Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 11 de enero de 2008
Millones de colombianos viven en condiciones de riesgo. Desde hace décadas, en cada invierno, más y más zonas habitadas se inundan y aumentan los deslizamientos de tierra que aplastan a las gentes, otras comunidades esperan la catástrofe en las laderas de volcanes activos y deben pasar del 80 por ciento del total las edificaciones construidas sin técnicas de sismorresistencia. En Armero murieron 25 mil personas en una matanza anunciada que pudo evitarse y en Manizales, por ejemplo, hay 2.700 viviendas en montañas que nunca debieron edificarse. Y no ha habido un solo responsable por unos desastres que algunos llaman “naturales” pero que son más políticos y sociales, y que se aprovechan para hacer demagogia mal atendiendo damnificados.
En contraste, en silencio avanza la erradicación del casco urbano de Marmato, Caldas, una población en la que nunca ha habido un muerto por inundación, deslizamiento o temblor. Ya hace tres décadas, Ingeominas declaró la población como “zona de riesgo”. Muy acuciosa, en 2006, la Oficina de Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría, mediante tutela, le exigió al Tribunal Administrativo de Caldas declarar la zona como “de alto riesgo” y ordenar su evacuación y reubicación, despropósito que el Tribunal rechazó. Y son bastantes las presiones y las platas usadas por la Gobernación de Caldas para trasladar el municipio a un punto llamado El Llano, donde ya construyeron unas cuantas viviendas y pasaron la Notaría, la Registraduría y la Personería.
¿Qué empuja trasladar una población de 470 años, habitada por dos mil habitantes, incluidos afrodescendientes e indígenas, y que en 1982 fue declarada Patrimonio Histórico de la Nación? ¿Por qué destruir las edificaciones donde hay 315 residencias, 58 negocios, 18 locales y 23 instituciones (colegio, iglesias, alcaldía, etc.), así como la cultura de una comunidad sui géneris que se resiste a que destruyan el sitio donde ella y sus mayores formaron sus hogares y tradiciones? ¿Cuál es la norma que autoriza este desplazamiento forzado? ¿Por qué en este caso sí se preocupan por un riesgo que ha sido evidentemente exagerado?
El “crimen” de los marmateños es que el poblado queda en las faldas de El Burro, un cerro donde la trasnacional canadiense Colombia Golfields Limited, propietaria de la Compañía Minera de Caldas, espera extraer 375 mil libras de oro a partir del 2011, mediante una explotación a cielo abierto de descomunal impacto ambiental que seguramente exigirá erradicar también, pero más adelante, buena parte del resto de los 8.500 habitantes del municipio. El área afectada llega a 32 mil hectáreas y cubre el vecino municipio de Caramanta, Antioquia.
Para apoderarse del oro de Marmato, que se extrae desde antes de la conquista española, la Colombia Golfields ha comprado los derechos de cerca de 100 pequeños mineros y espera sacar mediante argucias a otros 150, a pesar de que esa área fue declarada en 1954 como de pequeña minería, en tanto se dejó otra zona, que sería raro que la empresa no monopolizara luego, para las explotaciones mayores. Al decir de un marmateño, se emplean “amenazas apocalípticas de desastre total, mientras la multinacional va comprando a precios ridículos las posesiones centenarias”, incluidas las edificaciones del casco urbano. Y para presionarlos también se quitó la autoridad minera del municipio, se suspendió la legalización de 150 nuevas minas en trámite y les entraban la consecución de la dinamita que requieren sus trabajos.
El vicepresidente de la Compañía Minera de Caldas le escribe al ministro de Minas, Hernán Martínez (dic.01.06), que el proyecto exige “integrar” 250 minas, que ello es “una responsabilidad del Ministerio a su cargo” y que requiere que “suspenda la titulación en la zona” y sea “flexible” con las “causales de suspensión” de las explotaciones actuales. ¿Será casual que se tramite en el Congreso una reforma al Código de Minas pro gran minería, que incluye la integración de las pequeñas explotaciones con las grandes y permite expropiar en apenas treinta días cualquier edificación que le estorbe a un negocio minero? ¿Es falso que el traslado del pueblo “cuenta con el respaldo del gobierno”? (www.valoro.net/article.php?sid=86).
Y por unos daños de costos incalculables la trasnacional pagará regalías de solo el uno por ciento, porque la ley las ordena de apenas el cuatro por ciento y porque al quedarse con los derechos de los pequeños mineros se ganó una exención del 70 por ciento.
