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LA VERDADERA BOFETADA



22 de Marzo de 2011

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.


El debate sobre la ratificación, por parte del Congreso norteamericano, del TLC Colombia-E.E.U.U parece no tener fin. Luego de apresuradas negociaciones en las cuales el equipo colombiano entregó todo a cambio de nada (incluidas las denominadas “franjas rojas”) terminó la ronda de negociaciones en febrero 27 de 2006. El funesto resultado era algo anunciado por la Presidencia de la República: Fue Colombia la mayor interesada en que comenzáramos las negociaciones para alcanzar un TLC con los Estados Unidos”[1]. A cualquier precio, faltó añadir.

Gracias a la resistencia y movilización de los pueblos colombiano y norteamericano, la tanda de negociaciones se prolongó más de lo normal y, lo más importante, se ha impedido que entre en vigor. El 6 de marzo de 2005 los indígenas del Cauca realizaron una consulta frente al TLC, la cual arrojó un rechazo unánime al Tratado. Análogos resultados se desprendieron de las consultas realizadas por estudiantes y por productores de clima frío. El gobierno de Álvaro Uribe ignoró olímpicamente estas genuinas expresiones democráticas y populares.

En maratónicas sesiones, la mayoría uribista del Congreso de la República de Colombia aprobó el TLC firmado entre los dos gobiernos, y la Corte Constitucional hizo lo propio, con salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería. En sentido contrario, en abril del 2008 la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por 294 votos contra 195, envió el TLC al “congelador”. Que nadie se llame a engaños, los demócratas, con Nancy Pelosi a la cabeza, salvaron al TLC, el cual, de haberse sometido a votación, se hubiese hundido debido a las contradicciones formales con George W. Bush.

EL gobierno de Obama ha hecho un sinnúmero de veces referencia a la necesidad de aprobar el TLC con Colombia, pero ha dejado muy en claro que su gobierno tiene otras prioridades, entre ellas el TLC con Corea del Sur y con Panamá. Afortunadamente meros “cantos de sirena” han resultado ser las declaraciones de legisladores, líderes políticos y miembros del gabinete de Barack Obama sobre brindarle “un nuevo aire” a este nefasto tratado.

En reciente visita a Colombia, el excandidato presidencial republicano John McCain afirmó que “sería una bofetada al Gobierno y los colombianos si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio”[2]. Lógicamente su interés se reduce a utilizar el TLC como mecanismo para contrarrestar, así sea sutil y momentáneamente, los efectos de la más grave crisis originada en el país, cuyo costo se ha cargado sobre los hombros de los menos favorecidos, y que se ha extendido por todo el globo llevando a la tumba a las economías más dependientes de la dinámica comercial y monetaria de Estados Unidos. Esta percepción es propia de la dogmática ideología neoliberal, quien ve en el libre y anárquico  desarrollo de las fuerzas del mercado el súmmum de la política económica moderna, ignorando la realidad.

Las revelaciones de los cables diplomáticos expuestos por Wikileaks confirman lo que todo el mundo sabía: Estados Unidos utiliza su diplomacia y sus embajadas como frentes y comandos de batalla, prestos a cualquier acción para llevar a feliz término sus intereses. En las recientes revelaciones realizadas por El Espectador[3] con respecto a Colombia se muestra de manera clara el servilismo de nuestra dirigencia y la intromisión del gobierno estadounidense hasta en los menores asuntos internos. Las relaciones de dominación, de dependencia, de sometimiento, de explotación,  son la verdadera bofetada a nuestro país.


Los correos de las prórrogas

Tema del dia| 29 Ago 2010 - 9:01 am

Por: EL ESPECTADOR
Correos internos de Ingeominas dan cuenta de cómo estaban listos los otrosí para ampliar a 30 años cada una de las concesiones oficiales con las dos importantes multinacionales.
Cerrejón, minas de Carbón

El 12 de marzo de 2010, al despacho del director general de Ingeominas, Mario Ballesteros, llegó una carta de la multinacional Drummond Ltda. solicitando la prórroga del contrato que desde 1988 y hasta 2019 ostenta esta empresa para la explotación de las minas de carbón en el departamento del Cesar. La propuesta de la firma era extender el contrato por 30 años más, fundamentando su solicitud en el desarrollo de un gran proyecto minero que se tiene previsto desarrollar en la zona hasta el año 2060.

En su misiva, el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, resaltó que el proyecto minero requiere inversiones superiores a US$1.500 millones y que unas expectativas de esta dimensión sólo podían ser avocadas teniendo certeza de la prórroga de los contratos. Dos meses después, el 11 de mayo, la empresa Drummond envió una nueva carta planteando varios elementos de análisis económico sintetizados en la comparación del contrato original y varios otrosí firmados a través de los años.

