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ARRANCA LA MESA AMPLIA UNIVERSITARIA EN LA UPC


El 24 de agosto de 2011 se creo la Mesa Amplia Universitaria con la participación de varios de los mas destacados sectores y líderes estudiantiles de la universidad popular del cesar entre ellos Julio Bertty, William Lasso, Alfredo Bermudez, Ketty Fuentes, Abel Carreño, Maryis Pacheco y el representante de los estudiantes ante  la facultad de Ingenierías Álvaro José Julio Beltrán, los cuales conforman el comité operativo provisional de la Mesa.

La Mesa Amplia Universitaria tiene como objetivo principal discutir desde los diferentes estamentos de nuestra alma mater; la Universidad Popular del Cesar (Estudiantes, Trabajadores y Docentes) el nuevo proyecto de ley de educación superior presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos y su impacto a nivel nacional y local. Cabe de antemano agregar que este proyecto de Ley no soluciona la crisis financiera de las universidades públicas las cuales tienen un déficit presupuestal de cerca de 750 mil millones de pesos debido al abandono del estado y al recorte de las transferencias sino que por el contrario, las sumerge mucho más en la ola de las privatizaciones y en el detrimento de la calidad.

De esta manera invitamos a toda la comunidad upecista a ponerse al tanto sobre el tema y a expresar un rechazo tajante contra este proyecto de ley que se convierte en el más grabe atentado contra la educación en la historia del país. Únete a la Mesa Amplia Universitaria. Estaremos informándolos por este medio y con la realización de diferentes actividades pedagógicas que se llevarán a cabo en todas las sedes de la UPC.

¡Viva la UPC! , ¡Todos Unidos Contra la Nueva Ley de Educación Superior de Santos!

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Gobierno anuncia ‘revolcón’ a las trasferencias que reciben universidades públicas

© CM& La Noticia


Miércoles, 12 de Noviembre de 2008 22:54

El Ministerio de Educación sostiene que existe desigualad en las asignaciones presupuestales que reciben las 44 universidades públicas por cada estudiante matriculado.

La ministra Cecilia María Vélez dice que no entiende cómo un alumno le cuesta al Estado 9 millones de pesos, al año, en una universidad grande y por el mismo estudiante una universidad pequeña recibe un millón de pesos.

“Necesitamos que los rectores nos muestren con cifras en mano cuánto cuesta la formación de un muchacho en una universidad pública”, afirmó la funcionaria.

Y agregó que en este reajuste al sistema de transferencias “no habrá programas privilegiados”.

Esta modificación a los presupuestos se debatirá el próximo año con el sector académico. La idea es que esos cambios modifiquen las asignaciones presupuéstales a partir del año 2010.

Tras 5 años de buen manejo fiscal, departamentos y municipios volvieron a cerrar año en déficit

SE EMPIEZAN A SENTIR LOS GOLPES DEL NUEVO RECORTE A LAS TRANSFERENCIAS TERRITORIALES.


Mayo 7 de 2008

Tras 5 años de buen manejo fiscal, departamentos y municipios volvieron a cerrar año en déficit

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Foto: Javier Nieto/ EL TIEMPO
El Ministro de Hacienda (al fondo) reiteró ayer su pedido a los gobernantes de cuidar las finanzas de las regiones.

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SOBRE EL REFERENDO


TIPOS DE REFERENDO: En Colombia existen tres tipos de referendo:


1. Referendo derogatorio: Existen dos formas de referendo derogatorio. La primera consiste en el sometimiento a la decisión del pueblo sobre la derogación, total o pardal, de un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o de una resolución local; y la segunda, en el sometimiento a decisión del pueblo sobre la derogatoria de una reforma constitucional aprobada por el Congreso, relacionada con los derechos fundamentales y sus garantías con tos procedimientos de participación popular, o con el Congreso.

2. Referendo aprobatorio: También existen dos formas de referendo aprobatorio, la primera que consiste en el sometimiento a la decisión del pueblo sobre la aprobación, o rechazo, total o parcial, de un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o de una resolución local; y la segunda el cual se prevé como mecanismo para convertir una región en entidad territorial, decisión adoptada por el Congreso la cual deberá someterse a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados.

3. Referendo constitucional: Cuando lo que se pretenda aprobar mediante un referendo sea una reforma a la Constitución Política el referendo recibe el nombre de REFERENDO CONSTITUCIONAL.

¿QUÉ TIPO DE REFERENDO ES EL NUESTRO Y POR QUÉ?

