7 de Septiembre - GRAN MARCHA NACIONAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Rechacemos el nuevo proyecto de Ley de Educación Superior que pronto se presentará al congreso por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos cuyo principal propósito es continuar profundizando las políticas Neoliberales de privatización de las Universidades y avanzar en la reproducción de las condiciones que determinan el descenso progresivo de la calidad de los programas ofrecidos por estas.

Estamos convencidos de que es el estado el único responsable y capaz de garantizar el derecho a una educación de calidad, científica, democrática y al servicio del pueblo. Es hora que la educación pase a un primer plano en el acontecer político nacional y que se le otorgue la importancia que se merece dentro del proyecto de país que queremos las mayoría de los Colombianos, un país soberano, mas equitativo, con una justa distribución de la riqueza, un país próspero, de oportunidades ,de plenos derechos y que satisfaga las necesidades básicas de sus pobladores.

La Universidad Popular del Cesar, desde sus estamentos, como directa perjudicada y como escenario del pensamiento, debe participar en la construcción del movimiento social que apunte a lograr estas trasformaciones, por lo tanto, llamamos a toda la comunidad Upecista a sumarse a esta gran jornada de movilización nacional exigiendo una mayor financiación para la U pública y por supuesto para nuestra institución.

La MESA AMPLIA ESTUDIANTIL estableció que la concentración para la marcha se realizará este 7 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. en el campus Universitario de Sabanas desde donde partirá el recorrido hasta la Gobernación del Cesar.

¡Todos a marchar este 7 de Septiembre en defensa de la Educación Pública en Colombia!

LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADORES

Noviembre 23 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.

Nuestro país atraviesa tiempos difíciles, eso es innegable. Las recientes inundaciones que se han extendido a lo largo y ancho del territorio nacional reflejan solamente la punta del iceberg de una Colombia sumida en la más grave crisis social, económica, política y ambiental de su historia.

Parte de esa crisis, representada en el déficit fiscal, el cual crece a un ritmo promedio de 8 billones de pesos anuales producto de la política de “confianza inversionista”, busca paliarla el gobierno de Santos a través del método más ruin posible: arrebatarle a departamentos, municipios y puertos sus derechos constitucionales sobre los recursos de regalías.

Independientemente de cualquier tecnicismo, las regalías son el precio que pagan las multinacionales por extraer nuestros recursos naturales no renovables, y llevárselos a sus países de origen. De lo anterior se desprende que las multinacionales se llevan nuestros recursos completamente regalados. Empresas como Drummond Inc., BHP Billiton, Xstrata, AngloGold Ashanti, Glencore, entre otras, han multiplicado sus ganancias hasta límites inconcebibles, mientras que la población de las zonas productoras ha multiplicado su miseria.

Los obreros representan el sector más avanzado de la sociedad, por lo tanto es su deber abanderar las luchas en defensa de los intereses y principios sobre los que se edificará una nueva sociedad. Para el tema que hoy abordamos, que es la defensa de las regalías, el deber anteriormente enunciado recae con mayor fuerza sobre los hombros de los trabajadores del sector minero-energético (que lógicamente incluye a los hidrocarburos), quienes han sido vilmente vapuleados, humillados y ultrajados, al igual que nuestra nación, por estas voraces multinacionales, a las que nada les interesa el destino de los colombianos.

Es por estas razones que a estos trabajadores, ampliamente conocedores del saqueo transnacional a nuestros recursos naturales y de la sobreexplotación de nuestra fuerza laboral, les corresponde ser los faros que guíen a la población en la defensa de sus regalías, y centren su objetivo en que las multinacionales paguen lo que en realidad valen nuestros recursos, con miras a que en el futuro sea el Estado colombiano quien autónomamente explote y utilice sus recursos naturales.

Ustedes, los que aún creen, los que aún se movilizan, los que su espíritu no envejece, los que no se han rendido ni se rendirán, es en ustedes en quienes las generaciones de colombianos desvalidos han depositado su confianza y esperanza. Son ustedes quienes devolverán la dignidad a nuestra patria. ¡Luchemos sin tregua!. 

Intervención Sergio Muñoz - Movilización en Riohacha por la Defensa de las Regalías - 2010

Intervención de Sergio Muñoz, presidente de la OCE-Unicesar y miembro del Comité Cívico por la Defensa de las Regalías, en la Movilización Departamental por la Defensa de las Regalías, llevada a cabo en Riohacha (La Guajira), en noviembre del 2010.