La respuesta de Ingeominas se produjo el 22 de julio y fue firmada por el subdirector de Fiscalización y Ordenamiento Minero, José Neiza Hornero. En ella, el funcionario aclaró que las circunstancias en que se habían suscrito varios ajustes al contrato no podrían convertirse en parámetros de aplicación para la nueva realidad. En concreto, Neiza expuso que la condición para prorrogar el contrato era una contraprestación económica a favor del Estado por el 5% del valor de las utilidades operacionales de la empresa Drummond.

El 5 de agosto, el mismo Neiza Hornero, después de una reunión entre ejecutivos de Drummond y altos funcionarios de Ingeominas para revisar el otrosí propuesto por la multinacional, envió los términos de lo acordado a la empresa Espinosa y Asociados para que conceptuaran sobre el parcial acuerdo. Pero ese mismo día a las 9 y 23 minutos de la noche una ejecutiva de Drummond envió a los funcionarios de Ingeominas el modelo de otrosí para que fuera firmado de inmediato (ver facsimil). Sin el concepto de Espinosa y Asociados, la prórroga iba a firmarse.

Fue entonces cuando José Neiza Hornero, el 6 de agosto, a 24 horas de terminar el gobierno Uribe, renunció a su cargo y le dejó claro al director de Ingeominas que de ninguna manera podría atender sus instrucciones de conceptuar favorablemente la prórroga del contrato con Drummond, ni tampoco hacerlo con otro asunto a su disposición: la prórroga por 30 años del contrato que Cerro Matoso tiene para la explotación de níquel en el departamento de Córdoba.

En el último caso existía de por medio un asunto aún más delicado: desde el 24 de junio, Carlos Antonio Espinosa Pérez, de la empresa Espinosa y Asociados, le había escrito al director del Servicio Minero, José Fernando Ceballos, que su oficina no consideraba posible prorrogar el contrato con Cerro Matoso porque era evidente que se estaban lesionando los intereses del Estado y porque además los textos propuestos eran contrarios a las normas legales y conllevaban un detrimento del patrimonio público.

Y nuevamente hubo varios correos electrónicos, esta vez desde la gerencia de Asuntos Legales de Cerro Matoso, donde siguió cobrando forma la prórroga del contrato de concesión para la explotación de níquel. Como si fuera poco, ya se había suscitado un conflicto adicional con la asesora de Ingeominas Mélida Cabezas, quien puso en conocimiento de  los organismos de control el hecho de que a ella se le canceló su contrato por advertirle  a Ingeominas que Cerro Matoso estaba atrasado en el pago de $24.892 millones por concepto de regalías.

El 11 de agosto, ya en tiempos del presidente Santos, se conoció que Neiza Hornero le envió una nueva carta el director de Ingeominas Mario Ballesteros en la que le recordó que él le había dicho que era orden de la Presidencia tramitar y suscribir las prórrogas de Drummond y Cerro Matoso. Además de reiterarle su renuncia, Neiza Hornero dejó constancia de que había sido maltratado, presionado e irrespetado y que su oposición a las prórrogas obedecía a su experiencia y conocimiento del tema.

El pasado 19 de agosto, el director de Ingeominas, en carta a El Espectador, calificó de totalmente falso que haya dado instrucciones algunas al ingeniero Neiza y que el caso de Cerro Matoso estaba sometido a un tribunal de arbitramento. Además, Mario Ballesteros añadió que nunca tuvo conocimiento de conceptos negativos de Neiza respecto de las pretensiones de Drummond y que su lucha era contra la corrupción y las prácticas non sanctas que aquejan al sector.

Este viernes, tras los hallazgos de El Espectador de los correos electrónicos donde queda claro que la prórroga con Drummond y Cerro Matoso iba en marcha, el director de Ingeominas, Mario Ballesteros, precisó que nada de lo dicho es cierto, que todo son especulaciones, que él no firma contratos y que por ahora no hay prórrogas con ninguna de las dos compañías. A su vez, a la empresa Drummond se le envió un cuestionario sobre el tema y al cierre de esta edición aún no había sido contestado.

Este viernes 27 de agosto, en la página web de la Casa de Nariño fue cargada una circular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expedida el 4 de agosto donde se advierte que la ciudadanía debe conocer a los aspirantes a los altos cargos del Gobierno. Acompañando la directiva aparece que el ingeniero eléctrico Andrés Ruiz Rodríguez aspira a prestar sus servicios como director de Ingeominas. Será el reemplazo de Ballesteros. La ciudadanía no ha hecho observaciones.

La mina: historía de una montaña sagrada.



Los dongria kondh son uno de los pueblos indígenas más remotos de la India. Viven en las colinas de Niyamgiri, en el estado de Orissa, y veneran una montaña como a un dios. 

Mientras Vedanta Resources, una empresa con sede en Londres, se prepara para destruir sus bosques y su montaña sagrada con el fin de construir una enorme mina a cielo abierto, el nuevo documental de Survival se pregunta…

¿Qué hará un pueblo indígena para salvar todo cuanto conoce?

Drummond, el verdadero significado de la Confianza Inversionista.


Drummond, el verdadero significado de la Confianza Inversionista.

Enero 17 de 2010

Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar.

