¿QUÉ TAN PÚBLICOS SON LOS SERVICIOS PÚBLICOS?

11 de marzo de 2011

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.

El tema de los servicios públicos (en sentido amplio) ha generado fuertes controversias y cuantiosa bibliografía. Ha sido un tema cuya noción ha sufrido diversos cambios, principalmente por la política económica en auge en los respectivos momentos históricos en determinada ubicación geográfica.

Actualmente, la política neoliberal ha deformado la esencia de los servicios públicos, cual es garantizar los deberes del Estado hacia la sociedad con miras a cumplir sus fines esenciales. Y la ha deformado a tal punto que el rango de la circunferencia de los servicios públicos parece estrecharse sólo a los domiciliarios, y porque la prestación de los mismos, hoy día, excluye casi totalmente la participación estatal, dejando todo en cabeza de los particulares.

Lo que se presentó en la constitución de 1991 como una gran innovación y como la tabla de salvación para los usuarios y el Estado se ha convertido hoy en su más oscura pesadilla. Para darse cuenta de esto simplemente basta consultar a la gente del común, tan plagada de amargas experiencias con los operadores privados.

El artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos podrán ser prestados “indirectamente” por particulares. Este artículo, junto al régimen legal instaurado con base a lo que se preceptuó, dieron vía libre para que el Estado colombiano entregará a menosprecio sus empresas y activos; liquidara a las organizaciones de trabajadores, y así, los privados se pudiesen hacer a jugosos dividendos por la vía de encarecer en más de 220% el goce de dichos servicios.

Según nuestra normatividad “es deber del Estado asegurar su prestación eficiente (la de los servicios públicos) a todos los habitantes del territorio nacional”. En la realidad el Estado se ha encargado de generar numerosas prerrogativas a las empresas privadas, y de desangrar paulatinamente a las pocas entidades públicas que aún superviven. Estas empresas privadas prestadoras de servicios públicos se encuentran inmersas dentro de los mercados de capitales internacionales y, precisamente, se nutren de las onerosas tarifas que cobran a los usuarios, y así mantener su orgía especulativa. Emiten bonos, compran otros, valorizan sus activos, comprometen sus ganancias futuras con diversas entidades financieras y, en caso de derrumbarse su castillo de naipes el Estado y los expoliados usuarios correrán en su salvación. Con cara ganan ellos, con sello perdemos nosotros.

Contrariando uno de los principios de la sentencia T-443 de 1992, las empresas privadas de servicios públicos privilegian a los sectores económicamente pudientes. Lo anterior quiere decir que el acceso a los mismos se fundamenta en la capacidad de pago, lo que conduce claramente a que los más pobres o no podrán acceder a los servicios públicos, o accederán a unos de pésima calidad.

En este punto es evidente que el abandono de los servicios públicos por parte del Estado ha redundado en el aumento de las necesidades básicas insatisfechas, de la pobreza y miseria, y de la indignidad e indignación de nuestros compatriotas. Los servicios públicos son un área estratégica, por esto los Estados serios no permiten que los particulares se inmiscuyan en tan sensible actividad. Todo lo contrario de lo que le exigen hacer a Colombia, y que nuestros gobernantes obsecuentemente aplican.

Por esto se hace necesario repensar el modelo político, económico y social que hoy nos rige. La realidad nos ha demostrado su fracaso y su exclusivo compromiso con la generación de ganancias exorbitantes para un puñado. Es urgente dotar al Estado con las herramientas indispensables para ejecutar, dirigir, mantener, intervenir, planificar y ejercer control sobre los servicios públicos y su prestación, en aras de garantizar el bienestar general producto de su goce. La participación de todos los ciudada

¿POR QUÉ PRETENDEN DESMONTAR LOS SUBSIDIOS?

 12 de febrero de 2011

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.

La corriente económica predominante se caracteriza por favorecer exclusivamente al capital financiero en detrimento de la calidad, la estabilidad, la equidad y las finanzas públicas. Esa constante se trasladó a los servicios públicos, sector en el cual las ganancias se han multiplicado en beneficio de los monopolios, beneficiarios de jugosas exenciones en aras de atraer al capital foráneo. Los Planes Departamentales de Agua, la “optimización”, construcción y adecuación de acueductos y alcantarillados, pertenecen a esta dinámica, la cual convierte en vulgares mercancías los más esenciales derechos de la población.