Sergio Muñoz - Comisión I Cámara de Representantes - Regalías- 2010

Intervención de Sergio Muñoz, presidente de la OCE-Unicesar y miembro del Comité Cívico por la Defensa de las Regalías, en la Audiencia Pública sobre Regalías, citada por la Comisión I de la Cámara de Representantes en la ciudad de Valledupar, el día 29 de octubre de 2010.

CONSOLIDANDO UNA VERDADERA UNIDAD NACIONAL

Noviembre 4 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.

En un acto de marrullería (“picardía” lo llamarían ellos), el gobierno de Juan Manuel Santos se autoproclamó como el gobierno de la “Unidad nacional”. Se declararon por fuera de ella partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo, el único en declararse en franca y abierta oposición, además de movimientos sociales, indígenas, ambientales y estudiantiles. Es decir, una gran franja de la población colombiana piensa diferente y rehúye cualquier clase de entrega o sometimiento a la “manguala nacional”.

La autoproclamada unidad generó una oleada de ilusiones entre la opinión pública nacional sobre las bondades del nuevo gobierno y su distanciamiento con el gobierno de Álvaro Uribe. Las medidas cosméticas adoptadas por el gobierno de Santos habían logrado distraer y desorientar a cierta parte de analistas y a un sector de la población. Pero lo cierto es que dicho embrujo duró muy poco.

Medidas como mantener al actual director general del DAS, ente responsable de una amplia campaña de persecución a los contradictores del gobierno; el mantenimiento hasta último momento (hasta que tuvo que ceder) de la terna para Fiscal General de la Nación; el impulso a la reforma de la Ley 30 para recortar presupuesto a las universidades públicas; los atropellos cometidos por la Fuerza Pública en Arauca y otras regiones; la ley de primer empleo; la sostenibilidad fiscal que convierte en viles mercancías los más elementales y necesarios derechos de los seres humanos; y el raponazo a municipios, departamentos y puertos de sus regalías, son sólo algunos de los ejemplos.

El proyecto de Acto Legislativo 013 que expropia las regalías a departamentos, municipios y puertos, con el objetivo de centralizarlas bajo el control absoluto del Gobierno nacional, contrariando la tan cacareada descentralización, ha generado una masiva y contundente respuesta de los afectados por la defensa de lo que les pertenece. Esto ha llevado a la necesidad de unificar la resistencia civilizada a nivel nacional.

Dándole solución a dicho objetivo, una delegación de diputados del Meta hizo presencia en el Cesar, compartiendo ideas, unificando criterios y programando actividades conjuntas con los miembros del comité cívico Cesarenses por la Defensa de las Regalías, con un éxito rotundo y logrando cohesionar aún más a todos los sectores nacionales erguidos en bravía resistencia.

“Buscamos la hermandad para poder hablar el mismo idioma y enviar el mensaje a todos los colombianos, y al Gobierno nacional de que no estamos de acuerdo con este Acto Legislativo” señaló el presidente de la Asamblea departamental del Meta, Alexander Patiño.

También el Comité Cívico del Cesar, integrado por el gobernador, los diputados, partidos políticos, candidatos, jóvenes, gremios, personalidades y demás, reafirmó su compromiso de no cejar en el esfuerzo conjunto por defender la participación que actualmente poseen los entes territoriales sobre los recursos de regalías, teniendo muy claro que la verdadera equidad sólo se dará cuando las multinacionales paguen lo que de verdad valen nuestros recursos naturales no renovables.

Según Carlos Osorio, diputado del Meta, “las regalías no son otra cosa que el desarrollo del departamento”, las cuales, en muchos casos, se convierten en el único sustento de municipios; en el porcentaje más amplio de los presupuestos de los departamentos productores; y en la única posibilidad de acceso a ciertos beneficios a la población más vulnerable. “El acto legislativo no tiene razón de ser, porque quiere llevarse la plata y dejarnos los problemas a nosotros”, reafirma el diputado Osorio, refiriéndose al fuerte impacto ambiental y social que se vive en las zonas productoras.

Las ultimas palabras que dirigió el diputado Carlos Osorio a los reunidos es un claro reflejo de la valerosa actitud que guía a aquellos que en defensa del interés nacional rechazamos esta intentona de Santos: “Por eso estamos organizados, definidos y estamos prestos a ir hasta las últimas consecuencias para que el gobierno nacional no se lleve las regalías”. El gobierno está en preaviso y tengan la certeza de que no desistiremos.