Nuestro referendo no es aprobatorio ni derogatorio. El nuestro es un Referendo Constitucional, pues apunta es a reformar los Artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional que se refieren al Sistema General de Participaciones, mejor conocido, como "las transferencias".

PASOS PARA UN REFERENDO CONSTITUCIONAL

1. Iniciativa del pueblo.

2. Recolección de firmas para inscribir el trámite.

3. Recolección de firmas de apoyo a la iniciativa.

4. Certificado de la registraduria.

5. Debate y aprobación en el congreso.

6. Control de la corte constitucional.

7. Decreto del gobierno convocando el referendo.

8. Votaciones a nivel nacional.

9. Reforma de la constitución.

Lanzamiento Nacional del Referendo

El 16 de agosto arrancó en firme la segunda fase del Referendo Constitucional para garantizar la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. El lanzamiento formal de la campaña por la recolección de tres millones de firmas se efectuó en Bogotá, en el auditorio central de Corferias, con la presencia de más de setecientos dirigentes políticos, sindicales y comunales, convocados por el Comité de Promotores bajo el lema: “Inversión social, decisión de todos”.

Recuperar recursos para las regiones, una prioridad en la lucha democrática


-Una férrea defensa a las bondades de la Constitución de 1991 y serios cuestionamientos a quienes intentan desde el Gobierno desmontar dichas bondades, hizo el presidente del Polo Democrático Alternativo en el lanzamiento del Referendo Constitucional de Transferencias.

- Carlos Gaviria habló este jueves en la noche en Corferias en el acto donde se definieron los propósitos y las tareas para la recolección de tres millones de firmas con las cuales FECODE, la CUT, la CTC, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal; darán la pelea para recuperar y garantizar de esta manera recursos para la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico de los colombianos.


Viernes 17 de agosto de 2007

Una férrea defensa a las bondades de la Constitución de 1991 y serios cuestionamientos a quienes intentan desde el Gobierno desmontar dichas bondades, hizo el presidente del Polo Democrático Alternativo en el lanzamiento del Referendo Constitucional de Transferencias.

Carlos Gaviria habló este jueves en la noche en Corferias en el acto donde se definieron los propósitos y las tareas para la recolección de tres millones de firmas con las cuales FECODE, la CUT, la CTC, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal; darán la pelea para recuperar y garantizar de esta manera recursos para la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico de los colombianos.

En el evento estuvieron presentes el director del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria, congresistas de las dos colectividades, líderes sociales, comunitarios y ciudadanos en general.

El Presidente del Polo aprovechó el escenario para defender la Constitución del 91 a la que calificó como una “carta de paz”. Destacó, entre otras cosas, que desde su artículo primero, la nueva Carta establece la autonomía de las entidades territoriales.

No obstante, advirtió que después de su proclamación, a varios de los gobernantes venideros, “a éste menos que a ningún otro, dijo, no les gustó especialmente por los ingredientes fuertemente democráticos que esa Constitución tiene”.

Gaviria, quien presidió la Corte Constitucional, explicó que la Constitución, especialmente los artículos “ateniente a los derechos”, debe leerse como “una etapa en el camino hacia la paz”.

Hizo un llamado a los colombianos para que defendamos “lo que queda” de la nueva Constitución. Pidió que el Estado Social de Derecho, consagrado por primera vez en ella, “no sea una burla” y tenga “contenido”.

En ese sentido manifestó su complacencia por el Referendo propuesto porque una de las prioridades de hoy en el país en la lucha democrática, es “la recuperación de los recursos de las entidades territoriales para la salud, para la educación, para el saneamiento básico”.

Gaviria Díaz dijo que el Referendo propuesto es “contrastante” con el “esperpento” que le presentó el presidente Uribe hace tres años a los colombianos, porque esta vez sí será el Constituyente primario quien defina “quién quiere que determine las prioridades en educación, en salud, en saneamiento básico; si una vez más el Gobierno central (alejado de las regiones), o los propios gobernantes de las regiones elegidos por sus propios electores”.

Al final dijo que los tres millones de firmas, servirán para demostrarle al Presidente Uribe que “no estamos de acuerdo con su propuesta desmanteladota de la Constitución del 91”, pero también para enseñarle al Gobierno “cómo y para qué se convoca al Constituyente Primario”.

La transcripción de su intervención en Corferias es la siguiente:

Voy a hablarles muy brevemente de dos cosas. Lo que nos proponemos y el instrumento al que hemos apelado para lograr nuestros propósitos.

