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4/02/2011 02:21:00 a. m.
Tema del dia| 29 Ago 2010 - 9:01 am
Por: EL ESPECTADOR
En su misiva, el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, resaltó que el proyecto minero requiere inversiones superiores a US$1.500 millones y que unas expectativas de esta dimensión sólo podían ser avocadas teniendo certeza de la prórroga de los contratos. Dos meses después, el 11 de mayo, la empresa Drummond envió una nueva carta planteando varios elementos de análisis económico sintetizados en la comparación del contrato original y varios otrosí firmados a través de los años.
La respuesta de Ingeominas se produjo el 22 de julio y fue firmada por el subdirector de Fiscalización y Ordenamiento Minero, José Neiza Hornero. En ella, el funcionario aclaró que las circunstancias en que se habían suscrito varios ajustes al contrato no podrían convertirse en parámetros de aplicación para la nueva realidad. En concreto, Neiza expuso que la condición para prorrogar el contrato era una contraprestación económica a favor del Estado por el 5% del valor de las utilidades operacionales de la empresa Drummond.
El 5 de agosto, el mismo Neiza Hornero, después de una reunión entre ejecutivos de Drummond y altos funcionarios de Ingeominas para revisar el otrosí propuesto por la multinacional, envió los términos de lo acordado a la empresa Espinosa y Asociados para que conceptuaran sobre el parcial acuerdo. Pero ese mismo día a las 9 y 23 minutos de la noche una ejecutiva de Drummond envió a los funcionarios de Ingeominas el modelo de otrosí para que fuera firmado de inmediato (ver facsimil). Sin el concepto de Espinosa y Asociados, la prórroga iba a firmarse.
Fue entonces cuando José Neiza Hornero, el 6 de agosto, a 24 horas de terminar el gobierno Uribe, renunció a su cargo y le dejó claro al director de Ingeominas que de ninguna manera podría atender sus instrucciones de conceptuar favorablemente la prórroga del contrato con Drummond, ni tampoco hacerlo con otro asunto a su disposición: la prórroga por 30 años del contrato que Cerro Matoso tiene para la explotación de níquel en el departamento de Córdoba.
En el último caso existía de por medio un asunto aún más delicado: desde el 24 de junio, Carlos Antonio Espinosa Pérez, de la empresa Espinosa y Asociados, le había escrito al director del Servicio Minero, José Fernando Ceballos, que su oficina no consideraba posible prorrogar el contrato con Cerro Matoso porque era evidente que se estaban lesionando los intereses del Estado y porque además los textos propuestos eran contrarios a las normas legales y conllevaban un detrimento del patrimonio público.
Y nuevamente hubo varios correos electrónicos, esta vez desde la gerencia de Asuntos Legales de Cerro Matoso, donde siguió cobrando forma la prórroga del contrato de concesión para la explotación de níquel. Como si fuera poco, ya se había suscitado un conflicto adicional con la asesora de Ingeominas Mélida Cabezas, quien puso en conocimiento de los organismos de control el hecho de que a ella se le canceló su contrato por advertirle a Ingeominas que Cerro Matoso estaba atrasado en el pago de $24.892 millones por concepto de regalías.
El 11 de agosto, ya en tiempos del presidente Santos, se conoció que Neiza Hornero le envió una nueva carta el director de Ingeominas Mario Ballesteros en la que le recordó que él le había dicho que era orden de la Presidencia tramitar y suscribir las prórrogas de Drummond y Cerro Matoso. Además de reiterarle su renuncia, Neiza Hornero dejó constancia de que había sido maltratado, presionado e irrespetado y que su oposición a las prórrogas obedecía a su experiencia y conocimiento del tema.
El pasado 19 de agosto, el director de Ingeominas, en carta a El Espectador, calificó de totalmente falso que haya dado instrucciones algunas al ingeniero Neiza y que el caso de Cerro Matoso estaba sometido a un tribunal de arbitramento. Además, Mario Ballesteros añadió que nunca tuvo conocimiento de conceptos negativos de Neiza respecto de las pretensiones de Drummond y que su lucha era contra la corrupción y las prácticas non sanctas que aquejan al sector.
Este viernes, tras los hallazgos de El Espectador de los correos electrónicos donde queda claro que la prórroga con Drummond y Cerro Matoso iba en marcha, el director de Ingeominas, Mario Ballesteros, precisó que nada de lo dicho es cierto, que todo son especulaciones, que él no firma contratos y que por ahora no hay prórrogas con ninguna de las dos compañías. A su vez, a la empresa Drummond se le envió un cuestionario sobre el tema y al cierre de esta edición aún no había sido contestado.
