BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO


El auge que tomó la movilización universitaria, a partir de los primeros días de mayo, no es súbito, ni espontáneo. Corresponde a un proceso que, desplegado en el tiempo, tiene coyunturas, fases y momentos de muy variada intensidad, que es preciso evaluar, para proyectar su continuidad.

La Asamblea Nacional Multiestamentaria, realizada el 3 de mayo en la Universidad Nacional, identificó como objetivo certero el cuestionamiento a los Artículos más lesivos del Plan de Desarrollo 2006-2010, contra la educación superior pública y propuso acciones inmediatas que tuvieron alcance nacional y no pudieron ser amordazadas por los medios de comunicación.

La marcha multitudinaria del 10 de mayo, en Bogotá, logró que el Presidente de la República y la Ministra de Educación admitieran la inconveniencia del Artículo 38° del Plan, referido a los acuerdos de concurrencia para las universidades del orden nacional, específicamente para la Universidad Nacional.

En el contexto de las jornadas de agitación y del Paro Nacional convocado por FECODE para el 23 de mayo, contra el recorte de las transferencias, el movimiento universitario y de secundaria tomó un apogeo extraordinario y se generalizó a la mayoría de las universidades, en las cuales, en la medida de sus posibilidades se mantuvo la asamblea permanente o escalonada , se organizaron campamentos, ocupaciones , marchas callejeras, actividades lúdicas y "abrazos" al campus universitario, que tuvieron gran acogida en la opinión pública.

Las denuncias, los foros y los debates realizados durante las jornadas de protesta, contienen un elemento común determinante: rechazo total y fundamentado a los artículos del Plan de Desarrollo que propician el marchitamiento financiero de la educación superior pública y el deterioro de su calidad académica.

Los pronunciamientos de la comunidad académica, con diverso grado de compromiso, hicieron visible la legitimidad de la protesta y, la participación masiva de los estamentos en las movilizaciones, da cuenta de la apropiación colectiva del problema.

La apropiación colectiva del problema constituye uno de los logros más significativos del movimiento, como importante resultado de la movilización y la crítica argumentada. Desde luego, la toma de conciencia no es el todo, pero tampoco la nada y, por lo tanto, la evaluación del éxito o el fracaso del movimiento no puede tener como referentes únicos la redefinición del Acuerdo de Concurrencia o la objeción presidencial a la ley del Plan de Desarrollo.

Las reivindicaciones en defensa de la educación superior pública son legítimas, están totalmente vigentes y señalan la perspectiva inmediata de la lucha, entendiendo siempre que se trata de un proceso con objetivos generales y específicos que trascienden la coyuntura, en el cual se han venido acumulando valiosas experiencias y logros significativos.

El debate sobre los medios de la protesta social fue enriquecido con el desarrollo exitoso de las marchas pacíficas y multitudinarias, acompañadas de expresiones lúdicas y artísticas; métodos que abren alternativas de participación masiva e incluyente, con amplia acogida interna y simpatía en la opinión pública. Fueron creados nuevos consejos estudiantiles y se fortalecieron los existentes, lo cual constituye otro de los beneficios más significativos, del movimiento. Tarea esta que sin duda deberá ocupar la mayor trascendencia para el movimiento estudiantil, buscando que sea un estamento más compacto, cohesionado que tenga una mejor capacidad organizativa para procurar una defensa más eficaz de las intereses de la universidad y del país.

La continuidad de las movilizaciones, fue interrumpida por la terminación del semestre en la mayoría de las universidades o la declaración de vacaciones colectivas, en algunas de ellas. La idea de salvar el semestre, tomando decisiones flexibles y acudiendo a formas imaginativas como la denominada currículo alternativo que combina diversas actividades permitiendo el desarrollo de la docencia, la construcción de espacios democráticos y participativos, el debate, el foro y la movilización, constituye otro logro importante que es preciso valorar y proyectar hacia el futuro.


El saneamiento del pasivo pensional de las universidades estatales del orden Nacional, con base en acuerdos de concurrencia, que figura en el Artículo 38, es el más conocido por la vigorosa movilización en su contra, en la Universidad Nacional, con acompañamiento de la mayoría de las universidades del orden nacional y territorial. Pero no debemos perder de vista que se trata de una política pública que envuelve todo un modelo educativo diseñado para menguar la calidad académica de la educación superior pública y finalmente liquidarla adecuándola a las necesidades del libre comercio y de la globalización neoliberal.