REGALÍAS Y EDUCACIÓN

Octubre 28 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.

Juan Manuel Santos, como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, gestó el primer raponazo a municipios y departamentos en el siglo XXI. Fue en el año 2001 cuando se dio el primer recorte a las transferencias territoriales por un total de 27 billones de pesos a través del Acto Legislativo 01 de 2001. Esto se repitió en el año 2007 por medio del Acto Legislativo 04 de 2007, que recortará las transferencias hasta el año 2016 por un monto estimado en más de $50 billones de pesos. Los recortes se dieron con el único fin de satisfacer los intereses extranjeros, abonando gran parte de estos recursos para el pago del servicio de la deuda externa, la cual, paradójicamente, no disminuye, sino que aumenta día a día y hoy se contabiliza en US$54.946 millones.

La educación fue uno de los sectores más golpeados con estos recortes, los cuales significaron una palada de arena más en la sepultura definitiva de una educación pública y de calidad.

No contentos con lo anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos planea un nuevo despojo a los entes territoriales por la vía de arrebatarles el control sobre los recursos de las regalías. A través de un proyecto de Acto Legislativo (013 de 2010), busca modificar los artículos 360 y 361 de la Constitución Política para excluir a departamentos, municipios y puertos marítimos y fluviales del usufructo de los recursos de las regalías. Este rubro, del que serán expropiadas las regiones, no integrará el Presupuesto General de la Nación, y por ende el Congreso de la República no podrá ordenar su gasto. Este dinero será utilizado al antojo del Gobierno Central, especialmente para paliar el déficit fiscal, fruto de la “Confianza Inversionista”.

En el año 2009, en el departamento del Cesar, con dineros de las regalías, se invirtieron $7.269 millones de pesos en educación; a junio del 2010 esa cifra asciende a $4.056 millones de pesos. Además de lo anterior, a través de la Ordenanza 005 de abril de 2008, la Asamblea Departamental creó el Fondo Educativo Departamental para la Educación Superior “Fedes-Cesar”, con el objeto de “brindar apoyo a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para adelantar estudios formales de educación superior de pregrado en los niveles: Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para estudiantes matriculados en instituciones oficiales que oferten programas para cursar en el Departamento del Cesar”.

A través de “Fedes-Cesar” se otorgan subsidios a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 por un 70%, 60% y 50% del valor total de la matrícula, respectivamente, y créditos a los estratos 4, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos destacado rendimiento académico. Desde el 2008 hasta el primer semestre del 2010 se han adjudicado más de 25 mil becas entre las instituciones públicas de educación superior como son la UPC, la UIS, la UNAD, la ESAP, la Universidad de Pamplona y la Universidad de Magdalena. Para este año se han invertido cerca de $6.700 millones derivados de regalías del carbón para financiar “Fedes-Cesar”, siendo ésta su única fuente de financiación. Se prevé que para el 2011 se adjudicarán 14 mil becas anuales con una inversión de $7 mil millones de pesos.

Queda claro que de cristalizarse este raponazo, no sólo desaparecerá “Fedes-Cesar”, sino también el resto de renglones de inversión. Esta será la estocada definitiva contra departamentos y municipios. Después sólo nos quedarán los socavones y el fuerte impacto ambiental y social.

Por lo tanto, sólo nos queda luchar, enfrentarnos de forma civilizada, pero abierta y directa frente a esta nueva intentona del gobierno contra departamentos y municipios. Tengan la plena seguridad que todos, unidos y organizados, derrotaremos tan viles pretensiones.

¡POR LA DEFENSA DE LAS REGALÍAS!

Las regalías corresponden a la ínfima compensación que pagan las multinacionales por explotar y apropiarse de nuestros recursos naturales no renovables. Las regiones en las cuales se explotan estos recursos de minerales e hidrocarburos están expuestas de manera directa a la contaminación ambiental, las enfermedades, el desplazamiento territorial y otras más, cuyos daños superan los valores girados por este concepto. Las regalías han representado $6,2 billones de pesos anuales en los últimos tres años, y $42,1 billones de pesos en los últimos 15 años, contando las directas y las indirectas. Cabe aclarar que el 80% de las regalías generadas en el país corresponden al petróleo.

