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Los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC, no se quedarán atrás en la protesta nacional que se realizará hoy en todo el país en contra de lo que se denomina privatización de la educación y eliminación de la autonomía universitaria.
En Valledupar los estudiantes de la UPC y de otras instituciones de educación superior oficiales, marcharán a partir de las 8 de la mañana desde la sede Sabanas de la UPC hasta el edificio de la Gobernación del Cesar.
Abel Carreño y Álvaro Julio, estudiantes de la UPC, manifestaron que el gobierno se propone reformar la Ley 30 de 1.992 que establece la autonomía universitaria, para crear un nuevo marco que regulará la educación superior, la cual será privatizada siguiendo el modelo chileno. Expresaron los universitarios que pese a que el modelo chileno ha fracasado como lo demuestran las recientes y generalizadas protestas estudiantiles en ese país, aquí en Colombia, el gobierno dentro de esa teoría y reformas neoliberales, trata de seguirlo.
Cuestionaron el hecho de que los aportes presupuestales de la Nación a las universidades estatales, según el nuevo proyecto del gobierno, estaría sujeto al Producto Interno Bruto, PIB, lo cual consideran negativo para los sectores populares.
En la UPC, los estudiantes, desarrollan mesas de trabajo y foros en los que socializan entre sus compañeros, los alcances de la reforma a la Ley 30 de 1992. Dicen que el Proyecto oficial no ha sido socializado y no se ha concertado con los estamentos universitarios, profesores, empleados, estudiantes y directivos.
I. FINANCIACIÓN.
- Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.
- Financiamiento estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.
- El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.
- Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.
- El Icetex solo será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.
II. DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA
- Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:
i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.
III. BIENESTAR
- Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.
- Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.
IV. CALIDAD ACADÉMICA
- Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.
V. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
- Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.
VI. RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD
- La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.
- Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.
- El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.
Rechacemos el nuevo proyecto de Ley de Educación Superior que pronto se presentará al congreso por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos cuyo principal propósito es continuar profundizando las políticas Neoliberales de privatización de las Universidades y avanzar en la reproducción de las condiciones que determinan el descenso progresivo de la calidad de los programas ofrecidos por estas.
Estamos convencidos de que es el estado el único responsable y capaz de garantizar el derecho a una educación de calidad, científica, democrática y al servicio del pueblo. Es hora que la educación pase a un primer plano en el acontecer político nacional y que se le otorgue la importancia que se merece dentro del proyecto de país que queremos las mayoría de los Colombianos, un país soberano, mas equitativo, con una justa distribución de la riqueza, un país próspero, de oportunidades ,de plenos derechos y que satisfaga las necesidades básicas de sus pobladores.
La Universidad Popular del Cesar, desde sus estamentos, como directa perjudicada y como escenario del pensamiento, debe participar en la construcción del movimiento social que apunte a lograr estas trasformaciones, por lo tanto, llamamos a toda la comunidad Upecista a sumarse a esta gran jornada de movilización nacional exigiendo una mayor financiación para la U pública y por supuesto para nuestra institución.
La MESA AMPLIA ESTUDIANTIL estableció que la concentración para la marcha se realizará este 7 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. en el campus Universitario de Sabanas desde donde partirá el recorrido hasta la Gobernación del Cesar.
¡Todos a marchar este 7 de Septiembre en defensa de la Educación Pública en Colombia!
El 24 de agosto de 2011 se creo la Mesa Amplia Universitaria con la participación de varios de los mas destacados sectores y líderes estudiantiles de la universidad popular del cesar entre ellos Julio Bertty, William Lasso, Alfredo Bermudez, Ketty Fuentes, Abel Carreño, Maryis Pacheco y el representante de los estudiantes ante la facultad de Ingenierías Álvaro José Julio Beltrán, los cuales conforman el comité operativo provisional de la Mesa.
La Mesa Amplia Universitaria tiene como objetivo principal discutir desde los diferentes estamentos de nuestra alma mater; la Universidad Popular del Cesar (Estudiantes, Trabajadores y Docentes) el nuevo proyecto de ley de educación superior presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos y su impacto a nivel nacional y local. Cabe de antemano agregar que este proyecto de Ley no soluciona la crisis financiera de las universidades públicas las cuales tienen un déficit presupuestal de cerca de 750 mil millones de pesos debido al abandono del estado y al recorte de las transferencias sino que por el contrario, las sumerge mucho más en la ola de las privatizaciones y en el detrimento de la calidad.
De esta manera invitamos a toda la comunidad upecista a ponerse al tanto sobre el tema y a expresar un rechazo tajante contra este proyecto de ley que se convierte en el más grabe atentado contra la educación en la historia del país. Únete a la Mesa Amplia Universitaria. Estaremos informándolos por este medio y con la realización de diferentes actividades pedagógicas que se llevarán a cabo en todas las sedes de la UPC.
¡Viva la UPC! , ¡Todos Unidos Contra la Nueva Ley de Educación Superior de Santos!
Contactanos:
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Twitter: @OceUnicesar
Organización Colombiana de Estudiantes – Universidad Popular del Cesar
Valledupar, 12 de mayo de 2011
La OCE- UNICESAR rechaza de manera enérgica y enfática el nuevo golpe que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación pretenden asestarle a la educación colombiana.