Este viernes 27 de agosto, en la página web de la Casa de Nariño fue cargada una circular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expedida el 4 de agosto donde se advierte que la ciudadanía debe conocer a los aspirantes a los altos cargos del Gobierno. Acompañando la directiva aparece que el ingeniero eléctrico Andrés Ruiz Rodríguez aspira a prestar sus servicios como director de Ingeominas. Será el reemplazo de Ballesteros. La ciudadanía no ha hecho observaciones.
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8/31/2010 06:56:00 p. m.
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3/30/2010 10:16:00 p. m.
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1/19/2010 08:42:00 p. m.
By GONZALO SOLANO / AP
QUITO
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1/16/2010 05:43:00 a. m.
Por más de 20 años, los obreros mineros y los pobladores de este corredor, han padecido las secuelas de las formas más agresivas de explotación de carbón contra el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
Nunca antes la pobreza había golpeado tanto a sus moradores y la esperanza idílica de un mejor vivir por el boon del carbón no pasa de ser recuerdo transformado en pesadilla. la actividad agropecuaria otrora prospera hoy se encuentra en vías de extinción, es duro que en medio de tanta riqueza que genera este recurso natural haya que soportar, unos pésimos servicios públicos, una atmosfera irrespirable, calles que son carreteables del siglo pasado, un servicio de salud enfermo y un gobierno obstinado a entregarle a las dos de las más grandes multinacionales mineras del mundo: Drummond y Glencore, lo más jugoso del negocio haciendo girón nuestra soberanía económica y facilitándoles las más burdas violaciones de los derechos laborales.
Son de tal magnitud las tropelías que cometen estas multinacionales, que ni con el bunker en que han convertido las zonas de operaciones, ni las medidas intimidatorias de régimen de disciplina esclavista que imponen a sus trabajadores, pueden ocultar las falencias del criminal sistema, de seguridad industrial y salud ocupacional de Drummond que ha dejado más de UNA DOCENA DE TRABAJADORES MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRABAJO; alrededor de 300 enfermos lisiados por enfermedades profesionales, laborando aún porque les niegan esta calificación; decenas de reclamaciones por violación de la convención colectiva de trabajo y la negación permanente a reconocer las justas peticiones de los trabajadores. Cada una de estas graves actuaciones de la Drummond ha conducido a querellas, tutelas y demandas, que en muy pocas y aisladas ocasiones ha generado respuesta sancionatoria para la empresa; la mayoría de las veces los organismos de gobierno y justicia se han hecho los de la “vista gorda y oídos sordos” ante los válidos argumentos de los trabajadores, evidenciándose con ello el claro contubernio gobierno-empresa.
Obligados por la muerte del compañero DAGOBERTO CLAVIJO en plena actividad laboral, se pone en marcha una jornada de duelo solicitando garantías para que se establezcan unas condiciones de trabajo sin los riesgos que hoy imperan, pero ¡increíble!, contrario a lo que debió darse por parte del Estado; una sanción rigurosa y la exigencia a Drummond de que garanticen todos los mecanismos de seguridad industrial para evitar que se sigan presentando, estos funestos hechos, lo que se da es la decisión de castigar a los obreros mediante fallo judicial por el gran delito de reclamarle a la empresa por su compañero muerto.
Este pronunciamiento judicial ratificado por la Corte en tiempo record es un cheque en blanco, para que la Multinacional Drummond con toda libertad destruya la Organización Sindical de hecho ya inició la masacre laboral despidiendo a dirigentes sindicales y activistas, a los cuales les ha notificado de llamado a descargos (en esta época de navidad y año nuevo), e inmediatamente después , les entregan la carta de despido, violentando una vez más lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo.
El respaldo que la Drummond recibe de todos los órganos del estado, nos muestra el camino que debemos tomar quienes somos las víctimas de la irracional actitud de la Multinacional Gringa y en consecuencia, unirnos para rodear a nuestros hermanos de clase: los obreros mineros, para que cesen la persecución sindical, las muertes, los accidentes y los lisiados, además de los estragos medio ambientales y sociales en la zona minera del Cesar.
