Retomar este título del libro escrito en 1985 por el hoy senador Jorge Enrique Robledo, sirve para precisar el sufrimiento que millones de hogares colombianos continúan viviendo con relación al derecho de tener una vivienda digna.
Resulta paradójico que mientras las lonjas de la propiedad raíz hablan de unidades que valen entre 3 y 6 millones de pesos el metro cuadrado y de valorizaciones prediales en el último año de un 15% en las principales ciudades del país (una auténtica burbuja especulativa) otros hechos muestren que aquí sigue siendo cierto que “tener casa no es ninguna riqueza pero no tenerla es mucha pobreza” y, agregaría yo, perderla es una calamidad.
En junio de 2007 había en el país cerca de 200.000 subsidios de vivienda de interés social sin reclamar, solamente en Bogotá se hablaba de 25.000. Entre las razones más esgrimidas para explicar esta circunstancia están la escasez de suelo urbano para adelantar planes con dicho objetivo, las dificultades de los beneficiarios para llevar a cabo el “ahorro programado” en el sistema financiero que sirve de contrapartida al apoyo gubernamental y también el poco interés de los inversionistas al tener relaciones beneficio-costo muy superiores en otras opciones en vivienda suntuaria para estratos socioeconómicos de mayores ingresos. Todas ellas son la consecuencia de que la vivienda en Colombia hace rato dejó de ser un derecho para convertirse en abundante filón de especuladores de toda laya, desde terratenientes urbanos y avezadas firmas constructoras hasta del sistema bancario, a donde, desde la invención del UPAC, fluyen los mayores réditos generados en esta actividad. Réditos que se acrecientan paulatinamente fruto de las enmiendas que se hacen al sistema vigente.
Según la Corporación Minuto de Dios, en Colombia el déficit de vivienda es de 1.400.000 unidades, distribuidas, de acuerdo al nivel de ingresos familiares medido en Salarios Mínimos Mensuales (SMM), así: Nivel Nro. viviendas Porcentaje 0 – 2 SMM 1.064.000 76% 2 – 4 SMM 196.000 14% Más de 4 SMM 140.000 10% Y agrega que: “tradicionalmente, el mayor porcentaje de soluciones de vivienda de interés social va dirigido a familias con ingresos superiores a los 2 SMM, con lo cual el sector más grande y necesitado (más de un millón de familias) no recibe la atención requerida”. Los recursos del gobierno no logran atender la demanda anual de 200.000 unidades y por eso los “urbanizadores piratas” hacen su agosto con las secuelas conocidas que tal accionar conlleva. Adicionalmente, los deudores del sistema UPAC, que no han podido “conciliar” sus obligaciones con la banca desde la crisis de finales del siglo pasado y que son 800.000 hogares, atraviesan una patética situación.
Clara expresión de ello fue lo sucedido hace poco en Bogotá (donde hay uno de cada ocho de estos casos) cuando un juez, con tanquetas y escuadrones ESMAD, emprendió el desalojo de José Modesto Salcedo Sanabria y su familia en Engativá. Alegando que, si bien se atrasó en las cuotas mensuales del crédito de su vivienda, la deuda contraída fue por 65 millones y ya va en 80 a pesar de que ha pagado 115, Salcedo se atrincheró en su casa y no se dejó expulsar luego de una “batalla campal” de 8 horas.
Aún en los momentos en los cuales el Estado ha hecho intentonas para “resolver el problema habitacional”, éstas han resultado fallidas, entre otras por la precariedad de las condiciones de las soluciones propuestas como resultado lógico en un sector donde predomina el agio con el suelo y con el capital, dos rubros que hoy significan casi la mitad del costo y mientras en la Corte Constitucional se estudia la forma cómo “corregir” las aberraciones de esa despiadada expoliación, el gobierno de Uribe se desvela por emitir nuevos decretos que llenan de prerrogativas y exenciones a los inversionistas, a los grandes constructores y al capital financiero. Cada vez el problema es mayor tanto que, por equivalencia, puede pasarse de hablar de los “descamisados” de otrora a los “destechados” de ahora. En efecto, en 2007 el número de viviendas faltantes es un 40% mayor que en 1980, cuando era de un millón, y el porcentaje que cubre a hogares necesitados de menores ingresos pasó del 65% al 76%. ¡Un drama descomunal!
