"La idea de un retiro unilateral de un tratado de libre comercio sólo para buscar anotarse unos puntos políticos no es una buena política", dijo. "No sirve por mérito propio ni tampoco como mensaje a nuestros pueblos que de buena fe negociaron y firmaron un tratado con nosotros".
Hillary Clinton y Barack Obama, que se disputan la nominación presidencial del Partido Demócrata, están enfrentados sobre los beneficios del NAFTA en un intento de ganarse el voto de sectores sindicales entre los cuales el tratado es impopular.
Ambos han dicho que estarían dispuestos a retirar a Estados Unidos de ese acuerdo, el primero de libre comercio firmado por Estados Unidos, si México no acepta renegociarlo.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Bush reafirmó su convicción de promover el libre comercio como "mecanismo esencial para la creación de empleos bien pagados" y pidió mirar el comportamiento económico estadounidense del año pasado en que una buena parte del crecimiento "es el resultado de las exportaciones".
Indicó que Estados Unidos exporta a México y Canadá como consecuencia del NAFTA unos 380.000 millones de dólares anualmente en bienes, lo cual significa que "hay mucha gente en el campo y las empresas, grandes o pequeñas, que se están beneficiando de ese comercio con nuestros vecinos".
El presidente pidió también a los opositores del NAFTA visitar la frontera mexicana con el estado de Texas y ver el progreso.
"Quienes crecimos en Texas recordamos una frontera realmente pobre", afirmó. "Pero, hoy es próspera a ambos lados del río (Bravo) y eso se debe a quienes propusieron el NAFTA y lo aprobaron en el Congreso".
Dijo que el tratado igualmente contribuye al crecimiento económico de México, haciendo que muchos puedan encontrar empleo allí y evitar su ingreso a Estados Unidos debajo de un camión de carga en busca de poner la comida sobre la mesa".
El NAFTA empezó a ser negociado durante el gobierno del presidente George W.H. Bush, padre del actual presidente, y fue concluido durante la presidencia de Bill Clinton.
"Este acuerdo ha significado prosperidad para ambos lados de nuestras fronteras, norte y sur", dijo Bush. "Yo creo que es importante continuar, porque así como tratamos a un país de esa misma manera nos tratan".
La semana pasada, la AFL-CIO envió una delegación de sindicalistas, incluyendo a representantes de United Steelworkers, a Colombia, Sudamérica, el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, con el objetivo de llevar a cabo una investigación. Alrededor de 2.300 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1991, y 470 desde que el actual presidente, Álvaro Uribe, asumió en 2002. Cinco han sido asesinados en lo que va del año.
Asistí como integrante de esta delegación en representación de USW, nos reunimos con numerosos sindicalistas, representantes del congreso colombiano, la ILO, el Tribunal Constitucional de Colombia, el Fiscal General Mario Iguarán y el Presidente Uribe para indagar acerca de la continua violencia que se ejerce contra los sindicalistas en este país. Nuestra reunión con el Presidente Uribe alcanzó un punto de tensión cuando mencioné nuestra preocupación colectiva por la cultura antisindical que reina en las fuerzas armadas, en las empresas e incluso en el gobierno de Colombia; una cultura que tilda de "guerrilleros" o "terroristas" a aquellos trabajadores que intentan organizarse y ejercer sus derechos sindicales. En un país en el que las fuerzas armadas colombianas, en unión con organizaciones paramilitares de la derecha, libran una batalla contra la guerrilla, tales denominaciones ponen en peligro la vida de estos trabajadores.
Para ejemplificar el estigma que pesa sobre los sindicalistas, le conté al Presidente Uribe acerca de una conversación que tuve con un coronel de la Brigada 18 del Ejército colombiano poco después de que su Brigada matara a balazos a tres líderes sindicales cerca de Saravena en agosto de 2004. El Coronel Medina de la Brigada 18 me dijo en aquel entonces que él sabía que su deber era proteger a los sindicalistas de la misma forma que al resto de los ciudadanos. Sin embargo, afirmó que, en realidad, muchos de los sindicalistas eran guerrilleros; una afirmación como esta, si bien es falsa, logra que los sindicalistas se conviertan en un blanco para los ataques de las fuerzas armadas.
El Presidente Uribe me contestó que todos los meses se reúne con sindicalistas y que muchos de ellos son de buen corazón. Sin embargo, al igual que el coronel, continuó su discurso con un significativo "pero". Y agregó que, como estudiante (seguramente décadas atrás), se enteró de que una de las tácticas de los guerrilleros consistía en infiltrarse en el movimiento sindical y estudiantil y en la prensa.