Los habitantes de Valledupar soportan una gravosa carga tributaria. Las tarifas mensuales de los servicios públicos domiciliarios, privatizados en su gran mayoría, sumadas a los impuestos directos e indirectos, se han convertido para el 80% de los vallenatos en una extorsión irrenunciable.

Haciéndole eco a aquella frase que señala que “no hay nada tan malo que no pueda empeorar”, la Administración Municipal pretendía reducir sustancialmente los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de acueducto y alcantarillado. Bajo la fementida preocupación del gerente de EMDUPAR, Eduardo Becerra, por la supuesta posibilidad de que los subsidios desaparezcan, se oculta el malintencionado objetivo de reducir paulatinamente los subsidios con miras a cumplir las obligaciones financieras generadas a raíz del empréstito de más de 36 mil millones de pesos que hizo la actual Administración Municipal, comprometiendo para ello vigencias futuras del Sistema General de Participaciones.

El acuerdo No. 013 de 2008 estableció los porcentajes de los subsidios en 60%, 28% y 5% para los estratos 1, 2 y 3, respectivamente. El proyecto de Acuerdo que se debatía actualmente buscaba modificar lo anterior y disminuir los subsidios a 38%, 12% y 3,86% para los estratos 1, 2 y 3. Lo anterior quiere decir que el estrato 1 pudo perder más del 27% de su subsidio; el estrato 2, el 58%; y el estrato 3 más del 24%.

El contrato de crédito de más de 36 mil millones, el que originó el desmonte de los subsidios, se encuentra suscrito entre el municipio de Valledupar y el Fideicomiso Grupo Financiero de Infraestructura (GFI), el cual financia a 60 municipios en Colombia para los mismos fines. Y los financia bajo lo preceptuado en el Conpes 3385 de 2005: juntar varios municipios con un solo operador “para la conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado”. El fin último de este empréstito es generarle grandiosos dividendos al capital financiero, tan necesitado de ellos en la actual época de recesión. El Grupo Financiero de Infraestructura, en un arrebato de sinceridad, explica cómo funciona su gran negocio: “Este modelo consiste en otorgar créditos a largo plazo a las entidades territoriales, con el objeto que éstas puedan desarrollar sus necesidades de infraestructura básica. A su vez, los créditos son fondeados con instrumentos financieros colocados en el mercado de capitales. El servicio de la deuda contraída por las diferentes entidades territoriales será cubierto con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones del sector de agua y saneamiento básico. De esta manera se da respaldo y cubrimiento al pago de los instrumentos financieros. Este mecanismo no solo ofrece acceso a la financiación de proyectos de infraestructura, sino que también fortalece el mercado de capitales colombiano.”[i]

Quiere decir lo anterior que los recursos públicos serán utilizados para especular en los mercados internacionales. La mecánica del negocio es emitir bonos ordinarios y, por los recursos generados gracias a dicha emisión, otorgar préstamos a las entidades territoriales. Además de esto se hacen beneficiarios de los Patrimonios Autónomos de las entidades territoriales y con las ganancias atienden las obligaciones financieras de las mencionadas transacciones. En este siniestro engranaje podemos deducir fácilmente quiénes serán los damnificados. Una pista, no será GFI.

El rechazo de los valduparenses a la propuesta de desmontar los subsidios obligó a modificar el proyecto y a que éstos se mantengan intactos. Puede que en esta ocasión lo hayamos impedido, pero la esencia del negocio, cual es el entronque con el capital financiero internacional, permanece latente. Los serviles gobernantes buscarán cualquier tipo de medida para congraciarse, pero sobre todo para garantizar a los inversionistas foráneos la tasa de retorno convenida. En ese momento los más perjudicados serán los usuarios. Nuestra tarea es impedirlo.

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[i] http://www.gfi.com.co/hacemos.html

Se aprobó un texto opuesto al firmado por más de dos millones de personas

Ayer, en una sesión de la Comisión I de la Cámara, la mayoría que apoya al gobierno aprobó un texto contrario a la iniciativa ciudadana apoyada por más de dos millones de colombianos y colombianas.

Las sustanciales modificaciones son las siguientes:

· Se eliminó la consagración del derecho fundamental al agua potable.

· Se eliminó el reconocimiento del agua como bien común y público.