El Plan de Desarrollo implica la continuidad de las políticas del Plan 2002-2006 y tiene como antecedentes inmediatos dos documentos directamente relacionados con las políticas educativas: " Visión Colombia II Centenario: 2019" y Agenda interna para la productividad y la competitividad. El Plan Decenal de Educación 2006-2015, no se menciona explícitamente, pero está completamente integrado al documento " Visión 2019".

Dando continuidad a las políticas de la "Revolución Educativa", las metas para el 2019 son: a) aumentar la cobertura hasta llegar al 50% b) mejorar la calidad y la pertinencia de los programas c) consolidar 20 centros de investigación de excelencia d) alcanzar un 0.1% de la población dedicada a investigación e) lograr que el 30% de los profesores universitarios de tiempo completo tengan el título de doctorado (8.000 docentes) f) alcanzar una inversión en ciencia y desarrollo tecnológico que represente el 1% del PIB con 50% de inversión privada y g) lograr el reconocimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad a nivel internacional.

Las metas de cobertura parten del 29.10% en 2006 y avanzan progresivamente al 34.7% en 2010; 40% en 2015 y 50% en 2019, ligadas al cambio en la composición de la matrícula, de un 75% en formación universitaria profesional y de posgrado, y un 25%, en formación Técnica y Tecnológica, en 2006, a un 40% y 60%, respectivamente, en 2019; paralelamente se buscará una disminución de la deserción del 48% al 25%, durante el mismo período. Las metas de formación por competencias básicas ciudadanas y laborales serán evaluadas a través de los Ecaes y las de calidad estarán articuladas a los procesos de Registro Calificado de los programas de pregrado y posgrado, la Acreditación Institucional, la promoción de la formación doctoral de los profesores, de los centros de investigación y serán monitoreadas con base en el manejo de indicadores a través del SNIES.

La relación de dichas política con el Plan de Desarrollo aparece en varios apartes, entre ellos, el dedicado al capital humano, en el cual se anuncia que los esfuerzos en materia de educación estarán orientados al fortalecimiento y la articulación de todos los niveles, con base en el enfoque de competencias, especialmente en formación para el trabajo que será evaluada a través de los Ecaes; el mejoramiento de la pertinencia y la calidad estará basado en información sobre el comportamiento y requerimientos del mercado laboral.

Como se trata de lograr dichas metas, con los mismos o menores recursos financieros, cabe formular, entre otras objeciones, las siguientes:

1. El Aumento de cobertura en formación Técnica y Tecnológica, con iguales o menores recursos, implica el deterioro de la investigación y la formación profesional, de Maestría y Doctorado.

2. La autonomía de las universidades, para decidir sobre sus prioridades académicas y formativas, queda severamente mancillada.

3. La formación por competencias operativas y ciudadanas, restringida exclusivamente al mercado laboral y al pensamiento oficial, omite las necesidades estratégicas de la sociedad y contradice el espíritu crítico y pluralista de la universidad recortando de contera la libertad de cátedra.

4. Las presiones y manipulaciones, con los indicadores de gestión, obligan a las universidades a ceñirse pasivamente a las presiones estatistas, para ser viables financieramente.

Según el Artículo 34: "Las instituciones de educación superior contarán con un período de dos años de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos" .

De un enunciado tan general, pueden derivarse distintas opciones: a) La reedición del inconstitucional Decreto 3545, violatorio de la autonomía universitaria b) la contratación de una costosa e ineficiente asesoría tipo SER, o la aplicación de la plataforma de la Universidad del Atlántico c) La evaluación de los programas en términos de costo por estudiante manejando promedios simplistas y haciendo abstracción de las especificidades de las ciencias, las artes y las disciplinas, lo cual pondría en grave riesgo áreas del saber que generan externalidades sociales muy valiosas en la sociedad y el mundo simbólico de la cultura.

Otros artículos del Proyecto de Plan de Desarrollo, hacen referencia a la contribución de los egresados de las universidades públicas (impuesto a los egresados) apuntando a la deserción de los estudiantes de estrato cuatro hacia arriba y a la adopción de medidas de ajuste a los servicios de salud, que pueden poner en entredicho su subsistencia, afectando negativamente un componente esencial del bienestar universitario.

