LA VISITA DE LOS PARLAMENTARIOS ESTADOUNIDENSES A COLOMBIA

RECALCA, Bogotá, septiembre 12 de 2007

Nuevamente la administración Bush y Uribe han iniciado una ofensiva propagandística para presionar la aprobación del TLC en EEUU. Tras lo que Bush llamó una marcha en pro del comercio, el Secretario de Comercio de EEUU afirmó que no se podía dar la espalda a América Latina en este momento, cuando justamente la administración Bush hace agua por todos lados y la mayor parte de los gobiernos suramericanos cuestionan sus políticas. Se trata de un esfuerzo más del presidente norteamericano por imponer su agenda legislativa a los demócratas. Como parte de esta campaña doce parlamentarios estadounidenses partidarios del TLC van a pasar un día por Medellín, después de visitar Lima y Panamá.

La comisión está básicamente integrada por republicanos, más unos cuantos demócratas conservadores que se han caracterizado por votar favorablemente todos los tratados de libre comercio que la administración de EEUU ha puesto a consideración de su Congreso. Incluso es notoria la ausencia de Charles Rangel y Sander Levin, quienes encabezan la Comisión de Medios y Arbitrios y la sección de finanzas de la misma, quienes son claves para desatascar el trámite y que no son propiamente adversarios del libre comercio.

El secretario de Comercio Mike Johanns anunció que quiere mostrar a sus congresistas las ventajas que el TLC implica para los empresarios estadounidenses, lo que en efecto hizo afirmando que “Hay un amplio reconocimiento de que la agricultura de EEUU goza de enormes beneficios por los TLC existentes, y los acuerdos pendientes [entre los cuales está el de Colombia] traen la misma promesa a nuestros agricultores”.

Lógicamente los congresistas que vienen no son los que tienen sospechas de Uribe en relación con el escándalo de la parapolítica que ha conmocionado tanto a Colombia como al extranjero ni desconfianza sobre el “libre comercio”, sino quienes siguen rigurosamente la agenda de Bush. No se encontrarán con los opositores al TLC, no hablarán con los defensores de derechos humanos y no dialogarán con las centrales sindicales. Apenas se entrevistarán con la Cámara de Comercio Colombo-Americana y saldrán a afirmar las mismas cosas que repiten Bush y Uribe desde hace años.

Uribe no ha ahorrado esfuerzos para suplicar la aprobación del TLC en EEUU: ha acelerado la aprobación en el Congreso de Colombia de los cambios que exigieron los demócratas, se ha asesorado de Clinton, ha pagado millonarias sumas a agencias de cabildeo e inclusive las recientes destituciones de altos mandos militares, capturas de narcotraficantes y posibles extradiciones son más un mensaje a EEUU que una verdadera rectificación del rumbo. El único principio de Uribe en esta materia es hacer lo que Bush diga, cuando lo diga y como lo diga.

Sin embargo, todos los días el movimiento popular es testigo de la continuación de las amenazas y del amedrantamiento. En muchas regiones no hay garantías para participar en elecciones y las restricciones a la organización sindical se mantienen e intensifican. El gobierno permanentemente intenta crear la impresión de que todo el que se oponga a sus políticas es porque apoya a la guerrilla. En estas condiciones Uribe vuelve a dar pruebas de servilismo, pero no de democracia.

A PROPOSITO DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 14 DE SEPTIEMBRE

El día de ayer (viernes 14 de Septiembre), la Federación de Estudiantes Upecistas convocó a una Asamblea General para tratar unos puntos básicos:

• La vigencia del Pliego de Peticiones agitado durante el cese de actividades del semestre pasado, el cual se dío a nivel nacional, y se vivío en la UPC.
• El incumplimiento de los acuerdos por parte de la Administración de la Universidad, con la cual se negoció debido a la falta de miembros del Consejo Superior Universitario.
• La denuncia de la farsa electoral, próxima a cumplirse el 25 de Septiembre.

La Asamblea fue nutrida con la participación de dirigentes de la FEUP y estudiantes, los cuales esbozaron los problemas de la UPC, los cuales están contemplados en el Pliego de Peticiones, y además se vienen agudizando debido a la desatención y desinterés por parte de la Administración, la cual, lastimosamente, está enfrascada en sacar adelante el circo electoral y posesionar a sus fieles en los cargos de representación, sólo para seguir desangrando, mancillando, explotando y destruyendo nuestra Universidad.

La FEUP no quiere que se siga repitiendo la historia de prostitución por parte de los diferentes dirigentes, especialmente los estudiantiles, además que todo está dado para que sea elegido el candidato de la Administración, el cual inicia con los votos de Aguachica, en una clara muestra de desigualdad y oportunismo que desvirtúa aun más la supuesta democracia de la Universidad y el supuesto carácter democrático de estas elecciones.