En la época actual de crisis económica, la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería en el país representó $1716 millones de dólares en el año 2009. En el año 2000 fue de 507 millones de dólares. Entre tanto, el valor proyectado por exportaciones en este renglón es de $ 4567 millones de dólares.[1] En el año 2009 casi 99 de cada 100 pesos de inversión extranjera neta fueron para negocios petroleros o mineros.[2]

La Drummond Company Inc. es el principal referente del saqueo de nuestro carbón. Llegó al país en la década de 1980 y ha pasado de exportar 1 millón de toneladas en 1995 a 22, 9 millones en 2007[3] y, aproximadamente, 30 millones de toneladas en el 2008 en el departamento del Cesar, para un total de aproximadamente 70 millones de toneladas en el Cesar y La Guajira. Controla reservas totales que se cuantifican en 2 mil millones de toneladas de carbón, sin mencionar el resto de riquezas que posea el subsuelo del territorio que controlan.[4]

En el año 2008 efectúo ventas por valor de $ 3.131.399 millones de dólares con una variación a favor del 34.3%, una variación de las utilidades operacionales del 440.2%, y un aumento del 828,6% en utilidades netas[5] ubicándose en el puesto 17 entre las empresas más grandes del país.[6] Ganancias que, obviamente, se trasladan a los Estados Unidos, y que, de ninguna manera redundan en desarrollo para el país.

Pero la Drummond, el baluarte del pillaje imperialista, encabezaría el ranking empresarial en persecución a los obreros e inobservancia de las normas (laxas de por sí) de seguridad industrial, que se ha traducido en un total de 16 trabajadores muertos en las instalaciones de la empresa hasta este año y más de 300 trabajadores lisiados, hombres que no son mayores de 40 años de edad, pero que cuentan con diversas patologías como hernias discales, cervicales, discopatía de columna, insuficiencia renal, problemas de pulmón, alergias, hipoacusia sensorial, etc., producto de la explotación minera en este enclave. En contraprestación, la Drummond, en contradicción con los principios básicos de la dignidad humana, y en contravía de las Convenciones Colectivas, sanciona o despide a estos trabajadores.

El 23 de marzo, ante la muerte del obrero Dagoberto Clavijo se realizó espontáneamente una jornada de protesta por el Derecho a la Vida de los Trabajadores, protesta como derecho que se encuentra consagrado en la Constitución y que difiere claramente de una huelga. A raíz de esto, y en franca actitud antiobrera y con el objetivo de desvertebrar a Sintramienergética, sindicato que se ha opuesto valerosamente a la intransigencia de la empresa, demandó la ilegalidad de la supuesta huelga, concediéndole la razón a la Drummond, en última instancia, la Sentencia 42272 de la Corte Suprema de Justicia.

Con base en esa sentencia se ha iniciado una nueva masacre laboral al interior de la transnacional minera, que se ha traducido, hasta la fecha, en el despido de siete directivos sindicales y cuatro trabajadores de base, además que anunció procesos contra 35 afiliados a Sintramienergética, de los cuales van seis despedidos.

Esta aberrante e indigna situación involucra a todos los sectores sociales que, más que gozar, han sufrido con la explotación del carbón. Hoy la miseria de las zonas carboníferas es sólo equiparable a los atroces índices del continente africano. Las exuberantes ganancias de la Drummond se traducen en mayor iniquidad para el Cesar y para el país. Por lo tanto, es necesario aglutinar a todas aquellas capas de la población que consideran que este estado actual de postración no es eterno y que, más temprano que tarde, de la mano de más del 90% de los colombianos y a través de una lucha civilista y democrática, se erguirá el Estado Colombiano, digno, libre de toda atadura y con la autonomía para recorrer la senda del bienestar para toda su población.





[1] http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-3785543
[2] http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6963568.html
[3] http://www.drummondco.com/operations/coal/Colombia.aspx
[4] http://www.drummondco.com/
[5] http://www.semana.com/documents/Doc-1876_200952.pdf
[6] http://www.semana.com/documents/Doc-1878_200952.pdf

Revelan presiones de Chevron a Ecuador

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El ex canciller de Ecuador Fander Falconí habla durante una conferencia de prensa en Quito, el miércoles 13 de enero de 2010.
El ex canciller de Ecuador Fander Falconí habla durante una conferencia de prensa en Quito, el miércoles 13 de enero de 2010.
Dolores Ochoa / AP Foto

QUITO

La petrolera estadounidense Chevron, gracias a su influencia política y diplomática en Washington, generó fuertes gestiones para que Ecuador no fuera beneficiado con la extensión de preferencias arancelarias para exportar a Estados Unidos, reveló el miércoles el ex canciller Fander Falconí.

También anunció que el 20 de enero, fecha en que ya no ejercerá el cargo al que dimitió el martes, el presidente venezolano Hugo Chávez y una comitiva llegarán a Ecuador para realizar una reunión de trabajo con el gobernante anfitrión Rafael Correa y sus ministros.