En consecuencia, es necesario declarar un estado de alerta que implica, de inmediato:

  1. Convocar la Asamblea Nacional Multiestamentaria para el 19 de agosto, precedida de Asambleas estamentarias el 17 y 18 de agosto.
  2. Profundizar el análisis de las políticas publicas mencionadas y enriquecer el acervo de documentos. En asambleas, claustros, conferencias y foros, ampliar el debate para clarificar al máximo la toma de conciencia colectiva del problema.
  3. Actualizar la Plataforma y el Pliego de la Multiestamentaria Nacional y programar actividades y tareas de movilización. Constituir un Frente común en defensa de la universidad pública que vincule diversos sectores de la población y acordar acciones conjuntas. Definir la fecha y el lugar del la Cumbre Universitaria y la hora cero del Paro Nacional Universitario. Acoger la convocatoria de la Gran Coalición Democrática para la Jornada Nacional de Protesta del 10 al 12 de octubre.
  4. Organizar el Encuentro o Congreso Universitario que formule la propuesta de Universidad que requiere el país.
  5. Mantener en alto la guardia, frente a la crisis humanitaria expresando de manera sistemática la denuncia y el repudio a la persecución, las amenazas y los atentados contra estudiantes, profesores, trabajadores y empleados de las universidades.

Universitarios en Costa Rica protestan contra TSE por ’’intromisión’’ en autonomía universitaria

Miles de universitarios protestaron este martes contra el Tribunal Electoral de Costa Rica, al acusarlo de atentar contra la autonomía universitaria mediante una resolución que intentaba limitar las discusiones sobre el TLC con Estados Unidos

21/8/07

Universitarios en Costa Rica protestan contra TSE por ’’intromisión’’ en autonomía universitaria

Miles de universitarios protestaron este martes contra el Tribunal Electoral de Costa Rica, al acusarlo de atentar contra la autonomía universitaria mediante una resolución que intentaba limitar las discusiones sobre el TLC con Estados Unidos.

Miles de estudiantes universitarios marcharon este martes en Costa Rica, para expresar su rechazo a una reciente resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que prohibía a las universidades utilizar sus recursos para promover discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que fue catalogado como una "intromisión" en la autonomía de esas casas de estudio.

Para los alumnos, el dictamen del TSE atenta contra la autonomía universitaria y contra uno de los principales objetivos de los centros de estudios, que es, crear espacios que promuevan el debate de temas importantes para el país.

Bajo la consigna "No a la dictadura del TSE y de los Arias", los estudiantes, a quienes también se le unieron los planteles de profesores, rechazaron la posición asumida por el TSE, el presidente Oscar Arias y su hermano Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.

Hace dos semanas, el TSE emitió una resolución en la que afirma que las universidades no pueden utilizar sus recursos en actividades "proselitistas" en torno al TLC, lo que fue interpretado como una intromisión en los asuntos académicos.

A la marcha de profesores y estudiantes, se unieron sectores que rechazan el TLC con Estados Unidos, por lo que las consignas en contra del referido acuerdo comercial, marcaron la jornada.

La numerosa manifestación recorrió varios kilómetros desde la Universidad de Costa Rica, (ubicada al este de la ciudad de San José), hasta el edificio del TSE (centro de la capital), donde coincidió con grupos de la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico.

Monserrat Sagot, del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, dijo que esa instancia "ya ha sido muy clara (...) desde 2006 nosotros enviamos un criterio negativo, diciendo que ese TLC era nefasto y el Consejo defiende su derecho a expresarlo en este proceso de referendo".

El pronunciamiento del TSE ocurre en momentos en que los costarricenses se preparan para participar en una consulta popular, el próximo 7 de octubre, sobre el TLC, para ratificarlo o no.

Ante las protestas de las autoridades y comunidades universitarias, el TSE hizo una aclaración en la que reconoce que las universidades tienen autonomía total y que una de sus funciones es promover el análisis y discusión de los asuntos de interés público.

Las autoridades universitarias que participaron en la jornada, aseguraron que los centros de estudio superior, han sido celosos de cuidar la autonomía dada por la Constitución Política y las leyes de Costa Rica.

Los numerosos grupos en Costa Rica que se oponen al TLC con Estados Unidos, afirman que el acuerdo comercial será negativo para la economía del país, así como para los distintos sectores productivos, en especial, el campesinado.