El texto de la reforma a la ley de educación superior que presentaron el pasado 10 y 11 de marzo de los corrientes ante los Rectores de las Universidades y ante la prensa respectivamente, se constituye en el mayor atentado contra las Universidades Públicas y Privadas en toda la historia del país. Ningún presidente antes se había atrevido a tanto en el vil objetivo de degradar la educación colombiana. “El alumno ha superado al maestro”, muy bien lo afirmaba el Senador Jorge Enrique Robledo, uno de los principales opositores de la reforma.
La idea de permitir que las Universidades se conviertan en entidades con ánimo de lucro trasforma de de un solo tajo el Derecho a la Educación en una mercancía sometida a la oferta y la demanda, e impulsando a estas instituciones a perseguir la máxima ganancia con una gran minimización de los costos y la inversión, dejando la calidad a un lado. Esta situación conduciría de manera criminal a una fuerte alza en las matrículas, obligando a los estudiantes a desertar o a trabajar más duro y a endeudarse con créditos de altos intereses para ser capaz de financiarlas.
Además de esto, la reforma permite el ingreso del capital privado internacional al negocio de la educación superior del país en consonancia con el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior “(Universidades con ánimo de lucro, art 13 de la reforma). Dicha reforma les permite, a la luz de la legislación comercial, que este tipo de instituciones puedan distribuir dividendos y realizar inversiones en otros sectores de la sociedad como lo establece el art. 14, parágrafo 2, literal c del texto de la reforma. Cabe anotar que con la entrada de estas multinacionales de la educación vendría una competencia muy fuerte para las universidades privadas colombianas, llevándolas incluso, a un quiebre inminente.
Es así como invitamos a toda la comunidad universitaria a estar muy atentos sobre esto, a informarse y a defender mediante la movilización de masas nuestro derecho constitucional a la Educación y a luchar por que esta sea pública, gratuita, científica, democrática, de calidad y al servicio del pueblo.
Fecha 11 febrero 2011
Por: Raúl Bermúdez Márquez
Lo leía y lo releía y no podía dar crédito a lo que veía. Era un proyecto de Acuerdo del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar que se sometería a consideración del máximo organismo de dirección, en la reunión del 9 de febrero pasado.
El proyecto remitido el 2 de febrero a la secretaría general por el representante de los egresados, Emiliano Piedrahita, tenía como propósito adicionar otro parágrafo al artículo décimo del Acuerdo 038 de 2004, reglamentario del proceso de designación del rector. Textualmente decía lo siguiente: “Si la elección o designación del rector fuere demandada ante las Autoridades Competentes, y se le ordenara al Consejo Superior una nueva elección o designación, este se reunirá cinco días después de la notificación hecha por la Autoridad y designará de la lista de elegibles del periodo por el cual fueron inscritos como candidatos incluyendo a la persona que fue elegida, pero separada de su cargo por la Autoridad Electoral si no está inmersa en lo establecido en los numerales 4 y 5 del Artículo segundo de este Acuerdo, un nuevo rector para la Institución”.
Para que el lector se ubique, cursa en el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral que ya se encuentra en sus actuaciones finales, en contra de la designación de Raúl Maya Pabón, como rector. Está claro, entonces, que el proyecto de Acuerdo además de tener nombre propio, equivaldría, en caso de prosperar la demanda, al desconocimiento de una decisión del máximo organismo contencioso administrativo del país, el Consejo de Estado.
Y se configuraría un exabrupto jurídico, porque las decisiones de los jueces son para acatarlas, no para desconocerlas o hacerles esguinces. Pero preocupa, además, que un despropósito ilegal como el que encierra esa iniciativa, la oficina jurídica de la UPC lo hubiese declarado “pertinente y ajustado a los preceptos constitucionales”, según concepto del 7 de febrero. Entuertos jurídicos como el reseñado, son los que han contribuido a que la UPC acuse una confusión normativa que impide tener claridad conceptual sobre lo vigente.
En nombre de la autonomía se niega la autonomía de los estamentos básicos para definir su presente y su futuro, en contravía de la Sentencia C-220/97 de la Corte Constitucional que establece que ella “reside en sus estamentos básicos y es ineludible tenerlos en cuenta en la definición y prioridades de las políticas institucionales”.
Como se ha precisado en ocasiones anteriores, el Estatuto General de la UPC es una colcha de retazos, un rompecabezas o conjunto de piezas dispersas que por más que se haga un esfuerzo para darles sucesión de continuidad ya no es posible armar con ellas una figura coherente. Y si esas son las condiciones de la norma de normas en la UPC, algo similar ocurre con el resto de la normatividad (reglamentos estudiantil, profesoral y administrativo). Esa inseguridad e inconsistencia jurídica ha credo una vena rota en el presupuesto. El año pasado la institución pagó más de 1000 millones de pesos por sentencias judiciales. Para el 2011 se estima que la cifra supere los 2000 millones. En carta del 3 de diciembre de 2010 dirigida al Procurador General el rector solicitaba el ejercicio de una vigilancia especial de los procesos en contra de la UPC.
