Estudiantes de la UPC se sienten vigilados

Vigilados, como si estuvieran presos o fueran delincuentes, se sienten los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, luego de que las directivas del alma máter decidieran instalar unas cámaras de circuito cerrado en los pasillos de la institución.

Sergio Muñoz, líder estudiantil de la universidad, dijo a RCN que con sorpresa se encontraron que la institución hizo una contratación con la firma de vigilancia Protecom para la instalación de las cámaras.

Según el estudiante, esto atenta contra la libertad de crítica.

Para los estudiantes, es el colmo que las directivas de la UPC prefieran instalar cámaras de video, antes que invertir en el pago de docentes, en la parte física como laboratorios.

RCN RADIO

Alrededor de cinco cámaras han sido instaladas por las directivas de la UPC, que hace pensar a los estudiantes que los están mirando como delincuentes.

José Guillermo Botero: “Juro por Dios que no estoy pensando en la reelección”

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El rector de la UPC, José Guillermo Botero Cotes, juró ante los consejeros, para no dejar dudas de que no aspira nuevamente.
El Rector de la Universidad Popular del Cesar hizo el juramento ante los integrantes del Consejo Superior Universitario que ayer se completó con la posesión de los cuatro que faltaban.

José Guillermo Botero Cotes juró por Dios y su familia que nunca tuvo ni ha tenido la intención de hacerse reelegir para la rectoría de la UPC. “Tengo un criterio muy personal con relación a las reelecciones en cargos públicos.

Lo único que me hizo cambiar de parecer en torno a esta figura fue la que se dio con el Presidente de la República, quien ha entregado buenos resultados frente a los hechos que han imperado en este país, pero de resto, creo que las segundas partes no son buenas”, dijo.

Advirtió que la decisión de no presentar su nombre a la reelección la tomó hace tiempo. “Lo que pasa es que en el ambiente se dicen cosas, pero nunca he sido, ni soy, ni seré candidato nuevamente a la Rectoría de la Universidad Popular del Cesar”.

Aclaró que el juramento lo hizo ante los consejeros para que en el caso de que en alguno de ellos exista alguna inquietud, sepan que soy temeroso de Dios y que no utilizaré su nombre para afirmar lo que no es cierto.

Botero Cotes aseguró que no aceptará que nadie candidatice o exponga su nombre a la Rectoría de la UPC. “Mi periodo va hasta el año entrante”, enfatizó.

Sobre las versiones surgidas acerca de su reelección, el Rector dijo no entender el origen ni las intenciones de las mismas. “Cuando mezclaron a mi familia en este caso, decidí hacer la aclaración, pues, ni mis hermanos, ni mi esposa y menos yo, hemos anunciado que tenemos aspiraciones”, concluyó José Guillermo Botero Cotes.

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Reflexiones sobre la muerte de 'Tirofijo'

NO CAER EN TRIUNFALISMOS PREMATUROS

Rudolf Hommes. Columnista de EL TIEMPO.

El Gobierno ha querido presentar la muerte de 'Tirofijo' como un punto culminante de la política de "seguridad democrática", y hasta parece haberse presentado por lo menos alguna discusión entre el Presidente y su Ministro de Defensa por la presentación de la noticia (como si fuera algo que favorecería solamente a uno de los dos). Indudablemente, el fallecimiento de su líder ha debilitado a las Farc, pero sería un error táctico pensar que están heridas de muerte y que solamente es cuestión de tiempo antes de que se desintegren, como lo están presentando algunos medios de comunicación. También puede ser equivocado proclamar que 'Alfonso Cano' es más proclive a buscar la paz, o que las Farc se van a dividir entre halcones y palomas.

Las Farc son una organización militar y, paradójicamente, le quedaría más fácil a 'Jojoy' que a 'Cano' llegar a una mesa de negociación, precisamente porque tiene las charreteras. Aun si 'Cano' fuera un Juan XXIII de la guerrilla, no podría ir en pos de la paz hasta haber consolidado su liderazgo, y es posible que para consolidarlo se intensifique la actividad terrorista. El atentado contra el ferrocarril del Cerrejón puede ser un hecho aislado, o el primero de una cadena de operaciones de las Farc que tengan como objetivo desvirtuar la percepción de que han perdido su capacidad ofensiva. También tienen a Íngrid y a los demás secuestrados de rehenes y van a ser una de las fichas que tiene 'Cano' para hacer su primera movida.

Para no caer prematuramente en triunfalismos, quizás convenga recordar que después del ataque militar a Marquetalia, el 27 de mayo de 1964, las autoridades celebraban en esa localidad, con misa y ceremonia militar, el fin de la Violencia, la supresión de las autodefensas campesinas y la desaparición de las "repúblicas independientes", al tiempo que los 48 campesinos rebeldes que se les escaparon fundaban a las Farc, bajo el mando de Pedro Antonio Marín, alias 'Tirofijo', e inauguraban ese mismo día 44 años más de guerra y de terror. Los políticos, los medios y en general la clase dirigente colombiana no captaron en ese momento ese peligro, ni se adoptó una estrategia política, social y económica para conjurarlo.

Esto último es muy pertinente hoy porque el aspecto militar de la política de seguridad parece estar dando frutos, pero la parte democrática, en sus aspectos políticos y sociales, no está avanzando a la misma velocidad. Curiosamente, no son los políticos los que se ocupan de esto, sino tecnócratas de dos generaciones y orientaciones diferentes, Abdón Espinosa y Armando Montenegro, quienes destacan que los problemas de la justicia y los relativos al desarrollo, la desigualdad y la pobreza no figuran en la estrategia de paz del Gobierno.

Los campesinos despojados hace 44 años de "sus marranos y sus gallinas" pueden ser una figura del imaginario de las Farc que ellas utilizan para escudarse y para disculpar muchas de sus prácticas actuales, como dicen Ariel Sánchez y Gonzalo Sánchez. Ellos también señalan, sin embargo, que el reconocimiento del agravio y la reparación de la injusticia son esenciales para abrirle una ventana a la paz. Pero, por alguna razón inexplicable, a la luz de lo ocurrido, los que mandan en Colombia siguen obstinados en negarles a los campesinos pobres y a los desplazados el acceso a la tierra; y en este Gobierno, el pretexto que se ofrece para no hacerlo es que no se les quiere hacer ese daño.

Y el espectáculo del hundimiento de la reforma política y el sacrificio de la figura 'silla vacía' para preservar una gobernabilidad que no fue adquirida sin recurrir a medios non sanctos, que ahora no se quieren erradicar, ni siquiera sancionar. La posibilidad de la reelección no augura que vaya a tener lugar una reforma de la política para desterrar o, por lo menos, reprimir la corrupción y la politiquería. ¿Tendremos que esperar otros 44 años para principiar a resolver los problemas fundamentales?

Rudolf Hommes

Sentido de la democracia universitaria

Raúl Bermúdez Márquez ¿Tiene la democracia en la Universidad el mismo sentido e iguales formas de expresión que en la sociedad política? Es una pregunta que podría constituir la base del planteamiento del problema de un trabajo de investigación.

Sin embargo, no le está vedado a quienes nos preocupa la suerte del alma máter de la sociedad, intentar alguna aproximación a la respuesta de tan profundo interrogante.

El académico Alejandro Goic de la Universidad de Chile precisa coincidencias y diferencias en el ejercicio democrático en ambos escenarios. Está claro que los elementos centrales del sistema democrático representativo son: el credo común de la libertad como base fundamental de la vida democrática, la soberanía del pueblo para decidir su destino político, el voto igualitario, la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas y la generación de autoridades, la renovación periódica de ellas, la fiscalización del ejercicio de la autoridad, la separación de los grandes poderes del Estado y la libertad para opinar, reunirse y formar partidos políticos cuyo objetivo cimero es la conquista del poder.

¿Se aplican todos y cada uno de los elementos constitutivos del sistema democrático a los organismos sociales intermedios entre el hombre y el Estado? Por ejemplo, en la familia, ¿Lo democrático sería que el padre y la madre cedieran a la exigencia de una mayoría de tres infantes de 8, 6 y 4 años, que votaron para que la dieta alimentaria diaria tenga como base, turrones de chocolate?; o en las fuerzas armadas, ¿Lo democrático sería que decisiones cruciales para la seguridad ciudadana tuvieran que consultarse por la oficialidad al grueso de la tropa?

