Universidad pública desfinanciada

 

Fecha 05 Marzo 2010

 

Por: Raúl Bermúdez Márquez

Los aportes insuficientes que la Nación viene haciendo desde el año de 1993, los cuales han tenido un crecimiento en muchos casos inferior al del IPC, no consideran las nuevas realidades de las universidades públicas, como el incremento de cobertura, el aumento de programas curriculares en pregrado y en posgrado, la renovación tecnológica, la adecuación a estándares de calidad nacional e internacional, y las cargas laborales por el crecimiento del número de los docentes, capacitación y reconocimiento de la producción de los mismos;  lo anterior plantea la inviabilidad de las universidades públicas del país en un futuro cercano.

La educación es un atributo inalienable del hombre, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no sólo eso. El 16 de septiembre de 2009, el presidente Barack Obama, reconocía que “El futuro pertenece a la nación que mejor eduque a sus ciudadanos”. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios de tiempo atrás viene presentando los casos de cinco universidades que están en situación de quiebra por falta de recursos: U. de Pamplona, UPTC de Tunja, U. del Atlántico (sometida a la Ley 550 de quiebras), U. del Valle y U. Tecnológica del Chocó.

Existen casos difíciles en otra decena de universidades. Por ejemplo, la Popular del Cesar, con 14 mil estudiantes, 25 programas de pregrado presenciales en sus tres sedes y un número similar de programas de postgrado, recibe del gobierno central en valor presente la misma asignación presupuestal de 1993 cuando no llegaba a mil estudiantes. Lo anterior ha provocado un encarecimiento desproporcionado de la matrícula estudiantil, el congelamiento y disminución de la planta docente de carrera (de 108 pasó a 90 profesores) y  el crecimiento desaforado de profesores ocasionales y catedráticos (pasan de 600).

La situación general ha llegado a tal extremo que los mismos rectores de las universidades agrupados en el Consejo Nacional de Rectores contrataron un estudio que demostró el desfinanciamiento y déficit acumulado de ellas que sobrepasaba los $158.000 millones. Con estudio en mano, se reunieron en la Casa de Nariño el 10 de diciembre de 2008 con el presidente Uribe quien les prometió que en el presupuesto para la vigencia del año 2010 el rubro de educación superior se incrementaría por encima del IPC para resolver la situación. Pasaron los meses, se presentó el proyecto de ley de presupuesto y Uribe incumplió su compromiso. Los recursos adicionales fueron a parar al Icetex (50 mil millones) y a Colciencias (30 mil millones). En cuanto al primer monto, se beneficia ante todo a la universidad privada, porque son los estudiantes de esos entes los que más uso hacen del Icetex y en relación a la plata de Colciencias, serán las universidades de mayor desarrollo investigativo las que podrán acceder a esos recursos.

La prioridad que asigna cada país a la educación en la repartición de recursos se mide con el indicador del gasto público en educación como participación del Producto Interno Bruto (PIB), así lo indican los expertos. Para Educación Superior en Colombia, sólo se destina el 0.45% del PIB, muy lejos del 1% que se destina en Brasil, o del 1.2% en Chile. Se puede afirmar entonces que la dinámica presupuestal que parte desde 1992 con la Ley 30, ha venido desdibujándose por la expedición de leyes que hacen mella en la inversión de las instituciones de educación superior estatales.

Lo que antes era para la construcción de laboratorios, mejoramiento de la infraestructura, hoy es utilizado para gastos de funcionamiento sin compensación alguna en las partidas presupuestales. En semejantes circunstancias, el futuro de la universidad pública en Colombia depende de la respuesta del Gobierno. De ser positiva, podrá cumplir con su misión, de lo contrario su futuro se proyecta con visos apocalípticos.

PD: Los anteriores, son apartes de la ponencia que preparamos para el Foro de Financiamiento de la Universidad Pública, realizado en Bogotá los días 2 y 3 de marzo pasados, al cual no pudimos asistir por la negativa de la nueva administración a incluirnos en la delegación de la UPC.

raubermar@yahoo.com

Acuerdo militar que le permitirá a E.U. usar 7 bases en Colombia no está cerrado

Noticia extraida del tiempo.com

 

En una decisión poco usual, la Corte Constitucional revisará el pacto. El tribunal admitió una demanda que pide declarar inviable la negociación porque no fue avalada por el Congreso.

El debate ya se daba por concluido y, según Frank O. Mora., subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos,  los estadounidenses comenzarían a utilizar las bases a partir de mayo.

Fuentes de la Corte dicen que el abanico de posibilidades va desde dejar las cosas como están hasta tumbar el acuerdo, pasando por suspender su aplicación hasta tanto se tramite la ley correspondiente.