Recuperar recursos para las regiones, una prioridad en la lucha democrática


-Una férrea defensa a las bondades de la Constitución de 1991 y serios cuestionamientos a quienes intentan desde el Gobierno desmontar dichas bondades, hizo el presidente del Polo Democrático Alternativo en el lanzamiento del Referendo Constitucional de Transferencias.

- Carlos Gaviria habló este jueves en la noche en Corferias en el acto donde se definieron los propósitos y las tareas para la recolección de tres millones de firmas con las cuales FECODE, la CUT, la CTC, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal; darán la pelea para recuperar y garantizar de esta manera recursos para la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico de los colombianos.


Viernes 17 de agosto de 2007

Una férrea defensa a las bondades de la Constitución de 1991 y serios cuestionamientos a quienes intentan desde el Gobierno desmontar dichas bondades, hizo el presidente del Polo Democrático Alternativo en el lanzamiento del Referendo Constitucional de Transferencias.

Carlos Gaviria habló este jueves en la noche en Corferias en el acto donde se definieron los propósitos y las tareas para la recolección de tres millones de firmas con las cuales FECODE, la CUT, la CTC, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal; darán la pelea para recuperar y garantizar de esta manera recursos para la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico de los colombianos.

En el evento estuvieron presentes el director del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria, congresistas de las dos colectividades, líderes sociales, comunitarios y ciudadanos en general.

El Presidente del Polo aprovechó el escenario para defender la Constitución del 91 a la que calificó como una “carta de paz”. Destacó, entre otras cosas, que desde su artículo primero, la nueva Carta establece la autonomía de las entidades territoriales.

No obstante, advirtió que después de su proclamación, a varios de los gobernantes venideros, “a éste menos que a ningún otro, dijo, no les gustó especialmente por los ingredientes fuertemente democráticos que esa Constitución tiene”.

Gaviria, quien presidió la Corte Constitucional, explicó que la Constitución, especialmente los artículos “ateniente a los derechos”, debe leerse como “una etapa en el camino hacia la paz”.

Hizo un llamado a los colombianos para que defendamos “lo que queda” de la nueva Constitución. Pidió que el Estado Social de Derecho, consagrado por primera vez en ella, “no sea una burla” y tenga “contenido”.

En ese sentido manifestó su complacencia por el Referendo propuesto porque una de las prioridades de hoy en el país en la lucha democrática, es “la recuperación de los recursos de las entidades territoriales para la salud, para la educación, para el saneamiento básico”.

Gaviria Díaz dijo que el Referendo propuesto es “contrastante” con el “esperpento” que le presentó el presidente Uribe hace tres años a los colombianos, porque esta vez sí será el Constituyente primario quien defina “quién quiere que determine las prioridades en educación, en salud, en saneamiento básico; si una vez más el Gobierno central (alejado de las regiones), o los propios gobernantes de las regiones elegidos por sus propios electores”.

Al final dijo que los tres millones de firmas, servirán para demostrarle al Presidente Uribe que “no estamos de acuerdo con su propuesta desmanteladota de la Constitución del 91”, pero también para enseñarle al Gobierno “cómo y para qué se convoca al Constituyente Primario”.

La transcripción de su intervención en Corferias es la siguiente:

Voy a hablarles muy brevemente de dos cosas. Lo que nos proponemos y el instrumento al que hemos apelado para lograr nuestros propósitos.

La Constitución de 1991 es una carta de paz. No se expidió esa Constitución de manera caprichosa, de manera arbitraria o de manera gratuita, por expedir otra Constitución colombiana, sino que los colombianos que estamos tan fatigados de esta violencia terrible que padecemos desde hace tiempo, resolvimos que una constituyente elegida directamente por el pueblo nos señalara una nueva carta de ruta.

Esa carta de ruta a mi juicio fue sumamente acertada porque señaló las falencias del anterior sistema y mostró cuál es la ruta que debemos recorrer para recuperar nuestro camino y nuestro destino.

Desde el artículo primero, la Constitución establece la autonomía de las entidades territoriales, y es necesario hacer una reflexión: la democracia es autonomista, la democracia es descentralizadora, la democracia cree en las comunidades locales y cree que los gobernantes elegidos directamente por esas comunidades locales han de ser quienes determinen los gastos en materias tan importantes como salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y, desde luego, para eso necesitan recursos.

