TCU (Todos contra Uribe) pueda lograr su propósito; excepto un puñado de intelectuales y sindicalistas, el resto de las clases ilustradas vota arrastrando a su clientela por un presidente gracias al cual ven la luz al final del túnel, un país del que las FARC, marxistas quizá, terroristas seguro, hubieran desaparecido exterminadas por el ángel vengador, del que pudieran disfrutar comiéndose el ajiaco en su segunda residencia; y si es sin, todo vale desde la victoria del que unja Uribe como delfín, para lo que hay más aspirantes que partidos, hasta una tupida nómina de opositores que van desde el uribismo antireeleccionista -Germán Vargas Lleras; el partido liberal y el Polo; algún girón conservador con la ex embajadora en España Noemí Sanín; los llamados tres tenores del partido Verde -que podría ser de cualquier otro color- los ex alcaldes de Bogotá, Lucho Garzón, Antanas Mockus, y Enrique Peñalosa, de los que este último es ya precandidato; y hasta un candidato sin partido, pero asimilable a varias de las formaciones anteriores, Sergio Fajardo, antioqueño como el presidente, Álvaro Uribe Vélez, que en ese caso improbable dejaría el poder. Hay quien dice que hay túnel, pero lo que falta es luz.

© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

Denuncian ante la Corte nueva irregularidad del referendo

ELESPECTADOR.COM


Un nuevo lío se registra en torno al referendo de la reelección presidencial y la revisión que la Corte Constitucional hace de éste.

13 Oct 2009 - 12:33 pm

Por: Elespectador.com
El Partido Liberal le pidió al magistrado Humberto Sierra Porto, ponente del estudio de la iniciativa, que indague cómo fueron aprobadas las actas del proyecto.

El representante Guillermo Rivera explicó su solicitud a la Corte Constitucional.

El Partido Liberal, en carta enviada al magistrado Humberto Sierra Porto, pidió que él siendo el ponente del estudio del referendo, investigue cómo fue aprobada el acta de la plenaria del pasado 17 de diciembre.

El vocero para este tema dentro de las ‘toldas rojas', el representante Guillermo Rivera, manifestó que en el acta de diciembre de 2008 que fue aprobada el pasado 7 de octubre, se cometió una irregularidad.

Según el Legislador, si se hace un cruce de información entre los representantes que votaron el proyecto y los que aprobaron el acta, se evidencia que muchos intentan corroborar algo de lo cual no pueden dar fe.

"Posiblemente se configuró una aprobación irregular que debe ser indagada", aseguró Rivera.

EL REFERENDO ES INCONSTITUCIONAL


ENTREVISTA A HUMBERTO DE LA CALLE (EL TIEMPO)

¿Le produce algún reproche todo lo que se dice que pasó en la aprobación del referendo?

Pues hay demasiado ruido, demasiadas acusaciones pero yo no sé si sean ciertas o no. Más allá de eso, me parece que, mirando en profundidad, lo que está pasando en la democracia colombiana es muy grave. El Congreso, que es el elemento central de una democracia representativa, ha llegado a su máximo punto de ilegitimidad política y de ahí surge todo un mar de denuncias penales que van y que vienen. Y se ha producido una especie de desplazamiento del árbitro democrático hacia las cortes, particularmente a la Constitucional. Eso es muy patológico y el primer deber que tendríamos los colombianos es recuperar el Congreso. Lamentablemente, sólo los 'tres tenores' y Fajardo vienen hablando de un punto tan delicado cuando proponen llevar al próximo Congreso lo que ellos llaman una 'selección Colombia' de candidatos.

(Risas). Está como bueno el apodo... La aprobación del referendo es una derrota del ex presidente Gaviria y de los candidatos liberales. ¿Uribe le está dando sopa y seco a la oposición?

La oposición no ha logrado descifrar el juego. Pero hay que reconocerle a Gaviria que fue Presidente y salió con una altísima popularidad y que fue secretario de la OEA, y el hecho de que se haya venido aquí a lidiar manzanillos y a tratar de construir un partido serio me parece que es digno de aplauso.

Eso nadie se lo niega. Incluso muchos no se resignan a que él no sea el candidato para atajar al Presidente...

Lo cierto es que el Partido Liberal está en una gran encrucijada. Cuando empezó el lenguaje de oposición, terminó en una especie de maridaje con el Polo que fue diluyendo el mensaje tradicional de centro izquierda del Partido Liberal. Y por el otro lado, Uribe se robó las bases liberales y ha dejado al Partido sin saber cómo actuar. Incluso, en un principio cometió un grave error. Recuerdo, y lo hago con tristeza porque me parece una gran equivocación del Partido, cuando el presidente López dijo que la seguridad democrática era un gran error porque era para que los ricos pudieran ir a Anapoima los fines de semana. El Partido Liberal no entendió, a diferencia de Uribe, que el clamor por la seguridad cobijaba todas las capas sociales. Y de ahí en adelante el Partido ha tratado de mantener una posición no tan agresiva como la del Polo pero jugando en sándwich entre dos situaciones extremas y la polarización puede colocarlo en una situación aún más difícil. La posibilidad del Partido Liberal la veo si hay segunda vuelta y atrae a muchas fuerzas políticas no uribistas. Pero con Uribe de candidato y un triunfo suyo en primera vuelta, la posición del Partido Liberal está muy comprometida.