· Se eliminó el uso prioritario de los ecosistemas esenciales al ciclo del agua para este fin.

· Se eliminó la prohibición de privatizar la gestión del agua y del servicio de acueducto y alcantarillado, sin ánimo de lucro.

· Agregaron un “mico” colosal: volver constitucional que “las aguas que nacen y mueren en la misma heredad”, son privadas, imponiendo así una excepción al principio de que todas las aguas son bienes de uso público. De esta manera se entregará el agua a los nuevos propietarios privados e ilegítimos de los grandes latifundios producto del despojo a más de cuatro millones de campesinos.

· En contraste con lo anterior eliminaron que las aguas que discurren por los territorios étnicos son parte integrante de los mismos.

· Ajustaron de modo demagógico la propuesta del mínimo vital gratuito universal, para predicarlo falsamente como orientado sólo a los pobres, pero dentro del marco legal actual de la prestación privada de los servicios públicos.

Las modificaciones fueron acordadas en la Casa de Nariño en reunión de las bancadas gubernamentales con el Presidente Uribe. Este, que se había opuesto radicalmente a nuestro referendo por el derecho humano al agua, cambió súbitamente de posición para proponer que sea el pueblo quien decida, pero sobre un texto totalmente contrario al firmado por más de dos millones de personas.

Ante esta realidad, el Comité Nacional en defensa del Agua y de la Vida que promueve el referendo invita a continuar la movilización ciudadana en defensa del texto original del referendo y a mantenerse alertas y pendientes del debate en la Plenaria de la Cámara en la cual se decidirá la apelación presentada por el Vocero del Comité Promotor, para que se respete el texto original.

El Comité de Promotores del referendo agradece a los 8 congresistas del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, y a los dos de Cambio Radical que votaron a favor de la ponencia que recomendaba la aprobación del referendo con su texto original.

Esta lucha nacional y regional empieza a navegar hacia el reconocimiento del agua como bien público y común y como un derecho humano fundamental en la Constitución Nacional; pero sólo las acciones conjuntas y sostenidas de todos y todas, permitirán que estas aguas no se enturbien ni sean controladas y convertidas en un negocio privado.

COMITÉ PROMOTOR

Rafael Colmenares (Vocero), Oscar Eduardo Gutiérrez, Martha Cañon, Javier Marquez, Rodrigo Acosta, Humberto Polo, Héctor Gañan, Tatiana Roa y Cristo Miranda.

Este viernes: Marcha contra tercerización’ en Emdupar

Una marcha para exigir que se cumplan las conclusiones de los cabildos abiertos realizados de cara a una eventual tercerización de varios de los servicios de ‘Emdupar’, es una de las iniciativas diseñadas por la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, que busca reversar la decisión tomada por la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar.

Juan Carlos Prieto Barrios y Rafael Arrieta Garizao son dos de los activistas de la liga, que vienen promulgando la intención de que la ciudad de Valledupar se manifieste negativamente ante la decisión tomada por la Junta Directiva de Emdupar, de contratar servicios con ‘terceros’.

“Lo que nosotros queremos es que tanto el Alcalde, que es el presidente de la Junta Directiva, como el gerente Licinio Beleño Jiménez, den cumplimiento a las conclusiones de los tres últimos cabildos, donde las actas todas son negativas a la tercerización y la Junta Directiva se ha ‘pasado por la faja’ las recomendaciones de esos cabildos”, precisó Juan Carlos Prieto.

Ambos defensores de los derechos de la comunidad, coinciden en afirmar que ésta misma debe manifestarse en contra de la tercerización, “por eso convocamos a toda la comunidad vallenata, la misma de escasos recursos que resultará lesionada con los pagos, para que acuda en forma masiva este viernes a la marcha de rechazo que hemos convocado”, dijo Rafael Arrieta Garizao.

La marcha que citan los integrantes de la Liga de Usuarios estaría realizándose este viernes 19 de diciembre a partir de las 8 de la mañana, partiendo desde la sede de Aducesar para culminar el recorrido en Emdupar. Para ajustar lo pertinente a la marcha, se estará desarrollando una reunión hoy a las 4 de la tarde en la misma sede de Aducesar.

Otra de las iniciativas que proponen los querellantes contra el tema de la tercerización de los servicios de Emdupar, corresponde a una acción de nulidad “porque lo que ha hecho la Junta Directiva no es más que una burla a las conclusiones de los cabildos abiertos y foros que se han realizado, donde la misma comunidad ha mostrado su descontento con el tema, por eso a través de una acción popular buscamos tumbar el proceso”, agregó Arrieta Garizao.

