Idioteces cometidas impunemente

eltiempo.com

CAMBALACHE


Daniel Samper Pizano. Columnista de EL TIEMPO.

Una de las perspectivas que más aterra de un tercer período presidencial de Álvaro Uribe es la consolidación del régimen de impunidad política que cobija a sus altos colaboradores.


Decía Chateaubriand: "Hay tiempos en que una pequeña falta hace caer a un ministro; hay otros en los que las mayores idioteces se cometen impunemente." Ni que don René hubiera vivido estos tiempos de Colombia, en los cuales el jefe del Estado interpreta la popularidad como licencia para amparar a los funcionarios que cometen errores e idioteces.

La lista es gorda.

Resulta inexplicable, por ejemplo, que continúe tan orondo al frente del Ministerio del Interior y Gobierno quien prácticamente justificó el linchamiento verbal -que habría podido ser físico- de Piedad Córdoba, a la que deben ofrecer las autoridades la protección que garantizan las normas constitucionales. Lejos de hacerlo, el ministro Carlos Holguín señaló: "Cuando uno expresa opiniones como las de la senadora Córdoba contra su país y contra el Gobierno, naturalmente alguien reacciona para manifestar su repudio". Extendida semejante licencia de cacería, de nada valen posteriores y tibias admoniciones sobre los derechos de la señora Córdoba. En cualquier país serio, esa misma tarde el Ministro habría renunciado o lo habrían destituido. Pero no en este. Aquí, "las mayores idioteces se cometen impunemente".

Ni qué decir de Juan Manuel Santos, que, siendo jefe de la campaña reelectoral uribista, acusó al político liberal Rafael Pardo de tener vínculos con las Farc. Sindicación tan peligrosa y falsa fue premiada con el Ministerio de Defensa. (Bueno: Uribe mismo suele hacer lo mismo con sus opositores de izquierda). Una vez allí, ha incurrido en otras metidas de pata: los "falsos positivos", la revelación de un decomiso de coca en cantidades inexactas ("por culipronto"), los ostensibles movimientos para comprar armas en momentos en que parecían justificar las alocadas alarmas bélicas de Chávez... Pero Uribe solo le tolera todo.

En los últimos tiempos, el ministro de Transportes, Andrés Uriel Gallego, incurrió en dos estrepitosas metidas de pata. Primero, la licitación de Eldorado, convocada para un proyecto tan precario que el propio Uribe tuvo que salir a rectificarlo. La enmienda, con la licitación ya adjudicada, costará un dineral al Estado. Segundo, el túnel de La Línea, una obra tan mal manejada, que acaba de fracasar su tercera licitación. El Ministro continúa, sin embargo, fresco cual jazmín y rosario en mano, porque en este Gobierno "las mayores idioteces se cometen impunemente".

Las más recientes corresponden a un especialista en salidas en falso, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. No solo hizo gala de la más primitiva terquedad al presentar al Congreso un proyecto de Ley Forestal jurídicamente viciado desde sus comienzos (tumbado por la judicatura), sino que destinó a contratistas e industriales particulares 17.000 hectáreas de los Llanos asignadas a desplazados de la violencia. ¿Cómo puede este Ministro seguir mirando al mundo con pedante desdén después de semejantes barbaridades?

Ante fallos tan graves, otros resultan incluso divertidos, como la propuesta del vicepresidente Pacho Santos de atrapar, capturar y meter en la cárcel al alcalde de Maracaibo (Venezuela) por apoyar a las Farc. Menos graciosa es la afirmación del comandante de las Fuerzas Armadas, general Freddy Padilla, cuando dijo públicamente que la actitud de la mamá de Íngrid Betancourt constituye el mayor obstáculo para liberarla. Se equivoca, por supuesto: ese obstáculo son las Farc.

Lo más protuberante de las últimas horas ha sido una declaración del asesor presidencial José Obdulio Gaviria según la cual la marcha del 6 de marzo contra los paramilitares fue convocada por las Farc. Semejante atrocidad merece renuncia, pero el mentor del Presidente está vinculado por contrato con un tercero, ya que en la uribocracia de elástica duración, "las mayores idioteces se cometen impunemente".

cambalache@mail.ddnet.es

Daniel Samper Pizano

LOS ENREDOS DE URIBE AHORA TAMBIÉN SON CON EL TLC CON CANADÁ


RECALCA, Bogotá, febrero 20 de 2008

A los líos para aprobar el TLC con Estados Unidos ahora se suman los que han aparecido para firmar el TLC con Canadá. Colombia inició las negociaciones de este TLC el 16 de julio de 2007 y aunque las 4 rondas que duró la negociación, en el más absoluto secreto y sin participación ciudadana, se hicieron conjuntamente con Perú, este último ya firmó dicho tratado el pasado 26 de enero durante el Foro Económico Mundial en Davos y Colombia no. ¿Qué pasó?

