LECCIONES QUE SE DEBEN APRENDER


Armando Portela Quintero - Coordinador CEDETRABAJO (Cesar)

Cuando se escuchan términos como lección y aprendizaje, inmediatamente tomamos como referente la práctica, el quehacer cotidiano de los maestros y maestras, su labor abnegada en el desarrollo de la docencia que es la aplicación de su saber específico, la pedagogía. De esto sabe y conoce mucho el magisterio colombiano. Sin embargo, bueno es recordar viejas lecciones y permanecer con la mente abierta para nuevos aprendizajes; pues, Las viejas lecciones tienden a disiparse en el intrincado laberinto de la complacencia y a borrarse en la oscura sombra de los tiempos.

Esta reflexión viene al caso al recordar que tras una larga y sostenida lucha, durante dos azarosas décadas, de los 70 y los 80 del siglo XX, el magisterio colombiano organizado en la Federación Colombiana de Educadores –FECODE-- obtuvo un resonante triunfo. Fue una época de épicas batallas por sacar del ostracismo a la profesión docente, porque se le reconociera su estatus laboral especial y por lo tanto y correlativamente un régimen prestacional y de salud especiales, todo ello garantizado por el cerrojo de la estabilidad laboral.

Al magisterio colombiano, también es bueno  recordarlo, nada le ha sido dado: todos los derechos que reivindicó y las garantías laborales y prestacionales con que se ha venido beneficiando, como consecuencia de la más elemental justicia, fueron conquistados en un constante, firme y decidido batallar en contra de las más retardatarias corrientes políticas y sociales empotradas en la cúpula del Estado. Esta conquista de derechos, es, pues, una de esas importantes lecciones que no se deben olvidar.

Con el correr de los años, obligado por su cada vez más recurrente y profunda crisis, el sistema capitalista imperial ha puesto en marcha la hasta hoy más salvaje y perversa andanada de pillaje y saqueo contra los pueblos y naciones débiles del mundo: se trata de la política neoliberal, también conocida como globalización, que ve como rentables negocios y busca jugosas ganancias hasta en servicios que son derechos fundamentales de la sociedad, tales como la salud y la educación. Sobra decir que con el señuelo de la modernización neoliberal, el sistema nacional de salud pública ha sido arrasado completamente toda vez que los sucesivos gobiernos lo han venido entregando al control voraz de un minúsculo grupo intermediario, las EPS, en detrimento de la salud del pueblo cuya atención es cada vez más precaria y deficiente.

La misma suerte de la salud le espera a la educación. Ya el neoliberalismo decidió que allí hay un rico filón de ganancias y ha empezado su devastadora labor de saqueo, con el auspicio de gobiernos antipopulares y sumisos al imperio como el actual,  de Juan Manuel Santos, que aplica al pie de la letra los postulados de la “Revolución educativa” de Uribe Vélez y pretende entregar la educación pública al sector privado por la vía de contratación o el pago de subsidio a entidades particulares, así como a través de los llamados megacolegios, construidos y dotados con dinero del Estado y luego son entregados en concesión a entes privados, todo en detrimento de la  calidad de la educación y de los derechos laborales, de salud y estabilidad de los maestros y maestras colombianas. 

En respuesta a tan fatídica pretensión gubernamental, la Federación Colombiana de Educadores FECODE presentará el próximo 7 de Abril, un pliego de peticiones al gobierno donde se recogen las más sentidas aspiraciones de los docentes de Colombia. Es la oportunidad para que en el departamento del Cesar los maestros y maestras, antiguos y nuevos, acompañemos solidariamente a nuestro sindicato ADUCESAR y a FECODE a nivel nacional, haciendo un despliegue inusitado de iniciativa y entusiasmo explicando a los padres de familia y a los estudiantes cuál es el peligro que se cierne sobre la educación y la soberanía de Colombia con la privatización de la educación.

Hoy es necesario tener en cuenta dos lecciones nuevas, frescas: la lucha de los trabajadores del Cerrejón, aglutinados en su sindicato, Sintracarbón, y a los camioneros, agrupados en la Asociación Colombiana de Camioneros –ACC-. Estos dos importantes sectores de trabajadores y productores nacionales nos han señalado con su accionar cómo es que debemos defender nuestro Pliego de Peticiones. Como ellos es necesario que la organización sindical se dé a la acuciosa tarea de difundir dicho Pliego en la comunidad educativa y demás estamentos sociales,  pedagogía a fondo, educar y concientizar tanto al magisterio como a los usuarios del servicio público educativo  de la justeza de cada una de las peticiones y de los beneficios que  tiene una educación pública de calidad, de carácter científico, con cobertura universal y totalmente financiada por el Estado. 