El Cesar percibe regalías por la explotación carbonífera, hoy en manos, principalmente, de las trasnacionales Drummond y Glencore. Al Cesar estas multinacionales le pagan la irrisoria suma de 7% en promedio por concepto de regalías. El impacto social de la explotación carbonífera es evidente, mientras que el grueso de las utilidades mineras es remitido al exterior.

El Estado no sólo no le hace auditorías a las multinacionales, sino que las exime de pagar numerosos impuestos. Por ejemplo, por inversión en activos fijos las multinacionales son exentas del pago del impuesto de renta, suma que asciende a $4 billones de pesos, y representa nada menos que el 75% del total de las regalías ($5,3 billones). Es un claro ejemplo de “confianza inversionista”: inmensas gabelas y utilidades para las multinacionales y miseria para los colombianos.

El Acto Legislativo 13 de 2010, presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, no elimina el problema, sino que lo profundiza al pretender entregar el control del ciento por ciento de las regalías al Gobierno central. Le suma a ello el despropósito de que el dinero proveniente de las regalías no integrará el Presupuesto General de la Nación, por lo que el Congreso de la República no podrá ordenar su gasto y distribución.

La Constitución Política de 1991 determinó, en su artículo 360, que los departamentos y municipios en los cuales se lleve a cabo la explotación de recursos naturales no renovables, al ser los principales afectados, participarán de las regalías y compensaciones.

La actual propuesta de Acto Legislativo pretende despojar a departamentos y municipios del derecho de participar de las regalías so pretexto de la corrupción y el despilfarro. Es una irresponsabilidad que se tilde de corruptas a las regiones, se asevere que los recursos de regalías son robados en municipios y departamentos, y a la vez se promueva la reelección de alcaldes y gobernadores. Rechazamos cualquier acto de corrupción y al mismo tiempo recordamos que son las instancias judiciales las competentes para abordar cada caso particular. No podemos olvidar la corrupción en el nivel central, con la que se aprobó el referendo reeleccionista, se robó Agro Ingreso Seguro, se chuzó a la oposición y a las altas Cortes, y que además evidencia cuentas pendientes por concepto de regalías que ascienden a $8 billones de pesos.

De concretarse esta nefasta propuesta, el impacto sobre el Cesar sería notable. Entre el 2008 y el 2010 se ha invertido $79,416 millones de pesos en educación que garantiza alimentación escolar, material educativo, adecuación de las escuelas, auxilio de transporte, entre otras, y una inversión total en los diferentes sectores por $397,870 millones. Hoy, a través de la ordenanza 005 de 2008 y de diversos convenios interinstitucionales se han beneficiado con subsidios y becas 35,139 estudiantes de las 6 universidades públicas con asiento en el departamento, inversión que en el período 2008-2010 asciende a $9,993 millones. Sobra decir que de concretarse el Acto Legislativo 13 de 2010 todo esto nos será arrebatado.

El propósito final del Gobierno es tapar el enorme hueco fiscal generado por las excesivas gabelas tributarias al gran capital, estimadas en $8 billones de pesos, y además el sustento del pago de la deuda externa. Llamamos por lo tanto a todos los sectores de la sociedad a unirse, organizarse y batallar por la defensa de nuestros recursos, tomando como punto principal el derecho que tenemos todos los colombianos, y no las multinacionales, de percibir el mayor porcentaje de las ganancias por la explotación de nuestros recursos naturales. Esta no es una discusión entre pillos y honrados. Es una discusión entre quienes defendemos el interés nacional y los que se pliegan al interés del capital financiero. Prolongada, pero necesaria será la contienda. Nuestra dignidad está en juego. ¡Defendámosla!

JÓVENES POR LA DEFENSA DE LAS REGALÍAS

jovenesporlasregalias@gmail.com        http://jovenesporlasregalias.blogspot.com/

ASISTE AL CONVERSATORIO “POR LA DEFENSA DE LAS REGALÍAS” QUE REALIZAREMOS EL DÍA VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE EN EL AUDITORIO JULIO VILLAZÓN BAQUERO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE SABANAS, A PARTIR DE LAS 8:30 AM. ¡TE ESPERAMOS!

Los correos de las prórrogas

Tema del dia| 29 Ago 2010 - 9:01 am

Por: EL ESPECTADOR

Correos internos de Ingeominas dan cuenta de cómo estaban listos los otrosí para ampliar a 30 años cada una de las concesiones oficiales con las dos importantes multinacionales.

