Hay frases que, a fuerza de repetirse, se vuelven como especies de paradigmas en Colombia. Una de ellas es la que afirma que el salvamento de una empresa radica en colocarla “cero kilómetros”, lo que en buen romance quiere decir sin derecho o prestación alguna para los trabajadores.
La textilera antioqueña Coltejer, otrora orgullo de la industria nacional, fuente de acumulación de una de las mayores fortunas del país, la de la organización Ardila Lulle, atraviesa hoy por una difícil situación financiera, a causa de una conjunción de fenómenos, todos ligados a la política económica neoliberal imperante en el país, e impuestos, como es sabido, por el gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La apertura del mercado interno que condujo a que este se le entregara a los monopolios extranjeros y la revaluación del peso frente al dólar, que abarata importaciones y encarece exportaciones, son factores que, sumados a la insaciable voracidad de Ardila y su organización, han llevado la empresa a una especie de “hecatombe”, colocándola en estado de liquidación en medio del proceso de Ley 550.
Es notorio que entre todos los factores negativos mencionados en los medios de comunicación, no aparecen los costos de la mano de obra. Sin embargo el ex secretario privado del presidente Uribe y actual gerente de la empresa, Jorge Roberto Arango, trae de México la exigencia del inversionista extranjero, presentado como “salvador”, que la operación sólo se adelantará una vez los trabajadores renuncien a la convención colectiva, poniéndola así en lo que llaman “cero kilómetros” para recibirla.
Y no sólo eso, sino que la exigencia la hacen con un destacamento de policía en los alrededores de la factoría. Esta es la verdadera esencia de la política de “seguridad democrática”, pié de fuerza aumentado para arrasar con las escasas conquistas democráticas y laborales de los trabajadores.
La respuesta de los obreros y sus organizaciones sindicales ha sido contundente y firme: no renuncian a sus convenciones y derechos adquiridos, pues allí no está la solución del problema, y lo único que harían sería renunciar a ser acreedores importantes en el proceso de liquidación, inevitable en medio de la imperante política económica.
Manifestamos nuestra plena solidaridad con la posición y conducta de los trabajadores de Coltejer, las colocamos como ejemplo para la clase obrera colombiana. El único sentido justo de la empresa “cero kilómetros” debe ser a favor de los trabajadores, quienes han sido los principales forjadores de riqueza y no tienen porque pagar por los malos manejos y abusos que no cometieron. Esta exigencia quiere decir que se debe mantener la empresa, pero sin deudas de tipo pensional, financiera o tributario, las cuales deben se asumidas por la organización Ardila Lulle, pero sobre todo, con garantía de un mercado interno protegido para la cadena productiva nacional algodón – fibras – textil – confecciones.
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