Las lecciones de los trabajadores mineros del carbón y de los camioneros son claras: 1) se requiere de la más férrea unidad gremial para conjugar la fuerza de la razón con la razón de la fuerza para desarrollar, con posibilidad de éxito, una batalla de largo aliento con tesón y sin desmayo; 2) Es necesario asumir la defensa del Pliego con decisión inquebrantable para no retroceder ante los escollos de la adulación, la intimidación, la calumnia, la amenaza y la represión, seguros de que la conquista y defensa de nuestros derechos no serán concedidos gratuitamente sino que dependen totalmente de nuestra unidad y capacidad de lucha.

La suerte está echada. El Pliego de Peticiones, que contiene reivindicaciones importantes como el respeto al régimen especial de salud, un Estatuto Único para la Profesión Docente, entre otros, será el muro de contención a la feroz arremetida del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos contra el magisterio y la educación pública. 

¡Defendamos firme y decididamente nuestro justo Pliego de Peticiones!

¿POR QUÉ PRETENDEN DESMONTAR LOS SUBSIDIOS?



 12 de febrero de 2011

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.

La corriente económica predominante se caracteriza por favorecer exclusivamente al capital financiero en detrimento de la calidad, la estabilidad, la equidad y las finanzas públicas. Esa constante se trasladó a los servicios públicos, sector en el cual las ganancias se han multiplicado en beneficio de los monopolios, beneficiarios de jugosas exenciones en aras de atraer al capital foráneo. Los Planes Departamentales de Agua, la “optimización”, construcción y adecuación de acueductos y alcantarillados, pertenecen a esta dinámica, la cual convierte en vulgares mercancías los más esenciales derechos de la población.

Los habitantes de Valledupar soportan una gravosa carga tributaria. Las tarifas mensuales de los servicios públicos domiciliarios, privatizados en su gran mayoría, sumadas a los impuestos directos e indirectos, se han convertido para el 80% de los vallenatos en una extorsión irrenunciable.

Haciéndole eco a aquella frase que señala que “no hay nada tan malo que no pueda empeorar”, la Administración Municipal pretendía reducir sustancialmente los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de acueducto y alcantarillado. Bajo la fementida preocupación del gerente de EMDUPAR, Eduardo Becerra, por la supuesta posibilidad de que los subsidios desaparezcan, se oculta el malintencionado objetivo de reducir paulatinamente los subsidios con miras a cumplir las obligaciones financieras generadas a raíz del empréstito de más de 36 mil millones de pesos que hizo la actual Administración Municipal, comprometiendo para ello vigencias futuras del Sistema General de Participaciones.

El acuerdo No. 013 de 2008 estableció los porcentajes de los subsidios en 60%, 28% y 5% para los estratos 1, 2 y 3, respectivamente. El proyecto de Acuerdo que se debatía actualmente buscaba modificar lo anterior y disminuir los subsidios a 38%, 12% y 3,86% para los estratos 1, 2 y 3. Lo anterior quiere decir que el estrato 1 pudo perder más del 27% de su subsidio; el estrato 2, el 58%; y el estrato 3 más del 24%.

El contrato de crédito de más de 36 mil millones, el que originó el desmonte de los subsidios, se encuentra suscrito entre el municipio de Valledupar y el Fideicomiso Grupo Financiero de Infraestructura (GFI), el cual financia a 60 municipios en Colombia para los mismos fines. Y los financia bajo lo preceptuado en el Conpes 3385 de 2005: juntar varios municipios con un solo operador “para la conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado”. El fin último de este empréstito es generarle grandiosos dividendos al capital financiero, tan necesitado de ellos en la actual época de recesión. El Grupo Financiero de Infraestructura, en un arrebato de sinceridad, explica cómo funciona su gran negocio: “Este modelo consiste en otorgar créditos a largo plazo a las entidades territoriales, con el objeto que éstas puedan desarrollar sus necesidades de infraestructura básica. A su vez, los créditos son fondeados con instrumentos financieros colocados en el mercado de capitales. El servicio de la deuda contraída por las diferentes entidades territoriales será cubierto con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones del sector de agua y saneamiento básico. De esta manera se da respaldo y cubrimiento al pago de los instrumentos financieros. Este mecanismo no solo ofrece acceso a la financiación de proyectos de infraestructura, sino que también fortalece el mercado de capitales colombiano.”[i]

Quiere decir lo anterior que los recursos públicos serán utilizados para especular en los mercados internacionales. La mecánica del negocio es emitir bonos ordinarios y, por los recursos generados gracias a dicha emisión, otorgar préstamos a las entidades territoriales. Además de esto se hacen beneficiarios de los Patrimonios Autónomos de las entidades territoriales y con las ganancias atienden las obligaciones financieras de las mencionadas transacciones. En este siniestro engranaje podemos deducir fácilmente quiénes serán los damnificados. Una pista, no será GFI.