Sin embargo, en menos de un año ha declarado insubsistente, por medio de resoluciones no motivadas a un sinnúmero de funcionarios que han demandado por la misma causal y con la misma exigencia de indemnización. En el horizonte de mediano plazo, la Ley 550 o Ley de Quiebras podría ser esgrimida como una posibilidad para la UPC por los ministerios del ramo, -el modelo Uniatlántico-, si el Consejo Superior o sus estamentos no provocan ya un procedimiento de emergencia que convoque a todos los universitarios a poner un dique de contención a los factores que atentan contra la supervivencia académica y financiera de la institución. Los estudiantes, profesores y la comunidad upecista en general, no pueden seguir de espaldas a esa realidad inocultable. Una reacción organizada y académica que reivindique el derecho de los sectores básicos a ser gestores y actores de su propio destino, no admite mas esperas.
raubermar@yahoo.com
http://unicesar.edu.co/index.php/peticion-de-comunidades-indigenas
Valledupar, 31 de enero de 2011
Señor
ALBERTO LUIS LOPEZ Y OTROSCalle 3 Sur No. 1-94
San Juan del Cesar – La Guajira
albertoluislopez1994@hotmail.com ; yudladismendoza@hotmail.com
REF: SU PETICIÓN DE COMUNIDAD WIWA, -COMUNIDADES ACHINTUKUA, MAROCASO, POTRERITO, SABANA DE JOAQUINA, PIÑONCITO, SABANA GRANDE, EL CANEY, EL MACHIN, PEÑA DE LOS INDIOS- REFERIDA A EXONERACIÓN MATRICULA ACADEMICA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR (26 ENERO 2011)
Cordial saludo
El Consejo Academico en la sesión del 26 de enero de 2011, analizó el asunto de la referencia mediante la cual piden considerar no sean excluidos de obtener el beneficio por concepto de matrícula en el semestre 2011-I para estudiantes de esa comunidad en la Universidad Popular del Cesar.
En orden seguido el Consejo Academico analizó las diferentes reclamaciones presentada por usted y Dayana Salinas Gallardo, Briam Brito Polo, Mariangel Barros Forero, Carolina Vanesa Atencio Soto, Miguel Ángel Mejía Daza, Ana Clara Brito Córdoba, Cindy Johana Mendoza Cantillo, José Rafael González Rocha, Laura Marcela González Rocha, Yudladis Mendoza Cure, Jalileth Daza Carrera, Lauren Daniela Vega Manjarrez, Lilian Carolina Cataño Sarmiento, Alberto Luis López, María del Rosario López, María Mercedes López Mejía, María Fernanda Contreras Gil, Cecilia Contreras Gil, Edwin José López Aguilar, Margarita Cristina González, así como por otros miembros de comunidades indígenas, quienes reclaman que la Universidad con la resolución rectoral 0031 de 2011 por la cual se reglamentan los descuentos de matrículas para las personas descendientes de etnias indígenas, desconocen derechos adquiridos porque consideran que se rigen por la resolución 1768 del 16 de noviembre de 2006 y desde el año 2010 hicieron entrega de su documentación oportunamente; que no solo debe regir para indígenas del Cesar; que debe aplicarse a partir de su expedición; que no puede ser retroactiva, y además que se debe ampliar el plazo para matricularse porque no tienen los recursos para sufragar el valor de la nueva matricula, entre otras.
En orden seguido el Consejo Academico también deliberó respecto de la solicitud y autorización del Consejo Superior en la sesión del 15 de diciembre de 2010, mediante oficios 010-2010 del 16 de febrero y 22 de diciembre que le remitió al Rector de la Universidad Popular del Cesar con relación al asunto de depuración y descuentos de matrícula por pertenecer a etnias indígenas. El Consejo Superior Universitario le expresó en sus escritos lo siguiente:
1°. Oficio 010-2010 del 16 de diciembre de 2010 “Doctor Raúl Maya Pabón, Rector Universidad Popular del Cesar. Ref: DEPURACIÓN LISTADO ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EXONERACIÓN INDIGENAS
Cordial saludo
El Consejo Superior Universitario en la sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2010, deliberó acerca del asunto de la referencia y en orden seguido resolvió que en coordinación de la Oficina de Planeación y la División Administrativa y Financiera a partir del semestre 2011-I se haga la depuración del proceso de otorgamiento de becas a estudiantes por pertenecer a grupos indígenas, a través de la consulta de la base de datos del fosiga en los cuales se debe reflejar que el estudiante solicitante no debe aparecer en otra EPS excepto Dusakawi o Anawayu; dado que los indígenas son reportados por el cabildo gobernador al Ministerio del Interior a través de los listados censales y éstos a su vez son incluidos en los regímenes subsidiados en salud por ser población vulnerable es decir sin capacidad de pago (población especial).
Así mismo dicho cuerpo colegiado recomendó que en caso de persistir duda por parte de la Universidad Popular del Cesar o inconformismo por el estudiante se debe solicitar al cabildo menor la certificación de inscripción del estudiante en esa comunidad.
Atentamente,
JOSE LUIS SANCHEZ BLANCOSecretario Consejo Superior (A)”
2°. Mediante oficio 010-2010 del 22 de diciembre de 2010 expresó: “Doctor Raúl Maya Pabón, Rector Universidad Popular del Cesar. REF: PRECISIÓN Y ADICIÓN AL OFICIO 010-2010 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010- DEPURACIÓN LISTADO ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EXONERACIÓN INDIGENAS
Cordial saludo
En cumplimiento de la solicitud y autorización al Rector por el Consejo Superior Universitario en la sesión del 15 de diciembre de 2010, de revisar y ajustar el proceso de la referencia con el fin de garantizar la equidad social en beneficio de la población realmente vulnerable y comprometida de las etnias indígenas, en armonía con los principios de planificación, universalidad y equilibrio que rigen el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar, reguladas por el acuerdo 021 del 05 de junio de 2002 del Consejo Superior Universitario “por el cual se expide el estatuto presupuestal de la Universidad Popular del Cesar”, precisó los siguientes ítems para ajustar requisitos y depurar el proceso de otorgamiento de becas a estudiantes por pertenecer a grupos indígenas:
Verificar que los beneficiarios indígenas hagan parte de los listados debidamente censados por el cabildo, así como de los que presente el ministerio del ramo.