La Cut Cesar rechaza de manera rotunda el fallo contra los obreros mineros, la clara complicidad del gobierno de Uribe con la Multinacional y la actitud prepotente, perseguidora y violatoria de todo derecho de la Drummond, al tiempo que llama a los trabajadores y comunidad en general a mantener la más férrea unidad y respaldar cada una de las acciones programadas por Sintramienergética.
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1/12/2010 04:50:00 a. m.
A septiembre del año pasado, las obligaciones del Gobierno y de los privados superaron los US$50.000 millones
Enero 5 de 2010 -
A diferencia de lo que ocurría en meses anteriores, en septiembre no sólo se vio un crecimiento en las deudas del Gobierno, sino que también los privados aumentaron las obligaciones contratadas en el exterior.
De esta forma, al sector público pertenece el 68 por ciento del monto total, es decir 35.004 millones de dólares, lo cual representa un alza de 22,5 por ciento frente al mismo mes del 2008.
Cerca de la mitad de los recursos corresponden a bonos (solo el año pasado, el Gobierno emitió 2.500 millones de dólares en los mercados internacionales) y 14.290 millones son deudas con organismos internacionales, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) del Banco Mundial.
El resto corresponde a agencias y gobiernos extranjeros, así como a bancos e instituciones financieras.
Según el informe del Banco de la República, el 59 por ciento de la deuda pública, equivalente a 20.608 millones de dólares, tuvo como destino apoyar al presupuesto nacional.
Otras áreas que recibieron recursos que se consiguieron prestados en el exterior fueron el sector de electricidad, gas y agua, con 3.578 millones de dólares, así como los programas generales de desarrollo, a los cuales se destinaron 3.050 millones de dólares, y servicios sociales, con 2.151 millones de dólares, entre otros.
Por otra parte, el 78 por ciento de la deuda pública, equivalente a 26.927 millones de dólares, corresponde al Gobierno.
De lejos siguen las entidades descentralizadas nacionales, con 3.419 millones de dólares; los municipios y entidades descentralizadas municipales, con 3.002 millones de dólares, y el Banco de la República con 1.026 millones de dólares.
Al tiempo, los privados adeudan 16.200 millones de dólares, cifra que aunque es inferior a la de septiembre del 2008, repuntó frente a los valores alcanzados en otros meses del 2009. El 90 por ciento son obligaciones del sector no financiero.
La mayor parte de las nuevas deudas corresponde a empresas del sector manufacturero, así como a hoteles y firmas que desarrollan actividades relacionadas con el comercio, transporte y comunicaciones.
Préstamos a mayor plazo
Mientras que las deudas a largo plazo aumentan, se reducen las obligaciones con menor plazo. Según cifras del Banco de la República, los préstamos de largo plazo crecieron 4,6 por ciento al cierre del tercer trimestre del 2009, hasta los 47.545 millones de dólares.
Por su parte, las de corto plazo pasaron de 5.549 millones de dólares a 3.659 millones de dólares. De estas últimas, el 88 por ciento pertenece al sector privado.
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1/12/2010 04:45:00 a. m.
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1/01/2010 04:15:00 p. m.
República Dominicana
Por FRANCES ROBLES/frobles@MiamiHerald.com
ARROYO BARRIL, República Dominicana
Maximiliano Calcaño tiene dos años y nació sin brazos.
Altagracia Maldonado guarda el deforme feto de su nieto en un pomo. Su vecina Maribel dio a luz a un bebé siamés con dos cabezas, que murió unas pocas horas después.
Y Daniela Altagracia, una niña de cinco años, se está quedando calva.
"Cuando yo estaba encinta, me daban mareos, vomitaba y casi no podía caminar'', dijo la madre de Maximiliano, Anajai Calcaño, de 20 años. "Se me rompió un diente y se me cayó''.
"Después mi niño nació así, sin brazos. Eso no había sucedido antes aquí''.
Al decir "antes'', Calcaño quiere decir antes de que las cenizas de carbón de una compañía de electricidad estadounidense permanecieran en un puerto aledaño durante más de dos años.
La mujer vive en una pequeña casa sin agua corriente, en una aldea rural del norte de República Dominicana, no muy lejos de donde las cenizas de carbón generadas por la AES Corporation, de Virginia, fueron a parar al borde del mar. Más de 50,000 toneladas de cenizas de carbón cargadas de metales pesados fueron abandonadas durante años en un puerto, cerca de las casas, mientras la compañía, los políticos, los fiscales, los ecologistas y los burócratas discutían, y la gente se enfermaba.