Los cabildos a los que se refieren los denunciantes se realizaron, el primero en el Coliseo Cubierto “Julio Monsalvo Castilla”, en el año 2003; el segundo a través de un foro en el auditorio de la Policía en el 2007, y el más reciente realizado el 12 de junio del presente año.

Crean comité para defender a Emdupar

WILLIAM DE ÁVILA R.

wdeavila@vanguardia.com


Mediante un comité denominado ‘Pro Defensa de la Empresa Emdupar’ pretenden hacer oposición a las propuestas de la gerencia de la empresa para contratar con otra entidad el Área Comercial, buscando la recuperación de la cartera y el fortalecimiento de la empresa prestadora de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Los miembros del Comité consideran también que los gestores de la propuesta son el alcalde de Valledupar, Rubén Carvajal Riveira, y los miembros de la Junta Directiva de Emdupar, en lo que se denomina la ‘tercerización’, lo que calificaron como una “maniobra que pretende burlar la decisión unánime expresada por los vallenatos el 12 de junio en el desarrollo del cabildo abierto”.

Lo que se acordó allí fue Emdupar “no debía ser privatizada y se recomendó a la Gerencia y Junta Directiva desarrollar varias actividades, tendientes a optimizar el funcionamiento de la empresa”, manifestaron al hacer el anuncio de la conformación del Comité.

El grupo de defensa está integrado por 19 personas, entre ellas miembros del sindicato de la empresa, del directorio Liberal, dirigentes del Polo Democrático, ediles, presidentes de JAC y estudiantes.

La prevención de los miembros del Comité Pro Defensa de Emdupar es que al momento de implementarse la ‘tercerización’, a los usuarios les tocará asumir incrementos en el costo de los servicios y algunos trabajadores perderán la estabilidad laboral.

UNASE AL REFERENDO "EL AGUA: UN DERECHO FUNDAMENTAL"

UNASE AL REFERENDO "EL AGUA: UN DERECHO FUNDAMENTAL"

RECOJA UNA PLANILLA DE QUINCE FIRMAS ENTRE SUS FAMILIARES Y AMIGOS

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Apreciado amigo(a)

La campaña del referendo por el agua como derecho fundamental ha entrado en su fase final. Restan dos meses de los seis que establece la Ley para obtener el número de firmas equivalente al 5% del censo electoral, es decir 1.403.000 firmas. Los resultados alcanzados hasta ahora son promisorios pues ya se ha recolectado la mitad de las firmas requeridas, es decir se encuentran en manos de las organizaciones promotoras tanto en los departamentos como en Bogotá y estimamos que muchas más están en proceso de ser recogidas y entregadas.

No obstante lo anterior es necesario hacer un gran esfuerzo para alcanzar no solo el mínimo sino un margen adicional que prevenga la anulación de firmas que por diversas razones se producirá.

Conocedores de su compromiso con las causas sociales y humanitarias y seguros de su comprensión de la necesidad de garantizar agua a todos los colombianos y colombianas vivos y por nacer, realizando para ello una gestión pública, transparente e integral, evitando la comercialización y privatización de este elemento esencial para la vida, estableciendo un mínimo vital gratuito y protegiendo efectivamente los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico, acudimos a Usted para invitarlo a convertirse en PROMOTOR VOLUNTARIO de esta noble iniciativa, recogiendo una planilla de firmas (15 firmas) entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y allegados. Seguramente solo Ud puede recoger estas firmas.

Esta iniciativa ciudadana y social, de la cual puede formar parte, es apoyada por líderes políticos como el Senador Jorge Robledo, quien ha acompañado nuestros esfuerzos desde el primer momento.

