Por: LaSillaVacia.com Gustavo Gómez Martínez, 8 de Abril, 2011 10:14 pm |      |
Vea aquí el texto de la reforma a la Ley 30 propuesta por Santos.El miércoles, el director del DAS, Felipe Muñoz, dijo que las marchas que promovieron los estudiantes universitarios en varias ciudades del país estaban infiltradas por grupos terroristas. Los datos de inteligencia indicaban que las células urbanas de las Farc y el Eln intentarían tomarse la jornada de protesta que estudiantes, profesores y directivos convocaron para expresar su rechazo a la reforma a la Ley de Educación. La Silla Vacía acompañó a líderes estudiantiles de las universidades Nacional, Pedagógica, Distrital, Externado y Libre. Todos ellos dan la cara. Si bien hay personas que se tapan la cara para protestar y recurren a hechos violentos, los líderes estudiantiles no se encapuchan y prefieren reivindicar sus derechos en manifestaciones que se alejan de los tropeles y las pedreas. Estos líderes que dan la cara, organizan las marchas y caminan con sus compañeros, son quienes al final tienen la vocería de los estudiantes. Y los que piden un asiento en la discusión de la reforma de la Ley 30, o Ley de Educación. Estuvimos con los líderes de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) y de la Federación Universitaria de Estudiantes (FEU). La primera agremia a estudiantes de universidades privadas y públicas porque, como lo dice Juan Sebastián López, aspirante a graduarse de abogado y representante estudiantil de la Universidad Externado, este tipo de reformas -como la de la Ley 30- afecta por igual a todas las universidades del país. Los otros miembros de la OCE con los que hablamos son Óscar Ruiz, estudiante de Ciencias Sociales de la Pedagógica, Maria Paula Marín, ingeniera Industrial de la Distrital, y Estefanni Barreto Sarmiento, presidente del Consejo Estudiantil y estudiante de Derecho de la Libre. Ellos coincidieron en que si bien se han registrado hechos violentos durante las manifestaciones estudiantiles, los medios de comunicación terminan presentándolos como los hechos protagónicos. Con eso, explican, terminan siendo distractores que buscan evitar las discusiones sobre las propuestas de los estudiantes. También hacen que se evada el reconocimiento a un movimiento que se está formando. “Son hechos aislados, lo que nos interesa es discutir la propuesta de reforma a la Ley, la cual no reconoce que hay una crisis financiera en la educación pública y por lo tanto no la soluciona”, dijo Óscar Ruiz. Los estudiantes de la FEU coinciden con estos argumentos aunque admiten las otras realidades. Edder Carrión, líder de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, dice que los hechos violentos son legítimos, si bien él no los comparte. David Flórez, ex representante estudiantil al Consejo Superior Universitario y estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, dice que las universidades públicas son -y deben ser- el reflejo de la realidad del país y esa realidad está marcada por el conflicto armado. De allí, explica el estudiante, la presencia de grupos armados en algunos claustros. Pero eso sí, advierte que el hecho de que esos grupos armados estén no quiere decir que manejen la discusión y, por el contrario, asegura que lo importante no es discutir estos hechos, sino las propuestas concretas que los estudiantes tienen sobre cómo debería ser la educación en Colombia. Estas son las caras de los líderes estudiantiles: Fotos: Felipe Rincón, Sara Rojas. Edición de video: Sara Rojas Contenido Relacionado: | |
5 de abril de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.
