Impedir que en la venta de Ecopetrol se defraude a la Nación.

Impedir que en la venta de Ecopetrol se defraude a la Nación.

"... las acciones de la empresa estatal se van a vender por debajo de su valor real y del que pueden alcanzar sin necesidad de privatizarla, hecho que significa que está en ciernes una operación financiera que defraudará el interés nacional."

Carta de los senadores Jorge Robledo del Polo Democrático Alternativo y Hugo Serrano del Partido Liberal, al Contralor General de la República.

Jorge Enrique Robledo
Viernes 17 de agosto de 2007

Doctor

JULIO CÉSAR TURBAY QUINTERO

Contralor General del República

EDGARDO JOSÉ MAYA V.

Procurador General de la Nación

Bogotá

En reunión realizada el 14 de agosto de 2007 en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, para promover la venta de acciones de Ecopetrol, los funcionarios de la petrolera explicaron que quien adquiera acciones de la empresa conseguirá utilidades del 42,39 por ciento en los primeros doce meses. La misma ganancia fue anunciada, luego de estudios de su parte, por la empresa Correval, de acuerdo con lo publicado en La República el 13 de agosto de 2006.

¿Negocios lícitos con utilidades de 42,39 por ciento en un año? ¿Cómo se da la certeza, y de antemano, de ganancias de ese calibre, sin que estén garantizadas nuevas y grandes utilidades de Ecopetrol? De una sola manera: porque las acciones de la empresa estatal se van a vender por debajo de su valor real y del que pueden alcanzar sin necesidad de privatizarla, hecho que significa que está en ciernes una operación financiera que defraudará el interés nacional.

Además, la venta a menos precio de las acciones de Ecopetrol fue oportunamente advertida por nosotros en el Congreso, al igual que en la prensa por reconocidos analistas. Según Eduardo Sarmiento Palacio, “como ha ocurrido en todas las privatizaciones en Colombia y en América Latina, adquirirán la empresa por debajo de su valor real” (El Espectador, 13 de agosto de 2006). Y Mauricio Cabrera Galvis explicó: “Es lógico que los compradores privados van a exigir un precio muy bajo por las acciones de Ecopetrol. Inclusive inferior al que pagaron por ISA, el cual fue muy criticado en su momento” (Portafolio, 8 de agosto de 2006).

Este asalto al interés nacional, de otra parte, pretende justificarse mediante la engañifa de que Ecopetrol se privatizará en beneficio de “los colombianos”, como si hoy el ciento por ciento de la empresa, por ser de la Nación, no le perteneciera a todos y cada uno de los 43 millones de colombianos.

Es evidente, por otra parte, que la publicidad que busca crear la impresión de que las acciones de Ecopetrol serán adquiridas por compradores de clase media –no de origen popular, como también sugieren– pretende dos propósitos turbios: convertir a esos pequeños accionistas en defensores de una decisión que lesiona el interés público y utilizarlos para ocultar a los compradores de tipo monopolístico.

Por tanto, cordialmente, les solicitamos que de manera inmediata ordenen suspender la venta de las acciones de Ecopetrol, de manera que se impida una operación que le generará un evidente y grave detrimento al patrimonio nacional.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo Hugo Serrano Gómez

Senador Senador

LOS ABUSOS DE GLENCORE TIENEN QUE ACABAR AFIRMA EL SENADOR JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, agosto 18 de 2007

Hoy, después de varios días de protesta pacífica, más de 120 trabajadores, subcontratistas de la multinacional carbonífera Glencore, junto con sus familias fueron violentamente desalojados de la mina Hierbabuena, en la Jagua de Ibirico, Cesar. Por todos los medios, los trabajadores intentaron dialogar con la multinacional para que sus reclamos fueran atendidos, pero la empresa, dando otra muestra de la despótica forma de cómo trata a los trabajadores de las minas y a los pobladores del corredor minero, se negó.

El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, repudió que la trasnacional minera constantemente viole los derechos de los trabajadores y de los habitantes de la Jagua de Ibirico. Robledo recordó como en febrero pasado, los habitantes del municipio cesarense hicieron un paro cívico en protesta contra las actuaciones de la Glencore.