Los preámbulos de esta segunda posible reelección de Uribe son tan 'sui géneris', que también tiene congelados a quienes serían sus naturales sucesores. Los tiene sin trabajo, sin discurso, y prácticamente sin futuro, por lo menos inmediato...

Sí, es una situación absolutamente particular. Todos los candidatos uribistas han quedado parqueados a la espera de lo que ocurra. Y la política está girando alrededor de Uribe. A él le conviene la incertidumbre. El copa todo el escenario. Pero es un juego muy arriesgado, porque si llega a caerse el referendo, en la Corte o porque no hay votos suficientes, a mes y medio de elecciones no habrá ningún sucesor acreditado de Uribe. Lo que debería hacer el uribismo es convertir el referendo en una especie de campaña presidencial tipo plan B, para que los líderes del referendo estén en capacidad rápida de tomar la bandera en caso de que Uribe no lo logre.

¿O sea que, por si acaso, Juan Manuel Santos debe ponerse el overol de promotor del referendo pero sin quitarse el vestido de candidato presidencial?

Es que él como candidato presidencial quedó absolutamente congelado, preso de una posición coherente, pero arriesgando la meta de su carrera política para el 2010. La única salida que le queda, por si no logra Uribe coronar, es acreditarse como jefe del referendo, para certificarse como una especie de delfín de Uribe desde ahora, y convertir la campaña del referendo no en una campañita secreta para sus aspiraciones sino en la gran campaña que lo proyecte hacia el futuro. Así debería hacer Noemí Sanín.

A mi manera de ver ella cometió un error monumental, quién sabe aconsejada por quiénes, al incurrir en contradicciones como la de apoyar el referendo, pero estar lista para enfrentarse con su resultado, que será la candidatura del Presidente.

Sí. Su último mensaje ha sido difícil de descifrar. Noemí es una política extremadamente competente y experimentada, pero ese último mensaje de uribismo y candidatura, sin oponerse siquiera a la reelección...

Referendo sí, pero mi candidatura también...

Exacto. Por lo menos debería decir Uribe sí y referendo no. Pero llegará el momento en que tendrá que decir soy mejor que Uribe, por lo que deben elegirme a mí y no a Uribe.

Claro, porque si no es así y Uribe sigue siendo el mejor, ¿por qué no elegir entonces al uribista original? Es que sólo hay una manera de que Noemí sea viable como candidata: que ella sea mejor que Uribe. Su viabilidad depende de cuántos colombianos crean eso.

Por eso hay cierto grado de desconcierto entre sus seguidores. Su mensaje ha resultado un poco difícil de entender, por lo que debería concentrarse en explicarlo.

¿No será que su mensaje es inexplicable?

O que cierto grado de ambigüedad le conviene mientras hace campaña y mira más adelante cómo hace para aterrizar ese mensaje.

¿Será que los Juan Manuel Santos y Noemí Sanín sonríen públicamente con los resultados de la semana pasada en el Congreso, pero en privado están prendiendo veladoras para que el referendo no logre pasar las dos grandes pruebas que le quedan?

Pues si vamos a las posibilidades que tiene de pasar esos exámenes finales, yo creo que el referendo es inconstitucional tanto por razones de forma como de fondo. Más allá de la coyuntura, lo que hay en juego es un problema sobre la concepción de la democracia. Yo pertenezco a quienes creen que no basta usar las mayorías para que un esquema sea democrático. Hay que ir mucho más allá por el respeto a las minorías, a los derechos humanos, al equilibrio de poderes. Los amigos del referendo lo que nos están diciendo es que basta con que haya mayorías porque el que las tenga mande, como si eso fuera suficiente para darle el carácter democrático a la decisión.

Pero que las mayorías manden no es inconstitucional....

Pero tienen que mandar con respeto, preservando los derechos de la oposición, teniendo en cuenta las diferencias, respetando el equilibrio de poderes. Lo que no es democrático es simple y llanamente decir yo soy mayoría y punto. Ahí está el problema de fondo del referendo. Quienes creemos que la democracia es algo más complejo tenemos un lenguaje demasiado abstracto. A una peinadora del barrio Kennedy es muy difícil hacerle creer que el hecho de que Uribe gane el referendo no es una forma de democracia, como lo viene pregonando Valencia Cossio. Pero si yo fuera magistrado, pensaría que no bastan las mayorías para que la nueva reelección, que cambia las reglas de juego, desequilibra los poderes de tal manera y afecta tan profundamente la Constitución del 91, sea constitucional.

¿No será que a usted, que fue gestor de la Constitución del 91, lo deberíamos recusar? Está tan de moda, que ahora hasta pretenden recusar al Presidente.