El 26 de diciembre del año pasado, el gobierno boliviano, a través del Decreto Supremo No 748[1], aumentó los precios de ciertos combustibles entre un 57% (gasolina Premium) y un 82% (diesel). Los argumentos de dicho aumentó eran básicamente: el aumento del contrabando; la distorsión de “los propósitos que impulsaron la política de subsidio de los carburantes en el mercado interno”[2]; y el alto costo estatal por dichas subvenciones, las cuales ascienden a $380 millones de dólares anuales.[3]
El descontento popular, que no pudo ser contenida con propuestas como el aumento de los salarios públicos en un 20%, además del congelamiento de las facturas de servicios públicos, llevó a que el gobierno de Evo Morales reversara esta medida antes de la medianoche del 31 de diciembre de 2010. [4] [5]
Ahora bien, existe un verdadero y constante “gasolinazo” en Colombia. Un “gasolinazo” del cual muy poco se discute. En nuestro país está en marcha una política de estímulo a las trasnacionales del sector y de aumento exacerbado del precio de los combustibles, lo cual golpea fuertemente las endebles economías de los hogares colombianos, la gran mayoría con ingresos por debajo del salario mínimo, $535.600 pesos. Como muestra de lo primero, el Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, informó que, a la fecha, el gobierno de Juan Manuel Santos ha firmado más de 60 contratos de exploración, y que la meta del actual presidente es llegar a los 205 contratos con diferentes compañías multinacionales[6], obviando por cierto a ECOPETROL, empresa estatal que tiene serias intenciones de privatizar del todo.
Con respecto al aumento del valor de los combustibles, la Asociación Colombiana de Ingeniería de Petróleos, ACIPET, calcula que entre el año 2002 y el año 2011 se ha dado un escandaloso incremento en los precios de combustible de 360%. En diciembre de 2010 el precio de la gasolina aumentó entre $157 y $263, y $211 el ACPM[7]; en marzo de 2011 aumentó $210[8]; y en abril de este año el incremento es de $155. El Ministerio de Minas y Energía argumenta que los aumentos se deben a “que los precios internacionales del petróleo siguen en un nivel alto y con tendencia al alza”, y que “el incremento en los precios de la gasolina y el ACPM se hace necesario con el fin de ayudar a reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, FEPC, que al 28 de febrero superó los $393.000 millones de pesos”.[9]
El gobierno de Santos ha sido muy claro en señalar que en el Presupuesto General de la Nación no hay ni habrá espacio para los subsidios a los combustibles, y que la gasolina deberá remunerarse a paridad importación[10], tal como lo definió la resolución 82438 de diciembre 23 de 1998[11], lo que quiere decir que los colombianos tendrán que pagar la gasolina como si fuesen importadas en su totalidad las necesidades internas de hidrocarburos, lo que constituye un brutal ataque a sus bolsillos, y una grave falsedad con propósitos maquiavélicos.
Es inaudito que mientras la producción neta de petróleo y gas de ECOPETROL aumentó en 2010 un 15,0% frente al 2009[12] los precios en Colombia continúan al alza. Además de esto, ECOPETROL produjo en el 2010 más 615 mil barriles de petróleo al día, un incremento de 18,3% contrastándolo con el año 2009, año en el cual produjo 520 mil barriles equivalentes de petróleo diarios (KBPED).[13] Parte de este problema encuentra su fundamento en la alta carga impositiva sobre el precio final del combustible. De hecho, si tomamos el IVA, el impuesto global y la sobretasa que se aplica a la gasolina, encontramos que representa el 28, 09% del precio final de la gasolina corriente (tomando como base el precio de Bogotá).
A lo anterior debemos sumarle que el Gobierno Nacional decidió atar el precio del combustible que pagan los colombianos a los precios internacionales. Recordemos que el precio del barril llegó a US $147.50 en julio de 2008, luego cayó abruptamente para luego ascender, y hoy cotizarse en US $ 108,47 el barril. Misteriosamente los colombianos no nos hemos beneficiado del descenso del precio del barril a nivel internacional, como se supondría ha debido pasar, y todo porque el Gobierno, tan acostumbrado a ello, cambió las reglas a mitad del juego y decidió arbitrariamente congelar los precios, lo que nos ha llevado a pagar una de las gasolinas más caras del mundo.
Para el grueso de la población colombiana es insoportable esta gravosa carga, la cual, inmisericordemente, el gobierno de Juan Manuel Santos sigue recargando. Es imprescindible iniciar un debate que sirva para ilustrar a todos nuestros compatriotas sobre las causas, consecuencias y soluciones a tamaño ultraje. Llegado ese momento millones de colombianos coronaremos con creces el sendero trazado por nuestros compatriotas bolivianos frente a este verdadero “gasolinazo”, y a través de multitudinarias movilizaciones coronaremos un proyecto de Estado verdaderamente democrático.