Luego, Uribe aseveró que, de hecho, los tres sindicalistas que murieron cerca de Saravena en 2004 eran guerrilleros que tenían relación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). No estuve de acuerdo con el Presidente y señalé que, después de investigar, su propio fiscal general había llegado a la conclusión de que esta afirmación era falsa y de que, en realidad, la Brigada 18 les había colocado armas a los sindicalistas para que pareciera que habían muerto como rebeldes en un enfrentamiento armado. Uribe me respondió que él había ido a Saravena personalmente y que miembros de la comunidad le habían asegurado que las tres víctimas eran, en efecto, miembros del ELN.
De modo que, en base a un rumor, sin ninguna prueba y haciendo caso omiso de las conclusiones de su propio fiscal general, el presidente sostiene que estas tres personas eran "terroristas".
Lamentablemente, esta aseveración no puede atribuirse a un lapsus del Presidente Uribe, quien ya ha realizado este tipo de declaraciones peligrosas en ocasiones anteriores. Como cuando en declaraciones a El Tiempo, el periódico líder de Colombia, al hablar acerca de dos sindicalistas que murieron el año pasado, dijo que el incidente se debió a que uno de ellos era un "terrorista". Una vez más, resultó imposible confirmar esta versión.
Además, los grupos defensores de los derechos humanos, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han desmentido la colaboración entre sindicatos y guerrilleros y han llegado a la conclusión de que, en Colombia, los sindicalistas son asesinados no porque estén vinculados a alguna organización ilegal, sino por el solo hecho de ser lo que son.
Al fin y al cabo, los comentarios de Uribe aclararon por qué continúan las muertes de los sindicalistas y por qué menos del 3 por ciento de los cientos de asesinatos de sindicalistas han sido llevados a juicio: por el estigma de que son objeto los sindicalistas por parte de las personas que ocupan los puestos más altos en el gobierno colombiano, incluyendo al Presidente.
Mientras se encontraba en Colombia, la delegación de la AFL-CIO también se reunió con representantes de diversos sindicatos y delegaciones sindicales. Los sindicalistas con los que nos reunimos, al igual que los numerosos representantes del Congreso, coincidieron en que, en Colombia, los sindicatos están desapareciendo. Esto se debe, por un lado, a la evidente violencia antisindical y, por otro, a la agresión legal del Presidente Uribe, que ha dejado a menos del 1 por ciento de la fuerza laboral el derecho legal a participar en negociaciones colectivas. Este es el país con el que Bush quiere firmar un Tratado de Libre Comercio. Insiste en que el Congreso apruebe el acuerdo, ya que, en los últimos años, ha disminuido el número de sindicalistas que han muerto. Se ignora el hecho de que las cifras aún son altas, al menos lo suficiente como para que Colombia siga siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. También se ignora el hecho de que, después de años de violencia y legislación antisindicales, simplemente hay menos sindicalistas que asesinar.
El Congreso de EE. UU. debe seguir resistiendo la tentación de recompensar al gobierno de Uribe con un Tratado de Libre Comercio. Literalmente, las vidas de los sindicalistas en Colombia dependen de ello.
* Dan Kovalik es abogado de United Steelworkers, el sindicato de trabajadores del acero, con más de un millon y medio de afiliados en todos los Estados Estados Unidos y ejerce una importante influencia dentro del Partido Demócrata.
Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 26 de febrero de 2008.
En actitud antidemocrática, la presidenta del Senado impidió en la plenaria de hoy que, en nombre del Polo Democrático Alternativo, el senador Jorge Enrique Robledo fuera citante del debate al ministro de Agricultura por los hechos de Carimagua.
Sin tener ningún respaldo en las normas del Congreso, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez ni siquiera puso en votación la proposición presentada por el senador Robledo y prefirió levantar la sesión antes que concederle a este una moción de orden en la que le pediría que se votara su proposición.
La maniobra de la presidenta del Senado es evidente: el tiempo para el control político que le negó al Polo se lo otorgó al Partido Conservador, el mismo partido del ministro Arias, partido que ya anunció que defenderá al ministro.
Según el senador Robledo, “resulta insólito que sea el Partido Conservador, al que el ministro Arias ha colmado de canonjías, el que le haga un falso control político a quien podría estar incurso en prevaricato y peculado en el caso Carimagua, además de su evidente decisión de favorecer a poderosos empresarios en contra de los derechos de los campesinos desplazados. ¿A qué le tiene miedo el Uribismo?”
El 28 de marzo de 2007, más de 80 organizaciones agrarias y rurales de Colombia reunidas en Bogotá en un gran Encuentro Nacional, nos dirigimos a Colombia, a las autoridades y al Congreso de la República para manifestar nuestro rechazo, entre otras, a la negociación del TLC con Estados Unidos y a la expedición del Estatuto Rural.
En la Declaración emanada de esa reunión, y publicada en el periódico El Tiempo (domingo, 1 de abril) denunciamos: “El gobierno propicia la asignación a grandes empresas inversionistas nacionales y extranjeras de millones de hectáreas y terrenos baldíos, orientando además la inversión de los recursos públicos del presupuesto nacional hacia grandes agronegocios como agrocombustibles, explotaciones madereras y ganaderas. Como sujetos del apoyo estatal, consagra fundamentalmente a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, en detrimento de la población, de los ecosistemas y de la cultura rural colombiana…” Quizás muchos colombianos desestimaron esta premonición y no advirtieron suficientemente lo que ella implicaba. Con el caso CARIMAGUA se ha corroborado con creces.