El rechazo de los valduparenses a la propuesta de desmontar los subsidios obligó a modificar el proyecto y a que éstos se mantengan intactos. Puede que en esta ocasión lo hayamos impedido, pero la esencia del negocio, cual es el entronque con el capital financiero internacional, permanece latente. Los serviles gobernantes buscarán cualquier tipo de medida para congraciarse, pero sobre todo para garantizar a los inversionistas foráneos la tasa de retorno convenida. En ese momento los más perjudicados serán los usuarios. Nuestra tarea es impedirlo.





[i] http://www.gfi.com.co/hacemos.html

UPC: reaccionar o perecer

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Fecha 11 febrero 2011

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Por: Raúl Bermúdez Márquez

Lo leía y lo releía y no podía dar crédito a lo que veía. Era un proyecto de Acuerdo del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar que se sometería a consideración del máximo organismo de dirección, en la reunión del 9 de febrero pasado.

El proyecto remitido el 2 de febrero a la secretaría general por el representante de los egresados, Emiliano Piedrahita, tenía como propósito adicionar otro parágrafo al artículo décimo del Acuerdo 038 de 2004, reglamentario del proceso de designación del rector. Textualmente decía lo siguiente: “Si la elección o designación del rector fuere demandada ante las Autoridades Competentes, y se le ordenara al Consejo Superior una nueva elección o designación, este se reunirá cinco días después de la notificación hecha por la Autoridad y designará de la lista de elegibles del periodo por el cual fueron inscritos como candidatos incluyendo a la persona que fue elegida, pero separada de su cargo por la Autoridad Electoral si no está inmersa en lo establecido en los numerales 4 y 5 del Artículo segundo de este Acuerdo, un nuevo rector para la Institución”.

Para que el lector se ubique, cursa en el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral que ya se encuentra en sus actuaciones finales, en contra de la designación de Raúl Maya Pabón, como rector. Está claro, entonces, que el proyecto de Acuerdo además de tener nombre propio, equivaldría, en caso de prosperar la demanda, al desconocimiento de una decisión del máximo organismo contencioso administrativo del país, el Consejo de Estado.

Y se configuraría un exabrupto jurídico, porque las decisiones de los jueces son para acatarlas, no para desconocerlas o hacerles esguinces. Pero preocupa, además, que un despropósito ilegal como el que encierra esa iniciativa, la oficina jurídica de la UPC lo hubiese declarado “pertinente y ajustado a los preceptos constitucionales”, según concepto del 7 de febrero. Entuertos jurídicos como el reseñado, son los que han contribuido a que la UPC acuse una confusión normativa que impide tener claridad conceptual sobre lo vigente.

En nombre de la autonomía se niega la autonomía de los estamentos básicos para definir su presente y su futuro, en contravía de la Sentencia C-220/97 de la Corte Constitucional que establece que ella “reside en sus estamentos básicos y es ineludible tenerlos en cuenta en la definición y prioridades de las políticas institucionales”.

Como se ha precisado en ocasiones anteriores, el Estatuto General de la UPC es una colcha de retazos, un rompecabezas o conjunto de piezas dispersas que por más que se haga un esfuerzo para darles sucesión de continuidad ya no es posible armar con ellas una figura coherente. Y si esas son las condiciones de la norma de normas en la UPC, algo similar ocurre con el resto de la normatividad (reglamentos estudiantil, profesoral y administrativo). Esa inseguridad e inconsistencia jurídica ha credo una vena rota en el presupuesto. El año pasado la institución pagó más de 1000 millones de pesos por sentencias judiciales. Para el 2011 se estima que la cifra supere los 2000 millones. En carta del 3 de diciembre de 2010 dirigida al Procurador General el rector solicitaba el ejercicio de una vigilancia especial de los procesos en contra de la UPC.

Sin embargo, en menos de un año ha declarado insubsistente, por medio de resoluciones no motivadas a un sinnúmero de funcionarios que han demandado por la misma causal y con la misma exigencia de indemnización.  En el horizonte de mediano plazo, la Ley 550 o Ley de Quiebras podría ser esgrimida como una posibilidad para la UPC por los ministerios del ramo, -el modelo Uniatlántico-, si el Consejo Superior o sus estamentos no provocan ya un procedimiento de emergencia que convoque a todos los universitarios a poner un dique de contención a los factores que atentan contra la supervivencia académica y financiera de la institución. Los estudiantes, profesores y la comunidad upecista en general, no pueden seguir de espaldas a esa realidad inocultable.  Una reacción organizada y académica que reivindique el derecho de los sectores básicos a ser gestores y actores de su propio destino, no admite mas esperas.

raubermar@yahoo.com


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