Desde el inicio de las negociaciones importantes organizaciones canadienses como el Congreso Laboral Canadiense, Fronteras Comunes, el Grupo de Política Sobre las Américas, la Coalición Canadiense para el Fin de la Pobreza Global, la Federación de Trabajadores de Ontario, entre otras, y los partidos de oposición: el Nuevo Partido Demócrata y el Partido Liberal, manifestaron su rechazo a que el gobierno de Stephen Harper firmara un TLC con Álvaro Uribe, al punto que, dado este tema y otras cuestiones internas, el Partido Liberal ha amenazado al gobierno conservador de Canadá con llamar a elecciones federales para 'tumbar' a Harper. Sin duda, el presidente de ese país debió pensar con mucho cuidado el riesgo de firmar un TLC con un gobierno tan cuestionado a nivel internacional como el de Uribe.

Las críticas de las organizaciones canadienses corresponden a las ya señaladas por el Partido Demócrata de Estados Unidos: los vínculos de funcionarios y aliados del gobierno con grupos paramilitares, las sistemáticas violaciones por parte de órganos estatales a los derechos humanos y las difíciles condiciones internas para desarrollar libremente las actividades sindicales, tanto que, en una actitud profundamente antidemocrática, el gobierno colombiano está promoviendo la creación de una Central Sindical para que apoye el TLC.

No ayuda para nada al gobierno de Uribe que durante lo corrido del año 2008 hayan sido asesinados 5 sindicalistas, lo que se suman a los otros 1.097 muertos a manos de grupos paramilitares con la complicidad de organismos estatales o los mismos patronos -en la mayoría de los casos- según lo reporta la Confederación Sindical Internacional.

Tampoco son bien vistas las precarias condiciones laborales al interior del país, pues esto se convierte en un incentivo para que las trasnacionales extranjeras cierren fábricas en sus países de origen y se trasladen a naciones con mano de obra más barata. Esta situación ha generado la pérdida de cientos de miles de empleos en Canadá. Recientes estudios muestran que en Colombia más de un millón de trabajadores lo hacen a través de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), cuyos patronos no están en la obligación de pagar el salario mínimo legal ni seguridad social.

Por más respaldo que brinde el Canciller canadiense Maxime Bernier, de visita por el país, al gobierno de Uribe, no puede ocultar los enormes obstáculos que enfrente la firma y aprobación del TLC en su país. Importantes organizaciones en Canadá se vienen oponiendo cada vez con más fuerza al modelo de "libre comercio", por el aumento del desempleo y la pobreza en su país. Mientras tanto Uribe sigue insistiendo en los TLC, desesperado por recibir un poco de respaldo internacional gracias a los compromisos que asume con las trasnacionales.

Sin dudas es cada vez más difícil para el gobierno lanzar 'cortinas de humo' que oculten la difícil situación interna y las controversias a nivel internacional. La no firma aún del TLC con Canadá es prueba del desprestigio que sufre Uribe y su política. Las organizaciones sociales y el movimiento popular deben aprovechar esta situación y cerrar filas para denunciar las graves condiciones sociales, económicas y de derechos humanos que sufre el país.

A SOLIDARIZARSE CON LA HUELGA DE LOS OBREROS DE LA PALMA AFRICANA EN PUERTO WILCHES, LLAMA EL SENADOR ROBLEDO


Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, febrero 20 de 2008


El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, brindó total respaldo a la huelga que están adelantando 2.500 obreros de la palma africana en Puerto Wilches, Santander. La huelga se inició el 30 de enero y cobija las plantaciones de las empresas Monterrey, Bucarelia, Brisas, Agropalma y Agrícola del Norte.

De los cinco mil asalariados de la palma que laboran en la región, solo 610 son trabajadores directos. El resto pertenece a cooperativas de trabajo asociado, que pagan en promedio un salario mensual inferior a los 240 mil pesos (120 dólares), cifra muy por debajo del mínimo legal. A los obreros cooperados les toca laborar hasta dieciséis horas diarias, aportar por su cuenta herramientas de trabajo, dotaciones y demás implementos y pagar gruesas multas por las cosechas recogidas a destiempo. No se les reconocen derechos tan primarios como el de la pensión y el de la salud. La dramática situación revive la que padecieron los obreros colombianos al momento de arrancar el capitalismo en el país durante las primeras décadas del siglo XX. A tales extremos ha conducido la ofensiva del presidente Uribe por arrasar las libertades democráticas y las conquistas laborales.

En solidaridad con los huelguistas, todas las fuerzas vivas del municipio efectuaron un paro cívico los días 14 y 15 de febrero buscando echar atrás los repetidos abusos que cometen los empresarios y las cooperativas de trabajo asociado. Los organizadores pedían que el gobierno y la patronal, en vez de reprimir, dieran pronta respuesta a las justas peticiones.

El senador Robledo condenó la brutal agresión de que fueron víctima los wilchenses por parte del Esmad el pasado lunes 18 de febrero, con un saldo de decenas de lesionados, y llamó a las autoridades a mediar cuanto antes en procura de una salida negociada.


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