No faltará quién me recuse, porque el deporte nacional ahora no es el fútbol sino la recusación, que también es una deformación muy grave del esquema político. Los políticos no están definiendo las cosas, el Congreso las deja sin resolver y todo termina en las cortes, por un lado o por el otro.

¿Tiene algún asidero en la realidad recusar al Presidente para que no sancione la ley del referendo?

Eso no tiene asidero en la configuración legal. Pero ese congresista del Polo que la ha propuesto tiene razón en que ilumina un hecho que es cierto: que el texto del referendo, por la manera como quedó redactado, sólo tiene un destinatario, que se llama Álvaro Uribe. Quedó redactado para que solo le sirva a una persona. El único otro que podría quedar cobijado por el texto del referendo es Rafael Núñez, pero este lleva bastante tiempo descansando en El Cabrero.

La Constitución encarga a la Corte Constitucional de detectar los vicios de forma de las leyes, no los de fondo. ¿Usted cree que sus magistrados deberían salirse de esa camisa de fuerza?

Con limitación y con cuidado. Es cierta la teoría de que la violación de la estructura básica de la Constitución es inconstitucional. Siempre pongo este ejemplo, que, aunque es absurdo porque eso no va a ocurrir, sí sirve para ilustrar lo que le quiero decir: ¿Podría haber hoy un referendo para reestablecer la esclavitud en Colombia? Claro que no. Eso sería inconstitucional, porque hay un conjunto de valores centrales en la Constitución que no se pueden tocar. ¿Cuál es el problema? Es de límites. ¿Dónde está ese límite? Si la Corte Constitucional es la que define cuáles de aquellos temas que tocan la estructura básica, pues estamos ante un poder de la Corte que puede resultar inmoderado. Por eso señalo que hay una gran patología en Colombia. Las grandes decisiones las estamos trasladando a las Cortes e incluso los propios políticos todo el día dicen: pues sobre la suerte de este referendo, que resuelva la Corte. Hay una especie de dimisión. El verdadero centro de decisiones en una democracia es el Congreso, y aquí lo hemos trasladado a las Cortes. Y eso es bastante inadecuado.

Vamos al último obstáculo que le queda al referendo. ¿Cree que saca los siete millones y pico de votos que necesita para su validez?

La votación es difícil de lograr, pero no es imposible. Las encuestas dicen que sí, pero quién sabe si lo dirá la votación. Pero ahora que ganó en la Cámara y que tiene en las manos la ley del referendo, el Gobierno debe ser más cuidadoso que nunca para no incurrir en atropellos. Por ejemplo, a mí, francamente, me escandalizó cuando le preguntaron en este mismo periódico al ministro Valencia Cossio que si estaría de acuerdo con que se trasladara la fecha del referendo concurrentemente con la del Congreso cambiando la ley de participación democrática. Él respondió que no estaba en eso, pero dejó abierta la posibilidad y no la rechazó. Eso sería un atropello. Allá no podemos llegar. Cambiar las reglas de juego ahora es muy grave.

¿Cómo hacemos para distinguir la legítima necesidad de depurar el censo, de una maniobra para reducir el umbral electoral del referendo?

Si una persona ha fallecido no puede pertenecer a un censo electoral de ciudadanos activos. Por eso me parece legítimo que el Gobierno intensifique los mecanismos ya ordinarios y habituales de carácter operativo para dar de baja las cédulas de los muertos, de los militares que no pueden votar, etc. Pero lo que sí me parecería muy grave es que cambie la configuración del censo. Oí de boca de unos congresistas que se quiere fabricar un censo nuevo por vía legal para la elección futura en el referendo. A mí me parece que eso sí se consolida en un atropello.

¿Finalmente doctor de la Calle, con su autoridad de ex vicepresidente, porque sabe eso para qué sirve, cree que le debemos gastar un minuto de tiempo a las cábalas de quién será el vicepresidente en la nueva fórmula de Uribe?

Creo que a lo que deberíamos gastarle tiempo es a eliminar de nuevo la vicepresidencia. Con mucho respeto yo digo que eso no ha funcionado bien.

Pues si lo dice usted...

Pues lo mío es una historia antigua y una etapa de mi vida que no me produjo ninguna satisfacción. El vicepresidente es una especie de llanta de repuesto que no sabe si moverse o no moverse, si ir a los cócteles o quedarse callado. Es realmente el cargo más endemoniado que existe y por eso pienso que deberíamos echarlo al tarro de la basura. Y en ese sentido no perdamos tiempo haciendo ese tipo de cábalas. Entre otras cosas porque si Uribe es reelegido, jamás pensará en dejar el poder.

María Isabel Rueda
ESPECIAL PARA EL TIEMPO


Videos OCE-Unicesar Blip.tv

Universidad Popular del Cesar

Universidad Popular del Cesar
Click para ingresar

Grupo de OCE-Unicesar en Facebook

¿Te gusta nuestra pagina?

My Great Web page