En contravía de esa dirección, la vocación autoritaria es centralizadora, absorbente. Uno de los grandes males que ha padecido el Estado colombiano desde hace mucho tiempo es el centralismo absorbente, la hipertrofia central en desmedro de las regiones, de manera que el constituyente, al señalar la autonomía de la regiones, estaba diseñando una carta sobre unas bases muy distintas a las de la carta de 1886. Y recordemos esto: esa carta se dictó como una ruta hacia la paz. Cada uno de sus artículos, especialmente en la parte ateniente a los derechos, debe leerse como una etapa en el camino hacia la paz. Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales que eran desconocidos dentro de nuestro constitucionalismo. Consagrar como derechos el derecho a la salud, el derecho a la educación, como auténticos derechos, era un avance significativo, porque naturalmente el constituyente del 91 sabía que la situación lamentable en la que vivíamos y seguimos viviendo tiene causas, y que dentro de las causas está la insatisfacción de las necesidades básicas de inmensos sectores de la sociedad colombiana. Y desde luego, son especialmente los gobernantes locales los que mejor conocen la situación de sus regiones, de su territorio.

Cuando se elige una forma de Estado, centralista ó autonomista, se está tomando una decisión trascendental. Son esos gobernantes los que conocen la realidad que constituye su entorno y por eso son ellos los que deben tener la iniciativa en esta materia. A eso se le llama autonomía y para eso naturalmente necesitan recursos. Pero es un hecho que a los gobiernos que subsiguieron a la expedición de la Constitución no les gustó la Constitución del 91; y no les gustó especialmente por los ingredientes fuertemente democráticos que esa Constitución tiene. A este menos que a ningún otro. Esa constitución se ha ido desmontando poco a poco hasta hacerla completamente irreconocible. Ya no es esa la carta de navegación que el constituyente del 91 había trazado.

Nosotros debemos defender lo que queda de esa Constitución. Que el Estado Social de Derecho no sea una burla, que el Estado Social de Derecho tenga contenido. En ese sentido justamente debemos movernos, de modo que la recuperación de los recursos de las entidades territoriales para la salud, para la educación, para el saneamiento básico es una prioridad en la lucha democrática.

En segundo lugar me parece magnífico el método elegido. ¿Por qué? Porque también esa constitución de 1991 incorporó mecanismos, instituciones de democracia directa, que es lo que se llama democracia participativa para que el pueblo pudiera tomar decisiones él mismo. Pero se pregunta uno: ¿tomarlas en qué materias? En materias acerca de las cuales está capacitado para decidir.

Nuestro Referendo va a ser contrastante con el del Presidente Uribe. Recuerden que hace tres años o cuatro estábamos justamente combatiendo el referendo del Presidente Uribe que era una burla a la democracia participativa. Un esperpento que no estaba al alcance de los electores, que no estaba al alcance del Constituyente Primario. Naturalmente para que le dieran una firma y entonces legitimar una propuesta completamente perversa para la democracia colombiana. Y el Constituyente Primario por fortuna no le dio ese aval.

Nosotros hemos elegido ese camino para mostrar cómo se hace un referendo, cuáles son las preguntas que hay que formular. Formularle a la gente las preguntas de quién quiere que determine las prioridades en educación, en salud, en saneamiento básico, si una vez más el gobierno central, alejado de las regiones, o los propios gobernantes de las regiones elegidos por sus propios electores. Fíjense que son contrastantes una y otra propuesta. Esta propuesta va justamente en el sentido de la democracia. Y de lo que se trata es de esto: de que demostremos al Presidente Uribe que no estamos de acuerdo con su propuesta desmanteladora de la Constitución del 91. Y que el Constituyente Primario que él convocó de una manera frustránea, nos va a acompañar en esta empresa. Que en esta empresa van a estar comprometidos todos los demócratas del país, los indígenas, los trabajadores, los maestros, los estudiantes, la juventud.

Necesitamos tres millones de firmas, pero tenemos la certeza de que esos tres millones de firmas los vamos a obtener rápidamente y le vamos a enseñar al gobierno cómo y para qué se convoca al Constituyente Primario.

Muchas gracias

* El formato para la recolección de firmas lo pueden bajar en internet de la página www.referendotransferencias.com


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