Por último, y después extender su solidaridad con los trabajadores despedidos y desalojados, Robledo señaló: “Nuevamente se comprueba la complicidad del gobierno con los desafueros de la trasnacional suiza Glencore. –Y concluyó– Los colombianos debemos elevar nuestras voces para que cese esta cadena de abusos.”

UNA CONTRADICCIÓN OFICIAL: EL GOBIERNO DE URIBE Y EL DELITO POLÍTICO

Carlos Gaviria Díaz, El Tiempo, Bogotá, Agosto 17 de 2007

El mensaje es que defender al Gobierno por medios atroces merece beneficios.

El tratamiento más benigno del delito político, en contraste con el delito común, es corolario de la filosofía liberal que reconoce el derecho a disentir pero reprocha el uso de las armas como un medio ilegítimo para ejercerlo.

Esa tradición occidental, que tiene en la revolución francesa un hito inocultable, contradijo la mentalidad prevalente hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave hecho pensable. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.

Esa impecable línea doctrinaria fue recogida por el constitucionalismo colombiano y respetada aun por las constituciones de cuño conservador, como la de 1886, que al reimplantar la pena de muerte, abolida en la de 1863, excluyó de ese castigo a los responsables de delitos políticos. Con el proceso de sacralización de la democracia que vienen predicando e imponiendo Europa y Estados Unidos, la supresión de esa categoría de delitos se ha convertido en doctrina que recogen sin crítica ni pudor quienes desde este mundo (¿el tercero?) al que pertenece nuestro país, proclaman que vivimos en una democracia cabal y que pretender cambiar (por la vía armada) este estado de cosas equivale a desconocer el contrato social (¡) que hemos suscrito (¡ah!, la utilidad pragmática de las ficciones), y que esa transgresión merece el más drástico reproche por parte de la ley penal.

No deja de sorprender que el reclamo de un mayor castigo para los delitos políticos recupere -desde luego, sin confesarlo- la tesis autoritaria y regresiva derivada de la 'naturaleza divina del gobernante' y el derecho divino de los reyes. Este nuevo modo de pensar, que desde luego no es invención de Uribe, viene abriéndose paso en la práctica 'legislativa' y en la jurisprudencia de nuestro país, amparada por formas de pensamiento que germinaron en 'otro mundo' (¿el primero?) y se trasplantaron aquí sin reserva. Dos jalones, entre muchos, ilustran lo dicho: el decreto extraordinario 1923 de 1978, tristemente recordado como Estatuto de Seguridad, y la sentencia C456 de 1997 de la Corte Constitucional, de la que disentí en la compañía grata y honrosa de Alejandro Martínez Caballero. En el primero, la pena para el delito de rebelión, que era de 6 meses a 4 años de prisión, se cambió en presidio de 4 a 14 años, igualándola a la que existía para el delito de homicidio. Y en la segunda se abolió la conexidad del delito político con el homicidio y las lesiones producidas en combate, que en adelante se penalizarían como delitos autónomos (el terrorismo y los delitos atroces, incluido el secuestro, han sido siempre excluidos de la conexidad).

El actual gobierno ha sido abanderado, por labios del Presidente y algunos de sus más sobresalientes voceros, de la tesis que propugna la abolición del delito político como categoría penal acreedora de tratamiento más benigno, pues así lo exigen la práctica y la teoría democrática. Hasta allí nada grave que objetar. Solo que hay quienes, con razones, discrepamos de tal tesis: al fin y al cabo, se trata de una postura de filosofía política y de política criminal. Pero hay algo que sí es grave y preocupante: cuando en un debate el interlocutor, despreciando las leyes de la lógica, incurre en contradicción mayúscula, su discurso queda deslegitimado.

Juzguen los lectores. Según el discurso oficial, el delito político, por las ventajas que comporta, debe desaparecer de una democracia como la nuestra. Pero hay que enrevesarlo, preservando sus beneficios, para imputárselo a quienes no lo han cometido: los que se alzaron en armas, no para cambiar el régimen constitucional (que en eso consiste el delito político en su forma más característica), sino para defenderlo, a ciencia y paciencia de los gobernantes de turno o hasta convocados por ellos.

En el fondo, el mensaje implícito es preocupante: defender un gobierno como el actual (transgresor habilidoso de la Carta) debería ser delictuoso. Pero si se hace (además) por medios criminales atroces, merece el reconocimiento de beneficios.