Seguros de que su colaboración y la de muchas personas como Ud., nos asegurará el alcance de la meta de firmas necesaria para obtener la convocatoria del referendo lo(a) invitamos bajar el formato en www.ecofondo.org, leer atentamente las instrucciones del mismo para la recolección de firmas y enviarlo a la siguiente dirección: Cll 82 No 19-26 en Bogotá. En Valledupar las puede hacer llegar a la calle 16A #19A-16, Barrio Dangond. Si tiene cualquier duda o inquietud gustosamente la responderemos a través de este correo electrónico comunicacionesreferendo@yahoo.es o ligausuarioscesar@gmail.com

Cordialmente,

RAFAEL COLMENARES FACCINI

Vocero del Comité de Promotores del Referendo

"El agua: un derecho fundamental"

www.ecofondo.org

Enertolima es el nuevo socio de Empresa de Energía de Pereira, al capitalizar con $ 202 mil millones

Tras una puja abierta en la que también participaron las Empresas Públicas de Medellín, la empresa tolimense se quedó con el 49 por ciento de la EEP.

En medio de las arengas de representantes del sindicato de trabajadores de la empresa, de rechazo al proceso de capitalización, Enertolima entregó la mejor propuesta, la cual dobló el precio base fijado para comenzar las negociaciones.

En una primera ronda, la mejor propuesta fue entregada por EPM con 173 mil millones de pesos. Sin embargo, en la ronda definitiva la empresa antioqueña estuvo por debajo de la oferta de Enertolima.

En un mes, aproximadamente, estarían entrando los nuevos recursos a la EEP, que servirían para cubrir los pasivos y comenzar a desarrollar los proyectos que no se han podico ejecutar por falta de capital.

PEREIRA

El Referendo por el agua

por Jairo Puente Brugés Thursday, Feb. 21, 2008 at 11:26 AM

Diferentes organizaciones vienen promoviendo el Referendo por el Agua

La situación de las aguas corrientes en la cuenca hidrográfica del Caribe y en la zona andina de Colombia, sólo puede calificarse de catastrófica. En el Estudio Nacional del Agua (IDEAM) se observa que en estas regiones, el índice de presión (relación oferta/demanda) es muy alto, mientras en el sur oriente del país el índice es mínimo. Esto se explica porqué las erosionadas cordilleras y la costa norte albergan a la mayoría de la población colombiana. En estos sitios vive mucha gente y los ríos tienden a secarse o están muy contaminados, mientras que en las selvas del sur existen ríos enormes y limpios y una baja densidad demográfica. Santander hace parte de la zona crítica, por eso muchos municipios sufren de racionamientos y los ríos importantes registran altos niveles de contaminación. En el caso del agua potable, su calidad es mala para millones de colombianos, en todas las regiones, según informes oficiales.

Frente a esta vergonzosa situación, cualquiera pensaría que el Gobierno también está preocupado y –en consecuencia- tiene propuestas para solucionar la compleja problemática. Resulta que no, todo apunta a que las propuestas del Gobierno están orientadas -no a fortalecer la gestión del agua- sino a debilitarla. Afortunadamente la intervención de las cortes, de algunos congresistas, de los ambientalistas, de las organizaciones sociales y sindicales y de académicos, ha logrado frenar algunas de las nefastas iniciativas. Es el caso de la Ley Forestal, declarada inexequible por la Corte Constitucional y la Ley de Aguas, retirada.

Sin embargo, otras iniciativas oficiales no han sido neutralizadas. Es el caso de la modificación del decreto de licencias ambientales, para permitir el desarrollo de actividades mineras y otras en páramos. Por esto y mucho más, diferentes organizaciones vienen promoviendo el Referendo por el Agua. El sábado pasado participé en una reunión convocada por los organizadores del Referendo, en el Parque del Agua de Bucaramanga, donde se informó que “El Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, comenzó el año entregando 248.000 firmas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en apoyo a la iniciativa que se propone ampliar y modificar la Constitución Nacional para garantizar el acceso al agua potable como derecho humano y fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua”.

Más información en: http://ecofondo.org/mambo/index.php

COPYRIGHT © 2008 VANGUARDIA LIBERAL

Protestas en Cali por plan para sectorizar servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad

Febrero 20 de 2008

Foto: Archivo / El TIEMPO

Sindicato pide que se le dote de herramientas para los arreglos.

El modelo, similar al aplicado por la Empresa de Acueducto de Bogotá, consiste en dividir la ciudad en tres zonas para entregarle dos de ellas a operadores interesadas en el negocio.

Cerca de 2.000 caleños se concentraron frente a la torre de Emcali para protestar por el proyecto, impulsado por Emcali, entidad que está intervenida por la Superintendencia de Servicios desde hace ocho años.

