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Los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC, no se quedarán atrás en la protesta nacional que se realizará hoy en todo el país en contra de lo que se denomina privatización de la educación y eliminación de la autonomía universitaria.
En Valledupar los estudiantes de la UPC y de otras instituciones de educación superior oficiales, marcharán a partir de las 8 de la mañana desde la sede Sabanas de la UPC hasta el edificio de la Gobernación del Cesar.
Abel Carreño y Álvaro Julio, estudiantes de la UPC, manifestaron que el gobierno se propone reformar la Ley 30 de 1.992 que establece la autonomía universitaria, para crear un nuevo marco que regulará la educación superior, la cual será privatizada siguiendo el modelo chileno. Expresaron los universitarios que pese a que el modelo chileno ha fracasado como lo demuestran las recientes y generalizadas protestas estudiantiles en ese país, aquí en Colombia, el gobierno dentro de esa teoría y reformas neoliberales, trata de seguirlo.
Cuestionaron el hecho de que los aportes presupuestales de la Nación a las universidades estatales, según el nuevo proyecto del gobierno, estaría sujeto al Producto Interno Bruto, PIB, lo cual consideran negativo para los sectores populares.
En la UPC, los estudiantes, desarrollan mesas de trabajo y foros en los que socializan entre sus compañeros, los alcances de la reforma a la Ley 30 de 1992. Dicen que el Proyecto oficial no ha sido socializado y no se ha concertado con los estamentos universitarios, profesores, empleados, estudiantes y directivos.
I. FINANCIACIÓN.
- Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.
- Financiamiento estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.
- El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.
- Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.
- El Icetex solo será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.
II. DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA
- Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:
i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.
III. BIENESTAR
- Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.
- Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.
IV. CALIDAD ACADÉMICA
- Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.
V. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
- Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.
VI. RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD
- La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.
- Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.
- El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.
Rechacemos el nuevo proyecto de Ley de Educación Superior que pronto se presentará al congreso por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos cuyo principal propósito es continuar profundizando las políticas Neoliberales de privatización de las Universidades y avanzar en la reproducción de las condiciones que determinan el descenso progresivo de la calidad de los programas ofrecidos por estas.
Estamos convencidos de que es el estado el único responsable y capaz de garantizar el derecho a una educación de calidad, científica, democrática y al servicio del pueblo. Es hora que la educación pase a un primer plano en el acontecer político nacional y que se le otorgue la importancia que se merece dentro del proyecto de país que queremos las mayoría de los Colombianos, un país soberano, mas equitativo, con una justa distribución de la riqueza, un país próspero, de oportunidades ,de plenos derechos y que satisfaga las necesidades básicas de sus pobladores.
La Universidad Popular del Cesar, desde sus estamentos, como directa perjudicada y como escenario del pensamiento, debe participar en la construcción del movimiento social que apunte a lograr estas trasformaciones, por lo tanto, llamamos a toda la comunidad Upecista a sumarse a esta gran jornada de movilización nacional exigiendo una mayor financiación para la U pública y por supuesto para nuestra institución.
La MESA AMPLIA ESTUDIANTIL estableció que la concentración para la marcha se realizará este 7 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. en el campus Universitario de Sabanas desde donde partirá el recorrido hasta la Gobernación del Cesar.
¡Todos a marchar este 7 de Septiembre en defensa de la Educación Pública en Colombia!
El 24 de agosto de 2011 se creo la Mesa Amplia Universitaria con la participación de varios de los mas destacados sectores y líderes estudiantiles de la universidad popular del cesar entre ellos Julio Bertty, William Lasso, Alfredo Bermudez, Ketty Fuentes, Abel Carreño, Maryis Pacheco y el representante de los estudiantes ante la facultad de Ingenierías Álvaro José Julio Beltrán, los cuales conforman el comité operativo provisional de la Mesa.