La asignación de las cerca de 17.000 hectáreas a un puñado de empresas productoras y a una firma financiera en detrimento del interés de las familias victimas del desplazamiento forzado, por ahora detenida por reparos de la Procuraduría General de la Nación y por la indignación general de la sociedad colombiana, es el ejemplo expedito prescrito en ese Estatuto Rural para establecer el denominado “modelo agrícola empresarial” que excluye a los campesinos, a los pueblos indígenas y afrocolombianas y a los productores medios dedicados al cultivo de géneros agrícolas y alimentos para el mercado interno. CARIMAGUA representa las esencias del Estatuto Rural.
En un país donde en los últimos 25 años ya registramos cuatro millones de desplazados por la violencia; el caso CARIMAGUA reitera así mismo el infausto provenir del agro colombiano señalado también en la Declaración mencionada: “El modelo rural que se promueve se traducirá en la expulsión de millones de colombianos de sus tierras en especial de los más vulnerables. Para imponerlo, el gobierno recurre a la demagogia y apela a la represión bajo el subterfugio de la Seguridad Democrática”. En CARIMAGUA se llegó al extremo de destruir el puente que servía a las comunidades locales para someterlas a condiciones desventajosas.
Igualmente, se debe conocer que en aras de hacer del INCODER una institución al amaño de planes como CARIMAGUA, desde diciembre de 2007 han sido despedidos 547 empleados y trabajadores, casi 200 de ellos pertenecientes al Sindicato. En medio de esta masacre laboral no se ha respetado la Carrera Administrativa y las vacantes se surten con la nominación de personas incondicionales de los sectores políticos que aprobaron el Estatuto Rural en el Congreso.
Hay que aprovechar la ocasión para que quienes rechacen con sinceridad aberraciones como la de CARIMAGUA se unan a un movimiento nacional por la derogatoria del Estatuto Rural y otras normas, merced a las cuales se está legitimando y se validarán en el futuro otras por el estilo. Este funesto caso conjuga el despotismo y la mentira con la violación de los principios constitucionales que rigen el desarrollo rural en Colombia y en particular del que prescribe que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios” (Constitución Política art. 64) y el derecho de los desplazados a la reparación. En CARIMAGUA hay muchas más perversidades que meros prevaricatos y peculados. Es instaurar la más indignante iniquidad.
Firman:
Acción Campesina de Colombia -ACC
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Unidad y Reconstrucción-ANUC-UR
Asociación Nacional de mujeres campesinas, negras e indígenas de Colombia -ANMUCIC
Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca –ADUC
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
Centro de Cooperación al Indígena –CECOIN
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - FENSUAGRO
Grupo Semillas
Organización Nacional de Indígenas de Colombia –ONIC
Sintraincoder
...La trasnacional canadiense Colombia Goldfields –propietaria de la Compañía Minera de Caldas– tiene el derecho a comprar, como en efecto ha ocurrido, las minas de los pequeños mineros de Marmato. Y también tiene derecho a aspirar a que esas explotaciones se sustituyan, como es su propósito, por un proyecto de gran minería de cielo abierto, que incluye destruir el casco urbano de Marmato y algunas de sus áreas aledañas y desplazar a sus habitantes...
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En reunión de su Comité Ejecutivo Nacional, el POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO aprobó por unanimidad:
1. Marchar en todo el país y en el exterior el próximo 6 de marzo en solidaridad con todas las víctimas y contra todos los crímenes cometidos por los distintos actores de la guerra: paramilitares, agentes del Estado y guerrillas.
2. Alertar sobre el hecho de que el paramilitarismo, que ha dejado cientos de miles de victimas y desplazados, lejos de haber desaparecido, se ha venido recomponiendo y sigue vigente como un enemigo de primer orden contra la democracia colombiana.
3. Repudiar una vez más el uso de la violencia como instrumento de acción política, el secuestro y los crímenes de lesa humanidad, vengan de donde vinieren, así como reafirmar la necesidad de lograr acuerdos humanitarios y una solución política negociada al conflicto armado que padece nuestro país.
4. Rechazar las declaraciones de altos voceros del Estado que pretenden estigmatizar la jornada del 6 de marzo y exigir a las autoridades, en particular al Presidente de la República, que brinden todas las garantías para que los colombianos y colombianas puedan ejercer su derecho a la movilización pacífica.
5. Invitar a los ciudadanos y ciudadanas que participaron en la multitudinaria marcha del 4 de febrero pasado para que se vinculen a la jornada del 6 de marzo. Y convocar a las organizaciones políticas y sociales, al movimiento obrero, estudiantil, campesino e indígena y a los gremios económicos y empresariales para que repudien todos los crímenes que desangran a Colombia y contribuyan a la gran tarea por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignificación de las víctimas.