Evidentemente, eso no sería democracia, sino democraterismo.. Irrumpen entonces, las preguntas que orientan estas reflexiones: ¿Es la sociedad universitaria idéntica a la sociedad política? ¿Se pueden trasladar a ella mecánicamente, algunas formas y prácticas que se presentan en la segunda? Lo primero para puntualizar es que la universidad difiere de la sociedad política, en aspectos fundamentales.

El fin de la sociedad política es procurar el bien común. La sociedad le asigna a la universidad el objetivo específico de cultivar y trasmitir el conocimiento avanzado en el área de las ciencias, las artes y las humanidades; de crear conocimiento nuevo, profundizar las ideas, de modo que enriquezcan el saber y la cultura universales y contribuyan a la movilidad social y a la difusión del conocimiento. En la sociedad política la soberanía reside en el pueblo, en la universidad la soberanía reside en sus académicos.

La participación de los académicos en el gobierno de la universidad, adquiere características diferentes a la participación ciudadana en la sociedad política. En ésta todos los ciudadanos tienen igual jerarquía para los efectos de participación cívica, igualdad de derechos para elegir y ser elegido y un sufragio igualitario. En la universidad no todos los académicos tienen igual jerarquía, ni asumen similares responsabilidades. De otro lado, la existencia misma de la universidad está condicionada por el acuerdo de cultivar el saber y la cultura, cualquiera que sean las particulares ideologías y creencias de sus miembros.

El objetivo de los académicos no es la conquista del poder, sino la conquista de la verdad. En consecuencia, un tercer elemento distintivo de la sociedad académica es que no requiere de la mediación de partidos políticos para fines de orientación de la comunidad.

En resumen, a la Universidad no le acomoda el sistema tradicional de los partidos para designar sus autoridades. Como en la Universidad Popular del Cesar esa diferenciación se ha pasado por alto en procesos anteriores de nominación de autoridades, se torna imperativo que el Consejo Superior Universitario explore y apruebe fórmulas inteligentes para que la democracia universitaria tenga en el claustro una real expresión, de manera que a los altos cargos jerárquicos accedan los académicos que reúnan los meritos necesarios para merecer la designación.

raubermar@yahoo.com

Raúl Bermúdez Márquez

Consejo Superior de la UPC está completo

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Ante el rector José Guillermo Botero Cotes se juramentaron los nuevos consejeros de la UPC.
Tras permanecer poco más de un año incompleto, el Consejo Superior Universitario de la UPC cuenta con la totalidad de sus nueve miembros.

Ayer se juramentaron ante el rector José Guillermo Botero Cotes, los consejeros Emiliano Piedrahita, Carlos Hernández, Víctor Vega y Raúl Maya.

Emiliano Piedrahita, consejero por los egresados dijo que las sesiones de trabajo iniciaron ayer mismo, para examinar aspectos importantes del proceso que debe registrarse en la Universidad Popular del Cesar a partir de los cambios que el Consejo Superior quiere darle.

“Vamos a implementar procesos más rápidos, estamos mirando la posibilidad de adelantar una reestructuración en la UPC, entre ellas la elección del Rector, y estamos mirando cual es el camino que debe tomar la universidad en los siguientes cuatro años”, precisó Emiliano Piedrahita.

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Estudiantes de la UPC rechazan cámaras de seguridad


Por WILLIAM ROSADO RINCONES

Invertir en laboratorios, subsanar los deficit en biblioteca, pagos a docentes y priorizar en el capital humano piden los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, quienes rechazan la instalación de cámaras de seguridad y aseguran que no son delincuentes.

La molestia se origina por la falta de sensibilización para la implementación de esta medida que califican de restrictiva, “se han instalado alrededor de cinco cámaras en diferentes puntos, no tenemos información del porque del proceso, se debe informar al estudiante”, aseguró Sergio Andrés Muñoz Niño, Vicepresidente de la Federación de Estudiantes Upecistas.

Han existido actos de vandalismo en el claustro según el estudiante y es aceptable la existencia de estas cámaras en este sentido, sin embargo, la ubicación en los bloques, pasillos y otros puntos internos es lo que hace la medida autoritaria y represiva, según él, “deben ser instaladas en los parqueaderos, puertas y sitios convencionales”.

La medida es calificada como antidemocrática, la libertad de cátedra, critica y desplazamiento se debe preservar en el entorno formativo, aseguró el vocero: “y esta iniciativa ‘bloquea’ el desarrollo de estos principios”.

Como un ataque a la esencia del ente de educación, califican la instalación de las cámaras y no como la búsqueda de seguridad. La denuncia busca las explicaciones que aún no han sido otorgadas por la presencia de estos nuevos elementos en el campo universitario.

“Que haya seguridad no nos oponemos, tiene que darse en todo ente, pero que consulten al estudiante, que miren su escala de prioridades para participar en el destino de las inversiones”, concluyó.

Vanguardia quiso conocer la opinión de representantes del ente educativo, la llamada al rector no tuvo respuesta, y la Vice Rectora remitió la explicación al Leoncio Peralta a quien fue imposible contactar.

¡¡¡ATENCIÓN, LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA SE METIÓ EN LA UPC!!!

Cámaras de Seguridad en la UPC

En momentos en que la Universidad Nacional se encuentra en Asamblea Permanente, rechazando la imposición de un nuevo Estatuto Estudiantil, retardatario, antidemocrático, represivo, y acorde con la política económica librecambista (atentatoria de la soberanía nacional y los intereses nacionales, la cual se ajusta perfectamente a la política uribista de “seguridad democrática”, tan acorde con beneficiarios y patrocinadores foráneos), en la Universidad Popular del Cesar (UPC) se está llevando a cabo la aplicación de la “seguridad democrática” de manera soterrada y con el auspicio de la Administración encabezada por Guillermo Botero Cotes y su séquito de “esquiroles”.

Dicha política se materializa en la instalación de cámaras de seguridad en nuestra Institución, lo cual es vulnerable de la autonomía universitaria (constitucionalizada), de la libertad de crítica, de cátedra, de la convivencia pacífica y de la búsqueda de la verdad, tal y como lo enuncia el artículo 30 de la Ley 30 de 1992. Parece que la Administración de la UPC cree que está educando delincuentes, o por lo menos eso lo da a entender con su represiva y abusiva inversión en estos equipos de vigilancia suministrados por la compañía PROTECOM.

Se nos hace curioso que mientras nuestros laboratorios están en pésimas condiciones, nuestros docentes están mal pagados, nuestras matrículas son costosísimas, la biblioteca está abierta provisionalmente, y un largo etcétera, el Consejo Superior apruebe una partida presupuestal para la instalación de estas modernas cámaras de seguridad ¿Querrán tapar algún hueco?

Lo que queda muy claro es que esto hace parte de la política de privatización y exterminio de la UPC y las Universidades Públicas, la cual se ha agudizado bajo el gobierno de Álvaro Uribe, y de la cual Guillermo Botero es su espléndido representante, claro, a costa del atraso y padecimiento de la región y el país. Y, para llevar a cabo este exterminio, qué mejor que empezar por silenciar y perseguir a toda la Comunidad Universitaria a través de estos artefactos electrónicos. Ni siquiera Napoleón ni los nazis osaron atacar la Universidad de una manera tan vil. Esto es una agresión a la esencia misma de la Universidad. Esta Administración cipayo lo hace por su ignorancia, pero ante todo, por el conocimiento que tiene que así coadyuva a que la educación se convierta en una mercancía transable en el TLC, donde las universidades escasearán y la mano de obra barata pululará. Escenario altamente nocivo y perjudicial para nuestro país, sus habitantes, su ciencia, desarrollo y soberanía.

Rechacemos este atropello de esta infame Administración y gritémosle ¡LOS ESTUDIANTES NO SOMOS DELINCUENTES!

JUNTA DIRECTIVA FEUP

CÁMARA APROBÓ EN PRIMER DEBATE PROYECTO ESTAMPILLA PRO UPC

"Es curioso el interés de nuestros inmaculados polítiqueros  cesarenses en descentralizar estos
fondos para administrarlos ellos, cuando históricamente han sido indiferentes ante la problemática
de financiación de la UPC. Será que quieren replicar lo de la Universidad del Atlántico, donde el
anterior gobernador dejó pignorada la estampilla por 30.000 millones?. Es necesario comenzar a
darle debate a este tema, o de lo contrario lograran su cometido."

Alfredo Cuello Baute fue el ponente de la Ley.

La Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que modifica la Ley 551 de 1999, el cual amplía hasta por la suma de cien mil millones de pesos la emisión de la estampilla pro Universidad Popular del Cesar, creada por la Ley 07 de 1984 como recurso de financiación.

La información fue suministrada por el congresista Alfredo Cuello Baute, ponente de la iniciativa, quien señaló además que el proyecto en mención impone una modificación con el fin de adecuarlo a las circunstancias reales de la U.P.C.

“Es asegurar una fuente de financiamiento extra a la UPC, para responder a las exigencias planteadas por la ampliación de la cobertura programática, el aumento de la población universitaria y el incremento de los costos generados por el desarrollo tecnológico", argumentó el representante Cuello Baute.

El artículo primero de la ley con la modificación propuesta por Álvaro Morón Cuello, autor de la misma y retomada por Alfredo Cuello Baute como ponente del proyecto, contempla que la suma señalada en la norma, ha de ser incrementada hasta cien mil millones de pesos, toda vez que los recursos recaudados por autorización de la Ley 551 de 1999 fueron insuficientes para garantizar la construcción de la ciudadela universitaria del Cesar.

Además, en su artículo segundo establece como obligatorio el gravamen de la estampilla en las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal que funcionen en la jurisdicción del departamento del Cesar.

Así mismo, se crea una Junta Especial encargada de la administración de los fondos recaudados, de forma que los fondos sean descentralizados en un ente con capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer obligaciones en el marco de la promoción, planeación y construcción final de la ciudadela de la Universidad Popular del Cesar.

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UNIVERSIDAD NACIONAL, NO ES COSA DE “BANDIDOS”

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, mayo 27 de 2008


La Universidad Nacional lleva siete semanas en anormalidad. Como siempre sucede, se califica al movimiento estudiantil como “minoría”, “resistente al cambio”, “anacrónica”, defensora de “alumnos dinosaurios” para referirse a unos casos cuya matrícula está vigente por muchos años. El presidente Uribe, en su estilo, lo criminalizó: “No vamos a permitir que unos bandiditos, que se hacen pasar por estudiantes, destruyan la universidad”. El desprestigio dirigido busca tapar la causa real del movimiento, aislarlo, y proceder contra él con un expediente penal.

En la Universidad Nacional, desde hace más de una década, se vienen impulsando “reformas”, desde afuera y desde adentro, para modificar su misión histórica como ejemplo de la educación superior pública, de generador del conocimiento, de formador de excelencia científica, de difusor del pensamiento universal. Para lograr el funesto cometido, se ha arremetido, en primer lugar, contra su presupuesto, obligándola cada vez más a autofinanciarse, volviéndola funcional al modelo económico, y haciendo de la Universidad misma otra empresa en el mercado de la educación. Uribe le propuso como fuente de financiación que las “actividades Universidad Nacional - sector privado sean catalogadas como zona franca”. ¡Típica propuesta de los tiempos de la Seguridad Democrática!, el apéndice de “los inversionistas”, quienes, al “comprarla”, reemplazan obligaciones fiscales del Estado con ella.

También se impuso en el Plan Nacional de Desarrollo la concurrencia obligatoria de la Universidad para el pasivo pensional, y ya responde por el 5% de los aportes, se ha instaurado la privatización de los postgrados, cuyo acceso se limita a estudiantes de “estratos 5-6” por el alto costo de la matrícula. Para 2008, el 43% del presupuesto, que es de 955.000 millones, se cubrirá con recursos propios “por concepto de la venta de bienes, servicios académicos y de la extensión universitaria”. Con ello cubrirá el 90% de la inversión, el Estado sólo responde por el 80% de los gastos de funcionamiento y el 95% de las pensiones. Con esa distribución, cualquier progreso dependerá de la universidad misma; el gobierno central se excluyó. En el año 2000, por cada peso que el Estado entregaba, la Universidad colocaba 30 centavos, en 2007 ya pone 82. Entre 2000 y 2007, las transferencias del Presupuesto Nacional crecieron, en pesos reales, el 17%, los recursos generados por la Universidad lo hicieron en más del 300%.

¿Tiene que ver esto con el Estatuto Estudiantil? Las autoridades universitarias han defendido la implantación del sistema de créditos, que es punto central de la discordia, como medida de cada asignatura en los currículos para “racionalizar costos académicos”, para establecer el “contrato estudiante-universidad”. En otras palabras, organizar las áreas académicas según las demandas estudiantiles, que girarán en torno a una propuesta básica y de electivas individuales, y no acorde con un currículo que la Universidad considere que los profesionales de cada disciplina deben cubrir, que abarque el espectro académico indispensable, que incluya hasta los temas de “borde” científico al costo necesario. La nueva “cultura” decretada a la brava no es más que el reordenamiento según una canasta donde caben las demandas frecuentes del mercado, que contendrá los productos primarios, y que, como en un supermercado, no dispondrá de los caros, si su “consumo” no es rentable, como en los centro de estudios privados. ¿Será “cosa de bandidos” las reclamaciones contra esa aberración educativa que ahonda las “reformas”?

La correlación de este tipo comercial con la calidad académica es estrecha. Voces autorizadas lo indican, “limita la formación de los estudiantes al ponerlos a escoger en una lógica de mercado donde todos instintivamente optarán por graduarse rápidamente” (Álvaro Zerda, ex decano de Ciencias Económicas), “la concepción de estudios universitarios a títulos y no a formación inicial para el aprendizaje a lo largo de la vida”; ( Jorge E. Hurtado, profesor titular Manizales), “los créditos también pueden tener el propósito condenable planteado en el TLC de facilitar la conversión de la educación superior en una mercancía destinada a ser controlada por las transnacionales del sector”, (Senador Robledo, profesor 25 años en la U. Nal.); las consultas amplias y democráticas como la adelantada en la facultad de Ciencias Económicas, que dijeron que un 83% no está de acuerdo con el Estatuto y que un 87% pidió ser consultado al respecto mediante un plebiscito. ¿Acaso acá ese 80% sí son “unos bandiditos”?

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Avanza proyecto para pagar parte del sueldo con bonos


Mayo 26 de 2008

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Foto: Archivo EL TIEMPO
Opositores del proyecto aseguran que la mayoría de la gente no compra en almacenes o supermercados donde puedan cambiar bonos.

Empleados recibirían hasta medio salario mínimo 'adicional' en vales para comida y ropa. Críticos dicen que sustituirán parte de los ingresos en efectivo.

Envuelto en una polémica sobre sus verdaderos alcances, avanza en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que, según sus opositores, abriría la puerta para que las empresas paguen una parte del salario de sus trabajadores con bonos y no con dinero en efectivo.

Según el proyecto, impulsado por el representante conservador del Valle Santiago Castro, se les da facultad a las empresas del país para que, a manera de estímulo para sus trabajadores, les reconozcan hasta medio salario mínimo (unos 230.000 pesos) en bonos para adquirir calzado, alimentación o vestuario.

Castro explicó que este estímulo que les entregarían las compañías a los trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos (1,8 millones de pesos) no busca sustituir el sueldo.

Por el contrario, dice Castro, es un beneficio adicional que se entregaría con el salario, pero que no necesariamente haría parte de él. De otra parte, los dineros que las empresas destinen a este 'gasto' tendrían una exención tributaria del 150 por ciento en el impuesto de renta.

"Las empresas que quieran hacer apoyos en este tipo de objeto social van a tener una exención tributaria mayor", dijo Castro al presentar la iniciativa.

No obstante, para el representante del partido de 'la U' Mauricio Lizcano el tema no es tan sencillo. "Yo estoy en contra, porque eso va a motivar que las empresas les paguen a sus empleados menos dinero en el sueldo y el resto con bonos", argumentó el congresista caldense.

La posición de Lizcano es que las empresas van a preferir pagar hasta la mitad de un salario mínimo en bonos, disfrazados de 'beneficios para los trabajadores', porque a través de esta modalidad esa parte del sueldo no genera prestaciones sociales y además tiene una exención tributaria.

"Si a usted como empresa le dan una exención tributaria del 150 por ciento por los bonos ¿usted qué hace? Pues no paga todo el salario en bonos, pero sí una parte", insistió Lizcano.

Críticas al proyecto

El congresista añadió que "si un trabajador se gana dos salarios mínimos y le pagan medio con bonos, se queda 'jodido', porque solo los puede reclamar en los supermercados y en las bombas".