Ratificar el promedio de 3.5 para acceder al beneficio, así mismo que los nuevos hayan sido admitidos.
Existir compromiso escrito del aspirante al beneficio ante la autoridad indígena y refrendado o avalado por la Universidad Popular del Cesar, mediante el cual este se comprometa con trabajos de grado que tengan impacto en la comunidad indígenas para la cual se dirige dicho trabajo.
Ser y pertenecer a la población realmente vulnerable, especialmente que no tenga capacidad de pago de las matriculas, con el fin de garantizar la equidad social.
Garantizar que la capacidad presupuestal de la Universidad Popular del Cesar no sea afectada por los beneficios indígenas de manera generalizada y establecer límites razonables que garanticen los principios de planificación, universalidad y equilibrio que rigen el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar, con el fin de evitar el advenimiento masivo de aspirantes que pondrían en riesgo la estabilidad institucional en el orden presupuestal y cobertura física.
Atentamente,
JOSE LUIS SANCHEZ BLANCOSecretario Consejo Superior (A)”.
El Consejo Académico para guardar armonía con la naturaleza del asunto, también analizó las resoluciones 0031 del 12 de enero de 2011 y 0058 del 21 de enero de 2011 mediante las cuales se dió cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Superior Universitario frente al caso de la depuración de los listados de estudiantes beneficiarios de los descuentos por concepto de matrícula a partir del semestre 2011-I.
En ese orden de hechos, dicho cuerpo colegiado, de cara a la transparencia y moralidad pública, así como en los fundamentos expresados por el Consejo Superior en dichos oficios, como máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad Popular del Cesar – articulo 12 del acuerdo 001 de 1994 – Estatuto General, teniendo en cuenta las facultades estatutarias del Rector – articulo 28 del mismo Estatuto General, consideró oportuna y preventiva para salvaguardar la estabilidad financiera de la Institución, la decisión del Consejo Superior Universitario y del Rector, atendiendo los principios presupuestales de planificación, universalidad y equilibrio que regula el acuerdo 021 del 05 de junio de 2002 –Estatuto Presupuestal de la Universidad Popular del Cesar-.
Por lo antes expuesto resolvió el Consejo Academico negar las pretensiones de la referencia por las razones expuestas. Sin embargo, resolvió en primer orden ampliar el plazo de matrículas financieras y académicas y en segundo orden, recomendar al Rector y Vicerrector Academico adelantar gestiones ante los organismos oficiales y privados en la jurisdicción del Departamento de la Guajira para estudiar y suscribir convenios que permitan generar recursos financieros desde esa jurisdicción para atender los costos de matrícula de los estudiantes que como ustedes requieren beneficios, siempre que estén ajustadas sus condiciones de vulnerabilidad real a los parámetros trazados por la Ley y los reglamentos. Por ultimo concluyó el Consejo Academico que la certificación expedida por el señor Rafael Malo Villazón cabildo gobernador no habilita a personas de otras jurisdicciones para tener derechos a exoneraciones, habida cuenta que la disposición vigente para ello es la Resolución 0031 del 12 de enero de 2011, que establece beneficios a la población realmente vulnerable en el departamento del Cesar, lo cual debe verificarse por la Universidad Popular del Cesar, y los organismos de control del Estado y el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” -IGAC-, para corregir y prever fraudes y/o abusos en esta noble y sana medida social.
Atentamente,
IVÁN MORÓN CUELLOSecretario Consejo Académico
Señor
ALBERTO LUIS LOPEZ Y OTROSCalle 3 Sur No. 1-94
San Juan del Cesar – La Guajira
albertoluislopez1994@hotmail.com ; yudladismendoza@hotmail.com
REF: SU PETICIÓN DE COMUNIDAD WIWA, -COMUNIDADES ACHINTUKUA, MAROCASO, POTRERITO, SABANA DE JOAQUINA, PIÑONCITO, SABANA GRANDE, EL CANEY, EL MACHIN, PEÑA DE LOS INDIOS- REFERIDA A EXONERACIÓN MATRICULA ACADEMICA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR (26 ENERO 2011)
Cordial saludo
El Consejo Academico en la sesión del 26 de enero de 2011, analizó el asunto de la referencia mediante la cual piden considerar no sean excluidos de obtener el beneficio por concepto de matrícula en el semestre 2011-I para estudiantes de esa comunidad en la Universidad Popular del Cesar.