La primera de las zonas incluye nueve comunas más el área de Yumbo. El operador tendría que manejar el norte de Cali, parte de Aguablanca y zona de ladera.

La segunda, que comprende nueve comunas, también se entregaría a un operador. Le corresponderá parte de Aguablanca, ladera y el sur, el área de mayor expansión en Cali.

Emcali se quedaría con la tercera zona que comprende solo tres comunas del centro, sin posibilidad de expansión.

El debate por esta propuesta lo ha impulsado en el Concejo el edil del Polo, Wilson Arias, y ha llevado ha que el propio presidente de la corporación, José Luis Pérez, de la Alianza Social Indígena, exija la devolución de Emcali.

El Sindicato de Emcali rechazó la sectorización y propuso que la Empresa los dote de herramientas y equipos para que los propios trabajadores se encarguen de atender toda la ciudad.

CALI

La venta de la ESSA en contravía del progreso de Santander

Algo que ya aprendimos en el Cesar.

Roberto Schmalbach, El Frente, Bucaramanga, febrero 10 de 2008

Según se conoce el gobierno nacional acaba de fijar para el próximo lunes 11 de febrero de 2008, la subasta de las acciones de la Electrificadora de Santander en la denominada segunda fase de enajenación de las electrificadoras en las que el gobierno tiene acciones mayoritarias.

El proceso ha mostrado evidente detrimento patrimonial que afecta al departamento corroborado con las supuestas correcciones que se presentan para la segunda fase que se inicia, puesto que valorar ahora las acciones en 22,99 pesos en nada cambia las objecciones de enajenar la empresa por debajo del valor real de sus activos, mercado, infraestructura y servicios.

La nueva valoración de las acciones se hace teniendo en cuenta las tarifas fijadas por la CREG, después que una parte de las acciones se vendieran sin considerar ese factor que distorsiona el mercado nacional de energía en las tarifas que se cobra a los usuarios.

Todo el proceso ha estado acompañado por cuatro modificaciones en menos de un año a los decretos que regulan la enajenación, el decreto original 2570 del 6 de julio de 2007, fue corregido con el decreto 3242, este a su vez se modifico con el decreto 4823 del 14 de diciembre de 2007 y nuevamente este último se cambia por el decreto 244 del 31 de enero de 2008, todas estas modificaciones, asociadas a las medidas cautelares tomadas por los juzgados, las objeciones de la Contraloría General de la República y las justas reclamaciones de los ciudadanos por mantener este patrimonio público en manos del estado en los departamentos, están indicando que el gobierno del presidente Uribe, poco o nada le importan los intereses de las regiones, por cuanto los argumento que esgrime para justificar la venta de la electrificadora, quedaron desvirtuados cuando se demostró que en el caso de la Electrificadora de Santander los indicadores económicos, financieros y de gestión superan claramente cualquier análisis de permanencia y consolidación del negocio eléctrico en el país.

La condición favorable que tiene la ESSA, por el mercado de más de 515.000 usuarios, la red extendida por mas de 4 departamentos, la modernización emprendida por la administración de la empresa, el nivel de aceptación del servicio, hacen que la electrificadora sea un buen negocio para el departamento, por lo mismo plantear al gobierno nacional que ceda su participación mayoritaria a Santander, se considera la mejor contribución al desarrollo regional. Porque al contrario, considerar que el gobierno va a vender la electrificadora para luego retribuir esos recursos a través de proyectos de desarrollo regional es una quimera, por cuanto la misma ley 226 del 95 limita que solo se destinen para esos propósitos el 10% de la enajenación de activos del gobierno nacional. Eso significará que con la nueva valoración estimada por la banca de inversión a 22,99 pesos acción, el departamento no recibirá más de 50 mil millones de pesos incluido el valor de sus propias acciones en la empresa que son del 14%, esto es un mal negocio para los santandereanos, por cuando nos quedamos sin la empresa y sin los proyectos regionales.

No se pueden hacer ilusiones con la nueva valoración presentada por el gobierno, la subasta consiste en presentación de ofertas en sobres cerrados por parte de ofertantes previamente seleccionados que no son mas de un número determinado, el que mas ofrece asegura el negocio, no hay forma de confrontarse abiertamente, el sistema esta elaborado para favorecer a los compradores no a los vendedores.