He oído varias veces al presidente de la República criticar a sus predecesores por lo que hicieron y por lo que no hicieron.
Ha dicho que su política económica, incluido el Tratado de Libre Comercio, que desesperadamente se esfuerza por hacer aprobar en el Congreso norteamericano, no se parecerá a la improvisada y torpe apertura económica de los años noventa. Ha dicho que su negociación con los paramilitares no se parecerá a las políticas de sometimiento a la justicia que adelantaron otras administraciones. Ha dicho que no hará, como otros presidentes, despejes del territorio para adelantar conversaciones con la guerrilla. Ha dicho que el país no debe volver a esos gobiernos blandos y tolerantes, condescendientes con el desorden, faltos de autoridad y de decisión. Y la verdad es que, en comparación con Uribe, uno tiene la sensación de que hace mucho tiempo el país no era gobernado.
Uribe está en todas partes, sabe de todo, sus consejos comunales son una rapsodia de todos los temas, desde las grandes obras de infraestructura hasta los pequeños asuntos domésticos de las personas que participan en ellos: hace unos días lo oí ordenar a un oficial del Ejército que acompañara a una señora beneficiada con un microcrédito, para sacar un anillo de la casa de empeño. Incluso lo hemos oído hacer algo que no haría ningún gobernante: llamar por teléfono a un pequeño funcionario para insultarlo y amenazarlo por sucumbir a la corrupción, en vez de ponerlo con dignidad en manos de la justicia. Y uno a veces tiene la sensación de que Uribe es el presupuesto, de que Uribe es el confesor, de que Uribe es la justicia, de que Uribe es el Estado.
Ya desde el comienzo nos dijeron que cuatro años no eran suficientes. La cosa se volvió verdad, cuatro años volaron sin dejarnos la certeza de que Uribe hubiera cambiado al país. Había producido cambios importantes. La seguridad democrática desmovilizó a toda una línea de paramilitares, y sacó a las guerrillas de la zona central del territorio, entre Santa Marta, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Pero era evidente que ni la pobreza, ni el empleo, ni la salud, ni la educación, habían logrado emerger de la terrible crisis de las últimas décadas. Para no hablar de la justicia, de las cárceles, de la pavorosa crisis humanitaria, de la prolongación de la guerra, que al presidente y a sus funcionarios les desagrada llamar así. Necesitaba un segundo mandato, y Colombia se lo concedió.
Ahora empieza a saltar a la vista que Uribe necesita un tercer mandato. En primer lugar, porque en el conjunto de los partidos que lo apoyan nadie tiene su perfil, ni su carácter, ni su autoridad, ni su inteligencia, ni su habilidad, ni su elocuencia, ni la claridad que él parece poseer sobre el tipo de proyecto que tiene en sus manos y sobre el tipo de leyenda que se propone dejar para la historia. Es más, creo que sólo Uribe, entre todos sus partidarios, sabe qué tipo de cambios está obrando sobre la sociedad colombiana.
Sean cuales sean, no están consolidados todavía. El proceso de Justicia y Paz con los paramilitares está por resolverse, todavía no sabemos cuál será el desenlace de su justicia, cuáles serán los niveles de la reparación, ni cómo será la paz que se desprenda de él. Por ahora sólo empezamos a ver la magnitud de los crímenes que se cometieron. La guerra con las guerrillas tampoco está resuelta. El gobierno está seguro de que las derrotará militarmente, a pesar del escepticismo de muchos sectores, pero ello no ha ocurrido todavía. Es otra tarea inconclusa, y no parece que se pueda llevar a feliz término en los dos años que faltan. Y por otra parte el TLC sigue empantanado, y bajo el riesgo de que un triunfo demócrata demore más su aprobación. Esos tratados siempre tienen ganadores y perdedores, y en nuestro caso está claro que sólo beneficiará a los empresarios que están en condiciones de competir en el mercado internacional.
Seguramente los perdedores serán muchos, pero ello no es culpa del Tratado en sí sino de las muchas fallas de nuestro orden económico y social, que Uribe hasta ahora no se ha propuesto modificar. Uribe necesita un tercer mandato.
Sus partidarios tienen no sólo el derecho de intentar la reforma constitucional que permita la segunda reelección del presidente, sino también las condiciones para lograrlo. Uribe cabalga hoy sobre la cresta de la ola de una popularidad del 80 por ciento, según las empresas encuestadoras, y cada problema lo hace subir un poco más. Los escándalos de la parapolítica, Chávez, Jorge Noguera, la condena de los militares que masacraron a los policías antinarcóticos en Jamundí, todo es aire caliente para este globo que asciende sin tregua.