En orden seguido el Consejo Academico analizó las diferentes reclamaciones presentada por usted y Dayana Salinas Gallardo, Briam Brito Polo, Mariangel Barros Forero, Carolina Vanesa Atencio Soto, Miguel Ángel Mejía Daza, Ana Clara Brito Córdoba, Cindy Johana Mendoza Cantillo, José Rafael González Rocha, Laura Marcela González Rocha, Yudladis Mendoza Cure, Jalileth Daza Carrera, Lauren Daniela Vega Manjarrez, Lilian Carolina Cataño Sarmiento, Alberto Luis López, María del Rosario López, María Mercedes López Mejía, María Fernanda Contreras Gil, Cecilia Contreras Gil, Edwin José López Aguilar, Margarita Cristina González, así como por otros miembros de comunidades indígenas, quienes reclaman que la Universidad con la resolución rectoral 0031 de 2011 por la cual se reglamentan los descuentos de matrículas para las personas descendientes de etnias indígenas, desconocen derechos adquiridos porque consideran que se rigen por la resolución 1768 del 16 de noviembre de 2006 y desde el año 2010 hicieron entrega de su documentación oportunamente; que no solo debe regir para indígenas del Cesar; que debe aplicarse a partir de su expedición; que no puede ser retroactiva, y además que se debe ampliar el plazo para matricularse porque no tienen los recursos para sufragar el valor de la nueva matricula, entre otras.
En orden seguido el Consejo Academico también deliberó respecto de la solicitud y autorización del Consejo Superior en la sesión del 15 de diciembre de 2010, mediante oficios 010-2010 del 16 de febrero y 22 de diciembre que le remitió al Rector de la Universidad Popular del Cesar con relación al asunto de depuración y descuentos de matrícula por pertenecer a etnias indígenas. El Consejo Superior Universitario le expresó en sus escritos lo siguiente:
1°. Oficio 010-2010 del 16 de diciembre de 2010 “Doctor Raúl Maya Pabón, Rector Universidad Popular del Cesar. Ref: DEPURACIÓN LISTADO ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EXONERACIÓN INDIGENAS
Cordial saludo
El Consejo Superior Universitario en la sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2010, deliberó acerca del asunto de la referencia y en orden seguido resolvió que en coordinación de la Oficina de Planeación y la División Administrativa y Financiera a partir del semestre 2011-I se haga la depuración del proceso de otorgamiento de becas a estudiantes por pertenecer a grupos indígenas, a través de la consulta de la base de datos del fosiga en los cuales se debe reflejar que el estudiante solicitante no debe aparecer en otra EPS excepto Dusakawi o Anawayu; dado que los indígenas son reportados por el cabildo gobernador al Ministerio del Interior a través de los listados censales y éstos a su vez son incluidos en los regímenes subsidiados en salud por ser población vulnerable es decir sin capacidad de pago (población especial).
Así mismo dicho cuerpo colegiado recomendó que en caso de persistir duda por parte de la Universidad Popular del Cesar o inconformismo por el estudiante se debe solicitar al cabildo menor la certificación de inscripción del estudiante en esa comunidad.
Atentamente,
JOSE LUIS SANCHEZ BLANCOSecretario Consejo Superior (A)”
2°. Mediante oficio 010-2010 del 22 de diciembre de 2010 expresó: “Doctor Raúl Maya Pabón, Rector Universidad Popular del Cesar. REF: PRECISIÓN Y ADICIÓN AL OFICIO 010-2010 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010- DEPURACIÓN LISTADO ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EXONERACIÓN INDIGENAS
Cordial saludo
En cumplimiento de la solicitud y autorización al Rector por el Consejo Superior Universitario en la sesión del 15 de diciembre de 2010, de revisar y ajustar el proceso de la referencia con el fin de garantizar la equidad social en beneficio de la población realmente vulnerable y comprometida de las etnias indígenas, en armonía con los principios de planificación, universalidad y equilibrio que rigen el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar, reguladas por el acuerdo 021 del 05 de junio de 2002 del Consejo Superior Universitario “por el cual se expide el estatuto presupuestal de la Universidad Popular del Cesar”, precisó los siguientes ítems para ajustar requisitos y depurar el proceso de otorgamiento de becas a estudiantes por pertenecer a grupos indígenas:
Verificar que los beneficiarios indígenas hagan parte de los listados debidamente censados por el cabildo, así como de los que presente el ministerio del ramo.
Ratificar el promedio de 3.5 para acceder al beneficio, así mismo que los nuevos hayan sido admitidos.
Existir compromiso escrito del aspirante al beneficio ante la autoridad indígena y refrendado o avalado por la Universidad Popular del Cesar, mediante el cual este se comprometa con trabajos de grado que tengan impacto en la comunidad indígenas para la cual se dirige dicho trabajo.
Ser y pertenecer a la población realmente vulnerable, especialmente que no tenga capacidad de pago de las matriculas, con el fin de garantizar la equidad social.
Garantizar que la capacidad presupuestal de la Universidad Popular del Cesar no sea afectada por los beneficios indígenas de manera generalizada y establecer límites razonables que garanticen los principios de planificación, universalidad y equilibrio que rigen el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar, con el fin de evitar el advenimiento masivo de aspirantes que pondrían en riesgo la estabilidad institucional en el orden presupuestal y cobertura física.
Atentamente,
JOSE LUIS SANCHEZ BLANCOSecretario Consejo Superior (A)”.
El Consejo Académico para guardar armonía con la naturaleza del asunto, también analizó las resoluciones 0031 del 12 de enero de 2011 y 0058 del 21 de enero de 2011 mediante las cuales se dió cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Superior Universitario frente al caso de la depuración de los listados de estudiantes beneficiarios de los descuentos por concepto de matrícula a partir del semestre 2011-I.