El desafío es grande para los santandereanos, mantenemos la empresa como patrimonio de todos o nos atenemos a soportar el sufrimiento que hoy están viviendo los pueblos de la costa, con los abusos de las electrificadoras que se tomaron ese negocio; que aquí eso no ocurra depende nosotros. No dejemos que se venda la ESSA.

LA LÓGICA PRIVATIZADORA ES PERVERSA PORQUE ENCARECE LOS SERVICIOS EN FORMA ESCANDALOSA, DICE ROBLEDO

Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, noviembre 6 de 2007

Las privatizaciones descansan sobre una lógica perversa, afirmó en nombre del Polo Democrático el senador Jorge Enrique Robledo, en el debate sobre servicios públicos citado en la plenaria por la senadora Alexandra Moreno Piraquive. Perversa, explicó Robledo, pues se traducen en alzas escandalosas en las facturas de servicios y en cortes sistemáticos del agua, la energía y las telecomunicaciones a centenares de miles de familias. “Los colombianos están dejando de comer, de comprar medicamentos, de recrearse, de educarse, para poder pagar unas tarifas acertadamente calificadas de malditas”.

Las tarifas suben y suben a pesar de que la gente se la pasa reduciendo el consumo. “Ahorramos consumo en beneficio del alza”, es la queja permanente que se escucha.

Robledo señaló las constantes que se dan en las privatizaciones. Se trata de una política impuesta a todos los países pobres por el FMI, instrumento de las grandes potencias. Se despliegan con dos argucias, la de acabar el monopolio público y la de mejorar la eficiencia, pero terminan entronizando el monopolio privado. Benefician al capital financiero, en especial al foráneo. Suponen una drástica reforma laboral que viola los derechos de los trabajadores, rebaja los salarios y arrasa con las organizaciones sindicales.

Los inversionistas buscan ante todo la rentabilidad y, en consecuencia, solo compran lo que sea buen negocio. El Estado les garantiza inmensas ganancias, rebajándoles los impuestos, permitiéndoles alzas excesivas en las tarifas y, ante todo, entregándoles a menos precio las empresas construidas con el esfuerzo de décadas. Y por último, al permitirles exportar sin control las utilidades, golpea el proceso de acumulación interna, en desmedro del ahorro nacional.

Robledo concluyó denunciando que el presidente Uribe ha cubierto con todo tipo de canonjías a la oligarquía económica y a los monopolios foráneos. “Este es el tipo de políticas impuestas desde afuera que, definitivamente, no le sirven al progreso de Colombia, porque le entregan negocios de burro amarrado al capital extranjero y al privado, le quitan a la gente el pan de la boca y benefician el trabajo extranjero más que el nacional, en una lógica plutocrática. Aquí se está montando una plutocracia, palabra que significa ‘el gobierno de las oligarquías’.”

10 DE OCTUBRE GRAN MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: SALUD, EDUCACIÓN, AGUA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

El sindicalismo colombiano abandera al lado de los sectores populares afectados, una persistente lucha por defender y rescatar derechos fundamentales que el régimen autoritario de Uribe Vélez ha liquidado o insiste en arrasar.

Siendo senador de la República en 1993, Uribe promovió la ley 100 mediante la cual convirtió la salud en un negocio aberrante que entregó los recursos de la red pública hospitalaria y de la nación al control de las EPS privadas. Es decir, se le entrego la vida y la salud de los colombianos a la especulación financiera convirtiéndose en la verdadera causa de los sufrimientos que hoy padece la población. Junto al inefable Pastrana asfixió al Instituto del Seguro Social con la perversa competencia de los fondos privados, generando una mortandad mayor que la de todas las masacres juntas que desangran a Colombia y se volvió común que este gobierno use la fuerza policial para desalojar a los enfermos y vender las clínicas públicas.

Este comportamiento, más que cualquier otro, desnuda el alma fascista del gobierno de Uribe Vélez. Mientras los negocios de los monopolios de los “cacaos” criollos y de los inversionistas extranjeros crecen con la propaganda oficial, que los presenta como un crecimiento de la economía nacional, el desempleo y la vida de los colombianos es un martirio y sus derechos como el de la educación, la salud y el saneamiento básico reciben el más duro golpe del Uribismo con el nuevo recorte de las transferencias territoriales. Ante semejante descaro se impone la movilización del pueblo en defensa de un derecho fundamental oprobiosamente pisoteado por los traficantes del conocido “paseo de la muerte”.