La Constitución de 1991 es una carta de paz. No se expidió esa Constitución de manera caprichosa, de manera arbitraria o de manera gratuita, por expedir otra Constitución colombiana, sino que los colombianos que estamos tan fatigados de esta violencia terrible que padecemos desde hace tiempo, resolvimos que una constituyente elegida directamente por el pueblo nos señalara una nueva carta de ruta.

Esa carta de ruta a mi juicio fue sumamente acertada porque señaló las falencias del anterior sistema y mostró cuál es la ruta que debemos recorrer para recuperar nuestro camino y nuestro destino.

Desde el artículo primero, la Constitución establece la autonomía de las entidades territoriales, y es necesario hacer una reflexión: la democracia es autonomista, la democracia es descentralizadora, la democracia cree en las comunidades locales y cree que los gobernantes elegidos directamente por esas comunidades locales han de ser quienes determinen los gastos en materias tan importantes como salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y, desde luego, para eso necesitan recursos.

En contravía de esa dirección, la vocación autoritaria es centralizadora, absorbente. Uno de los grandes males que ha padecido el Estado colombiano desde hace mucho tiempo es el centralismo absorbente, la hipertrofia central en desmedro de las regiones, de manera que el constituyente, al señalar la autonomía de la regiones, estaba diseñando una carta sobre unas bases muy distintas a las de la carta de 1886. Y recordemos esto: esa carta se dictó como una ruta hacia la paz. Cada uno de sus artículos, especialmente en la parte ateniente a los derechos, debe leerse como una etapa en el camino hacia la paz. Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales que eran desconocidos dentro de nuestro constitucionalismo. Consagrar como derechos el derecho a la salud, el derecho a la educación, como auténticos derechos, era un avance significativo, porque naturalmente el constituyente del 91 sabía que la situación lamentable en la que vivíamos y seguimos viviendo tiene causas, y que dentro de las causas está la insatisfacción de las necesidades básicas de inmensos sectores de la sociedad colombiana. Y desde luego, son especialmente los gobernantes locales los que mejor conocen la situación de sus regiones, de su territorio.

Cuando se elige una forma de Estado, centralista ó autonomista, se está tomando una decisión trascendental. Son esos gobernantes los que conocen la realidad que constituye su entorno y por eso son ellos los que deben tener la iniciativa en esta materia. A eso se le llama autonomía y para eso naturalmente necesitan recursos. Pero es un hecho que a los gobiernos que subsiguieron a la expedición de la Constitución no les gustó la Constitución del 91; y no les gustó especialmente por los ingredientes fuertemente democráticos que esa Constitución tiene. A este menos que a ningún otro. Esa constitución se ha ido desmontando poco a poco hasta hacerla completamente irreconocible. Ya no es esa la carta de navegación que el constituyente del 91 había trazado.

Nosotros debemos defender lo que queda de esa Constitución. Que el Estado Social de Derecho no sea una burla, que el Estado Social de Derecho tenga contenido. En ese sentido justamente debemos movernos, de modo que la recuperación de los recursos de las entidades territoriales para la salud, para la educación, para el saneamiento básico es una prioridad en la lucha democrática.

En segundo lugar me parece magnífico el método elegido. ¿Por qué? Porque también esa constitución de 1991 incorporó mecanismos, instituciones de democracia directa, que es lo que se llama democracia participativa para que el pueblo pudiera tomar decisiones él mismo. Pero se pregunta uno: ¿tomarlas en qué materias? En materias acerca de las cuales está capacitado para decidir.

Nuestro Referendo va a ser contrastante con el del Presidente Uribe. Recuerden que hace tres años o cuatro estábamos justamente combatiendo el referendo del Presidente Uribe que era una burla a la democracia participativa. Un esperpento que no estaba al alcance de los electores, que no estaba al alcance del Constituyente Primario. Naturalmente para que le dieran una firma y entonces legitimar una propuesta completamente perversa para la democracia colombiana. Y el Constituyente Primario por fortuna no le dio ese aval.

Nosotros hemos elegido ese camino para mostrar cómo se hace un referendo, cuáles son las preguntas que hay que formular. Formularle a la gente las preguntas de quién quiere que determine las prioridades en educación, en salud, en saneamiento básico, si una vez más el gobierno central, alejado de las regiones, o los propios gobernantes de las regiones elegidos por sus propios electores. Fíjense que son contrastantes una y otra propuesta. Esta propuesta va justamente en el sentido de la democracia. Y de lo que se trata es de esto: de que demostremos al Presidente Uribe que no estamos de acuerdo con su propuesta desmanteladora de la Constitución del 91. Y que el Constituyente Primario que él convocó de una manera frustránea, nos va a acompañar en esta empresa. Que en esta empresa van a estar comprometidos todos los demócratas del país, los indígenas, los trabajadores, los maestros, los estudiantes, la juventud.