``La empresa Chevron ha hecho una de las gestiones más fuertes y feroces que ha enfrentado la política exterior ecuatoriana, porque [Chevron] tiene influencia en el Senado, en el Congreso, en la propia administración del gobierno norteamericano'', dijo Falconí en una rueda de prensa.
Estados Unidos otorga unilateralmente preferencias arancelarias a miles de productos de Ecuador, Colombia y Perú en reconocimiento a la lucha de esos tres países contra el narcotráfico. Bolivia, otro país que era favorecido por la iniciativa, quedó excluido desde el año pasado.

Chevron enfrenta un juicio en los tribunales ecuatorianos en donde es acusada por pobladores de la amazonia de causar graves daños ambientes por la explotación de petróleo entre 1972 y 1990, por los cuales exigen una compensación de unos $27,000 millones. La petrolera lucha por librarse de una condena.

El vocero de Chevron para la región, James Craig, en aparente alusión al proceso judicial que enfrenta la petrolera, dijo que ``hay un gigantesco fraude en camino y creemos que el gobierno está interviniendo en el caso en contra de nosotros, estamos siendo afectados en Ecuador en ese sentido''.

Indicó que Chevron informó ``a nuestros legisladores de la situación en Ecuador y hemos expresado nuestra preocupación por violaciones al tratado de preferencias arancelarias''.

``Lo que hemos hecho no es nada fuera de la común, no sólo es nuestro derecho, es nuestra obligación como empresa norteamericana informar a nuestro gobierno cuando hay violaciones a acuerdos comerciales'', añadió.

Falconí renunció el martes a su cargo por las críticas que el presidente Rafael Correa hizo al manejo de un proyecto ambiental con el que Ecuador espera recaudar $3,000 millones a cambio de no extraer 846 millones de barriles de petróleo detectados en el subsuelo de la selva amazónica de Yasuní, para conservar esa área en su estado natural.

El presidente Rafael Correa dijo respetar la decisión de Falconí, de renunciar a su cargo tras unas críticas relacionadas con el proyecto ambientalista Yasuní-ITT, informó ayer la Presidencia, según reportó EFE.

Falconí, que ha sido uno de los mayores impulsores del proyecto, dimitió ayer, un día después de que lo hiciera uno de los integrantes de la Comisión gubernamental creada para negociar la iniciativa, Roque Sevilla, que tampoco aceptó las críticas de Correa.

ANTE LOS ATROPELLOS DE LA MULTINACIONACIONAL DRUMMOND Y EL GOBIERNO LA HORA ES DE UNIDAD Y LUCHA


Por más de 20 años, los obreros mineros y los pobladores de este corredor, han padecido las secuelas de las formas más agresivas de explotación de carbón contra el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. 

Nunca antes la pobreza había golpeado tanto a sus moradores y la esperanza idílica de un mejor vivir por el boon del carbón no pasa de ser recuerdo transformado en pesadilla. la actividad agropecuaria otrora prospera hoy se encuentra en vías de extinción, es duro que en medio de tanta riqueza que genera este recurso natural haya que soportar, unos pésimos servicios públicos, una atmosfera irrespirable, calles que son carreteables del siglo pasado, un servicio de salud enfermo y un gobierno obstinado a entregarle a las dos de las más grandes multinacionales mineras del mundo: Drummond y Glencore, lo más jugoso del negocio haciendo girón nuestra soberanía económica y facilitándoles las más burdas violaciones de los derechos laborales.

Son de tal magnitud las tropelías que cometen estas multinacionales, que ni con el bunker en que han convertido las zonas de operaciones, ni las medidas intimidatorias de régimen de disciplina esclavista que imponen a sus trabajadores, pueden ocultar las falencias del criminal sistema, de seguridad industrial y salud ocupacional de Drummond que ha dejado más de UNA DOCENA DE TRABAJADORES MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRABAJO; alrededor de 300 enfermos lisiados por enfermedades profesionales, laborando aún porque les niegan esta calificación; decenas de reclamaciones por violación de la convención colectiva de trabajo y la negación permanente a reconocer las justas peticiones de los trabajadores. Cada una de estas graves actuaciones de la Drummond ha conducido a querellas, tutelas y demandas, que en muy pocas y aisladas ocasiones ha generado respuesta sancionatoria para la empresa; la mayoría de las veces los organismos de gobierno y justicia se han hecho los de la “vista gorda y oídos sordos” ante los válidos argumentos de los trabajadores, evidenciándose con ello el claro contubernio gobierno-empresa.

Obligados por la muerte del compañero DAGOBERTO CLAVIJO en plena actividad laboral, se pone en marcha una jornada de duelo solicitando garantías para que se establezcan unas condiciones de trabajo sin los riesgos que hoy imperan, pero ¡increíble!, contrario a lo que debió darse por parte del Estado; una sanción rigurosa y la exigencia a Drummond de que garanticen todos los mecanismos de seguridad industrial para evitar que se sigan presentando, estos funestos hechos, lo que se da es la decisión de castigar a los obreros mediante fallo judicial por el gran delito de reclamarle a la empresa por su compañero muerto.