"La mayoría de la gente que gana esta suma compra en Corabastos, y allí no le van a recibir los bonos", añadió Lizcano.

Pero Castro lo contradice y asegura que de ninguna manera a los trabajadores actuales se les podría reducir el sueldo para reemplazarlos por bonos. "Nosotros lo que queremos es ampliar un beneficio que ya existe", dijo el representante.

Lizcano tiene otro reparo para la iniciativa: asegura que a través de un proyecto como este no se puede tramitar una reforma tributaria, como es la de ampliar la exención tributaria para quienes entreguen bonos a sus trabajadores.

Pese a la polémica, el proyecto ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara y pasa a plenaria de la corporación.

Castro aseguró que buscará el aval del Gobierno (que no ha respaldado la iniciativa), en tanto que Lizcano ya comenzó a hacer 'lobby' para que se hunda.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, al ser consultado por este diario sobre el proyecto, aseguró que la iniciativa no cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional y reveló que el tema ya se discutió, hace unas dos semanas, con el representante Castro, a quien se les explicaron los inconvenientes de su propuesta.

"Es inconstitucional, porque el proyecto es una modificación al estatuto tributario y requiere de iniciativa gubernamental. No tiene ningún futuro", afirmó Zuluaga.

"Yo estoy en contra del proyecto, porque eso va a motivar que las empresas les paguen a sus empleados menos dinero en el sueldo y el resto con bonos".
Mauricio Lizcano, representante de 'la U', opositor al proyecto.

"Se le dijo (al congresista Castro) que el proyecto es anticonstitucional, porque modifica el estatuto tributario y requiere de iniciativa gubernamental. No tiene ningún futuro".
Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda.

150% de exención en el impuesto de renta tendrían empresas que les den bonos a empleados que ganen hasta 4 salarios mínimos.

Opina la gente

Natalia Andrea Cañón
20 años

"Es mejor que paguen en efectivo que con bonos. Si un salario mínimo en efectivo no alcanza para cubrir las necesidades básicas, mucho menos de otra manera. Realmente no alcanzaría el dinero comprando con bonos. Allí salen ganando los empresarios".

Andrés Romero
26 años

"Me parece terrible, porque cuando una persona se gana el mínimo es muy difícil tener que cambiar unos bonos por mercancías. Además, a uno los bonos no le sirven para pagar el arriendo. No es conveniente cambiar plata por bonos, porque hay otras necesidades más indispensables".

REDACCIÓN POLÍTICA

Rector Wasserman, ¡apague ya ese fogón!

Por el momento la anormalidad académica se circunscribe a los predios de la U. Nacional en sus cuatro sedes. Se discute una reforma del estatuto que la rige desde 1977, la cual toca puntos básicos de la vida estudiantil.

Lo que sigue si no se le pone fin al inicial desorden, va a ser el estallido de un paro general que involucrará todas las universidades estatales por eso de la solidaridad cuando se rompe la armonía entre directivas y estudiantes por motivos reales o supuestos que ataquen lo que ellos consideran derechos suyos fundamentales. Estos temas son en extremo sensibles y hallan positiva respuesta en la mayoría del estamento, por naturaleza propenso a asumir como propias estas causas que defienden con decisión y no siempre pacíficamente, pues la anormalidad académica, frase eufemística, en su lenguaje significa inasistencia a clases, foros de discusión abiertos, saboteo a estudiantes y profesores esquiroles, formación de grupos de choque y con frecuencia, destrucción de bienes que sirven a la institución.

En la arrogancia rectoral, a veces estos personajes se olvidan de un hecho importante. Se olvidan que pertenecen a una comunidad que es la suma de estudiantes (en este caso cerca de 50 mil), profesores, Consejos, empleados y trabajadores de base con alto poder de determinación. Ese olvido es causa de enfrentamiento que, al generalizarse, llegan a paralizar las actividades académicas en su casi totalidad. A veces con muertes de estudiantes o policías. Es que no se pueden asimilar las universidades estatales a las privadas o, si se quiere, a las confesionales. Las distancian hondas razones filosóficas y de comportamiento y hasta de los reglamentos que las rigen. La universidad estatal, más que cualquiera otra, es el ágora por excelencia para promover en el nivel más alto de las controversias intelectuales los temas sociales y políticos que no se pueden dar en la calle, ni en las plazas públicas y ya ni en los cuerpos colegiados sumidos en las peores prácticas politiqueras en el peyorativo sentido que hoy le damos. Allí campea al desnudo tanto el impúdico trueque de votos por prebendas, como la rapacidad sobre el presupuesto en las formas más diversas y reprochables. El Congreso hoy, con honrosas excepciones, es una muestra de lo que no debe ser el recinto de las leyes, santuario de la democracia.

Los estudiantes de la U. Nacional y parte importante del profesorado, se oponen al estatuto que las directivas, al decir suyo, les quieren imponer sin sujeción a las prudentes normas de la consulta con la comunidad entera. Por eso lo han llamado el “estatuto de la discordia” que, por lo visto, no va a pasar sin una previa depuración y aprobación de quienes se consideran los afectados. Es una utopía dar por buena y de aceptación pacífica esta reforma bautizada engañosamente “Revolución Educativa” si la mayoría de los estudiantes (no un pequeño grupo como dice el rector) que no tienen nada de tontos, la ven orientada a “la profundización de la política privatizadora” del gobierno. Los cupos de crédito, el plan de transición, la asistencia a clase, la cancelación de asignaturas y de semestre, las calificaciones y exámenes de admisión, las evaluaciones etc., según se informa en la prensa, se han constituido en los puntos neurálgicos de la crisis, por ahora, conjurable con buena voluntad de parte y parte. Son las pequeñas hogueras que, atizadas desde posiciones radicales, se convierten en incendios devastadores, sin que valga que a las puertas de la U. se instale el pelotón antimotines y que desde la rectoría se anuncien sanciones drásticas de expulsiones, cierres de semestre y cuanto signifique represión, como la toma de los predios por la fuerza pública.

La U. se ha manifestado en nueve de las once facultades, a favor de sostener el paro y convocar a un plebiscito interno que defina la vigencia o derogatoria del Acuerdo 008 de 2008. Las cuatro sedes lo están proponiendo. Y si es cierto que la mayoría aprueba el Acuerdo, no se ve razón para no acogerlo. Es que la Constitución del 91 trajo normas de participación democrática. La tesis es sencilla: “...el ciudadano común está comenzando a ser consciente de que su opinión y sus votos son importantes, no sólo en el escenario electoral, sino también en otros. En la industria, en el comercio, “en las universidades” están reclamando el derecho a participar o a ser consultados sobre decisiones que afectan sus condiciones de vida o trabajo”.

Aquello de “magíster dixit”, señor rector, pasó a ser pieza de museo con la muerte de Aristóteles. Pise blando, señor rector, que el suelo universitario, usted lo sabe, es resbaladizo.

www.elmundo.com

QUE SE ATIENDAN LAS JUSTAS PETICIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, EXIGE EL SENADOR ROBLEDO

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 21 de mayo de 2008


El senador Jorge Enrique Robledo rechazó la negativa del gobierno y el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wassermann, a atender las justas peticiones del movimiento estudiantil, cuyo origen son las inconsultas medidas académicas que la rectoría se empeña en imponer. El paro tiene por fin rechazar el Acuerdo 033 de 2008, que continúa con la antidemocrática reforma académica iniciada por el rector Marco Palacio y que él mismo resumió con la frase “Quizás estemos ‘enseñando demasiado’, entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”.

La reforma utiliza el sistema de créditos con turbio propósito de reducir los contenidos y la duración de las carreras, para adecuar la Universidad a la privatización de la educación pública y al “libre comercio” que se implanta en contra de los colombianos. El senador del Polo Democrático Alternativo denunció que no ha sido consultada con los distintos estamentos de la Universidad.

Razón tiene El Tiempo (May.22.08) –concluyó el senador del Polo Democrático– cuando dice que la “reforma al estatuto estudiantil cambiará la vida académica de 47 mil estudiantes que tiene la Universidad Nacional.” Y lo hará en forma negativa, pues los estudiantes de hoy y del futuro, de mantenerse vigente la reforma, tendrán una Universidad Nacional cada vez más alejada de la meta de impartir una educación de altísima calidad, a la cual tenga acceso toda la sociedad y que imparta un conocimiento científico al servicio del progreso nacional.