En ese orden de hechos, dicho cuerpo colegiado, de cara a la transparencia y moralidad pública, así como en los fundamentos expresados por el Consejo Superior en dichos oficios, como máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad Popular del Cesar – articulo 12 del acuerdo 001 de 1994 – Estatuto General, teniendo en cuenta las facultades estatutarias del Rector – articulo 28 del mismo Estatuto General, consideró oportuna y preventiva para salvaguardar la estabilidad financiera de la Institución, la decisión del Consejo Superior Universitario y del Rector, atendiendo los principios presupuestales de planificación, universalidad y equilibrio que regula el acuerdo 021 del 05 de junio de 2002 –Estatuto Presupuestal de la Universidad Popular del Cesar-.
Por lo antes expuesto resolvió el Consejo Academico negar las pretensiones de la referencia por las razones expuestas. Sin embargo, resolvió en primer orden ampliar el plazo de matrículas financieras y académicas y en segundo orden, recomendar al Rector y Vicerrector Academico adelantar gestiones ante los organismos oficiales y privados en la jurisdicción del Departamento de la Guajira para estudiar y suscribir convenios que permitan generar recursos financieros desde esa jurisdicción para atender los costos de matrícula de los estudiantes que como ustedes requieren beneficios, siempre que estén ajustadas sus condiciones de vulnerabilidad real a los parámetros trazados por la Ley y los reglamentos. Por ultimo concluyó el Consejo Academico que la certificación expedida por el señor Rafael Malo Villazón cabildo gobernador no habilita a personas de otras jurisdicciones para tener derechos a exoneraciones, habida cuenta que la disposición vigente para ello es la Resolución 0031 del 12 de enero de 2011, que establece beneficios a la población realmente vulnerable en el departamento del Cesar, lo cual debe verificarse por la Universidad Popular del Cesar, y los organismos de control del Estado y el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” -IGAC-, para corregir y prever fraudes y/o abusos en esta noble y sana medida social.
Atentamente,
IVÁN MORÓN CUELLOSecretario Consejo Académico
Fecha 26 enero 2011
Un grueso número de estudiantes de las diferentes etnias indígenas provenientes de otros departamentos se mostraron inconformes con la determinación de las directivas de la Universidad Popular del Cesar UPC, por una modificación a la resolución por medio de la cual se reglamentan los requisitos para otorgar exoneraciones y descuentos a los estudiantes y funcionarios del alma mater.
Según los mismos estudiantes, la medida afecta a más de mil alumnos de las etnias asentadas en La Guajira y de otras comunidades indígenas, “la ley establece los acuerdos con los indígenas a nivel nacional y no es excluyente, por eso, o no reciben a los indígenas o los reciben a todos”, dijo José Vega, un padre de familia que se siente perjudicado con la medida.
Los estudiantes hacen parte de los programas de Derecho, Comercio Internacional, Economía, Ingeniería electrónica, entre otros. La preocupación de los estudiantes radica en que, según ellos, la universidad dio a conocer la medida muy tarde y ya termina el plazo para matricular y no cuentan con los recursos para cubrir la totalidad del costo que está estipulado en 708 mil 519 pesos, mientras que con las exoneraciones y descuentos que les brindaba la universidad, estaban pagando 173 mil pesos.
Los afectados llamaron la atención del rector Raúl Maya Pabón, para que presente alternativas de solución ante la inminente entrada a clases, ya que los estudiantes van cursando niveles adelantados en sus respectivos programas.
Las directivas responden
Después de revisar la situación financiera del alma mater, y teniendo en cuenta los altos costos que generaban las exoneraciones y descuentos para estudiantes y funcionarios de la misma, el rector Raúl Maya Pabón, tomó la determinación de modificar la resolución, en la cual había inconvenientes por la falta de control administrativo.
Según las directivas de la universidad, la determinación fue tomada porque no había cómo verificar si los datos reportados por el Cabildo Gobernador eran ciertos, para saber si esos estudiantes eran indígenas en sus respectivos departamentos, y otro de los criterios que se tuvo en cuenta para dicha modificación, fue que en 2010, los costos por exoneración de matrículas a estudiantes indígenas sumó cerca de 615 millones de pesos.
Cerca del 60 por ciento de los estudiantes exonerados el año anterior, provienen de La Guajira y según las directivas de la UPC, la oficina de Asuntos indígenas de ese departamento no se ha interesado en firmar un convenio con esta universidad, lo que al parecer, ha perjudicado financieramente al alma mater.
La resolución 1768 por medio del cual se reglamentan los requisitos para otorgar exoneraciones y descuentos a estudiantes y funcionarios de la UPC fue modificada y concierne no sólo a los estudiantes de las etnias indígenas que no tienen asiento en el departamento del Cesar, es decir, las provenientes de otras regiones, sino a los cónyuges de los funcionarios vinculados a la institución, a los hijos de docentes o funcionarios de planta, a los integrantes de los grupos de actividades culturales, deportivas, apoyo logístico y pastoral social de la UPC.
Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la universidad es brindar apoyo a las comunidades indígenas, los directivos de la UPC advierten que las exoneraciones continuarán vigentes para los estudiantes de las etnias del Cesar que cumplan con los requisitos.
Los cónyuges de funcionarios vinculados a la institución, y los hijos de los docentes o funcionarios de planta, sólo tendrán derecho a presentarse por primera vez a un programa de pregrado o postgrado y para ello, también deberán cumplir con los requisitos exigidos por la universidad.
Entre tanto, los directivos de la UPC verificarán que los estudiantes que hacen parte de los grupos de actividades culturales, deportivas y de pastoral social, se encuentren en el listado de participantes de las diferentes secciones adscritas a la División de Bienestar institucional para obtener las exoneraciones y descuentos.