El 12 de marzo de 2010, al despacho del director general de Ingeominas, Mario Ballesteros, llegó una carta de la multinacional Drummond Ltda. solicitando la prórroga del contrato que desde 1988 y hasta 2019 ostenta esta empresa para la explotación de las minas de carbón en el departamento del Cesar. La propuesta de la firma era extender el contrato por 30 años más, fundamentando su solicitud en el desarrollo de un gran proyecto minero que se tiene previsto desarrollar en la zona hasta el año 2060.

En su misiva, el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, resaltó que el proyecto minero requiere inversiones superiores a US$1.500 millones y que unas expectativas de esta dimensión sólo podían ser avocadas teniendo certeza de la prórroga de los contratos. Dos meses después, el 11 de mayo, la empresa Drummond envió una nueva carta planteando varios elementos de análisis económico sintetizados en la comparación del contrato original y varios otrosí firmados a través de los años.

La respuesta de Ingeominas se produjo el 22 de julio y fue firmada por el subdirector de Fiscalización y Ordenamiento Minero, José Neiza Hornero. En ella, el funcionario aclaró que las circunstancias en que se habían suscrito varios ajustes al contrato no podrían convertirse en parámetros de aplicación para la nueva realidad. En concreto, Neiza expuso que la condición para prorrogar el contrato era una contraprestación económica a favor del Estado por el 5% del valor de las utilidades operacionales de la empresa Drummond.

El 5 de agosto, el mismo Neiza Hornero, después de una reunión entre ejecutivos de Drummond y altos funcionarios de Ingeominas para revisar el otrosí propuesto por la multinacional, envió los términos de lo acordado a la empresa Espinosa y Asociados para que conceptuaran sobre el parcial acuerdo. Pero ese mismo día a las 9 y 23 minutos de la noche una ejecutiva de Drummond envió a los funcionarios de Ingeominas el modelo de otrosí para que fuera firmado de inmediato (ver facsimil). Sin el concepto de Espinosa y Asociados, la prórroga iba a firmarse.

Fue entonces cuando José Neiza Hornero, el 6 de agosto, a 24 horas de terminar el gobierno Uribe, renunció a su cargo y le dejó claro al director de Ingeominas que de ninguna manera podría atender sus instrucciones de conceptuar favorablemente la prórroga del contrato con Drummond, ni tampoco hacerlo con otro asunto a su disposición: la prórroga por 30 años del contrato que Cerro Matoso tiene para la explotación de níquel en el departamento de Córdoba.

En el último caso existía de por medio un asunto aún más delicado: desde el 24 de junio, Carlos Antonio Espinosa Pérez, de la empresa Espinosa y Asociados, le había escrito al director del Servicio Minero, José Fernando Ceballos, que su oficina no consideraba posible prorrogar el contrato con Cerro Matoso porque era evidente que se estaban lesionando los intereses del Estado y porque además los textos propuestos eran contrarios a las normas legales y conllevaban un detrimento del patrimonio público.

Y nuevamente hubo varios correos electrónicos, esta vez desde la gerencia de Asuntos Legales de Cerro Matoso, donde siguió cobrando forma la prórroga del contrato de concesión para la explotación de níquel. Como si fuera poco, ya se había suscitado un conflicto adicional con la asesora de Ingeominas Mélida Cabezas, quien puso en conocimiento de  los organismos de control el hecho de que a ella se le canceló su contrato por advertirle  a Ingeominas que Cerro Matoso estaba atrasado en el pago de $24.892 millones por concepto de regalías.

El 11 de agosto, ya en tiempos del presidente Santos, se conoció que Neiza Hornero le envió una nueva carta el director de Ingeominas Mario Ballesteros en la que le recordó que él le había dicho que era orden de la Presidencia tramitar y suscribir las prórrogas de Drummond y Cerro Matoso. Además de reiterarle su renuncia, Neiza Hornero dejó constancia de que había sido maltratado, presionado e irrespetado y que su oposición a las prórrogas obedecía a su experiencia y conocimiento del tema.

El pasado 19 de agosto, el director de Ingeominas, en carta a El Espectador, calificó de totalmente falso que haya dado instrucciones algunas al ingeniero Neiza y que el caso de Cerro Matoso estaba sometido a un tribunal de arbitramento. Además, Mario Ballesteros añadió que nunca tuvo conocimiento de conceptos negativos de Neiza respecto de las pretensiones de Drummond y que su lucha era contra la corrupción y las prácticas non sanctas que aquejan al sector.