Declaración de la Asamblea Nacional de la Universidad Nacional de Colombia

Delegaciones de las cuatro sedes de la Universidad Nacional reunidos en la sede de Bogotá el 17 y 18 de mayo de 2008, discutimos sobre la situación actual del movimiento universitario, en la que se adoptaron las siguientes definiciones:

1. Ratificar el pliego nacional de la Universidad Nacional y nos mantenemos en anormalidad académica exigiendo la derogatoria del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008. Este acuerdo fue impuesto a la comunidad académica, desatendiendo la voluntad mayoritaria que clamaba por la construcción democrática de las reformas que tienen que ver con el futuro de la Universidad Nacional. El contenido de este acuerdo profundiza la política privatizadora del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que bajo el nombre de la "Revolución Educativa", busca adecuar la educación superior a las necesidades de las transnacionales y de las universidades corporativas.

2. La propuesta que fórmula la Asamblea a las cuatro sedes de la Universidad Nacional y a las directivas de la Universidad es la de impulsar un plebiscito derogatorio de este acuerdo. Es indispensable que en una universidad que se clama democrática las principales determinaciones sean acogidas por la mayoría de la comunidad, en un ejercicio de deliberación pública que concientice a la población sobre las implicaciones concretas de cada artículo. Por eso es necesario que la respuesta que arrogue esta iniciativa sea de obligatorio cumplimiento por parte de la universidad. El antecedente del plebiscito debe ser un proceso democrático de conformación de la propuesta de los estudiantes, que sintetice los tópicos por semestres, por facultades y por sedes para consolidar una propuesta nacional de estatuto estudiantil.

3. Proponemos realizar asambleas por facultad y asambleas generales, cuyo contenido sea: Informe de la Comisión de Negociación Nacional e Informe de la Asamblea Nacional de la Universidad Nacional y por último determinaciones de la sede.

4. Emprenderemos acciones jurídicas y de resistencia civil para hacer valer el pliego nacional. En las distintas sedes trataremos de impulsar movilizaciones, concentraciones que aglutinen a la comunidad académica, así como interponer acciones jurídicas que tiendan a revertir la decisión del CSU.

5. Buscaremos restablecer la negociación con las directivas de la universidad el martes en reunión del Consejo Superior Universitario. La Universidad debe estar atenta a los reclamos legítimos del estudiantado que no comparte un estatuto estudiantil que se encarga de regular el desarrollo de su actividad en la universidad, por tanto las acciones del movimiento estarán encaminadas a llegar a un acuerdo con las directivas.

6. Rechazamos las declaraciones del Rector Moisses Wasserman que buscan legitimar acciones de represión contra el movimiento como la militarización de las sedes, la cancelación del semestre o el adelanto de las vacaciones. Esta es una muestra fehaciente de la falta de voluntad política que tiene la administración por acoger las peticiones válidas de los estudiantes, comprueba el temor de la administración y del gobierno de Uribe por el fortalecimiento del movimiento y trata de descargar la responsabilidad de las determinaciones autoritarias en el movimiento estudiantil, decisiones que sólo pueden ser acogidas por la dirección de la Universidad y que tienen un mayor costo político y social que derogar el Acuerdo 008 de 2008.

Bogotá, 18 de mayo de 2008

FAMILIA ARAUJO DEMANDA AL PERIODISTA ALFREDO MOLANO POR INJURIA Y CALUMNIA

por CCAJAR Friday, May. 23, 2008 at 7:09 AM

21 mayo 2008 - Ante la insólita demanda por injuria y calumnia que varios miembros de la familia Araújo de Valledupar han instaurado ante la Fiscalía General de la Nación contra el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano, haciendo gala de una prepotencia que recuerda aquello de que en ocasiones son los pájaros los que les disparan a las escopetas, los abajo firmantes nos permitimos hacer públicas las siguientes consideraciones:

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En ejercicio de la libertad de prensa que consagra la legislación colombiana, y haciendo uso del derecho inalienable que tiene todo comentarista a interpretar la realidad nacional y a expresar sus ideas al respecto, el 25 de febrero del año 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó a desenredar el cordón umbilical que une a los caciques electorales de la Costa Atlántica con sus respectivos jefes paramilitares, Alfredo Molano publicó en El Espectador una columna de opinión titulada Araújos et al, en la que hace un somero recuento histórico de lo que ha sido desde los viejos tiempos de la Colonia el dominio económico, político y social del notablato costeño en dicha región del país.

Sintiéndose aludidos por las opiniones de un escritor público, opiniones que por el hecho de ser discutibles no dejan de ser respetables, cuatro miembros de la familia Araújo de Valledupar, parientes cercanos de varias personas que son investigadas por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, resolvieron recurrir a la Fiscalía General de la Nación para tratar de acallar un punto de vista diferente al suyo. Estamos en presencia, por lo tanto, de un atropello contra la libre expresión del pensamiento crítico que debe ser condenado sin titubeos de ninguna especie por quienes creemos en la democracia y pensamos que la libertad de prensa es uno de sus fundamentos básicos. En Colombia está comenzando a hacer carrera la costumbre de tratar de intimidar mediante diligencias judiciales a todos aquellos periodistas cuyas opiniones resultan incómodas para la buena imagen que de sí mismos quieren proyectar ciertos sectores de la clase dirigente.

Lo que se busca, en pocas palabras, es domesticar a la prensa, coartándole su iniciativa y su creatividad, para así poder domesticar a la opinión pública, un precedente que, de prosperar, desemboca de manera inevitable en una dictadura.

Nuestra solidaridad con Alfredo Molano, por consiguiente, es incondicional. FIRMAS:

Bogotá, 20 de mayo de 2008. Procedimiento: Si usted está de acuerdo y adhiere firma con nombre y cedula y envía por correo electrónico la presente Declaración a uno de los buzones que aparecen al final de esta comunicación. Puede darse el caso de una salvedad y ella será bien acogida y publicada.

alfredomolano@gmail.com
__________________

El artículo presuntamente polémico de Alfredo Molano:

Araújos et al
Por: Alfredo Molano Bravo

Feb. 24, 2007

Seguro es que los araújo vallenatos no tienen sangre próxima común con los de Cartagena, aunque a un senador de Texas o a un representante sueco al Parlamento Europeo, la coincidencia les aflojará una sonrisita de lado.

El asunto no es de consanguinidad, sino de identidad en el modo de hacer negocios, aunque no sean socios. Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar haciendas, predios, casas comerciales y oficinas públicas, con los mismos criterios especulativos y endogámicos. Los notables de Valledupar nacieron todos en la misma cuadra y se conocen los trapos íntimos desde niños. Han vivido del contrabando de café y ganado con Venezuela por Puerto López —el de Tite Socarrás—; después, sin duda, contrabandearon maracachafa por Bahía Portete; han escriturado, con parientes notarios, haciendas y predios urbanos a sus reconocidos nombres y les han quitado toda la tierra que pueden a los indígenas de la Sierra Nevada y sobre todo a los kankuamos. Las campañas electorales de estos prohombres son —hoy todavía— un espectáculo deprimente: suben sus delegados en camión a la Sierra, digamos a Atanquez, y llevan a los indígenas enchirrinchados a donde necesitan inclinar a su favor la votación. Una vez que, abrazo de por medio, los indígenas votan, los empujan en cualquier esquina para que amanezcan botados, vomitados y sin saber cómo devolverse a su tierra. El espectáculo se repite con la regularidad del Festival Vallenato. Con el mismo procedimiento los llevan a firmar escrituras. Lo que hace Jorge 40 no es mas que repetir la historia.