Representante Estudiantil de la Facultad de Ingenierías y Tecnológicas
4 de Febrero de 2011.
Desde hace mucho rato la entrada a los programas académicos de pregrado en la Universidad Popular del Cesar, especialmente Derecho y Enfermería Superior, se ha convertido en algo donde predomina lo que en esta región del país denominamos “las palancas”, en lugar del verdadero mérito y desempeño académico.
Es recurrente escuchar entre la comunidad estudiantil la necesidad de contar con una influencia en la universidad, de tener contactos con los cuales gestionar el ingreso a estos programas incluso, muchas veces, pagando por ello.
Esto le ha generado un amplio descrédito a la institución. Los casos de corrupción han crecido significativamente en los últimos años y los esfuerzos de algunos administrativos por combatirlos se han visto birlados por toda clase de avivatos que se aprovechan del estamento universitario más vulnerable, el estudiantil, al cual tampoco eximo de toda responsabilidad. Personas inescrupulosas chantajean a los estudiantes exigiéndoles importantes sumas de dinero para la realización de toda clase de trámites fraudulentos como tráfico de notas, cancelación de materias, aplazamientos de semestres, cancelación de semestres, arreglos de PFU y de admisiones, casos muy conocidos por todos y que ya en ocasiones anteriores han sido documentados por la prensa escrita y radial de la ciudad. Se han abierto procesos ante la justicia ordinaria e investigaciones disciplinarias dentro de la misma universidad las cuales, infortunadamente, no han arrojado resultados contundentes ni sanciones ejemplares y mucho menos políticas de veedurías y transparencia que ayuden a detectar tempranamente estos vicios y a erradicarlos de manera definitiva del Alma Mater.
En cuanto al tema específico de las admisiones, cabe destacar que tampoco se han aplicado medidas que apunten a establecer un sólido sistema de selección, que brinde las garantías necesarias a cada aspirante y que permita que a la Universidad Popular del Cesar ingresen los mejores estudiantes de la región con miras a una excelencia académica.
Ya en reiteradas ocasiones estudiantes y aspirantes han propuesto recomendaciones que no han sido tenidas en cuenta por las diferentes administraciones de la UPC. Dentro de éstas cabe resaltar el punto de vista de la OCE-Unicesar, la organización estudiantil más sólida, independiente y coherente que existe en la institución (y a nivel nacional), y cuyos voceros claramente plantean que debe haber un sistema de admisiones del más alto nivel, semejante al de las mejores instituciones públicas del país; con rigurosas pruebas de admisión realizadas por una institución externa y neutral que puedan medir varios aspectos de la formación integral del aspirante; la realización de entrevistas para análisis de perfiles psicológicos de manera tal que la institución conozca mejor a sus universitarios e identifique fortalezas y debilidades que sirvan como base para construir estrategias y políticas académicas y de bienestar universitario encaminadas a formar profesionales saludables, competentes y pertinentes.
De igual manera, se debería ofrecer una cantidad razonable de cupos que no represente ni excesos ni carencias, y que responda a un análisis de estudios muy responsable y preciso sobre la población estudiantil, la cantidad de estudiantes por aula, la demanda de materias de los estudiantes, la cantidad de grupos por materia y que además no afecte la calidad de la educación brindada a los nuevos admitidos y a los antiguos.
Si revisamos las admisiones de estos programas para este período académico (2011-I) nos damos cuenta de que muchos estudiantes con buenos puntajes fueron rechazados, contrario a otros que, con puntajes significativamente más bajos, fueron admitidos sólo por cursar las escuela de perfeccionamiento académico o preuniversitario. He aquí otro punto criticable del sistema.
Veamos esto más en detalle. Los programas de Enfermería y Derecho aceptan proporcionalmente muchos más estudiantes provenientes de los preuniversitarios en comparación con los demás programas que conforman la oferta académica de la UPC. Observamos de esta manera que en programas donde generalmente se aperturan 50 o cien cupos para primer semestre, pasan regularmente entre 40 y 90 estudiantes de forma directa por los resultados de sus pruebas ICFES, y sólo diez en promedio logran ingresar efectuando un curso preuniversitario, mientras que en Derecho y Enfermería, donde se ofertan cien y 50 cupos, respectivamente, más de la mitad de los admitidos provienen de estos cursos preuniversitarios. Además, el acceso de estos estudiantes por preuniversitario se realiza con pruebas ICFES evidentemente más bajas en comparación con la mayoría de los que quedaron no admitidos, dejando a estos últimos sin opción y propiciando su fuga hacia otras universidades, restándole calidad al capital humano a la UPC.
Esta situación, a mi modo de ver, es claramente injusta y poco seria con todos los candidatos que se disponen a ingresar a la educación superior en la UPC, en el departamento y en la región. Y no está de más exigirle al Alma Mater del Cesar, por excelencia y tradición, que establezca unas reglas de juego favorables a la institución y que la recubran de transparencia, esa misma que hace mucho ha sido eclipsada por todos los escándalos y actos de corrupción y que la dejan muy mal parada ante la comunidad.
Los invitamos a una reunión urgente con todos aquellos que se han visto afectados por la eliminación de subsidios a indígenas de etnias que no son del Cesar, tal cual lo definió la Administración de la UPC, y que afecta a un gran número de estudiantes.
La cita es mañana domingo 23 de Enero a las 9:45 am en las instalaciones de la Asociación de Educadores del Cesar ADUCESAR. Atrás de los bomberos.