La Mesa Amplia Universitaria tiene como objetivo principal discutir desde los diferentes estamentos de nuestra alma mater; la Universidad Popular del Cesar (Estudiantes, Trabajadores y Docentes) el nuevo proyecto de ley de educación superior presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos y su impacto a nivel nacional y local. Cabe de antemano agregar que este proyecto de Ley no soluciona la crisis financiera de las universidades públicas las cuales tienen un déficit presupuestal de cerca de 750 mil millones de pesos debido al abandono del estado y al recorte de las transferencias sino que por el contrario, las sumerge mucho más en la ola de las privatizaciones y en el detrimento de la calidad.
De esta manera invitamos a toda la comunidad upecista a ponerse al tanto sobre el tema y a expresar un rechazo tajante contra este proyecto de ley que se convierte en el más grabe atentado contra la educación en la historia del país. Únete a la Mesa Amplia Universitaria. Estaremos informándolos por este medio y con la realización de diferentes actividades pedagógicas que se llevarán a cabo en todas las sedes de la UPC.
¡Viva la UPC! , ¡Todos Unidos Contra la Nueva Ley de Educación Superior de Santos!
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Organización Colombiana de Estudiantes – Universidad Popular del Cesar
Valledupar, 12 de mayo de 2011
La OCE- UNICESAR rechaza de manera enérgica y enfática el nuevo golpe que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación pretenden asestarle a la educación colombiana.
El texto de la reforma a la ley de educación superior que presentaron el pasado 10 y 11 de marzo de los corrientes ante los Rectores de las Universidades y ante la prensa respectivamente, se constituye en el mayor atentado contra las Universidades Públicas y Privadas en toda la historia del país. Ningún presidente antes se había atrevido a tanto en el vil objetivo de degradar la educación colombiana. “El alumno ha superado al maestro”, muy bien lo afirmaba el Senador Jorge Enrique Robledo, uno de los principales opositores de la reforma.
La idea de permitir que las Universidades se conviertan en entidades con ánimo de lucro trasforma de de un solo tajo el Derecho a la Educación en una mercancía sometida a la oferta y la demanda, e impulsando a estas instituciones a perseguir la máxima ganancia con una gran minimización de los costos y la inversión, dejando la calidad a un lado. Esta situación conduciría de manera criminal a una fuerte alza en las matrículas, obligando a los estudiantes a desertar o a trabajar más duro y a endeudarse con créditos de altos intereses para ser capaz de financiarlas.
Además de esto, la reforma permite el ingreso del capital privado internacional al negocio de la educación superior del país en consonancia con el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior “(Universidades con ánimo de lucro, art 13 de la reforma). Dicha reforma les permite, a la luz de la legislación comercial, que este tipo de instituciones puedan distribuir dividendos y realizar inversiones en otros sectores de la sociedad como lo establece el art. 14, parágrafo 2, literal c del texto de la reforma. Cabe anotar que con la entrada de estas multinacionales de la educación vendría una competencia muy fuerte para las universidades privadas colombianas, llevándolas incluso, a un quiebre inminente.
Es así como invitamos a toda la comunidad universitaria a estar muy atentos sobre esto, a informarse y a defender mediante la movilización de masas nuestro derecho constitucional a la Educación y a luchar por que esta sea pública, gratuita, científica, democrática, de calidad y al servicio del pueblo.
11 de marzo de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
El tema de los servicios públicos (en sentido amplio) ha generado fuertes controversias y cuantiosa bibliografía. Ha sido un tema cuya noción ha sufrido diversos cambios, principalmente por la política económica en auge en los respectivos momentos históricos en determinada ubicación geográfica.
Actualmente, la política neoliberal ha deformado la esencia de los servicios públicos, cual es garantizar los deberes del Estado hacia la sociedad con miras a cumplir sus fines esenciales. Y la ha deformado a tal punto que el rango de la circunferencia de los servicios públicos parece estrecharse sólo a los domiciliarios, y porque la prestación de los mismos, hoy día, excluye casi totalmente la participación estatal, dejando todo en cabeza de los particulares.
Lo que se presentó en la constitución de 1991 como una gran innovación y como la tabla de salvación para los usuarios y el Estado se ha convertido hoy en su más oscura pesadilla. Para darse cuenta de esto simplemente basta consultar a la gente del común, tan plagada de amargas experiencias con los operadores privados.
El artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos podrán ser prestados “indirectamente” por particulares. Este artículo, junto al régimen legal instaurado con base a lo que se preceptuó, dieron vía libre para que el Estado colombiano entregará a menosprecio sus empresas y activos; liquidara a las organizaciones de trabajadores, y así, los privados se pudiesen hacer a jugosos dividendos por la vía de encarecer en más de 220% el goce de dichos servicios.
Según nuestra normatividad “es deber del Estado asegurar su prestación eficiente (la de los servicios públicos) a todos los habitantes del territorio nacional”. En la realidad el Estado se ha encargado de generar numerosas prerrogativas a las empresas privadas, y de desangrar paulatinamente a las pocas entidades públicas que aún superviven. Estas empresas privadas prestadoras de servicios públicos se encuentran inmersas dentro de los mercados de capitales internacionales y, precisamente, se nutren de las onerosas tarifas que cobran a los usuarios, y así mantener su orgía especulativa. Emiten bonos, compran otros, valorizan sus activos, comprometen sus ganancias futuras con diversas entidades financieras y, en caso de derrumbarse su castillo de naipes el Estado y los expoliados usuarios correrán en su salvación. Con cara ganan ellos, con sello perdemos nosotros.
Contrariando uno de los principios de la sentencia T-443 de 1992, las empresas privadas de servicios públicos privilegian a los sectores económicamente pudientes. Lo anterior quiere decir que el acceso a los mismos se fundamenta en la capacidad de pago, lo que conduce claramente a que los más pobres o no podrán acceder a los servicios públicos, o accederán a unos de pésima calidad.
En este punto es evidente que el abandono de los servicios públicos por parte del Estado ha redundado en el aumento de las necesidades básicas insatisfechas, de la pobreza y miseria, y de la indignidad e indignación de nuestros compatriotas. Los servicios públicos son un área estratégica, por esto los Estados serios no permiten que los particulares se inmiscuyan en tan sensible actividad. Todo lo contrario de lo que le exigen hacer a Colombia, y que nuestros gobernantes obsecuentemente aplican.
12 de febrero de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
La corriente económica predominante se caracteriza por favorecer exclusivamente al capital financiero en detrimento de la calidad, la estabilidad, la equidad y las finanzas públicas. Esa constante se trasladó a los servicios públicos, sector en el cual las ganancias se han multiplicado en beneficio de los monopolios, beneficiarios de jugosas exenciones en aras de atraer al capital foráneo. Los Planes Departamentales de Agua, la “optimización”, construcción y adecuación de acueductos y alcantarillados, pertenecen a esta dinámica, la cual convierte en vulgares mercancías los más esenciales derechos de la población.
Los habitantes de Valledupar soportan una gravosa carga tributaria. Las tarifas mensuales de los servicios públicos domiciliarios, privatizados en su gran mayoría, sumadas a los impuestos directos e indirectos, se han convertido para el 80% de los vallenatos en una extorsión irrenunciable.
Haciéndole eco a aquella frase que señala que “no hay nada tan malo que no pueda empeorar”, la Administración Municipal pretendía reducir sustancialmente los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de acueducto y alcantarillado. Bajo la fementida preocupación del gerente de EMDUPAR, Eduardo Becerra, por la supuesta posibilidad de que los subsidios desaparezcan, se oculta el malintencionado objetivo de reducir paulatinamente los subsidios con miras a cumplir las obligaciones financieras generadas a raíz del empréstito de más de 36 mil millones de pesos que hizo la actual Administración Municipal, comprometiendo para ello vigencias futuras del Sistema General de Participaciones.
El acuerdo No. 013 de 2008 estableció los porcentajes de los subsidios en 60%, 28% y 5% para los estratos 1, 2 y 3, respectivamente. El proyecto de Acuerdo que se debatía actualmente buscaba modificar lo anterior y disminuir los subsidios a 38%, 12% y 3,86% para los estratos 1, 2 y 3. Lo anterior quiere decir que el estrato 1 pudo perder más del 27% de su subsidio; el estrato 2, el 58%; y el estrato 3 más del 24%.