Pasa lo mismo con los nobles de La Heroica. Son un puñado. Conocidos de todos porque de alguna Miss Bolívar son parientes o, por lo menos, a una han coronado en el Hotel Caribe siendo gobernadores, alcaldes, secretarios de gobierno, almirantes de la Armada. Tienen una larga y noble historia como que fueron los más ardientes enemigos de los piratas ingleses y franceses que venían a quitarles los chancucos comerciales con la Madre España. Siempre han sido comerciantes y, además, hacendados. Han comerciado con todo: aceite en botija, esclavos, géneros, azúcar, y, claro, tierras. Indígenas no tienen a mano, si se exceptúan los que su parentela, los Guerra de la Espriella —otros también embollados con la Ley—, engañan y emborrachan en Sucre: Joselito, convicto del 8.000 y especializado en atropellar —digo lo menos— a los indígenas de San Andrés de Sotavento; su hermano Víctor, hoy delegado personal del presidente Uribe en la Corporación Autónoma de Sucre, organizó con paramilitares las Convivir regionales bautizadas con el significativo nombre de Orden y Desarrollo; Miguelito, el de Ralito; su hermana, ministra de Comunicaciones, y su padre, Julio César Guerra Tulena. Mejor dicho…

El nuevo Canciller estuvo untado en el negociado de Chambacú. Y salió bien librado. Explicable, siendo fiscal Luis Camilo Osorio, al que tarde o temprano veremos en los estrados. Pero el problema no es legal. Es social. Chambacú era un pueblo de negros tan auténtico como puede ser San Basilio. Vestigios ambos de lo que fue la cultura africana en América. Pero a los casatenientes cartageneros no les gustaba el barrio hecho entre manglares con cartones y tejas de cinc. Le daba mal aspecto al Corralito. Y decidieron sacar a la gente a la fuerza y botarla a vivir donde pudiera. Chambacú se volvió uno de los más costosos predios. El negocio fue redondo. Hasta construyeron un edificio inteligente. Los desalojados tuvieron que treparse a La Popa y las Loma de Peyé, terrenos hermosísimos con vista al mar. Hay un nuevo plan para sacarlos de ahí también: la Avenida Perimetral. Limpias esas lomas, vendrá triunfal don Donald Trump, rey inmobiliario de Nueva York y dueño del Concurso Miss Universo, a inaugurar —quizás asociado con los Noguera, los Guerra de la Espriella y, por supuesto, con Jean Claude Bessudo, “El Aprendiz” —un gran vividero residencial para pensionados gringos—. De ahí las medidas adoptadas para la ciudad por el Vicepresidente y el Ministro de Defensa.

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Un fusible llamado Sabas

por Felipe Zuleta Lleras Sunday, May. 25, 2008 at 5:16 AM
“ESTOY MUY BERRACO CON USTED… y si lo veo le voy a dar en la cara, marica”, le dijo muy ofuscado el señor Presidente de la República a un fotógrafo de la Casa de Nariño que, supuestamente, había contactado a un delincuente para favorecerlo.

24 Mayo 2008

Esa llamada telefónica se filtró a los medios de manera sospechosa y, a pesar del bullicio hecho por el Gobierno porque alguien estaba grabando las conversaciones del doctor Uribe, a los ciudadanos nos quedó la impresión de que era un montaje urdido desde el Gobierno para anticiparse a un escándalo.

Traigo a colación este episodio porque me dicen mis fuentes que hace pocos días se produjo una llamada similar entre el presidente Uribe y el ex ministro Sabas Pretelt, en la que el primer mandatario, también ofuscado, pero sin usar palabras soeces, le preguntaba insistentemente y con ira profunda al embajador Pretelt qué era lo que habían hecho con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

Es decir, que el Presidente con esa grandilocuente actitud le pone distancia al tema. Después, como por arte de magia, alguien filtrará esa conversación a los medios y muchos quedarán con la sensación de que el señor Presidente desconocía lo que hacían sus funcionarios para lograr su reelección.

Según lo que ha trascendido, la estrategia consiste en carbonizar al ex ministro Sabas Pretelt usándolo como fusible, pues si el doctor Pretelt se va para la cárcel —lo cual podría ocurrir prontamente, de acuerdo con las pruebas que ha encontrado la Corte Suprema— y, simultáneamente, se filtra la llamada que mencionamos, el señor presidente Uribe quedaría a salvo (o al menos eso es lo que creen los estrategas de Palacio).

Ciertamente el Gobierno Nacional está en una sin salida, pues si condenan a Yidis, Teodolindo y sus cómplices, esto pone de manifiesto que necesariamente alguien en el Gobierno también delinquió. Y de acuerdo con la estrategia de defensa que estamos relatando, ese sería el pobre Sabas Pretelt, a quien no me cabe la menor duda van a carbonizar. ¡Así le paga el diablo a quien mejor le sirve!, dice el refrán popular.

Otro punto de la estrategia gubernamental es, por un lado, salvar a como dé lugar al ex secretario general de la Presidencia, doctor Alberto Velásquez, pues si él fuera condenado, eso significaría que el delito llegó al palacio presidencial y muy cerca del despacho del Señor Presidente. Lo mismo sucederá con el ministro Diego Palacio, a quien el doctor Uribe le asignó su abogado de tal manera que este joven se sentirá protegido por el propio Presidente y no hablará ni estando detrás de las rejas.

Tal vez el doctor Sabas Pretelt desconoce que esta estrategia se está desarrollando minuciosamente, por lo que debería presentarse ante la Suprema, negociar con la justicia, contar toda la verdad, que de todas maneras se va a descubrir, como en efecto está pasando, y minimizar su eventual tiempo de reclusión. Por lo demás, no le basta sino llevar la copia de todos los decretos de nombramientos que él y el primer mandatario firmaron después de aprobada la reelección en el Congreso.

De no someterse a la justicia para aclarar su conducta, el ex ministro Pretelt podría pasar en prisión mucho más tiempo con los parlamentarios que le ayudaron a urdir esta reelección ilegal que puso por segunda vez al doctor Álvaro Uribe Vélez en el solio de Bolívar.

© EL ESPECTADOR

¡Vaya primos!


por HERNANDO GARCÍA MEJÍA Sunday, May. 25, 2008 at 11:42 AM
hergamex@une.net.co

SALVAJE la agresión de que fue objeto el concejal antioqueño Bernardo Alejandro Guerra

SALVAJE la agresión de que fue objeto el concejal antioqueño Bernardo Alejandro Guerra, por el hecho de criticar las truhanerías de ciertos tipejos de cuello blanco, a quienes, por razones políticas y familiares, se premia con canonjías de todo tipo, como notarías, verdaderas guacas multimillonarias que sirven incluso hasta para pagar, según datos recientes, empresas tan azarosas e ilegales como la pasada reelección presidencial.

En este caso, que deberá ser investigado y penalizado como se debe, los actores del atropello fueron nada más y nada menos que dos notarios, entre ellos un primo del Presidente de la República, por más señas, Humberto Uribe Escobar, hermano del famoso Mario, que no sólo le sacó el cuerpo a la Corte Suprema de Justicia sino que, huyéndole a la Fiscalía, a la que creyó sin duda más laxa y permisiva, optó por la barrabasada de pedir asilo político en la embajada de Costa Rica.

Uribe Vélez es bastante de malas con los primos: tiene al coequipero político entre rejas, mientras otro le hace gavilla notarial al valiente crítico y político paisa. La maldición de los primos, ni más ni menos. El primero es el primo del mafioso Escobar, sentando cátedra en lo que él mismo presuntuosamente denomina “nivel superior”, casando peleas dañinas a diestra y siniestra y contribuyendo a enrarecer el ya mefítico aire del país. A propósito, ¿ya les escribiría la “cartica” de marras a los congresistas norteamericanos?

Defendiendo sus privilegios, estos uribistas están resultando peligrosos. Ya uno de ellos apaleó a una señora que disentía sobre el régimen y ahora los dos notarios, pupilos del primo mayor, asaltan a golpes al político antioqueño. Pero ahí no paró todo. Entre los espectadores estaba -¡oh sorpresa!- otra notaria: Ángela María Uribe Escobar, hermana del agresor y del huésped de La Picota. ¿Tomando nota para dar fe, acaso?

Por alguna extraña razón, el primo Mario, según se murmura en Medellín, ha estado siempre vinculado al gran negocio de las notarías. ¿Tendrá eso que ver con las denuncias de Yidis y los cheques para Teodolindo?

“Doy fe de que…doy palo”. Bonito, ¡ve!

Broche. En la excelente película La fiesta del Chivo, basada en la novela homónima de Mario Vargas Llosa, el dictador y “follador” Rafael Leonidas Trujillo se cree la encarnación de la patria y proclama que quien esté contra él, está contra ella. Ah, y dice que sus críticos son comunistas. Entonces la palabra terrorista no estaba de moda. El sátrapa sangriento tiene también su untuoso y genuflexo “Cerebrito”, o sea su asesor. Cualquier parecido…

© EL NUEVO SIGLO

La hecatombe soy yo

Por: Rafael Rincón Patiño*

"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí"

- Juan 14:6

El Poder Ejecutivo en Colombia no es legítimo sino legitimado, es el resultado de una compleja trama de combinaciones –forzadas y manipuladas– de obediencia y legitimación. El poder legítimo en una democracia es producto del consenso, del acuerdo libre y mayoritario de los ciudadanos en torno al Estado como forma de organización regulada y de ejercicio del poder.