Nadie como Uribe, en toda la historia de Colombia, ha tenido la posibilidad real de cambiar el país. Nadie ha tenido más conocimiento, nadie ha tenido más poder, nadie ha tenido más apoyo de los sectores más disímiles. No sólo de los empresarios y de los dueños de la tierra, también de los políticos, de grandes medios de comunicación y hasta de sectores a los que ha procurado someter a la ley, como los paramilitares. Sólo él habría tenido la posibilidad de avanzar en una reforma agraria verdadera, es decir, no en una ingenua distribución de predios sino una racionalización de la producción agrícola que beneficie de verdad a las mayorías. Sólo él ha tenido la posibilidad no sólo de hacer un intercambio humanitario sino de lograr una negociación política del conflicto. Sólo él ha tenido la posibilidad de echar a andar un plan vial verdaderamente modernizador. Sólo él ha estado en condiciones de inscribir nuestra economía en el orden global con responsabilidad y con éxito, y pensando en los inmensos sectores excluidos, deprimidos y postergados de la sociedad.
Pero al cabo de casi seis años de Uribe no me parece ver que los problemas fundamentales del país se hayan resuelto. Su gobierno ya no está en condiciones de quejarse de lo pocos que son cuatro años, pero puede empezar a decir que ocho años son muy poco tiempo, que para cambiar a Colombia se necesitan más. Posiblemente tenga razón. Pero la pregunta no es si está cambiando el país, pues no dudo de que lo está haciendo, sino si esos cambios son para bien y benefician de verdad a esas mayorías que hoy lo aprueban de un modo casi religioso.
Él tiene que saberlo bien, y ya el país sabrá si Alvaro Uribe supo aprovechar su inmenso poder, su abrumadora popularidad, la adoración de sus partidarios, el favor de los grandes medios de comunicación, la amistad de los empresarios, la solidaridad de gremio de los dueños de la tierra, el respaldo de las Fuerzas Armadas cuyo presupuesto ha incrementado año por año; si supo aprovechar todo eso para dejarnos un país mejor del que teníamos. Porque esas cosas finalmente se saben, y nadie tendrá menos derecho de decir que no tuvo las condiciones o el tiempo para obrar esos cambios.
Nos parece ver que crece la economía pero no el empleo, que no disminuye la pobreza, que hay un asombroso auge de la construcción pero sólo de vivienda de lujo para altos estratos, que hace carrera hasta el delirio la idea suicida de que se puede vivir de la renta de pequeños capitales, que no hay una economía preparando a los medianos y pequeños productores para el impacto abrumador del ingreso en el mercado mundial, que no hay un proceso serio de mejoramiento de la infraestructura vial, que no hay un esfuerzo de mejoramiento de la calidad de la educación, hasta el punto escandaloso de que, como indican las pruebas recientes, tenemos una sociedad que no entiende lo que lee. Nos parece ver que no hay verdadera voluntad de reparar a las víctimas de las violencias y que lo que se prepara es un bálsamo de epidérmicas indemnizaciones. Nos parece ver que soluciones grotescas como el proyecto de entregar el predio de Carimagua a unos empresarios palmeros no es un accidente sino el símbolo de una manera asombrosamente frívola de mirar el drama colombiano. No hay un verdadero plan de recuperación de la convivencia ciudadana, no hay un gran proyecto de dignificación de la comunidad, no sabemos de un proyecto para jóvenes pobres que los redima de la maldición de una guerra eterna.
Es evidente que Uribe necesita un tercer mandato. Pero no es nada evidente que el país necesite un tercer mandato de Uribe.
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La proyección (Psicoanálisis) es un mecanismo de defensa a través del cual el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo atribuyendo incorrectamente a los demás, sentimientos, impulsos o pensamientos propios, que le resultan inaceptables. Consiste en proyectar cualidades, deseos o sentimientos que producen ansiedad fuera de sí mismo, dirigiéndolos hacia algo o alguien a quien se los atribuyen totalmente.
El término proyección admite, también, una significación neurofisiológica, que en este caso no interesa, obviamente. Tampoco la significación geométrica, como es natural. El significado psicológico es el asumido y desenvuelto por el psicoanálisis.
En este orden, y puntualizando lo que ya se adelantó, el psicoanálisis entiende por proyección a uno de los mecanismos de defensa mediante el cual el sujeto, normal , neurótico o psicótico, expulsa de sí, en un proceso de segregación psíquica -localizando en persona o cosa externa-,sentimientos, cualidades, e incluso "objetos" que no termina de aceptar como propios. Con este mecanismo nos enfrentamos a un mecanismo de defensa muy arcaico que de modo patente se ve desarrollar en conductas paranoides o directamente paranoicas. También, como veremos, en algunas formas de pensamiento normales de la vida cotidiana.
Revista Polemizando, 20 de febrero de 2008
Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo es considerado uno de los mejores senadores de Colombia, se ha caracterizado por su combate contra la firma del TLC con Estados Unidos, en esta entrevista responde para Polemizando su posición frente al TLC y frente a la candidatura presidencial del Polo en el 2010.
