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Declaración de la Organización Colombiana de Estudiantes. Cali, agosto 25 de 2008

Poco a poco, como algo inevitable, las hojas de parra se le van acabando al gobierno nacional y la crisis institucional, a la que tanto teme, se le convierte en una sombra que lo atormenta y lo sigue para todos lados. Son enormes los esfuerzos que mediante los medios masivos de información hace para mantener desenfocada a las gentes y que le han permitido, de una manera mágica, dificultar notablemente que el pueblo responda al desmonte diario de derechos esenciales y fundamentales.

Pero ya sabemos que nada es eterno en el mundo. El desgaste de la imagen del presidente Álvaro Uribe Vélez y su idea de perpetuar la seguridad democrática en el tiempo sin ser él su representante inmediato, dan cuenta de que la fabricada hecatombe se esta llevando a su principal creador. Las noticias salidas de la casa de Nariño, (http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/julio/21/01212008.html) develan que “el gobierno se encuentra en una coyuntura de preocupaciones… que es normal” pero en la que deberá recortar 1.5 billones de pesos en las vigencias del año 2008. Dentro de los 12 sectores a los que va recortar dinero no podía faltar la Educación Pública, pues es obvio que para este gobierno que sistemática y ferozmente se esfuerza por convertir el sistema educativo colombiano en el más mediocre del Mundo, recortar una cifra que raya los 50 mil millones de pesos no tiene nada de anormal. Ni que decir de los sectores de salud y agropecuario.

Así, toda la política del gobierno va tomando forma, que sumado a las mentirillas reconocidas por sus mas destacados ministros, van tejiendo un gran manto de ilegitimidad en las acciones del Gobierno. Uribe, como fiel populista, empieza a creerse el ser superior único capas de acudir al pueblo obnubilado, cada vez que las instituciones diseñadas para vigilar los límites del Poder comienzan a convertírsele en un obstáculo para sus más oscuros intereses.

Con relación a la Educación, el semestre pasado Álvaro Uribe Vélez intentó modificar artículos que son bastión de desarrollo y democracia en nuestro país y que se resumen muy bien en lo que conocemos como Autonomía Universitaria. Ordeno a su Ministra de Educación trazar como política de cobertura, no la adecuada financiación de las Universidades o la construcción de nuevas universidades dotadas con todo tipo de los requerimientos, sino la creación de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) que deben de tener las siguientes características: Ser diseñados con el fin de remarcar las “ventajas competitivas” de cada región del país y que generen recursos propios para que se puedan mantener en el tiempo.

No es de olvidar que también autorizo a la fuerza pública para que prejuzgara a todos los universitarios como una masa de jóvenes propensos a atentar contra la “democracia profunda” en la que vive el país. Es decir, con un solo discurso volvió a los universitarios sospechosos de todo tipo de desbarajustes. De ahora en adelante, todos seremos vistos como culpables hasta que no logremos demostrar nuestra inocencia. ¡El mundo al revés! Es el caso típico del estudiante Andrés Palomino, quien debido a los hechos ocurridos el 3 de abril, es capturado injustamente para perturbar al Movimiento Estudiantil Universitario. En este caso no bastaron testimonios de estudiantiles y profesores, pruebas fehacientes del Abogado, defensoría del pueblo, rectoría y hasta Alcalde incluido para evitar cometer una de las más grandes injusticias hechas contra la comunidad Univalluna.

Finalmente, es importante para los compañeros que ingresan nuevos, comunicarles que las personas que gobiernan la Universidad se enorgullece de aplicar la política de los CERES como si fuera el último descubrimiento para resolver el problema que en términos de calidad y cobertura sufre la Universidad Publica hoy. Esta administración ignora que tales caricaturas de Universidad, solo sirven para mantener el Status quo. La administración de Iván Ramos colabora tanto tanto con el Gobierno, que actualmente se analizan medidas como el semestre Cero y la posibilidad de hacer carreras en menos de cinco años con “el gancho” de revalidar el titulo cada determinado periodo de tiempo. El señor Rector también se siente muy orgulloso de que la universidad del Valle haya ocupado el segundo puesto en Indicadores de Gestión, desconociendo que esta figura no es más que el termómetro con que Uribe mide la efectividad con la que se están cumpliendo las metas plasmadas en su revolución educativa.