[1] http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/138884
[3] http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/01/110103_bolivia_gasolinazo_costo_politico_fp.shtml
[4]http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101231_bolivia_anulacion_decreto_aumento_gasolina_ra.shtml
[5] http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011010103
[6] http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/firmados-mas-de-60-contratos-para-busqueda-de-hidrocarburos
[7] http://www.elespectador.com/articulo-237926-precio-del-galon-de-gasolina-sube-entre-157-y-263-pesos
[8] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9000747
[10] http://www.elespectador.com/economia/articulo-242509-combustibles-seguiran-al-alza-primer-trimestre-de-2011?page=1
[11] http://201.221.149.187/files/sii_14874_des_item.pdf
22 de Marzo de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
El debate sobre la ratificación, por parte del Congreso norteamericano, del TLC Colombia-E.E.U.U parece no tener fin. Luego de apresuradas negociaciones en las cuales el equipo colombiano entregó todo a cambio de nada (incluidas las denominadas “franjas rojas”) terminó la ronda de negociaciones en febrero 27 de 2006. El funesto resultado era algo anunciado por la Presidencia de la República: “Fue Colombia la mayor interesada en que comenzáramos las negociaciones para alcanzar un TLC con los Estados Unidos”[1]. A cualquier precio, faltó añadir.
Gracias a la resistencia y movilización de los pueblos colombiano y norteamericano, la tanda de negociaciones se prolongó más de lo normal y, lo más importante, se ha impedido que entre en vigor. El 6 de marzo de 2005 los indígenas del Cauca realizaron una consulta frente al TLC, la cual arrojó un rechazo unánime al Tratado. Análogos resultados se desprendieron de las consultas realizadas por estudiantes y por productores de clima frío. El gobierno de Álvaro Uribe ignoró olímpicamente estas genuinas expresiones democráticas y populares.
En maratónicas sesiones, la mayoría uribista del Congreso de la República de Colombia aprobó el TLC firmado entre los dos gobiernos, y la Corte Constitucional hizo lo propio, con salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería. En sentido contrario, en abril del 2008 la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por 294 votos contra 195, envió el TLC al “congelador”. Que nadie se llame a engaños, los demócratas, con Nancy Pelosi a la cabeza, salvaron al TLC, el cual, de haberse sometido a votación, se hubiese hundido debido a las contradicciones formales con George W. Bush.
EL gobierno de Obama ha hecho un sinnúmero de veces referencia a la necesidad de aprobar el TLC con Colombia, pero ha dejado muy en claro que su gobierno tiene otras prioridades, entre ellas el TLC con Corea del Sur y con Panamá. Afortunadamente meros “cantos de sirena” han resultado ser las declaraciones de legisladores, líderes políticos y miembros del gabinete de Barack Obama sobre brindarle “un nuevo aire” a este nefasto tratado.
En reciente visita a Colombia, el excandidato presidencial republicano John McCain afirmó que “sería una bofetada al Gobierno y los colombianos si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio”[2]. Lógicamente su interés se reduce a utilizar el TLC como mecanismo para contrarrestar, así sea sutil y momentáneamente, los efectos de la más grave crisis originada en el país, cuyo costo se ha cargado sobre los hombros de los menos favorecidos, y que se ha extendido por todo el globo llevando a la tumba a las economías más dependientes de la dinámica comercial y monetaria de Estados Unidos. Esta percepción es propia de la dogmática ideología neoliberal, quien ve en el libre y anárquico desarrollo de las fuerzas del mercado el súmmum de la política económica moderna, ignorando la realidad.
Las revelaciones de los cables diplomáticos expuestos por Wikileaks confirman lo que todo el mundo sabía: Estados Unidos utiliza su diplomacia y sus embajadas como frentes y comandos de batalla, prestos a cualquier acción para llevar a feliz término sus intereses. En las recientes revelaciones realizadas por El Espectador[3] con respecto a Colombia se muestra de manera clara el servilismo de nuestra dirigencia y la intromisión del gobierno estadounidense hasta en los menores asuntos internos. Las relaciones de dominación, de dependencia, de sometimiento, de explotación, son la verdadera bofetada a nuestro país.
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