Votos a 100.000 pesos

Cecilia López Montaño

Definitivamente, el Gobierno está obsesionado con la segunda reelección y no parece ponerle límites a la consecución de este objetivo. La última decisión sí sobrepasa todos los límites: darles 100.000 pesos a los empleados públicos con la excusa de que ha sido un buen año para la economía. En un país donde la carga impositiva -impuestos sobre PIB- está alrededor del 16 por ciento cuando debería aproximarse al 30 por ciento para poder responder a los derechos de todos los colombianos, el señor Presidente decide otorgarles una bonificación a los trabajadores del Estado. Objetivamente, estos trabajadores tienen lo que muy pocos colombianos logran: un trabajo decente, una cierta estabilidad, salario y no órdenes de servicio, primas y cesantías. ¿Será posible que el señor Presidente salga con el argumento peregrino de que aumentó la productividad de los burócratas?

El Jefe del Estado toma esta decisión cuando la pobreza tiene cada día más rostros visibles: niños que intercambian tenis para poder ir al colegio; estudiantes que atraviesan ríos para poder llegar a la escuela; recién nacidos abandonados en bolsas plásticas por mujeres desamparadas; estudiantes que escriben en el piso porque carecen de un pupitre en donde escribir. No es sino detenerse en una esquina de una calle de Bogotá para mirar el desconsuelo de esos desplazados, que no eran pobres y ahora son miserables. Se trata de 3 millones de hombres, mujeres y niños que ahora viven en las condiciones más precarias. Si se mira la propuesta en cifras, el Estado tiene hoy cerca de 580.000 trabajadores, a 100.000 pesos cada uno, son 58.000 millones de pesos que, sin duda, ayudarían a solucionar en algo la crisis humanitaria de los desplazados. Cifra muy superior a la que se requería para Carimagua y que resolvería la vida de cientos de desplazados.

Pero, además, la salud sigue en crisis, y en privado el Presidente se excusa por las graves falencias de este sector, según comentó recientemente un médico columnista. La pensión de vejez les llega cada día a menos individuos, para no mencionar las grandes obras de infraestructura que no existen y que harían de este un país moderno.

La única explicación que cabe a esta absurda decisión es que, como lo han dicho muchos economistas, se trata del más aberrante populismo para garantizar los votos que asegurarían la reelección. Al clientelismo de siempre, que ahora tiene a funcionarios del Gobierno en entredicho por el escándalo de Yidis y Teodolindo, se le suma algo que Colombia no había tenido: el uso y abuso de dineros públicos para fines políticos. No se trata de asegurar leyes que mejoren la vida de los colombianos sino de permitirle al Presidente permanecer en el poder. Dirán algunos de sus escuderos que lo que se busca no es reelegirlo a él sino a la Seguridad Democrática.

Se le nota desespero al Gobierno ante una serie de crisis que comprometen cada vez más su presente y su futuro. En vez de reaccionar serenamente, sus pasos se han convertido en una serie de golpes de ciego que terminarán por comprometer su desempeño. Ya se ha dicho que el gasto del Gobierno Central está desbordado y, con esta serie de medidas, lo único que se logra es agravar la situación fiscal. Por lo menos dos anuncios del señor Presidente van en esta dirección: duplicar el número de familias en acción que comprarían la conciencia de 6 millones de personas sin que se les logre sacar de la pobreza, y ahora 100.000 pesos por cada empleado público que aseguraría el resto de votos necesarios.

Es imperativo ponerles freno a estas iniciativas antes de que sea demasiado tarde. La popularidad no da para tanto y hasta los más fieles seguidores del Presidente criticarán estos brotes de desesperación. El país está viviendo una seria crisis, que no se limita a la 'parapolítica' ni al Congreso y que ha llegado al Ejecutivo. Es imposible tapar el sol con las manos y menos aún resolver las crisis con escandalosas muestras del más claro populismo. Vergonzoso, además.