Necesitamos tres millones de firmas, pero tenemos la certeza de que esos tres millones de firmas los vamos a obtener rápidamente y le vamos a enseñar al gobierno cómo y para qué se convoca al Constituyente Primario.

Muchas gracias

* El formato para la recolección de firmas lo pueden bajar en internet de la página www.referendotransferencias.com

Boletín FECODE

Después de la gran lucha que dio la federación Colombiana de educadores contra el nuevo recorte a las Transferencias, evidenciada en un paro nacional del magisterio, el cual contó con multitudinarias manifestaciones de la comunidad educativa y en particular del movimiento estudiantil, tanto de secundaria como el universitario, hoy la estrategia ha cambiado, tal como se viene reseñando en el programa “ENCUENTRO”. El referendo es el instrumento que se ha adoptado para tratar de conseguir que constitucionalmente los sectores de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico tengan recursos adecuados. Este es un de los temas que se desarrollaron en el programa “ENCUENTRO”, junto con otros que reseñamos a continuación:

El referendo avanza a paso firme

la Universidad Nacional reanudó sus actividades acompañadas de asambleas permanentes
FECODE Se Solidariza Con El Docente Gustavo Moncayo en su marcha por la paz

España prepara en formación sindical

La CUT alcanzó logros significativos en su visita a la OIT

CARTA ABIERTA A LOS CONCEJALES GILMA JIMÉNEZ, LARIZA PIZANO Y JAIRO RODRÍGUEZ







Aurelio Suárez Montoya, candidato al Concejo Distrital de Bogotá- Polo Democrático Alternativo,





Bogotá, junio 27 de 2007



Honorables concejales



Gilma Jiménez



Lariza Pizano



Jairo Rodríguez
L. C.



He conocido el Proyecto de Acuerdo No. 304 de 2007 por el cual Ustedes, como bancada peñalosista, proponen “modificar y adicionar el Acuerdo 79 de 2003, Código de Policía de Bogotá” para calificar como “contravención” que “niñas, niños y adolescentes sean utilizados por adultos y/o organizaciones de cualquier naturaleza para que participen en marchas o tomas de la infraestructura pública y privada…”. En los sectores democráticos de la Capital de la República existe consenso de que el Proyecto se trata de un absurdo de esencia autoritaria y evidentemente violatorio del ordenamiento jurídico colombiano y, en particular de los derechos cívicos de quienes ustedes de manera indistinta, como en una especie de “bombardeo” al bulto, llaman “niños y niñas”, “adolescentes”, “menores de edad” y hasta con el código, inexistente en el idioma español, “Niñ@s”.



Luego de volver axiomas las opiniones de algunos ciudadanos e informes de periodistas, de un funcionario de mediano orden de Soacha y algunas autoridades policiales sobre la participación de jóvenes en marchas y protestas, ustedes concluyen en la Exposición de Motivos que: “Las marchas y protestas claramente no son espacios de participación para los niños. La participación de menores de edad en este tipo de manifestaciones, además de poner en peligro su integridad física, irrespeta su integridad intelectual, al hacerlos participar en materias que no entienden y que no son propias de su edad”.



Para volver ese juicio en apotegma legal, ustedes, pasando por encima de toda consideración jurídica y bajo acomodaticios supuestos, quieren extender a la misma categoría de un tipo penal –igual al de la explotación sexual o pornográfica de menores, o al de su participación en actividades de la delincuencia organizada, del narcotráfico, o al de la lucha armada, o al de la violencia física contra menores o a otros similares– lo que catalogan como que adultos “utilizan cada día más y de manera irresponsable a niñas, niños, y adolescentes para nutrir sus movilizaciones”.



En cuanto a los supuestos, en primer lugar debemos atenernos a la definición de “niños”, prescrita en los tratados internacionales suscritos por Colombia al respecto y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, refiriéndose a que los menores de edad en nuestro caso son las personas que tienen menos de 18 años cumplidos. Si se va a hablar de los Derechos de los Niños, debe partirse de estos tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos que también se extiende a los niños, para que mediante el Método de interpretación sistemático se determine el contenido de los eventuales derechos fundamentales en conflicto. Ayudan además las sentencias, al tenor de tales tratados, de la Corte Constitucional.