Hace seis años que un contratista de Delray Beach dejó los polvorientos residuos en la provincia de Samaná, y tres años desde que se realizó la limpieza. Después de varias demandas y varios casos penales, cuando todo el mundo pensaba que ya estaba terminado el asunto, vino la segunda parte.
Una demanda civil planteada el miércoles en Delaware alega que los niveles de desperdicios tóxicos arrojados al puerto de Arroyo Barril han enfermado a los residentes. Luego de repetidos abortos involuntarios, mujeres cuyos análisis de sangre mostraban niveles anormales de arsénico están dando a luz a niños con deformidades craneanas, con órganos fuera del cuerpo o sin extremidades.
El caso subraya el debate por las cenizas de carbón, un producto no regulado, derivado de la producción energética mediante el carbón, que contiene metales pesados pero que frecuentemente se usa en toda clase de cosas, desde cemento hasta campos de golf. La revista Popular Mechanics este mes se refiere a su uso como "Uno de los 10 Productos Más Brillantes del 2009''.
Pero ahora que varios pueblos de Tennessee y Maryland están experimentando las secuelas de derrames de cenizas de carbón, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se está preparando para pronunciar su opinión de si las cenizas deben clasificarse como peligrosas, lo cual sería un golpe muy duro para influyentes compañías que durante mucho tiempo han cabildeado en contra de una clasificación de ese tipo.
"El año pasado, en noviembre, hubo cuatro casos de niños nacidos deformes'', dijo Eduardo Ortiz, el médico de Arroyo Barril. "En un mes, he visto dos embarazos ectópicos. Uno ve un caso hoy y otro mañana y se empieza a preguntar: ¿Qué está pasando?".
Ortiz sacó su teléfono celular para mostrar la foto que tomó de un niño nacido esa misma tarde. La difusa foto mostraba una cara grotescamente deforme.
Las estrictas nuevas leyes contra el aborto en República Dominicana obligan a la madre a llevar su embarazo a término completo, incluso cuando los sonogramas muestran que el feto no tiene cerebro, señaló Ortiz.
"Fue alarmante'', indió el médico, quien relató que su propia esposa malogró un embarazo antes de que naciera su primer niño hace dos años.
Las alarmas empezaron a sonar aquí en el 2003, cuando barcazas de 10,000 toneladas llegaron al puerto cargadas de rocas negras.
Las rocas eran el residuo húmedo de una planta de carbón de Puerto Rico, propiedad de AES. El gobierno de Puerto Rico estaba presionando a AES para que retirara de la isla los montones de cenizas que se habían acumulado, de modo que la empresa contrató a Roger C. Fina, de Delray Beach, para que se hiciera cargo.
Las cenizas, una forma concentrada de contaminantes derivados naturalmente, es lo que queda después que se quema el carbón como combustible para producir energía, y generalmente contienen arsénico, plomo, cadmio, cromo y níquel.
"Traen esas cenizas a este país sin ningún tipo de controles ni nada parecido. Buena parte de lo que había se cayó al mar'' dijo Andrés Chalas, el máximo fiscal medioambiental de República Dominicana. "Sacaron permisos para traerlo, y dijeron que era para hacer renovaciones en el pueblo''.
Chalas dice que Fina tiene una orden de aprehensión en República Dominicana acusado de importar ilegalmente contaminantes y los arrojarlos en la costa. Aunque hubo varias acusaciones según las cuales Fina sobornó oficiales para traer los materiales tóxicos, Chalas dice que nunca se plantearon cargos formales al respecto.
Fina dice que el caso le arruinó la vida.
"Llegamos allí con barcazas de 10,000 toneladas y pasamos por Inmigración, Aduanas, la gente del medio ambiente, permisos, todo'' dijo Fina en declaraciones al Miami Herald. "Y ellos actuaron como si hubiéramos llegado allí en medio de la noche''.
Se suponía que la ceniza fuera procesada para lo que se conoce como "uso beneficioso'', como añadirla al asfalto, y enviarla a Fort Lauderdale. Pero según Fina, un escándalo en los medios de noticias echó a perder el proyecto.
"Se suponía que había un período de 90 días de por medio'', dijo el contratista. "Pero fue en medio de una elección presidencial, y se convirtió en una papa caliente que no hubo manera de controlarla. Nos cerraron. Me mataron. No se suponía que eso estuviera ahí durante dos años''.
"¿Por qué nadie lo limpió?"
Fina dice que lo perdió todo en esa operación y ahora no tiene trabajo.