Ante esto la FEUP, fiel a sus principios y objetivos, luchará hasta el cansancio para desmontar esa farsa electoral y hacer que se convoque a un nuevo proceso electoral con candidatos que en realidad sean prenda de garantía de la defensa de la Universidad pública, científica, democrática, de calidad, y defensor de los derechos de los estudiantes. Por lo tanto la FEUP agotará todos los mecanismos legítimos que permitan llevar este objetivo a cabo, no como capricho, sino como necesidad imperiosa para revivir a la Universidad e iniciar el camino por el sendero de la ciencia, la democracia y el acceso sin restricciones a aquellos que dessen formarse y luchar por el desarrollo y la dignidad de nuestro país.

JUNTA DIRECTIVA FEUP

¿SON DEMOCRÁTICAS LAS ELECCIONES EN COLOMBIA?

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, septiembre 7 de 2007

El pasado 12 de agosto, en entrevista en El Tiempo, al preguntarle Yamit Amat si se garantizaba la transparencia del sistema electoral, Edgardo José Maya, Procurador General de la Nación, respondió: “No. No se garantiza. Yo digo que con el actual Código Electoral y el actual sistema electoral no debería haber elecciones”. Maya explicó que “la compra de votos no ha desaparecido, pero hay un sistema más audaz que es la compra del jurado; en la compra de votos, la operación se realiza voto a voto; con la compra del jurado se puede lograr que ese jurado llene un listado con 100, con 200 votos (…) Los problemas no son exclusivos de ninguna región del país; no son ni de costeños ni de cachacos; estoy dispuesto a demostrarle que en las distintas regiones del país operan mecanismos de fraude”.

El Procurador también dijo: “Las sumas que se invierten para financiar una candidatura a un concejo municipal, a una asamblea, a una alcaldía o a una gobernación, son cuantiosas (…) Estas elecciones pueden ser muy permeables al fraude (…) Hay dos normas hipócritas en la legislación colombiana: la rendición de cuentas de gastos de las campañas electorales y la prohibición a los servidores públicos de intervención en política (…) Los topes (de gastos) no los cumple nadie (…) Lo que hay aquí es una clara intervención de los servidores públicos en política; lo acabamos de ver en la reelección presidencial: un Presidente de la República con todos los gobernadores, con todos los alcaldes, y con todos los miembros del Gobierno, actuando en política (…) el actual (el Código Electoral que no controla nada) es un código de 21 años, que data de 1986”.

Pero peor que la gravedad de las acusaciones de Maya es que ellas no provocaron ninguna reacción de importancia; casi como si no hubiera dicho nada. Y no la provocaron porque los que más poder político tienen para modelar el pensamiento de la sociedad son los que han sido más exitosos a la hora de corromperla, lo que ha llevado a que sean demasiados los colombianos decentes que, anonadados por la descomposición rampante en el país, toleran o se niegan a ver cualquier conducta indeseable, por vergonzosa que sea, lógica perversa que la habilidosa manipulación de Álvaro Uribe ha llevado a niveles que parecían imposibles.

Y eso que al Procurador no se le preguntó sobre las prácticas clientelistas y violentas que también se emplean para arrear electores a la urnas, pero que es bien probable que tuviera en mente cuando hizo la franca y durísima afirmación. Porque el clientelismo, que en la corruptela tradicional colombiana aparece como un mal menor que debe tolerarse o hasta aplaudirse por ingenioso, constituye una flagrante extorsión a los ciudadanos: “O vota por mi o no le doy escuela. O vota por mí o no le doy empleo. O vota por mi o no le doy salud”, y porque dicho clientelismo también les preparó el terreno a las prácticas extorsivas realizadas a punta de pistola que terminaron por convertirse en corrientes en el país.

De ahí que resulten hasta cómicas las frases rimbombantes con las que Uribe y sus escuderos se refieren a la “gran democracia nacional” para justificar sus desmanes en contra de las auténticas concepciones democráticas, desmanes que también se explican por la forma como consiguieron los votos con los que accedieron al poder. Si el voto fuera realmente libre en Colombia, ¿ganarían las elecciones?

Coletilla I: el Polo Democrático Alternativo no tiene nada que explicar de lo que ha dicho sobre su rechazo a la violencia en Colombia. Entre otras cosas, porque no hay peores sordos que los uribistas que no quieren oír. Pero alguien debiera hacer la obra de caridad de decirle a Francisco Santos que no se arrime a la candela. ¿O ya olvidó, entre otras cosas, que catorce de sus grandes electores están tras las rejas acusados de paramilitarismo?

Coletilla II: si se quiere debatir en serio sobre el origen de la actual violencia nacional, se debe empezar por reconocer que “la combinación de todas las formas de lucha” se remonta –así no se usara la frase–, por lo menos, a los días de la violencia liberal-conservadora.