Con base en lo anterior, la premisa básica del Proyecto de Acuerdo, acorde con la cual existen temas que no son propios de la edad de los niños, de los menores de 18 años, se derrumba por sí sola y máxime si se tiene en cuenta que un buen número de los que logran acceder a la educación superior no tienen mayoría de edad o que en localidades como Kennedy el promedio de edad y la mediana de iniciación sexual es de 14,6 años y de 14 años, respectivamente. El sofisma soporte del Proyecto contradice principios elementales de la Psicología del Desarrollo que, si bien establecen que existen distintas etapas de construcción del pensamiento, desecha la idea primitiva de que hay temas para “edades particulares”. Y vale notar que a los proponentes les parece de la más estricta especialidad para los adultos el Tratado de Libre Comercio, que regirá de manera indefinida el futuro de los millones de niños de hoy, la reforma constitucional al régimen de transferencias, que afecta en especial a la educación básica y a la salud públicas, y el aborto, que atañe a temas sobre los que deben formarse los menores de edad como el del derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Cuáles son, según su leal saber y entender, “temas exclusivos de los niños”? ¿Son solamente “los dibujos animados”, el fútbol o las “brujerías” de Harry Potter? ¿En consecuencia, los adultos tampoco podríamos opinar sobre ellos? Esa odiosa y antojadiza división del pensamiento sí es un verdadero atentado contra la integridad intelectual de los niños: su desvaloración como personas. Y, claro, de ahí se colige que participar en actividades concomitantes con dichos temas “vedados” sólo puede ser fruto exclusivo de la “perversidad” de los adultos que los involucraron en ellas.



Como corolario, ustedes destacan el derecho a la protección y a la integridad física de los niños para justificar la sanción a los padres y adultos responsables que permitan, induzcan u “obliguen” a los niños a “participar en marchas…”. No se puede pasar por alto que con malicia se equipara permitir, o incluso inducir, con obligar porque, con una presunción que se da por cierta, se asume que las “movilizaciones”, los “exponen a riesgos propios”, que colocan en conflicto el derecho a la vida y a la integridad física con el de la libertad de expresión. Todo tiene el claro fin de limitar el derecho de asociación y reunión que fija el artículo 32 del Código de la Infancia y la Adolescencia. (Ley 1098 de 2006).



Esto es lo peor. No solamente porque desde el punto de vista formal el Congreso es el único que mediante leyes tiene la facultad de limitar lo establecido por el artículo 32 nombrado, sino porque esa restricción no constituye la expresión de la primacía de los derechos de los niños sobre todos los demás sino lo contrario. En la Sentencia C- 1188/05, del magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra, acerca del derecho de asociación, se resalta que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por Colombia y es parte del bloque de constitucionalidad, se legitima la defensa de sus derechos económicos, civiles, culturales y sociales y, en particular los derechos de los niños (no olvidar, menores de 18 años) a “la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas”. ¿Tiene algo que ver esto con el artículo 37 de la Constitución que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”? Sí, que los niños, en conjunto con adultos, gozan de ese derecho y que las autoridades deben cumplir con el deber constitucional de garantizarlo. Desde su óptica se exime de dicha obligación a la autoridad, incluida la fuerza pública, y por ello, acorde con su Proyecto, todo acto público es riesgoso. La Constitución hasta hoy está por lo contrario: porque se garantice la libertad de expresión y con ella además la libertad de conciencia y el derecho de reunión.



En resumen, no hay temas exclusivos de edades; ni tampoco porque los niños participen con adultos puede afirmarse que son “utilizados” y menos que tal “utilización” pueda configurarse como tipo penal; ni necesariamente las marchas y protestas colocan en riesgo la integridad física de los niños ni menos si la autoridad cumple con la obligación de garantizar su pleno ejercicio; ni tampoco es el Concejo el que está facultado para limitar el ejercicio pleno de los derechos de asociación, reunión y expresión de los niños.



Como resulta insólito que veteranos concejales de la ciudad desconozcan estas normas básicas de la juridicidad colombiana, surge la conjetura posible de que se trata de un escándalo preelectoral para acercar votos de ciudadanos víctimas de confusas preocupaciones que ustedes se esfuerzan por acrecentar. Ni así, ni sabiendo de antemano que el intento será fallido, podría encontrarse legítima tan inadmisible iniciativa que está en últimas dirigida contra los padres, contra la propia familia que tanto se dice defender. Por todo lo anterior lo más sensato es que su Proyecto se archive y se olvide para siempre.