Polemizando: ¿Por qué se opone el Polo a la firma del TLC con Estados Unidos?
Jorge Enrique Robledo: El Polo consagra en su Ideario de Unidad –que es su programa– la oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Nos oponemos no porque sean negocios internacionales o porque sea un tratado con Estados Unidos, como dicen nuestros calumniadores de cabecera. Lo que rechazamos es un mal negocio, un mal tratado para Colombia. Como dice Stiglitz, «es mejor no tener tratado que tener un mal tratado». Es una alianza de mula y jinete donde Colombia es la mula. Luego de 18 años de aplicación del «libre comercio» en el país –que empezó en 1990 con el gobierno de César Gaviria– , hay pruebas de sobra de los daños que esta política le ha provocado al común de los colombianos; y el TLC hará irreversibles esas medidas e introducirá otras nuevas en la misma dirección. El TLC condena a Colombia a la pobreza y la miseria para siempre, porque convierte a Colombia en una especie de colonia de Estados Unidos.
P: ¿Cómo se manifiesta esa oposición al TLC en Colombia?
JER: De muchas maneras. Todas las organizaciones representativas de los trabajadores, el campesinado, los indígenas, los afrodecendientes y el estudiantado, las ONG, entre otras, se han movilizado contra el TLC. No recuerdo una movilización más amplia y sostenida en el tiempo en contra de una política económica estratégica en Colombia. Y al Polo le cabe el honor de haber jugado un papel de gran importancia en esta lucha decisiva para la suerte del país, lucha en el que se ha mejorado mucho la comprensión entre los colombianos de por qué hay que oponerse a las políticas imperialistas y que nos permitió explicarles a muchos colombianos por qué nuestra propuesta es de unidad nacional, en la que cabe todo el pueblo, hasta el empresariado que no deriva sus ganancias de hacer negocios contra el progreso nacional.
P: ¿Qué propone el Polo como alternativa al TLC?
JER: Colombia debe relacionarse con todos los países del mundo, y con Estados Unidos, por supuesto. No se trata de aislarnos. Pero con relaciones en las que primen los derechos soberanos de cada país, de manera que se den intercambios con respeto mutuo y beneficio recíproco. Y esos negocios internacionales no deben sacrificar el aparato productivo industrial y agropecuario colombiano ni el mercado interno nacional, porque sin el desarrollo de estos no es posible romper las cadenas de la pobreza. No estamos inventando nada. Lo que proponemos fue lo que hicieron los países desarrollados para construir sus economías. Lo que pasa es que Estados Unidos quiere aplicarnos la lógica muy común del que sube por la escalera y le pega una patada a esta para que nadie pueda subir detrás. Y en cuanto a los procesos de integración con otros países –y recordemos que el TLC no integra sino que anexa a Estados Unidos–, estamos por privilegiarla con los países latinoamericanos, con los que nos unen condiciones económicas que facilitan que no sean intercambios en los que los peces grandes, las transnacionales, se comen a los chicos.
P: ¿Piensa usted que con la elección de un presidente demócrata en Estados Unidos las cosas serán diferentes frente al TLC?
JER: No creo. El «libre comercio» es una política bipartidista, estatal, del imperio. Incluso el Alca, que es el antecedente del TLC y era igual de pernicioso, fue una propuesta de Clinton. Es cierto que en el Partido Demócrata se expresan opiniones en contra del «libre comercio», porque este le sirve a los monopolios pero daña al pueblo estadounidense, pero lo histórico es que en ese partido han prevalecido los intereses de las transnacionales gringas. Claro que si la crisis económica de Estados Unidos se convierte en un gran desastre, como puede suceder, otras cosas pueden pasar, pues allí crece la idea hasta entre los republicanos, y con razón, de que esa crisis tiene mucho que ver con el «libre comercio». Pero también es cierto que la oposición del Partido Demócrata al TLC con Colombia tiene que ver los horrores de la violencia en el país, en especial contra los sindicalistas, y con las muchas relaciones del gobierno de Álvaro Uribe, que éste no ha podido explicar satisfactoriamente, con el paramilitarismo. Entonces, esto podría llevar a que solo se le conceda TLC a Colombia luego de Uribe. Pero ello solo se sabrá después de las elecciones presidenciales, porque ya no hay duda de que, de ninguna manera, habrá tratado antes de finalizar esas votaciones.
P: ¿De qué manera los polistas del exterior pueden ayudar en esa lucha contra el TLC?
JER: Voy ha decir algo con franqueza, que espero no se malinterprete. Los colombianos con convicciones democráticas que viven en el exterior siempre se han expresado de muchas maneras contra los horrores de la violencia y las violaciones de los derechos humanos en el país. Pero tengo la impresión de que no han sido igual de activos para hablar de los problemas sociales y económicos de Colombia, que son gravísimos.
