Por: Juan Pablo Ruiz Soto
En agosto de 2007, en Barranquilla, y como parte de la campaña, se realizó un gran foro y se dio inicio a una expedición que navegó el río Magdalena, con participación de varios expertos nacionales e internacionales que conversaron con pobladores locales sobre lo que está pasando con el agua. En la ruta se realizaron varios foros y se hizo evidente que, siendo Colombia un país afortunado a nivel mundial, en términos de la disponibilidad de agua por habitante y por unidad de superficie, el recurso se está degradando. En las montañas andinas vive más del setenta por ciento de la población colombiana, hay una gran deforestación y son altos los niveles de contaminación de las aguas servidas que retornan contaminadas a cuencas donde más abajo otros poblados las toman. En muchas poblaciones no se alcanza el nivel mínimo de potabilidad en el agua que se entrega para consumo humano.
La caravana llegó hasta Girardot, donde el río Bogotá vierte al río Magdalena aguas muy contaminadas, que éste diluye rápidamente, pero que no por ello deja de acarrear los contaminantes orgánicos y químicos, incluidos los metales pesados que aporta la industria establecida en la capital.
En enero de este año, la campaña presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil 248.000 firmas de respaldo al referendo y al Comité Nacional de Defensa del Agua como su promotor, superando así la primera etapa que requería un mínimo de 136.000 firmas para el reconocimiento oficial. En marzo de 2008 la Registraduría inscribió oficialmente el proceso del referendo y entregó los formularios para la recolección de firmas en la segunda etapa. Desde esa fecha hay seis meses para recoger las 1'403.269 firmas necesarias para que la solicitud del referendo sea enviada al Congreso de la República, a fin de que éste lo convoque. El proceso es liderado por Ecofondo, una organización no gubernamental que acaba de cumplir 15 años de existencia y que aglutina a más de 130 organizaciones ambientales no gubernamentales a nivel nacional.
La propuesta de reforma constitucional incluye cinco artículos. El primero es sobre los principios fundamentales que busca que el agua por ser esencial para la vida sea declarado bien común y público. El segundo hace referencia al derecho de todo ciudadano a tener acceso seguro y libre a un mínimo vital gratuito. El tercero habla de los derechos sociales, económicos y culturales y la necesidad de proteger las cuencas y el agua en todas sus formas. El agua, como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos, debe ser considerada parte integrante de los territorios asignados a comunidades negras e indígenas. El cuarto hace referencia a la función del Estado en la protección de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua, conservación que no debe vulnerar los derechos de las comunidades que tradicionalmente habitan dichos ecosistemas. Por ello se deben buscar modelos de uso sustentable que armonicen los diversos intereses, dando prioridad a la protección del ciclo del agua.
El quinto tiene que ver con las empresas que prestan los servicios de acueducto y alcantarillado y cómo éstas deben garantizar la participación ciudadana, el control social y la transparencia. Propone que las empresas prestadoras del servicio, deben ser sólo publicas o comunitarias, aspecto polémico, pues la eliminación del sector privado no garantiza un mejor servicio. En esta actividad hay buenas y malas experiencias, tanto con empresas públicas como privadas, mucho depende del marco regulatorio.
En síntesis, lo central del referendo es que sin agua no hay vida, el agua es un bien único, no sustituible, que debe ser protegido como bien social, básico para cualquier comunidad humana. Hay formas de uso y consumo del agua que no son esenciales, pero hay un mínimo vital que tiene que ser considerado y respetado como derecho fundamental. El proceso es complejo y quedan sólo cuatro meses para completar el millón cuatrocientas mil firmas, condición sin la cual el referendo no puede avanzar. Ecofondo y diversas organizaciones comunitarias están en la tarea de conseguirlas. Sin duda se trata de una valiosa iniciativa, pero deben estar dispuestos a introducir modificaciones si quieren ganar apoyo en sectores más amplios de la población.
* El autor es economista con especialidad en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. Los puntos de vista aquí expresados son del autor, no representan ni pueden atribuirse a la entidad para la cual trabaja.
Juan Pablo Ruiz Soto
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