Cordial Saludo,




FECODE RESPALDA EL REFERENDO APROBATORIO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS TERRITORIALES


FECODE RESPALDA EL REFERENDO APROBATORIO SOBRE LAS
TRANSFERENCIAS TERRITORIALES

I. LO QUE SIGUE CON EL PROBLEMA DE LAS TRANSFERENCIAS.

Insólito por decir lo menos, que un anticipado ágape el 20 de junio en la casa de Nariño haya precipitado el rompimiento del quórum en el Congreso y con él, el hundimiento de dos proyectos de ley, con los cuales el régimen uribista hizo demasiado ruido publicitando su voluntad para aprobarlos pero que, a la postre, terminaron hundidos por la maniobra oficial. Nos referimos al proyecto de ley que otorgaba igualdad en los derechos patrimoniales a parejas del mismo sexo y al proyecto de reforma política que sancionaba con la pérdida de la curul a los partidos cuyos parlamentarios resultaran implicados en el escándalo de parapolítica. Sendos proyectos terminaron convertidos en una de las típicas cortinas de humo del gobierno, aquel para contrarrestar la campaña electoral del Polo Democrático Alternativo en pro de la igualdad y éste para capear las inverosímiles explicaciones de un gobierno que ha visto como la parapolítica involucra cada día a los más circunspectos miembros de la élite de los uribistas “pura sangre”, sin que pueda entenderse cómo sus votos y sus caudas electorales son criminales para elegirlos a ellos a las corporaciones públicas y no lo son para elegir y reelegir en la primera magistratura de la Nación al Mesías uribista.

¿Y, qué celebraban en el mencionado ágape? Celebraban el supuesto éxito de la legislatura y, por encima de todo, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, del Acto Legislativo que recortó las transferencias territoriales y el TLC con Estados Unidos. Estas leyes que son una calamidad para el pueblo y la Nación, se convierten en el botín que lucra, de una parte, el clientelismo presidencial desplegado pródigamente en los Consejos Comunitarios y de otra, la voracidad insaciable de la minoría de comerciantes y agentes de las multinacionales que se enriquecerán con la intermediación ante las monopolios imperialistas, aún a costa de la ruina de la producción nacional y del bienestar de la mayoría de los colombianos. Estos personajes, pertenecen a aquella estirpe de apátridas que han desligado su suerte de la de la Nación y a los
cuales, les va bien si al país le va mal, y les va mejor si al país le va peor.

Después de negar, una y otra vez, a lo largo de los ocho debates del proyecto de Acto Legislativo 011 de 2006 que éste recortaba realmente las transferencias para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, ahora, después de su aprobación lo han reconocido. Según las cuentas, todo en el país dependía de estos recortes: la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal, las vías terciarias y la modernización de la infraestructura importadora para el TLC. Es muy grave que todo esto tenga que hacerse sobre la base de precarizar la salud del pueblo, envilecer su educación, privatizar ambos derechos y golpear sin consideración alguna la situación laboral y
prestacional de los trabajadores de la salud y la educación.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista la lucha continúa porque no todo está perdido. Hemos tomado la determinación indeclinable de continuar adelante con la realización de un Referendo Aprobatorio que, al modificar los textos de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, recupere para las transferencias territoriales los porcentajes de los Ingresos Corrientes de la Nación que habían alcanzado en el año 2001.

En este sentido, hemos adelantado reuniones con la dirección del Partido Liberal, del PDA, de la CUT, de los representantes de los trabajadores de la salud y de la Asociación Nacional de Diputados. En ellas, hemos avanzado en la redacción de la propuesta de los textos constitucionales para los artículos mencionados, distribuido las obligaciones de cada una de las organizaciones comprometidas en cuanto a la recolección de firmas y acordado la conformación de Comités Pro-Referendo tanto en las ciudades capitales como en los departamentos. De esta forma, por unanimidad, acordamos realizar actos de lanzamiento del Referendo el día 16 de agosto de 2007 en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. A esta tarea nos abocaremos con dedicación y esmero y por ella mantendremos entre la comunidad educativa la agitación permanente sobre el problema de la desfinanciación por parte del Estado de la educación y demás derechos del pueblo.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES
COMITÉ EJECUTIVO

WITNEY CHÁVEZ S. RAUL ARROYAVE A.
Presidente Secretario General


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