Estado legítimo es el que logra convertir, de manera libre y deliberada, la obediencia en adhesión a la ley y a los fines del Estado. Pero se confunde, muchas veces, lo legítimo con la aceptación promovida en la opinión pública o con la popularidad y, en virtud de estas confusiones, no es extraño ver como se enerva la legitimidad de un juez que falla conforme a la ley pero en contra del querer del gobierno popular.

La legitimación del régimen político colombiano es producto de acciones coordinadas de manipulación y fuerza. La manipulación directa de la obediencia se revela en favores políticos –casos de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño en Colombia–, las recompensas económicas, la asistencia estatal –programa Familias en Acción–, el clientelismo, los llamados a defender los altos valores de la patria –fidelidad a Colombia– y la “venta de humo” o entrega de honores inmerecidos –por ejemplo, la Cruz de Boyacá al ex Fiscal Luis Camilo Osorio y luego la embajada en México–.

La manipulación de la obediencia también está mediada por encuestadores y empresas de comunicación estratégica que publican y ensalzan las cimas del gobernante, escondiendo sus valles y desaciertos. Éstas hacen que la mentira sea verdad, que la parapolítica sea un affaire –como lo es el nacimiento de un hijo de Madonna o de Brad Pitt– o que la política sea “La Cosa Política” y la economía sea el sujeto político del Estado.

Así, la visita del presidente Uribe V. a México fue un éxito diplomático, según Caracol Radio, mientras que en los medios periodísticos mexicanos fue una ofensa y un abuso contra el pueblo mexicano. O la captura del primo del presidente, Mario Uribe Escobar, según el periódico El Tiempo solo calentó el ambiente político, mientras que los diarios más influyentes del mundo registraban la captura y la frustrada fuga de un familiar y mentor político del presidente de Colombia.

La televisión es el instrumento ideológico más fuerte de manipulación de la obediencia y de construcción del consenso, ésta no duda en registrar al presidente de un Estado laico con la señal de la Santa Cruz o repitiendo, con tono impostor y en diminutivos, el dolor de patria que siente por la aprehensión de sus copartidarios por parte de los magistrados 'no objetivos' de las Cortes.

El Jefe de Estado no rodea a la Corte Suprema de Justicia para que cumpla cabalmente su misión constitucional. Al contrario, se siente sitiado por ella. El presidente Uribe V. no respeta la Corte Suprema de Justicia, la ocupa militarmente para conseguir su obediencia. El presidente de la seguridad democrática se siente inseguro en la Corte Suprema de Justicia, a dos cuadras de la Casa de Nariño.

Las altas cortes de justicia en Colombia luchan por su independencia y dignidad, son el último reducto de decencia del Estado colombiano, a contrapelo del poder presidencial que las azuza, las intimida, las amenaza y descalifica.

Por su parte, la jerarquía eclesiástica, la de monseñor Pedro Rubiano, bendice los desafueros del presidente y no se inmuta con los homicidios pagados desde el gobierno ni con las manos desmembradas de las ovejas descarriadas. El gobierno reelegido no es legítimo pero es bendito, es un gobierno santo y bienaventurado, caído del cielo, es una 'obra de Dios'.

Otra forma de conseguir la obediencia es con las amplias facultades discrecionales del Ejecutivo. La Ley 975 de 2005, publicada como Ley de justicia y paz, da facultades de príncipe al presidente para conceder libertades a su antojo que, sumadas a la facultad discrecional de extraditar o no extraditar, lo convierten en un manipulador central de la obediencia. El presidente puede disponer de la libertad de uno de los que él llama terroristas para darle gusto al presidente francés o puede omitir la extradición de un extraditable, según su leal saber y entender.

La manipulación de la obediencia más usada ha sido la de que el gobierno es bueno porque las FARC son malas. El maniqueísmo, el mal menor y que el fin justifica los medios han sido la plataforma ideológica de la seguridad democrática. Las FARC, quizás muy a su pesar, son un soporte de la obediencia al régimen. Ellas son el factor de poder más funcional de la seguridad democrática. ¿Que sería de Uribe V. sin las FARC?

Pero no basta con la manipulación de la obediencia, son necesarias la fuerza y la coacción de estas para obtener el consenso. El poder del Estado colombiano ha cohabitado con poderes salvajes de muy diversas formas.

No sólo con el narcotráfico, como en el proceso 8.000, también con el paramilitarismo, la guerrilla y la mafias de la corrupción. En algunos casos bajo la figura de la connivencia, en otros casos bajo la figura de la complicidad y la cooperación, otras bajo la forma de la parapolítica.

La obediencia al régimen ha sido conseguida bajo la combinación de todas las formas de lucha. La obediencia también está relacionada con el poder del caudillo. No existe un Estado fuerte sino un hombre fuerte, un poder carismático militarizado.

El poder personal tiene el problema clásico del caudillismo, es un poder fundado en atributos personales, en un mesianismo y en la fuerza legal e ilegal. La reelección se ve como la única forma de continuidad. El poder personal no genera forma de transmisión del poder. Un presidente así está condenado a ser el presidente, a ser jefe de la bancada legislativa y a ser juez de los jueces, pidiéndoles objetividad o intimidándolo con una ocupación militar.

Después de Uribe V. no puede seguir Rodriguez, Jaramillo o Manjarrés. Cuando la obediencia está domada, después de Uribe V. sólo sigue otro Uribe o un 'Uribito'. Se requiere un sacrificio solemne y masivo para un tercer periodo, urge una hecatombe.

Todo el poder en uno, el dueño del problema y de la solución. Parodiando el evangelio de San Juan, el presidente Uribe V. es la hecatombe, la reelección y el remedio, nadie va a la presidencia sino por él.

__________
* Director de la Oficina háBeas Corpus.

CONVOCATORIA DEL CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL

El Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Popular del Cesar, auténtico vocero y representante de los estudiantes Upecistas, los invita este miércoles 28 de mayo de 2008 a las 4:00 pm en la Plazoleta Principal de Sabanas al Gran Foro que se realizará con miebros de la Comunidad Universitaria, miembros de la Asamblea Departamental y representantes de la Gobernación del Departamento, para discutir la Ordenanza 005 de 8 de abril de 2008 que crea el Fondo educativo del Cesar FEDES Cesar, el cual adjudicará ahora los subsidios condicionados.

Señalamos que la base de 2500 salarios mínimos no alcanza a cobijar a la, hoy, mayor población que pretende beneficiar el Fondo, puesto que se repartirá menos dinero del que antes recibía sólo la UPC entre más instituciones.

Igualmente les recordamos que ningún fondo o subsidio aliviará la aguda crisis financiera que agobia a nuestra Institución, y cuya responsabilidad recae en el Gobierno Central, ante el cual el actual Rector ha demostrado su incapacidad para exigir financiamiento adecuado destinado a la UPC.

Defendamos el subsidio, exijamos que se inyecte directamente al presupuesto general de la UPC y así logre cobijar a todos los estudiantes upecistas, y, en caso de ser irreversible el Fondo, exijamos financiación adecuada para el mismo, sin soslayar que esto serán pañitos de agua tibia ante la pírrica asignación presupuestal que se le hace a nuestra UPC, competencia del Gobierno Central.

"EL FIN DEL MARASMO COMIENZA CUANDO LA JUVENTUD SE ORGANIZA"

Diputados aclaran alcances del Fondo Educativo del Cesar

Muchas dudas quedaron ‘volando’ después del foro sobre el Fondo Educativo Departamental para la Educación Superior, FEDES CESAR, que el martes de esta semana realizó la Universidad Popular del Cesar.

El artículo tercero de la ordenanza que creó FEDES CESAR, establece que el Departamento aportará 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a mil 200 millones de pesos aproximadamente, con los que arrancará operaciones el Fondo a partir del segundo semestre de este año.

Sergio Andrés Muñoz, vicepresidente de la Federación de Estudiantes Upecistas, Feup, dijo que los recursos resultarán insuficientes “teniendo en cuenta que se distribuirán entre más universidades, los mismos recursos que por concepto de subsidios recibió sólo la UPC el año anterior”.

Frente a lo que consideró un inconveniente, Muñoz planteó la posibilidad de inyectar los recursos al presupuesto general de la UPC, en vez de otorgar subsidios o créditos a través del Fondo.