Espero que este debate al TLC sirva para interesar a muchos compatriotas en este aspecto de la vida nacional. Porque con franqueza le digo que si toda lucha armada cesara mañana en Colombia, y ojalá así fuera, el país seguiría siendo un infierno para los millones de compatriotas que sufren por la pobreza y la miseria, la falta de salud y educación, etc., etc., etc. Si esto se entiende, estoy seguro de que la enorme creatividad de nuestros compatriotas en el exterior encontrará muchas maneras de contribuir a la lucha contra el «libre comercio» y por la defensa de la soberanía, la producción, el trabajo y la democracia auténtica en Colombia, logros sin los cuales no podrán resolverse los problemas nacionales.
P: Hablando de candidaturas presidenciales, ya hay dos dirigentes del Polo lanzados como precandidatos presidenciales, Petro y Garzón. ¿Cuál será la posición de su grupo al respecto?
JER : Esperamos que Carlos Gaviria presente su nombre al partido como precandidato y que el Polo lo escoja como su candidato. La muchas virtudes de Carlos Gaviria, que constituyen un excelente ejemplo de lo que la izquierda tiene para ofrecerle al país, más el fenómeno político que representa por haber obtenido dos millones seiscientos mil votos en las elecciones, me dice que es nuestro mejor candidato para derrotar –sí, para derrotar– a cualquier nombre que presente el uribismo o cualquiera otra fuerza. De Gaviria resalto también su naturaleza de hombre de partido, es decir, de persona que presenta sus aspiraciones, pero lo hace con la fuerte convicción de que ellas deben ser compatibles con el desarrollo de un fuerte partido de la izquierda democrática, organizado y serio, que apunte a producirle profundas transformaciones a este país. Y Carlos tiene otra virtud que espero sea de todo los del Polo: es un convencido de la importancia de cuidar la unidad del partido, y de cuidarla, como es obvio, sobre la base de respetar el programa y los estatutos que permitieron que la izquierda democrática colombiana se uniera y se convirtiera en opción de triunfo, tal y como lo logró en la alcaldía de Bogotá, donde en torno a Samuel, un candidato del Polo, pudimos unir a muchos bogotanos de otros sectores.
P: ¿Será Robledo candidato presidencial?
JER: Tengo claro que no le sacaré el cuerpo a ninguna responsabilidad que me toque asumir. Pero sería un error de mi parte promover mis aspiraciones –por legítimas que puedan presentarse– en contra de las conveniencias del partido. Yo soy un hombre de partido. Y todo me dice que lo que más le conviene hoy al Polo, y al país, es la candidatura presidencial de Gaviria. Luego aspiro a estar ahí, trabajando duro para que salga adelante.
P: Cada vez que un dirigente del Polo se lanza como precandidato amenaza con salirse del Polo, ¿cree usted que el Polo tendrá un candidato único en el 2010?
JER: Precisemos. Estoy seguro de que cuando Gaviria presente su nombre, no lo hará amenazando con dividir al Polo. Él sabe muy bien la importancia de la unidad del Polo. Es más: su nombre jugó un papel fundamental para que el PDI y Alternativa Democrática le dieran origen al Polo Democrático Alternativo. De otro lado, espero que el Polo tenga un solo candidato en 2010, porque espero que nadie tramite candidaturas contra la unidad del partido ni contra de los estatutos y el programa que le dieron base a su unidad, programa del que se deduce que nuestras propuestas no son compatibles con las de Álvaro Uribe. Hagamos votos para que no se tramiten aspiraciones tras la infamia de que el Polo no tiene una posición clara frente a la lucha armada y el secuestro, porque sí la tiene, como lo sabemos los polistas, y porque ello les sirve a las fuerzas de la derecha uribista, que quieren un Polo sometido a sus designios o dividido. Para mí es claro que cuando esa derecha nos ataca por lo que No somos, lo hace porque no se atreve a contradecir lo que Sí somos, pues ello los obligaría a defender el régimen socialmente inicuo que destroza a Colombia. Pero soy optimista en que el Polo se va a mantener unido, y cuente que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantener esa unidad.
Una textilera despide a 180 empleados costarricenses por el atraso del TLC con EE.UU.
23-2-08
La empresa textilera Bor Kar, que fabrica trajes formales para el mercado estadounidense, despidió a 180 empleados en Costa Rica por el atraso en la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, publicó hoy la prensa local.
Michael Borg, propietario de la empresa, declaró a la prensa local que el despido, equivalente a la tercera parte de los trabajadores, se debió a que algunos clientes cancelaron contratos por 1,2 millones de dólares debido a la inseguridad que existe en el país sobre el tratado.
Los beneficios arancelarios que otorga unilateralmente Estados Unidos a Costa Rica en materia textil se vencen en septiembre próximo y sólo se mantendrían vigentes con la puesta en marcha del TLC.