El contratista de Delray Beach y AES fueron demandados por República Dominicana en una corte federal. AES pagó $6 millones por saldar la reclamación y limpiar el sitio.
Ese año, Fina fue acusado en una demanda civil de captar trabajadores con promesas de trabajar en sus barcos y después tenerlos viviendo como esclavos en una cantera.
Fina dijo que los barcos se paralizaron debido al caso de las cenizas, y los empleados a quienes pusieron a trabajar haciendo otras cosas trataron de extorsionarlo. El caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial.
"Fue la peor década de mi vida'' dijo Fina. "Pensé que todo había terminado''. El insiste en que nadie le ha dicho nada de cargos pendientes en República Dominicana.
Según él, las cenizas tienen un contenido muy elevado de metales, pero no como para enfermar a la gente.
El ex viceministro del Medio Ambiente, Héctor René Ledesma, que todavía está peleando para que le anulen una sentencia suspendida de cárcel de seis meses, se muestra de acuerdo.
"En el arreglo con AES en Virginia, el gobierno de República Dominicana estuvo de acuerdo en que el material no era tóxico y que no había perjudicado a nadie. ¿Entonces de qué estamos hablando?", dijo Ledesma. "Las estadísticas de salud de esa zona son exactamente las mismas que hace años. Desafortunadamente, vivimos en un país con muchos problemas de salud y deformidades, y no sabemos qué causa esos problemas''.
Los fiscales acusaron a Ledesma, al director de aduanas y a un senador local por haber permitido que las cenizas llegaran al país. Todos fueron absueltos o sus condenas anuladas bajo apelación.
Hubo un caso civil planteado por grupos ecologistas en el que Ledesma fue sentenciado a seis meses de cárcel. La sentencia fue suspendida.
"Tengo un doctorado en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de la Florida (UF)'', dijo Ledesma. "Me defendí con la única arma que tengo: la ciencia''.
Según él, los resultados de los laboratorios muestran que el material no es dañino.
Por su parte, AES declinó responder a preguntas específicas sobre el caso.
"Una demanda planteada por República Dominicana sobre esas cenizas se arregló a principios del 2007'', indicó Meghan Dotter en un correo electrónico. "Según el acuerdo de arreglo, República Dominicana dijo que el material no era dañino para los seres humanos ni el medio ambiente, pero que debe manejarse de manera apropiada''.
Diane Paolicelli, abogada de los residentes, dice que los resultados de las pruebas de laboratorio que mostraron que las cenizas eran inocuas se sacaron de muestras seleccionadas específicamente por AES Corporation, y no provenían de la playa.
Y un informe de Greenpeace International que mostró que los niveles de contaminación eran normales era de muestras demasiado pequeñas para ser definitivas, como el propio informe lo advierte.
Los resultados de laboratorio encargados por abogados de los demandantes muestran que el suelo, incluso hasta hoy, tiene niveles de contaminantes varias veces por encima de lo normal, afirmó Paolicelli.
El abogado Robert Vance, que presentó la demanda junto a Steve Phillips de Levy Phillips & Konigsberg en Nueva York, y a Ian Conat de la firma legal de Bifferato en Wilmington, Delaware, envió expertos médicos al pueblo.
"Más de 1,000 personas se enfermaron'', aseguró Vance, que acompañó al Miami Herald en una visita a la zona. "Analizamos a 42 personas, y más de la mitad de los examinados tenían niveles de arsénico anormales y dañinos en la sangre''.
Por ahora, están representando solamente a los casos más serios, aunque él dice que cientos de personas se quejan de erupciones en la piel y alergias.
Entre los clientes está María Rosa Andújar, que tuvo un niño deforme que murió el año pasado.
"El niño tenía los labios todos cuarteados, y murió media hora después de nacer'', dijo Andújar. "Todos estos problemas que tenemos surgieron después de que trajeron las cenizas. Si esa es la causa, tenemos que resolver eso porque es importante. Tengo ahora ocho meses de embarazo, y estoy nerviosa. Creo que este pueblo está contaminado''.
Chalas, el fiscal del medio ambiente, admite que las autoridades de su oficina y en el Ministerio de Salud no investigaron los primeros informes de que la gente estaba padeciendo de problemas de la piel y respiratorios.
"No era el foco de atención en aquel momento'' dijo. "Estábamos concentrados en el impacto ambiental y nadie hizo los estudios necesarios. Pensándolo bien, pudimos haber hecho más''.
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11/07/2009 09:01:00 a. m.