Este viernes, tras los hallazgos de El Espectador de los correos electrónicos donde queda claro que la prórroga con Drummond y Cerro Matoso iba en marcha, el director de Ingeominas, Mario Ballesteros, precisó que nada de lo dicho es cierto, que todo son especulaciones, que él no firma contratos y que por ahora no hay prórrogas con ninguna de las dos compañías. A su vez, a la empresa Drummond se le envió un cuestionario sobre el tema y al cierre de esta edición aún no había sido contestado.

Este viernes 27 de agosto, en la página web de la Casa de Nariño fue cargada una circular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expedida el 4 de agosto donde se advierte que la ciudadanía debe conocer a los aspirantes a los altos cargos del Gobierno. Acompañando la directiva aparece que el ingeniero eléctrico Andrés Ruiz Rodríguez aspira a prestar sus servicios como director de Ingeominas. Será el reemplazo de Ballesteros. La ciudadanía no ha hecho observaciones.

Reforma a las regalías otro asalto a las regiones

Roberto Schmalbach, El Frente, Bucaramanga, agosto 22 de 2010

Se adelanta en el país un gran debate sobre el proyecto de acto legislativo que pretende reformar el régimen de regalías, presentado por el gobierno del presidente Santos al Congreso de la República para su discusión y aprobación en la presente legislatura.

El debate viene precedido de una campaña de desprestigio generalizado contra los gobernadores y alcaldes de regiones mineras en energéticos que generan regalías, tendiendo un brumal que oculte las intenciones reales de esta reforma constitucional.

Lo primero que se observa de esta reforma, es que viene antecedida de dos actos legislativos que recortaron ingresos corrientes de la nación a las regiones, como fueron los actos reformatorios 01 y 04 de los años 2001 y 2007 respectivamente, que cambiaron los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional, siendo el primero de estos liderado por el hoy presidente de la república Juan Manuel Santos, oficiando de ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana.

El acto legislativo que pretende ahora reformar los artículos: 332 que habla de la propiedad del subsuelo y los recursos; 360 que refiere sobre el reconocimiento de las regalías a las regiones productoras y puertos marítimos o fluviales, y 361 que creó el Fondo de Regalías, tiene el mismo contenido de los actos que truncaron los ingresos corrientes de la nación a las regiones y que dio lugar al famoso SGP Sistema General de Participación, que hoy tiene en serías dificultades la financiación de la salud, la educación y el saneamiento básico de muchos departamentos y municipios del país.

El presidente de la república, los ministros de Minas y Energía y Hacienda vienen señalado que ante una supuesta bonanza minero energética que se avecina en Colombia, las regiones productoras de esos eventuales ingresos adicionales no pueden manejar dichos recursos porque generan inequidad y corrupción.

Cuando se analizan los argumentos expresados por los altos funcionarios del gobierno, se encuentra que los objetivos de la reforma no están dirigidos a resolver estos problemas, y es obvio que así sea, porque las causas principales de estos males se mantienen inalterables, por ese motivo en la reforma no aparece una sola mención de las escasas regalías que pagan las multinacionales por explotar los recursos naturales de la nación, por eso las cifras que se presentan magnificadas de regalías que va a recibir el país, son en promedio apenas una décima parte de las ganancias que obtendrá el negocio; luego la parte del león será de quien explote el recurso y no de la que reciba regalías.

Si el gobierno quisiera resolver los problemas de inequidad acrecentado en los últimos 20 años, debería presentar una reforma que permita que la nación capture mayor renta de sus recursos naturales y no repartir las migas de la misma torta entre las regiones, porque si eso se presenta es sobre la base de quitarle a unas partes para darle a otras, es decir abrir un hueco para tapar otro.

En Colombia tenemos el sistema de regalías más ignominioso del mundo: por petróleo luego de la ley 756 de 2002 en promedio se viene pagando 11%, porque una compañía puede diferir en varios campos su producción; en carbón se paga entre 5% y 10%, da igual producir un millón de toneladas al año que 25 millones; en oro, plata y platino las regalías son de 3,2%, en boca de mina y, en níquel 4% en regalía y 4% compensación. Estos porcentajes son indiferentes a la producción, la variación del precio del recurso o de la divisa en que se transan. En estos factores que son la esencia del negocio el gobierno nada dice porque las multinacionales son las que ponen las condiciones. Esa es la confianza inversionista que mantine el presidente Santos.