FECODE denunció que hace seis (6) años, de cada $100.oo de los ingresos corrientes de la nación, se transferían $43, oo a las regiones, mientras que en el 2007 sólo se transfieren $33,oo y, con la reforma aprobada por el uribismo, para el año 2016 la cifra caerá a $27.oo . Entre el 2002 y el 2007 las regiones dejaron de recibir 27 billones de pesos y entre 2008 y 2016 perderán 49 billones. Mientras que en el año 1995 las transferencias valían 2,7 billones de pesos y el servicio de la deuda llegaba a 2,4 billones de pesos, en el año 2007 las trasferencias valen 16,8 billones de pesos (6,2 veces mas que en 1995) y el servicio de la deuda vale 39,5 billones de pesos (16,4 veces mas que en 1995).

Esta realidad contrasta con los 60 billones de pesos que Uribe dedicará a la guerra en los años 2007-2010, es decir, la “seguridad democrática” montada sobre el sacrificio de los derechos fundamentales de los ciudadanos para proteger los negocios de los monopolios y no la vida, honra y bienes de los colombianos.

Es por eso que el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, la oposición y las centrales obreras promovemos la recolección de firmas por un referendo que obligue al gobierno a respetar lo dispuesto en la constitución de 1991 en cuanto al cumplimiento de las transferencias fiscales a las regiones.

En esta política antipopular se enmarca la decisión del uribismo de abandonar a su suerte a instituciones como el SENA y el ICBF, cuyos servicios al pueblo dependen de los aportes parafiscales que pagan los trabajadores y que el gobierno pretende quitarles, burlando la ley que ordena su gasto para destinación específica y no para otros usos.

Por si fuera poco esta política antidemocrática que elimina los derechos fundamentales, se le suma el embelesamiento de someter al país a la firma del TLC con los Estados Unidos, lo que es una verdadera “traición a la patria”, porque despoja a Colombia de su autonomía soberana para planear su economía en beneficio de los intereses nacionales de la casa blanca.

Los tratados bilaterales, como el TLC, y ahora también con los europeos, benefician ampliamente a las multinacionales y profundizan las privatizaciones (EMCALI-EMSIRVA), despojan a los pueblos de sus saberes ancestrales y de sus recursos de biodiversidad, mineros, marítimos, energéticos, ambientales y territoriales. El ecosistema del biopacífico y puertos estratégicos como el de Buenaventura son una muestra de pérdida acentuada de soberanía.

Debemos aprender de la experiencia vivida por los mejicanos, quienes de ser productores de maíz pasaron a depender de las importaciones para alimentar a su población, tragedia que se está generalizando en Colombia y Centroamérica por la inundación de mercaderías extranjeras que arruinan el mercado interior causando la especialización en materias primas mineras y agrícolas.

Los gobernantes del Valle del Cauca creen haber descubierto el dorado al especializar su territorio en el negocio de los biocombustibles, sacrificando la producción de alimentos y sometiendo la mano de obra a salarios de hambre mediante el régimen de intermediación laboral promovida por el oligopolio azucarero a través de las cooperativas asociadas de trabajo para burlas las prestaciones y seguridad social, así como los derechos de organización y contratación colectiva de los trabajadores.

Este modelo privilegia los negocios de los inversionistas extranjeros y promueve políticas públicas de endeudamiento a favor de macroproyectos (MIO, TERMOEMCALI, PTAR, MALLA VIAL, SERCALI…) convertidos en rentas de especulación del capital financiero que encarecen las tarifas, las tasas y sobretasas, impuestos y valorizaciones hasta nunca acabar, manipulados por el círculo de negociantes amigos del poder uribista, mientras la producción y el comercio nacionales se empobrecen hasta arruinarse generando el vía crucis del desempleo.

Esta insoportable situación está generando un torrente unitario de todas las fuerzas sociales y democráticas para hacerle frente a un régimen despiadado y antipatriótico que le niega las más mínimas condiciones de dignidad al pueblo apertrechándose en la fuerza para imponer sus políticas impopulares, razón verdadera de su “seguridad democrática”: la negación de los derechos civiles bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Estas son razones suficientes para movilizarnos el próximo 10 de octubre y repudiar una política que avergüenza a Colombia ante el mundo, mientras el Presidente se empecina con su círculo de amigos en contradecir la verdadera realidad.

¡NO AL TLC!