El contrato de crédito de más de 36 mil millones, el que originó el desmonte de los subsidios, se encuentra suscrito entre el municipio de Valledupar y el Fideicomiso Grupo Financiero de Infraestructura (GFI), el cual financia a 60 municipios en Colombia para los mismos fines. Y los financia bajo lo preceptuado en el Conpes 3385 de 2005: juntar varios municipios con un solo operador “para la conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado”. El fin último de este empréstito es generarle grandiosos dividendos al capital financiero, tan necesitado de ellos en la actual época de recesión. El Grupo Financiero de Infraestructura, en un arrebato de sinceridad, explica cómo funciona su gran negocio: “Este modelo consiste en otorgar créditos a largo plazo a las entidades territoriales, con el objeto que éstas puedan desarrollar sus necesidades de infraestructura básica. A su vez, los créditos son fondeados con instrumentos financieros colocados en el mercado de capitales. El servicio de la deuda contraída por las diferentes entidades territoriales será cubierto con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones del sector de agua y saneamiento básico. De esta manera se da respaldo y cubrimiento al pago de los instrumentos financieros. Este mecanismo no solo ofrece acceso a la financiación de proyectos de infraestructura, sino que también fortalece el mercado de capitales colombiano.”[i]
Quiere decir lo anterior que los recursos públicos serán utilizados para especular en los mercados internacionales. La mecánica del negocio es emitir bonos ordinarios y, por los recursos generados gracias a dicha emisión, otorgar préstamos a las entidades territoriales. Además de esto se hacen beneficiarios de los Patrimonios Autónomos de las entidades territoriales y con las ganancias atienden las obligaciones financieras de las mencionadas transacciones. En este siniestro engranaje podemos deducir fácilmente quiénes serán los damnificados. Una pista, no será GFI.
El rechazo de los valduparenses a la propuesta de desmontar los subsidios obligó a modificar el proyecto y a que éstos se mantengan intactos. Puede que en esta ocasión lo hayamos impedido, pero la esencia del negocio, cual es el entronque con el capital financiero internacional, permanece latente. Los serviles gobernantes buscarán cualquier tipo de medida para congraciarse, pero sobre todo para garantizar a los inversionistas foráneos la tasa de retorno convenida. En ese momento los más perjudicados serán los usuarios. Nuestra tarea es impedirlo.
¡¡¡FELIZ DÍA DEL PERIODISTA!!!
La OCE-Unicesar extiende un fraterno abrazo a todas aquellas personas independientes, críticas, con valor civil, con vocación de servicio y capacidad de análisis; a todos aquellos periodistas que día a día, en su arduo trasegar, mantienen la perspectiva de forjar una nueva sociedad, en la cual primen la verdad, la democracia y la justicia.
"El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse."
Ryszard Kapuściński
Representante Estudiantil de la Facultad de Ingenierías y Tecnológicas
4 de Febrero de 2011.
Desde hace mucho rato la entrada a los programas académicos de pregrado en la Universidad Popular del Cesar, especialmente Derecho y Enfermería Superior, se ha convertido en algo donde predomina lo que en esta región del país denominamos “las palancas”, en lugar del verdadero mérito y desempeño académico.
Es recurrente escuchar entre la comunidad estudiantil la necesidad de contar con una influencia en la universidad, de tener contactos con los cuales gestionar el ingreso a estos programas incluso, muchas veces, pagando por ello.