Este pronunciamiento judicial ratificado por la Corte en tiempo record es un cheque en blanco, para que la Multinacional Drummond con toda libertad destruya la Organización Sindical de hecho ya inició la masacre laboral despidiendo a dirigentes sindicales y activistas, a los cuales les ha notificado de llamado a descargos (en esta época de navidad y año nuevo), e inmediatamente después , les entregan la carta de despido, violentando una vez más lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo.

El respaldo que la Drummond recibe de todos los órganos del estado, nos muestra el camino que debemos tomar quienes somos las víctimas de la irracional actitud de la Multinacional Gringa y en consecuencia, unirnos para rodear a nuestros hermanos de clase: los obreros mineros, para que cesen la persecución sindical, las muertes, los accidentes y los lisiados, además de los estragos medio ambientales y sociales en la zona minera del Cesar.

La Cut Cesar rechaza de manera rotunda el fallo contra los obreros mineros, la clara complicidad del gobierno de Uribe con la Multinacional y la actitud prepotente, perseguidora y violatoria de todo derecho de la Drummond, al tiempo que llama a los trabajadores y comunidad en general a mantener la más férrea unidad y respaldar cada una de las acciones programadas por Sintramienergética.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT, CESAR

Deuda Externa Colombiana: La Mayor De La Historia.

 

A septiembre del año pasado, las obligaciones del Gobierno y de los privados superaron los US$50.000 millones

Enero 5 de 2010 -
El saldo total de la deuda externa colombiana subió a 51.204 millones de dólares, el monto más alto en la historia.
  Pero si se mira como proporción del PIB, representa un 22,1 por ciento, que si bien no es el máximo histórico, es el mayor en tres años, pues en este tiempo había logrado reducirse a 18 por ciento.

A diferencia de lo que ocurría en meses anteriores, en septiembre no sólo se vio un crecimiento en las deudas del Gobierno, sino que también los privados aumentaron las obligaciones contratadas en el exterior.

De esta forma, al sector público pertenece el 68 por ciento del monto total, es decir 35.004 millones de dólares, lo cual representa un alza de 22,5 por ciento frente al mismo mes del 2008.

Cerca de la mitad de los recursos corresponden a bonos (solo el año pasado, el Gobierno emitió 2.500 millones de dólares en los mercados internacionales) y 14.290 millones son deudas con organismos internacionales, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) del Banco Mundial.

El resto corresponde a agencias y gobiernos extranjeros, así como a bancos e instituciones financieras.

Según el informe del Banco de la República, el 59 por ciento de la deuda pública, equivalente a 20.608 millones de dólares, tuvo como destino apoyar al presupuesto nacional.

Otras áreas que recibieron recursos que se consiguieron prestados en el exterior fueron el sector de electricidad, gas y agua, con 3.578 millones de dólares, así como los programas generales de desarrollo, a los cuales se destinaron 3.050 millones de dólares, y servicios sociales, con 2.151 millones de dólares, entre otros.

 Por otra parte, el 78 por ciento de la deuda pública, equivalente a 26.927 millones de dólares, corresponde al Gobierno.

De lejos siguen las entidades descentralizadas nacionales, con 3.419 millones de dólares; los municipios y entidades descentralizadas municipales, con 3.002 millones de dólares, y el Banco de la República con 1.026 millones de dólares.

Al tiempo, los privados adeudan 16.200 millones de dólares, cifra que aunque es inferior a la de septiembre del 2008, repuntó frente a los valores alcanzados en otros meses del 2009. El 90 por ciento son obligaciones del sector no financiero.

La mayor parte de las nuevas deudas corresponde a empresas del sector manufacturero, así como a hoteles y firmas que desarrollan actividades relacionadas con el comercio, transporte y comunicaciones.

Préstamos a mayor plazo

Mientras que las deudas a largo plazo aumentan, se reducen las obligaciones con menor plazo. Según cifras del Banco de la República, los préstamos de largo plazo crecieron 4,6 por ciento al cierre del tercer trimestre del 2009, hasta los 47.545 millones de dólares.

Por su parte, las de corto plazo pasaron de 5.549 millones de dólares a 3.659 millones de dólares. De estas últimas, el 88 por ciento pertenece al sector privado.

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Un nuevo chantaje del Banco Mundial: Profundizando la reforma neoliberal a la justicia.

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Colombia: US$20 millones para mejorar los servicios de justicia en el país

Conflictos civiles, familiares y laborales serán resueltos diligentemente

Disponible en: English
Comunicado de prensa Nº:2010/202/LAC
Contactos:
En Washington: Stevan Jackson
(202) 458 5054
En Colombia: Maria Clara Ucros
(57-1) 3263600 ext. 259

WASHINGTON, 18 de diciembre de 2009 – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó este jueves un préstamo por US$20 millones para mejorar los servicios de justicia en el país y así procesar a tiempo y en forma eficiente la resolución de conflictos civiles, familiares y laborales

El préstamo para el proyecto de  Fortalecimiento de los Servicios de Justicia de Colombia es parte de un programa de cinco años que ha de contribuir a la consolidación de la paz en el país.