Yovany Romero Ramírez, diputado ponente del proyecto del Fondo Educativo del Cesar, explicó que en torno al tema los estudiantes no han asimilado con claridad el objeto de la ordenanza.

“Es cierto, el Fondo Educativo arrancará con 2 mil 500 salarios mínimos, pero hay que tener en cuenta que la capacidad del presupuesto aumentará con recursos de cooperación internacional y otras donaciones que harán la empresa privada y el sector productivo”, señaló el Diputado.

Añadió que con la multinacional Drummond se han adquirido compromisos y es casi seguro que con su participación se obtengan mayores capitales, para financiar la capacitación de estudiantes de los estratos bajos.

Sobre los comentarios relacionados con un posible brote de ‘politiquería’, a través del manejo de los recursos, Romero Ramírez indicó que los dineros serán manejados exclusivamente por un Comité de Seguimiento, que se encargará de girar directamente a las universidades e instituciones.

“El manejo será transparente, no hay razones para que los estudiantes y estamentos universitarios, piensen que se hará feria con los recursos de los subsidios y créditos. Tenemos la responsabilidad de impulsar el desarrollo del Cesar, a través de la formación de nuestro talento humano”, subrayó Yovany Romero.

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Bochornoso Acto del Rector de la UPC y Posición ante la Ordenanza 005 de 28 de Abril de 2008

Bastante grave el bochornoso espectáculo ofrecido el 20 de mayo por nuestro Rector Guillermo Botero Cotes en el auditorio de la sede Hurtado, en el cual, salido de su ropa y demostrando su esencia vulgar e irrespetuosa, nos grita algo que quedó grabado en la memoria de todos los asistentes: "ESTÁN ARDIDOS POR QUÉ NO GANARON LAS ELECCIONES COMO LAS GANAMOS NOSOTROS". Se supone que el rector debe ser imparcial en estos certámenes, entonces él mismo demostró que movió cielo y tierra para impedir una representación auténtica e independiente de los estudiantes, y que hizo elegir una representación de bolsillo para sus intereses, acólitos con su proyecto fraudulento de privatización y aniquilamiento de nuestra institución.

Aprovechamos para expresar nuestro rechazo a la Ordenanza 005 del 28 de Abril de 2008, teniendo en cuenta que el problema principal es el exiguo rubro asignado, el cual ahora deberá repartirse entre más instituciones.

Proponemos que en vez de aplicar subsidios o crear Fondos, se inyecte directamente al presupuesto general de la UPC dicha suma, que sea un rubro de destinación específica, y sirva para rebajar el valor de la matrícula a TODOS los estudiantes. En caso dado que sea irreversible este Fondo, debemos exigir que se aumente el presupuesto asignado para tal fin, ya que la suma fija asignada es exigua.

Igualmente hacemos el llamado a no desviarnos del problema de fondo y es la desfinanciación a la que está sometida la UPC por culpa del abandono del Gobierno Central y de la incompetencia de la actual Administración para exigir recursos suficientes. Ningún subsidio y ningún Fondo evitarán el aumento de las costosas matrículas que hoy pagamos y que representan el 51% del presupuesto total de la UPC.

El llamado es a la defensa de nuestro subsidio, sin perder de vista la desfinanciación a la que está sometida la UPC por culpa del abandono del Gobierno Central y de la incompetencia de la actual Administración para exigir recursos suficientes.

ESTUDIANTES ‘ARDIDOS’


Los que asistieron al foro educativo realizado ayer en la Universidad Popular del Cesar, contaron que el evento llegó a su final antes de lo previsto, supuestamente, por decisión unilateral del Rector.

Algunos testigos aseguraron que el funcionario se encolerizó después de que un estudiante revelara las cifras del presupuesto anual de la UPC y la forma en que los recursos son gastados.

Parece ser que la revelación no fue del agrado del Rector, quien sólo habría atinado a decir que esas son cosas de estudiantes ‘ardidos’ que aún no han aceptado que “nos lo ganamos en las pasadas elecciones”. Todos se preguntaron: ¿El Rector no debe marginarse de estos procesos?

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NO TODO ESTÁ CONSUMADO

El día 24 de abril se realizaron las elecciones en la UPC; todo se puede decir de este certamen, menos que se dio en medio de un amplio ambiente democrático. Serias irregularidades enrarecieron el ambiente ya, de por sí, bastante enrarecido, por ejemplo:

- Las credenciales a los testigos electorales se entregaron el mismo día de las elecciones, cinco minutos antes de abrir el recinto a los sufragantes.

- El evento electoral inicio a las 9:35 am, cuando se estipulo que iniciaba a las 9 am

- La mayoría de urnas fueron selladas sin la presencia de los testigos electorales.

- Había mesas sin cubículos para marcar el tarjetón, como la 50.

- No estaban presentes los delegados de la Procuraduría, ni de la Fiscalía (el Personero estuvo al inicio y se fue).

- Varios de los puestos de votación se internaron en las aulas de clase haciendo casi imposible su veeduría.

- Los jurados de votación, al igual que algunos decanos y profesores, inducían a votar a los electores por el candidato de su preferencia (y extrañamente era el mismo para todos).

- Los jurados de votación no facilitaban los datos a los testigos de votación de FEUP.

- En varias mesas, como la 49, no entregaban el tarjetón al Consejo Académico.

- Sin ninguna clase de control, los miembros de la comunidad Upecistas podían doblar los votos al acudir a la mesa especial y decir que no aparecían en ninguna lista, inmediatamente los enviaban a la mesa 76 para que sufragaran, sin ningún control.

Y lo peor de todo es que la Universidad dio a conocer los resultados electorales cerca de cinco días después. Jamás ha ocurrido esto en ningún debate electoral, ¿por qué no entregaron inmediatamente los resultados? ¿qué ocultaron? ¿qué hicieron? Si en todas las elecciones los jurados de votación llevan unas planillas donde se contabiliza el total de votos por mesa ¿por qué tuvimos que esperar?

Pero más grave aún es el bochornoso espectáculo ofrecido el 20 de mayo por nuestro rector en el auditorio de la sede Hurtado, en el cual, salido de su ropa y demostrando su esencia vulgar e irrespetuosa nos grita algo que quedó grabado en la memoria de todos los asistentes: “¿POR QUÉ NO GANARON LAS ELECCIONES COMO LAS GANAMOS NOSOTROS?”. Se supone que el rector debe ser imparcial en estos certámenes, entonces él mismo demostró que hizo elegir una representación de bolsillo para sus intereses, y que movió cielo y tierra para impedir una representación auténtica e independiente de los estudiantes.

Se trata de una batalla de importancia, de un frente estudiantil aparecido a la vida política de nuestra UPC, después de un complejo proceso, que no tenemos por qué ocultar, de francas discusiones para poder llegar a acuerdos progresivos que nos permitieran unificar nuestros contingentes y combatir con mayores posibilidades de éxito a los enemigos principales de nuestra Alma Mater, de su calidad, de su carácter público y científico, de su democracia. Eran unas elecciones en las cuales la mayoría de las demás microempresas electorales se identificaban, como siempre ha sido, en lo fundamental, en su principal aspiración: el Poder y el dinero.

La FEUP nunca desechará sus principios, ni su programa, ni sus estatutos para "arrimarse al árbol que más sombra le dé". Siempre seguirá el sendero que delinea una línea correcta, por más tortuoso que sea este camino, puesto que este será el único que brinde las grandes transformaciones que buscamos no sólo en nuestra Institución, sino en la región y en el País.

Agradecemos a toda la comunidad universitaria el voto de confianza que depositaron por nuestra organización, voto que nos permitió obtener 13 de los 19 escaños disponibles para estudiantes (el representante de la Facultad de Ingenierías, de la Facultad de Arte y Folclore, del Comité de Bienestar Universitario, y los diez miembros del Consejo Superior Estudiantil). Nuestros votos poseen una calidad y dignidad que las demás organizaciones, por no representar los intereses plenos de los estudiantes, no conocen.

Por lo tanto hacemos un gran llamado a toda la comunidad Upecista, para erguirnos en decidida resistencia contra las obvias pretensiones de la Administración de continuar con su proyecto fraudulento de privatización y aniquilamiento de nuestra institución, institución que defenderemos todos los miembros de la Comunidad Upecista, hasta convertirla en la institución pública, democrática, científica, digna y al servicio de todos que se merece nuestro país.

JUNTA DIRECTIVA FEUP


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