Esto le ha generado un amplio descrédito a la institución. Los casos de corrupción han crecido significativamente en los últimos años y los esfuerzos de algunos administrativos por combatirlos se han visto birlados por toda clase de avivatos que se aprovechan del estamento universitario más vulnerable, el estudiantil, al cual tampoco eximo de toda responsabilidad. Personas inescrupulosas chantajean a los estudiantes exigiéndoles importantes sumas de dinero para la realización de toda clase de trámites fraudulentos como tráfico de notas, cancelación de materias, aplazamientos de semestres, cancelación de semestres, arreglos de PFU y de admisiones, casos muy conocidos por todos y que ya en ocasiones anteriores han sido documentados por la prensa escrita y radial de la ciudad. Se han abierto procesos ante la justicia ordinaria e investigaciones disciplinarias dentro de la misma universidad las cuales, infortunadamente, no han arrojado resultados contundentes ni sanciones ejemplares y mucho menos políticas de veedurías y transparencia que ayuden a detectar tempranamente estos vicios y a erradicarlos de manera definitiva del Alma Mater.
En cuanto al tema específico de las admisiones, cabe destacar que tampoco se han aplicado medidas que apunten a establecer un sólido sistema de selección, que brinde las garantías necesarias a cada aspirante y que permita que a la Universidad Popular del Cesar ingresen los mejores estudiantes de la región con miras a una excelencia académica.
Ya en reiteradas ocasiones estudiantes y aspirantes han propuesto recomendaciones que no han sido tenidas en cuenta por las diferentes administraciones de la UPC. Dentro de éstas cabe resaltar el punto de vista de la OCE-Unicesar, la organización estudiantil más sólida, independiente y coherente que existe en la institución (y a nivel nacional), y cuyos voceros claramente plantean que debe haber un sistema de admisiones del más alto nivel, semejante al de las mejores instituciones públicas del país; con rigurosas pruebas de admisión realizadas por una institución externa y neutral que puedan medir varios aspectos de la formación integral del aspirante; la realización de entrevistas para análisis de perfiles psicológicos de manera tal que la institución conozca mejor a sus universitarios e identifique fortalezas y debilidades que sirvan como base para construir estrategias y políticas académicas y de bienestar universitario encaminadas a formar profesionales saludables, competentes y pertinentes.
De igual manera, se debería ofrecer una cantidad razonable de cupos que no represente ni excesos ni carencias, y que responda a un análisis de estudios muy responsable y preciso sobre la población estudiantil, la cantidad de estudiantes por aula, la demanda de materias de los estudiantes, la cantidad de grupos por materia y que además no afecte la calidad de la educación brindada a los nuevos admitidos y a los antiguos.
Si revisamos las admisiones de estos programas para este período académico (2011-I) nos damos cuenta de que muchos estudiantes con buenos puntajes fueron rechazados, contrario a otros que, con puntajes significativamente más bajos, fueron admitidos sólo por cursar las escuela de perfeccionamiento académico o preuniversitario. He aquí otro punto criticable del sistema.
Veamos esto más en detalle. Los programas de Enfermería y Derecho aceptan proporcionalmente muchos más estudiantes provenientes de los preuniversitarios en comparación con los demás programas que conforman la oferta académica de la UPC. Observamos de esta manera que en programas donde generalmente se aperturan 50 o cien cupos para primer semestre, pasan regularmente entre 40 y 90 estudiantes de forma directa por los resultados de sus pruebas ICFES, y sólo diez en promedio logran ingresar efectuando un curso preuniversitario, mientras que en Derecho y Enfermería, donde se ofertan cien y 50 cupos, respectivamente, más de la mitad de los admitidos provienen de estos cursos preuniversitarios. Además, el acceso de estos estudiantes por preuniversitario se realiza con pruebas ICFES evidentemente más bajas en comparación con la mayoría de los que quedaron no admitidos, dejando a estos últimos sin opción y propiciando su fuga hacia otras universidades, restándole calidad al capital humano a la UPC.
Esta situación, a mi modo de ver, es claramente injusta y poco seria con todos los candidatos que se disponen a ingresar a la educación superior en la UPC, en el departamento y en la región. Y no está de más exigirle al Alma Mater del Cesar, por excelencia y tradición, que establezca unas reglas de juego favorables a la institución y que la recubran de transparencia, esa misma que hace mucho ha sido eclipsada por todos los escándalos y actos de corrupción y que la dejan muy mal parada ante la comunidad.
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