En medio de semejantes condiciones, el movimiento estudiantil Univalluno debe continuar con su labor de denuncia y no mermar esfuerzos para Movilizar a la comunidad Universitaria en pro de sus intereses. Debe por sobretodo defender la Autonomía universitaria y apelar a formas cada vez más amplias de participación para engrosar el torrente de resistencia en el cual estamos obligados a participar. En este sentido, hacemos un llamado a todos los estudiantes a no desaprovechar y utilizar la herramienta de los Consejos Estudiantiles (por institutos, escuelas, facultades etc). Siempre velando porque estas históricas herramientas surjan de procesos democráticos y logren en la practica representar al grueso del Estudianatado.

Procuraduría pide reabrir caso contra general Rito Alejo del Río por apoyo a paramilitares

Rito Alejo del Río

Judicial

El Ministerio Público dice que los testimonios de los desmovilizados ‘H.H’, ‘El Iguano’ y Salvatore Mancuso, quienes sindican al oficial de colaborar con las AUC, no fueron tenidos en cuenta dentro de su proceso.



Fecha: 09/01/2008 -

Una petición trascendental acaba de hacer la Procuraduría General a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría pidió al alto tribunal dejar sin efectos la preclusión de la investigación por parte de la Fiscalía en favor del general Rito Alejo del Río Rojas, ex comandante de la Brigada 17 del Ejército, señalado varias veces de colaborar con los paramilitares en Antioquia en la década de los 90.


Según la Procuraduría, el proceso contra el general “no estuvo fundado en prueba completa”, ya que no se tuvieron en cuenta los testimonios recientes de ex jefes ‘paras’ como Hebert Veloza (alias ‘H.H’), Jorge Iván Laverde Zapata (alias ‘El Iguano’) y Salvatore Mancuso, quienes declararon ante un fiscal de Justicia y Paz los presuntos nexos del oficial del Ejército con paramilitares.

El ente de control recordó que el 9 de marzo del 2004, el entonces Fiscal General Luis Camilo Osorio precluyó la instrucción penal adelantada contra el brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas, sindicado por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión cuando era el responsable de la seguridad de los municipios de Carepa, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan, Arboletes, San Pedro de Urabá, Unguía y Acandí.

Quien llevaba el caso contra este oficial del Ejército en ese momento era el actual vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien por esa época era Fiscal delegado ante la Corte Suprema.

Fueron años en los que esta región del país estuvo golpeada por acciones de grupos ilegales (especialmente autodefensas) que produjeron desplazamiento forzado, secuestros, homicidios en San José de Apartadó, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Pavarandó y otros poblados de la cuenca del río Cacarica.

Al general del Río se le sindicó de omisión, al no combatir las acciones de los grupos armados al margen de la ley, y por acción, al facilitarles los medios para que actuaran libremente.

“El Ministerio Público sustenta igualmente su petición en decisiones de la Corte Constitucional en relación con la acción de revisión y en el entendido de que ‘…la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario es mucho más grave e inaceptable, que los agravios inferidos mediante otras formas de criminalidad, no solamente por la intensidad de la afectación de la dignidad humana que dichos comportamientos implican, sino además porque la comunidad internacional, en virtud del principio de complementariedad, está comprometida en la sanción de esas conductas’”, dijo en un comunicado la Procuraduría.

Tras este concepto, la Corte Suprema decidirá si reabre o no el caso del general Rito Alejo del Río.

REVISTA SEMANA

El nuevo comité ejecutivo de la CUT: TRABAJADORES RESPALDARON OPOSICIÓN A URIBE

Juan Carlos Hurtado Fonseca; periódico Voz, Bogotá, agosto 27 de 2008

Las pasadas elecciones para el comité ejecutivo nacional y las subdirectivas de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, permitieron un notable avance de las corrientes clasistas al interior de las organizaciones de trabajadores. La nueva dirección de la central se propone enfrentar al uribismo y los desmanes de las trasnacionales con movilización.

VOZ habló con Gustavo Triana, vice presidente de la CUT para conocer su visión acerca de los nuevos retos que enfrentarán en el contexto político actual. El dirigente sindical reconoce que la nueva composición del comité ejecutivo supera la exclusión del anterior y que dentro de la crisis del movimiento sindical hay elementos de carácter ideológico.

- La composición del nuevo comité ejecutivo de la CUT volvió a favorecer al Polo y particularmente al sector excluido en el anterior periodo, ¿a qué corresponden estos resultados?

- Los casi 250 mil votantes favorecieron las propuestas de oposición al gobierno de Álvaro Uribe y su política antinacional y autoritaria. Los trabajadores colombianos han sido el blanco principal de las políticas neoliberales y junto a los otros sectores populares han sentido todo el rigor de la negación de derechos y el empobrecimiento generalizado. Este es un Gobierno que ha beneficiado exclusivamente a la oligarquía y a las multinacionales, por eso el voto en las elecciones sindicales fue de los trabajadores más conscientes, con mayor comprensión de la lucha por la soberanía y la democracia y de ahí que favoreciera a los candidatos del Polo.