El Gobierno sostiene que no es un nuevo tratado con E.U. sino una extensión de los acuerdos suscritos por el país desde 1974. Pero el demandante, Luis Alfredo Sánchez Rojas, considera que debió ser el Congreso el que aprobara mediante una ley el acuerdo para el uso de las bases, y que esa ley tenía que haber sido enviada a la Corte Constitucional para control previo de exequibilidad.

La Corte admitió la demanda el pasado 10 de diciembre. La ponencia le correspondió al magistrado Jorge Iván Palacio, quien le pidió al Congreso que envíe la lista de los tratados que se se han aprobado con los Estados Unidos e invitó a los ex presidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana a que den su concepto.

También convocó al Consejo de Estado. Ese tribunal remitió el concepto que le entregó al Gobierno el 13 de octubre y que señalaba que la nueva negociación incluía temas -especialmente la presencia norteamericana en unidades militares colombianas- que iban más allá de lo anteriormente pactado.

En ese orden de ideas, dijo el Consejo de Estado, se trataba de un nuevo tratado, por lo que el paso por el Congreso era ineludible.
También criticó el desbalance entre lo que entrega el país y las obligaciones de los norteamericanos.

El concepto no obligaba y el Ejecutivo decidió ir en sentido contrario. El acuerdo con Washington finalmente se firmó en octubre, en medio de una durísima polémica con varios gobiernos de la región, especialmente con Venezuela.

El magistrado Palacio también pidió opinión de la Corte Suprema de Justicia y Ong.

El pasado 12 de febrero, el ponente le envió el expediente al procurador Alejandro Ordóñez para que emita su concepto. Sin embargo, el Ministerio Público ya había hecho observaciones a los términos del acuerdo antes de su firma.

La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Margarita Carreño, dijo que la inmunidad del personal militar de E.U. en Colombia debía ser revisada.

REDACCIÓN JUSTICIA

POR EL CAMINO DE LA RESISTENCIA

POR EL CAMINO DE LA RESISTENCIA

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Cali marzo 2 de 2010.

El mal tino y la improvisación del actual gobierno le están saliendo caros. A pesar del evidente esfuerzo de los medios de información para presentar políticas centrales del régimen como hechos secundarios y sin la mayor transcendencia, el  incremento de medidas antipopulares y antidemocráticas está afectando de una manera directa  y casi inmediata a la población.

Álvaro Uribe Vélez, como el gran culebrero, insiste en presentar las medidas tomadas como necesarias y buenas para el bienestar de la gente. En su última astucia trató de convencer a la comunidad médica y al país entero que los últimos decretos amparados en la emergencia social no decían lo que en ellos se podía leer sino otra cosa totalmente contraria. Incluso se atrevió a decir en un medio de comunicación que los médicos, periodistas y colombianos no sabíamos leer. 

Pero sus intentos diarios por defender su ridícula intensión, ante cuanto micrófono alcanzaba, tocaron fondo cuando el fantasma de la corrupción rondó los contratos de asesoría que sirvieron de base para la expedición de los decretos para atender la “crisis de la salud”. Así  quedaba en evidencia una verdad de a puño: las organizaciones médicas y sus gremios no habían sido consultadas para esta reforma a la salud. Por el contrario, se sentían excluidas y miraban con malos ojos la participación de personas pagadas con sumas de escándalo, quienes además representaban los intereses de las EPS privadas.

La reacción a esta burla, junto al apoyo de las centrales obreras y  las organizaciones políticas de izquierda, fue plantear las denuncias correspondientes y organizar una gran movilización nacional contra la estratagema. Rápidamente fue programada una marcha para el 6 de febrero, la cual alentó el debate y sirvió para medir el ánimo de la gente. Posteriormente fue programada otra jornada nacional de protesta para el 18 de febrero, mucho mas organizada, con trabajo previo y una fuerte convocatoria.

Esta movilización del 18 fue todo un éxito. Sus propósitos fueron exigirle al gobierno la derogatoria de los decretos que profundizaban la intromisión del capital privado y especulativo en la salud de los colombianos.

Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad del Valle participamos de la organización y de las tareas de esta gran protesta. Varios grupos estudiantiles nos la  jugamos a fondo y la Univalle logró alzar su voz de protesta junto a las miles de personas que marcharon en Cali desde el parque de las banderas, sumándonos así al gran caudal de resistencia civil que recorrió el país.

Hacemos un llamado a seguir participando en las movilizaciones venideras resaltando la utilización de métodos amplios y democráticos que ayuden a la unidad estudiantil. El papel que puede jugar el estudiantado, y la dinámica que le imprime este sector a las luchas del pueblo por la reivindicación de derechos que están siendo arrasados por el régimen, puede ser esencial en la nueva situación política del país.

ocecali@hotmail.com                                                                                       www.ocecali.blogspot.com

ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES OCE

REGIONAL VALLE