Resulta paradójico que mientras las lonjas de la propiedad raíz hablan de unidades que valen entre 3 y 6 millones de pesos el metro cuadrado y de valorizaciones prediales en el último año de un 15% en las principales ciudades del país (una auténtica burbuja especulativa) otros hechos muestren que aquí sigue siendo cierto que “tener casa no es ninguna riqueza pero no tenerla es mucha pobreza” y, agregaría yo, perderla es una calamidad.
En junio de 2007 había en el país cerca de 200.000 subsidios de vivienda de interés social sin reclamar, solamente en Bogotá se hablaba de 25.000. Entre las razones más esgrimidas para explicar esta circunstancia están la escasez de suelo urbano para adelantar planes con dicho objetivo, las dificultades de los beneficiarios para llevar a cabo el “ahorro programado” en el sistema financiero que sirve de contrapartida al apoyo gubernamental y también el poco interés de los inversionistas al tener relaciones beneficio-costo muy superiores en otras opciones en vivienda suntuaria para estratos socioeconómicos de mayores ingresos. Todas ellas son la consecuencia de que la vivienda en Colombia hace rato dejó de ser un derecho para convertirse en abundante filón de especuladores de toda laya, desde terratenientes urbanos y avezadas firmas constructoras hasta del sistema bancario, a donde, desde la invención del UPAC, fluyen los mayores réditos generados en esta actividad. Réditos que se acrecientan paulatinamente fruto de las enmiendas que se hacen al sistema vigente.
Según la Corporación Minuto de Dios, en Colombia el déficit de vivienda es de 1.400.000 unidades, distribuidas, de acuerdo al nivel de ingresos familiares medido en Salarios Mínimos Mensuales (SMM), así: Nivel Nro. viviendas Porcentaje 0 – 2 SMM 1.064.000 76% 2 – 4 SMM 196.000 14% Más de 4 SMM 140.000 10% Y agrega que: “tradicionalmente, el mayor porcentaje de soluciones de vivienda de interés social va dirigido a familias con ingresos superiores a los 2 SMM, con lo cual el sector más grande y necesitado (más de un millón de familias) no recibe la atención requerida”. Los recursos del gobierno no logran atender la demanda anual de 200.000 unidades y por eso los “urbanizadores piratas” hacen su agosto con las secuelas conocidas que tal accionar conlleva. Adicionalmente, los deudores del sistema UPAC, que no han podido “conciliar” sus obligaciones con la banca desde la crisis de finales del siglo pasado y que son 800.000 hogares, atraviesan una patética situación.
Clara expresión de ello fue lo sucedido hace poco en Bogotá (donde hay uno de cada ocho de estos casos) cuando un juez, con tanquetas y escuadrones ESMAD, emprendió el desalojo de José Modesto Salcedo Sanabria y su familia en Engativá. Alegando que, si bien se atrasó en las cuotas mensuales del crédito de su vivienda, la deuda contraída fue por 65 millones y ya va en 80 a pesar de que ha pagado 115, Salcedo se atrincheró en su casa y no se dejó expulsar luego de una “batalla campal” de 8 horas.
Aún en los momentos en los cuales el Estado ha hecho intentonas para “resolver el problema habitacional”, éstas han resultado fallidas, entre otras por la precariedad de las condiciones de las soluciones propuestas como resultado lógico en un sector donde predomina el agio con el suelo y con el capital, dos rubros que hoy significan casi la mitad del costo y mientras en la Corte Constitucional se estudia la forma cómo “corregir” las aberraciones de esa despiadada expoliación, el gobierno de Uribe se desvela por emitir nuevos decretos que llenan de prerrogativas y exenciones a los inversionistas, a los grandes constructores y al capital financiero. Cada vez el problema es mayor tanto que, por equivalencia, puede pasarse de hablar de los “descamisados” de otrora a los “destechados” de ahora. En efecto, en 2007 el número de viviendas faltantes es un 40% mayor que en 1980, cuando era de un millón, y el porcentaje que cubre a hogares necesitados de menores ingresos pasó del 65% al 76%. ¡Un drama descomunal!