En esta primera etapa, el proyecto se implementará en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín. Además de ser las seis ciudades más grandes del país y concentrar más del 45% del total de la población, cuentan con 750 despachos civiles, familiares y laborales que emplean a más de 3.300 funcionarios y empleados judiciales que manejan más de 3.1 millones de casos y atienden a una población de cerca de 19 millones de habitantes.

El proyecto consolidará los fundamentos de la paz en Colombia al mejorar la calidad de los servicios de resolución de conflictos civiles, laborales y familiares y dotará a la Rama Judicial de despachos judiciales más eficientes, que rinden cuentas a la ciudadanía, y prestan servicios de mejor calidad para todos los colombianos. Por medio de un sistema de tribunales y juzgados más confiables y accesibles se mejorará la aplicación de leyes y los reglamentos en el marco del Estado de Derecho, lo cual generará además un mejor clima de inversiones en el país, dijo Jesael Giraldo, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Para tales fines, el proyecto  mejorará la gestión de los servicios de justicia y modernizará los procesos   de juzgados y tribunales especializados en esos conflictos de modo que puedan responder efectivamente al reciente aumento en la demanda de servicios. El proyecto además  simplificará los procesos internos , eliminando la burocracia innecesaria en  esos despachos y facilitará el acceso a sus servicios a los  grupos mas vulnerables de la población. 

 “Las mejoras en los servicios de justicia traerán beneficios significativos tanto para las instituciones colombianas como para la sociedad en general. Con este proyecto buscamos mejorar la calidad del modelo administrativo, los tiempos y la confiabilidad de los procesos judiciales, lo cual entre otros, optimizará el ambiente de negocios en el sector privado”, dijo Gloria Grandolini, Directora del Banco Mundial para Colombia y México.

El proyecto desarrollará un modelo de administración de justicia efectivo que presta servicios de primera calidad, genera información confiable sobre el desempeño del sector justicia y reduce las barreras para un mayor acceso público a dichos servicios.

Entre los resultados esperados están:
  • 300.000 casos destrabados, resueltos y archivados en las seis ciudades donde operará el proyecto;
  • Aumento de un promedio de 50 casos resueltos por juez, por año, en las mencionadas ciudades;
  • Incremento hasta un 85% en los niveles de satisfacción por parte de los usuarios, en términos de calidad, tiempo y efectividad en el servicio recibido;
  • Aumento hasta un 80% en los niveles de satisfacción por parte de los usuarios en términos de transparencia y rendición de cuentas;
  • Capacitación y evaluación del 50% del personal que labora en los tribunales y juzgados donde operará el Proyecto, de acuerdo a las políticas y procesos desarrollados en el proyecto;
  • Creación de unidades descentralizadas en las seis ciudades seleccionadas que brinden servicios a 350.000 usuarios;
  • Centros certificados de conciliación que brinden servicios a 20.000 usuarios.
 Para alcanzar los mismos, el proyecto mejorará:
  • La actuación de las cortes civiles, laborales y familiares en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín.
  • El desempeño del personal a través de evaluaciones de desempeño y construcción de capacidades.
  • El acceso de los grupos vulnerables por medio de desarrollo y diseminación de información confiable, ampliación en la cobertura y fortalecimiento de servicios de conciliación.
  • Coordinación del proyecto: fortalecimiento de las capacidades de la Judicatura para llevar a cabo el proyecto.
El monto total del financiamiento requerido es de $US 40 millones, de los cuales el Banco Mundial aportará en esta primera etapa $US 20 millones. Se tiene contemplada una segunda etapa para 2013 en la cual el Banco aportaría los restantes $US 20 millones. La agencia responsable para la ejecución del préstamo es la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa. Es un préstamo a una tasa de interés variable (LIBOR de 6 meses más un margen variable), a pagar en el transcurso de 12.5 años con un periodo de gracia de 10.5 años. El plazo de ejecución del proyecto es el 31 de diciembre de 2013.

Este proyecto es parte integral del compromiso y diálogo del Banco Mundial en una agenda más amplia que incluye conocimiento y servicios de asesoría en apoyo al Plan Nacional de Desarrollo.


Para más información sobre el Banco Mundial y Colombia, por favor visite:

© 2009 Grupo del Banco Mundial. Reservados todos los derechos. Aspectos legales.

Demandan a firma de EEUU por defectos en niños

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República Dominicana

Anajai Calcaño enseña a su hijo Maximiliano a comer con los pies.
Anajai Calcaño enseña a su hijo Maximiliano a comer con los pies.
Charles Trainor Jr./The miami herald

ARROYO BARRIL, República Dominicana

Maximiliano Calcaño tiene dos años y nació sin brazos.

Altagracia Maldonado guarda el deforme feto de su nieto en un pomo. Su vecina Maribel dio a luz a un bebé siamés con dos cabezas, que murió unas pocas horas después.