Tu asistencia es vital, definiremos mecanismos para resolver esta situación.
HECHOS, VERDADES Y FALSEDADES
10 de enero de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
El día 21 de diciembre de 2010 la Universidad Popular del Cesar (UPC), en cabeza de su rector, Raúl Maya Pabón, llevó a cabo una Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, importante ejercicio de participación ciudadana fundamentado en los artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, pero que careció del componente primigenio, cual sería la participación de los estamentos universitarios (estudiantes, docentes, egresados) y no sólo las “barras” y comités de aplausos” que colmaron parte considerable del recinto. Enunciaremos algunos hechos, verdades y falsedades de dicha audiencia:
v Consideramos necesario iniciar señalando que esta audiencia pública no es la primera que se realiza en la UPC tal y como lo señalaba la convocatoria a la misma. Eventos de similares características se realizaron en diferentes administraciones. Tal vez hacían referencia a que es la primera que se efectúa en la Administración Maya Pabón.
v El carácter mismo de la convocatoria, por la fecha en que se realizó dicho evento (21 de diciembre de 2010), es profundamente antidemocrático. Lo anterior lo sostenemos con base en que, una vez consultado el calendario académico, las fechas de terminación de clases y terminación de semestre académico eran el 4 y 21 de diciembre, respectivamente[1].
Interesante sería llevar a cabo estas audiencias en medio de las fechas de clases, y no cuando no hay estudiantes.
v La convocatoria en la página web institucional invitaba a la inscripción de propuestas, ya sea por medio virtual o físico, para lo cual se dispuso un formato. Además, textualmente señalaba la convocatoria: “el plazo para la presentación de intervenciones en la audiencia pública es hasta el 14 de diciembre de 2010”[2].
La OCE-Unicesar inscribió cuatro propuestas. Se hizo mención de tres en el orden del día, pero no se nos permitió sustentar ninguna de ellas.
v Ante nuestra preocupación por el creciente aumento del peso de la matrícula de pregrado dentro de los ingresos de la Universidad, la cual representa el 39,78%[3] de los mismos para esta anualidad, con un incremento del 9,45% frente al 2010; y ante el notorio hecho de desfinanciación estatal, cuyos aportes apenas son el 41,81% de los ingresos de la Universidad, con un decrecimiento del -1,89% ante el año anterior, lo cual nos ubica dentro de las universidades peor financiadas del país, el rector, olímpicamente, respondió que “por tener una preocupación no puede dejar de trabajar y no puede dejar de administrar a la Universidad”[4]. ¡Cómo si conseguir recursos para la Universidad no fuera una labor inherente a su cargo!
v Dentro de la audiencia, el rector y el jefe de la Oficina de Planeación afirmaron, en el colmo del desconocimiento, que si se quitan del presupuesto los recursos de estampillas, posgrados y de la seccional Aguachica, se sobrepasaba el 2% de inversión que exige la ley en materia de atención al bienestar universitario.
Es ineludible recordar que el artículo 118 de la ley 30 de 1992 preceptúa que, para sostenimiento de bienestar universitario, cada universidad “destinará por lo menos el 2% de su presupuesto de funcionamiento”. Como lo pueden ver, la ley es bastante clara. Si el cálculo se hiciese con base en el presupuesto total, la inversión en bienestar universitario sería del 1, 7%. Tomando exclusivamente el presupuesto de funcionamiento, como lo exige la ley, a duras penas se llega al 2%.
v El rector Maya afirmó que la UPC no recibe recursos de regalías y que, frente a la propuesta de reforma del régimen de regalías, “de nada suma lo que diga o no diga”. Tal afirmación sólo revela una ignorancia profunda sobre la materia.
Si bien la UPC no recibe directamente recursos de regalías, aproximadamente 3.000 upecistas, con miras a aumentar, se benefician de las becas FEDES-CESAR creadas por la ordenanza 005 del 28 de abril de 2008, las cuales, lastimosamente, se financian única y exclusivamente con recursos de regalías tal y como lo acredita la Gobernación del departamento del Cesar.
v Por último, con relación al ítem 4°, expresamos el temor que nos asalta por el proceso avanzado de privatización de la UPC, ya que ésta mayoritariamente se financia con recursos de matrículas y, porcentualmente, este rubro crece vertiginosamente, a lo que el jefe de la Oficina de Planeación responde con verdades a medias, al alegar que la matrícula aumenta con base en el IPC y, por tanto, “las matrículas siempre van a ser las mismas para la universidad”.
Tal vez este funcionario olvida que en el año 2000 el costo de la matrícula era $343,375 para los estudiantes nuevos y $334,539 para los estudiantes antiguos, y que 10 años después, su costo es de $688,962 para los estudiantes nuevos, y $681,268 para los estudiantes antiguos. ¡Un incremento superior al ciento por ciento! Se anota que el IPC no ha aumentado ciento por ciento en los últimos 10 años.
Como siempre, las verdades a medias son mentiras completas.
[1] http://www.unicesar.edu.co/index.php/calendario-academico-2010-ii
[2] http://www.unicesar.edu.co/index.php/rector-de-la-upc-de-frente-a-la-comunidad
[3] Para todas las cifras enunciadas en este artículo véase el periódico institucional “La Academia”, edición No. 23.
[4] Todas las expresiones textuales se encuentran en medio magnético. Podemos suministrarlas ante su solicitud.
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