La población costarricense ratificó el TLC el pasado 7 de octubre en un referéndum, pero el Congreso sólo ha aprobado dos de las doce leyes de implementación necesarias para que el tratado entre en vigencia.
’Ya el pueblo de Costa Rica habló y requerimos que se aprueben las leyes de la agenda de implementación, ya que en nuestro caso las preferencias arancelarias que tenemos vencerán en septiembre próximo y no queremos despedir más personas, sino crear más puestos de empleo’, afirmó Borg.
Según el empresario, la compañía, ubicada en la zona rural de Poás de Alajuela, unos 60 kilómetros al oeste de San José, tenía planeado abrir 300 plazas nuevas de trabajo en enero pasado, lo cual no fue posible ’debido a esta situación en la Asamblea Legislativa’.
Por su parte, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien ayer se reunión con Borg, afirmó en un comunicado que ’atrasar estos proyectos de ley’ no conducen a nada ’excepto a perder inversiones, a cerrar fábricas y a ahuyentar inversiones’.
Según Arias, muchos inversionistas extranjeros ’no vendrán ante la incertidumbre de un país que no sabe pasar la página del TLC y dedicarse a resolver otros problemas’.
Costa Rica es el único país signatario donde no está en vigencia el TLC entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU., conocido como CAFTA-DR, por sus siglas en inglés.
El Gobierno costarricense anunció semanas atrás que, ante el lento trámite de las leyes de implementación, solicitará una prórroga a Estados Unidos, para poner en vigencia el TLC después del 1 de marzo, fecha que San José consideraba como límite para hacerlo.
Hace algunos días la Procuraduría General de la República emitió un fallo no vinculante, en el que explicaba que el 1 de marzo es la fecha límite para ratificar el tratado, como ya se hizo en referéndum, y depositarlo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), como ente depositario.
Sin embargo, aclaró que a partir de ese momento Costa Rica tendría 90 días para aprobar todas las leyes de implementación del acuerdo comercial, un plazo en el que el Gobierno no está seguro de que los diputados logren ese cometido.
El próximo jueves el presidente Arias se reunirá en la casa presidencial con el subsecretario de Comercio Exterior de EE.UU., Christopher Padilla, para conversar sobre este asunto, según ha adelantado el mismo funcionario estadounidense desde Washington, al informar que también visitará Honduras y Nicaragua.
Terra Actualidad - EFE
MONTEVIDEO, 21-2-08 (ANSA)
Afirman que Montevideo "hizo bien en no firmar un TLC con EEUU"
El futuro canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, consideró que Montevideo "actuó bien" al no firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a la luz del delicado panorama financiero que enfrenta Washington, según publica hoy la prensa local.
"Si lo hubiéramos firmado, con la situación en que ahora está Estados Unidos, ¿cómo estaríamos?", afirmó Fernández en una reunión ante el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de la que da cuenta hoy el semanario Búsqueda.
Actual secretario de la Presidencia, Fernández asumirá al frente de la cartera Exteriores en lugar de Reinaldo Gargano el primero de marzo en el marco de la reestructuración ministerial que anunció el gobierno de Tabaré Vázquez días atrás. JFC
La Corporación Nuevo Arco Iris lanzó la segunda edición del libro ‘Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos’. El libro fue presentado en el Gimnasio Moderno de Bogotá. El estudio académico contó la presencia del grupo de investigadores: León Valencia, Claudia López, entre otros; el Fiscal General Mario Iguarán, las senadoras Martha Lucía Ramírez, Gina Parody, el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, columnistas de reconocidos medios de comunicación y académicos del ramo.
Bogotá 23 de febrero (NOVACOLOMBIA) La Corporación Nuevo Arco Iris lanzó la segunda edición del libro ‘Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos’.
El libro fue presentado en el Gimnasio Moderno de Bogotá. El estudio académico contó la presencia del grupo de investigadores: León Valencia, Claudia López, entre otros; el Fiscal General Mario Iguarán, las senadoras Martha Lucía Ramírez, Gina Parody, el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, columnistas de reconocidos medios de comunicación y académicos del ramo.
NOVACOLOMBIA estableció que la segunda edición de esta investigación, que la primera vez no circuló de manera comercial, trae un dedicado análisis no sólo a las estructuras paramilitares o a la situación de los congresistas vinculados a los procesos judiciales, sino también un rastreo de los mapas políticos, las relaciones entre los ejércitos irregulares armados y los procesos políticos de las regiones donde estuvieron asentados.
En la presentación del libro, León Valencia habló del proceso de investigación, las dificultades, aciertos y aportes que han generado, al tiempo que enfatizó sobre el mapa de la parapolítica, del indicio de irregularidades en las elecciones locales y de la certeza de una democracia colombiana débil, sobre todo en sus estructuras regionales.
“El proceso ocho mil es un juego de niños frente al tema de la parapolítica”, afirmó Valencia ante una nutrida asistencia (NOVACOLOMBIA)
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