Y Daniela Altagracia, una niña de cinco años, se está quedando calva.

"Cuando yo estaba encinta, me daban mareos, vomitaba y casi no podía caminar'', dijo la madre de Maximiliano, Anajai Calcaño, de 20 años. "Se me rompió un diente y se me cayó''.

"Después mi niño nació así, sin brazos. Eso no había sucedido antes aquí''.

Al decir "antes'', Calcaño quiere decir antes de que las cenizas de carbón de una compañía de electricidad estadounidense permanecieran en un puerto aledaño durante más de dos años.

La mujer vive en una pequeña casa sin agua corriente, en una aldea rural del norte de República Dominicana, no muy lejos de donde las cenizas de carbón generadas por la AES Corporation, de Virginia, fueron a parar al borde del mar. Más de 50,000 toneladas de cenizas de carbón cargadas de metales pesados fueron abandonadas durante años en un puerto, cerca de las casas, mientras la compañía, los políticos, los fiscales, los ecologistas y los burócratas discutían, y la gente se enfermaba.

Hace seis años que un contratista de Delray Beach dejó los polvorientos residuos en la provincia de Samaná, y tres años desde que se realizó la limpieza. Después de varias demandas y varios casos penales, cuando todo el mundo pensaba que ya estaba terminado el asunto, vino la segunda parte.

Una demanda civil planteada el miércoles en Delaware alega que los niveles de desperdicios tóxicos arrojados al puerto de Arroyo Barril han enfermado a los residentes. Luego de repetidos abortos involuntarios, mujeres cuyos análisis de sangre mostraban niveles anormales de arsénico están dando a luz a niños con deformidades craneanas, con órganos fuera del cuerpo o sin extremidades.

El caso subraya el debate por las cenizas de carbón, un producto no regulado, derivado de la producción energética mediante el carbón, que contiene metales pesados pero que frecuentemente se usa en toda clase de cosas, desde cemento hasta campos de golf. La revista Popular Mechanics este mes se refiere a su uso como "Uno de los 10 Productos Más Brillantes del 2009''.

Pero ahora que varios pueblos de Tennessee y Maryland están experimentando las secuelas de derrames de cenizas de carbón, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se está preparando para pronunciar su opinión de si las cenizas deben clasificarse como peligrosas, lo cual sería un golpe muy duro para influyentes compañías que durante mucho tiempo han cabildeado en contra de una clasificación de ese tipo.

"El año pasado, en noviembre, hubo cuatro casos de niños nacidos deformes'', dijo Eduardo Ortiz, el médico de Arroyo Barril. "En un mes, he visto dos embarazos ectópicos. Uno ve un caso hoy y otro mañana y se empieza a preguntar: ¿Qué está pasando?".

Ortiz sacó su teléfono celular para mostrar la foto que tomó de un niño nacido esa misma tarde. La difusa foto mostraba una cara grotescamente deforme.

Las estrictas nuevas leyes contra el aborto en República Dominicana obligan a la madre a llevar su embarazo a término completo, incluso cuando los sonogramas muestran que el feto no tiene cerebro, señaló Ortiz.

"Fue alarmante'', indió el médico, quien relató que su propia esposa malogró un embarazo antes de que naciera su primer niño hace dos años.

Las alarmas empezaron a sonar aquí en el 2003, cuando barcazas de 10,000 toneladas llegaron al puerto cargadas de rocas negras.

Las rocas eran el residuo húmedo de una planta de carbón de Puerto Rico, propiedad de AES. El gobierno de Puerto Rico estaba presionando a AES para que retirara de la isla los montones de cenizas que se habían acumulado, de modo que la empresa contrató a Roger C. Fina, de Delray Beach, para que se hiciera cargo.

Las cenizas, una forma concentrada de contaminantes derivados naturalmente, es lo que queda después que se quema el carbón como combustible para producir energía, y generalmente contienen arsénico, plomo, cadmio, cromo y níquel.

"Traen esas cenizas a este país sin ningún tipo de controles ni nada parecido. Buena parte de lo que había se cayó al mar'' dijo Andrés Chalas, el máximo fiscal medioambiental de República Dominicana. "Sacaron permisos para traerlo, y dijeron que era para hacer renovaciones en el pueblo''.

Chalas dice que Fina tiene una orden de aprehensión en República Dominicana acusado de importar ilegalmente contaminantes y los arrojarlos en la costa. Aunque hubo varias acusaciones según las cuales Fina sobornó oficiales para traer los materiales tóxicos, Chalas dice que nunca se plantearon cargos formales al respecto.

Fina dice que el caso le arruinó la vida.

"Llegamos allí con barcazas de 10,000 toneladas y pasamos por Inmigración, Aduanas, la gente del medio ambiente, permisos, todo'' dijo Fina en declaraciones al Miami Herald. "Y ellos actuaron como si hubiéramos llegado allí en medio de la noche''.