Las principales dignidades en el comité ejecutivo fueron ganadas por una coalición que propone un mayor énfasis en la denuncia de la dominación imperialista, en la movilización contra tal ingerencia y contra las políticas del Gobierno y los patronos, y que ha estado alertando sobre lo inútil que es el diálogo si no se cuenta con el respaldo de la lucha de los trabajadores. El Acuerdo Tripartito con el Gobierno y los empresarios, firmado por el comité ejecutivo anterior, favoreció el ocultamiento de la violación de libertades sindicales y rebajó la presión internacional sobre el Gobierno de Uribe, creando confusión en las filas obreras.

En las circunstancias que vive el país, está probado que el movimiento sindical no puede guardar expectativa alguna en las convocatorias del inquilino de la Casa de Nariño. El ejemplar paro de camioneros ante el incumplimiento de acuerdos firmados, las movilizaciones de campesinos, procesadores y comerciantes de leche cruda, la huelga de los mineros de Drummond y las decenas de paros de los trabajadores tercerizados, entre otras luchas, son muy dicientes de lo que debe hacerse para ser escuchado por este Gobierno. Por el contrario, con el diálogo y la conciliación el Grupo Ardila Lulle y el Ministerio de la “desprotección” Social despojaron a los obreros de Coltejer de sus más elementales derechos.

- Como es lógico la composición del nuevo ejecutivo ha tenido detractores, ¿Cómo darán garantías a quienes no pertenecen a la coalición mayoritaria?

- Se trata de funcionar como corresponde a las corrientes sindicales democráticas, tomando en consideración los estatutos y la plataforma de lucha de la Central. Desarrollar las conclusiones del V Congreso de la CUT , tomar las decisiones por votación en el comité ejecutivo, dar garantías y representación en todas las instancias a las distintas tendencias y promover un ambiente de fraternidad y funcionamiento democrático. Se trata de respetar y reconocer la voluntad de los electores y no propiciar la exclusión que ocurrió en el periodo anterior.

- ¿A qué se debe la crisis del movimiento sindical y qué grado de responsabilidad le cabe a los dirigentes sindicales?

- Obedece principalmente a la aplicación de políticas neoliberales impuestas por los Estados Unidos y aplicadas dócilmente por los gobiernos de turno, en beneficio de las multinacionales y la oligarquía. La apertura económica, las privatizaciones y la desregulación laboral han conducido al total desconocimiento de los derechos laborales, el abaratamiento de la mano de obra y a la proscripción de los sindicatos, en resumen, a la negación de los derechos de organización, negociación y huelga.

La crisis tiene también un componente ideológico; ha faltado mayor decisión para organizar y promover la resistencia contra la recolonización imperialista, levantar con fuerza la consigna por la defensa de la soberanía económica y los derechos democráticos, alentar y acompañar los pleitos de los sectores populares y de todos los afectados por los mandatos imperialistas; impulsar la lucha política de los trabajadores por el establecimiento de un gobierno de todos los sectores comprometidos con la soberanía, la democracia y el desarrollo económico y social del país.

Hace falta concentrar mayores esfuerzos en la organización y movilización de los millones de trabajadores tercerizados, propiciar un gran movimiento nacional por la recuperación de los derechos laborales y, en medio de esa lucha, avanzar en la unidad y la centralización del movimiento sindical.

- Hay sectores de la ultraderecha que sin medir las consecuencias o porque las han medido, afirman que la central está infiltrada por las FARC. ¿Qué les dice a ellos y que objetivos cree que buscan con esto?

- La CUT es una organización legal, tiene como fundamento principal la lucha de masas y descalifica cualquier práctica relacionada con lucha armada, el secuestro o procederes afines. Intentar relacionar una postura radical frente a la injerencia política, militar y económica de Estados Unidos en Colombia y el rechazo a la “seguridad democrática”, las políticas antinacionales y el autoritarismo del presidente Uribe, con afinidades o simpatías por las guerrillas son afirmaciones infundadas, además de temerarias, y que ponen en la mira represiva de las fuerzas reaccionarias a dirigentes de probada trayectoria democrática. Son afirmaciones irresponsables y macartistas que minan la unidad que requiere el sindicalismo para tratar las cuestiones que afectan gravemente la vida de millones de colombianos que viven de su fuerza de trabajo.


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