Se suponía que la ceniza fuera procesada para lo que se conoce como "uso beneficioso'', como añadirla al asfalto, y enviarla a Fort Lauderdale. Pero según Fina, un escándalo en los medios de noticias echó a perder el proyecto.

"Se suponía que había un período de 90 días de por medio'', dijo el contratista. "Pero fue en medio de una elección presidencial, y se convirtió en una papa caliente que no hubo manera de controlarla. Nos cerraron. Me mataron. No se suponía que eso estuviera ahí durante dos años''.

"¿Por qué nadie lo limpió?"

Fina dice que lo perdió todo en esa operación y ahora no tiene trabajo.

El contratista de Delray Beach y AES fueron demandados por República Dominicana en una corte federal. AES pagó $6 millones por saldar la reclamación y limpiar el sitio.

Ese año, Fina fue acusado en una demanda civil de captar trabajadores con promesas de trabajar en sus barcos y después tenerlos viviendo como esclavos en una cantera.

Fina dijo que los barcos se paralizaron debido al caso de las cenizas, y los empleados a quienes pusieron a trabajar haciendo otras cosas trataron de extorsionarlo. El caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial.

"Fue la peor década de mi vida'' dijo Fina. "Pensé que todo había terminado''. El insiste en que nadie le ha dicho nada de cargos pendientes en República Dominicana.

Según él, las cenizas tienen un contenido muy elevado de metales, pero no como para enfermar a la gente.

El ex viceministro del Medio Ambiente, Héctor René Ledesma, que todavía está peleando para que le anulen una sentencia suspendida de cárcel de seis meses, se muestra de acuerdo.

"En el arreglo con AES en Virginia, el gobierno de República Dominicana estuvo de acuerdo en que el material no era tóxico y que no había perjudicado a nadie. ¿Entonces de qué estamos hablando?", dijo Ledesma. "Las estadísticas de salud de esa zona son exactamente las mismas que hace años. Desafortunadamente, vivimos en un país con muchos problemas de salud y deformidades, y no sabemos qué causa esos problemas''.

Los fiscales acusaron a Ledesma, al director de aduanas y a un senador local por haber permitido que las cenizas llegaran al país. Todos fueron absueltos o sus condenas anuladas bajo apelación.

Hubo un caso civil planteado por grupos ecologistas en el que Ledesma fue sentenciado a seis meses de cárcel. La sentencia fue suspendida.

"Tengo un doctorado en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de la Florida (UF)'', dijo Ledesma. "Me defendí con la única arma que tengo: la ciencia''.

Según él, los resultados de los laboratorios muestran que el material no es dañino.

Por su parte, AES declinó responder a preguntas específicas sobre el caso.

"Una demanda planteada por República Dominicana sobre esas cenizas se arregló a principios del 2007'', indicó Meghan Dotter en un correo electrónico. "Según el acuerdo de arreglo, República Dominicana dijo que el material no era dañino para los seres humanos ni el medio ambiente, pero que debe manejarse de manera apropiada''.

Diane Paolicelli, abogada de los residentes, dice que los resultados de las pruebas de laboratorio que mostraron que las cenizas eran inocuas se sacaron de muestras seleccionadas específicamente por AES Corporation, y no provenían de la playa.

Y un informe de Greenpeace International que mostró que los niveles de contaminación eran normales era de muestras demasiado pequeñas para ser definitivas, como el propio informe lo advierte.

Los resultados de laboratorio encargados por abogados de los demandantes muestran que el suelo, incluso hasta hoy, tiene niveles de contaminantes varias veces por encima de lo normal, afirmó Paolicelli.

El abogado Robert Vance, que presentó la demanda junto a Steve Phillips de Levy Phillips & Konigsberg en Nueva York, y a Ian Conat de la firma legal de Bifferato en Wilmington, Delaware, envió expertos médicos al pueblo.

"Más de 1,000 personas se enfermaron'', aseguró Vance, que acompañó al Miami Herald en una visita a la zona. "Analizamos a 42 personas, y más de la mitad de los examinados tenían niveles de arsénico anormales y dañinos en la sangre''.

Por ahora, están representando solamente a los casos más serios, aunque él dice que cientos de personas se quejan de erupciones en la piel y alergias.

Entre los clientes está María Rosa Andújar, que tuvo un niño deforme que murió el año pasado.

"El niño tenía los labios todos cuarteados, y murió media hora después de nacer'', dijo Andújar. "Todos estos problemas que tenemos surgieron después de que trajeron las cenizas. Si esa es la causa, tenemos que resolver eso porque es importante. Tengo ahora ocho meses de embarazo, y estoy nerviosa. Creo que este pueblo está contaminado''.

Chalas, el fiscal del medio ambiente, admite que las autoridades de su oficina y en el Ministerio de Salud no investigaron los primeros informes de que la gente estaba padeciendo de problemas de la piel y respiratorios.

"No era el foco de atención en aquel momento'' dijo. "Estábamos concentrados en el impacto ambiental y nadie hizo los estudios necesarios. Pensándolo bien, pudimos haber hecho más''.


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