Luis Alberto Mendoza Periñan, El Universal, Cartagena, febrero 15 de 2008
En las horas de la noche del pasado 28 de octubre, la alcaldesa Judith Pinedo celebró su triunfo en el barrio María Cano, uno de los cientos que existen en la ciudad como producto de una invasión, símbolos y último recurso de la lucha de los destechados.
Inconcebible y además paradójico, que mientras la Alcaldesa electa resaltaba en ese momento el espíritu de lucha de los moradores de María Cano, el lunes 11 de febrero, en ejercicio de sus funciones, autorizara la invasión de fuerza pública conformada por 480 agentes y 250 anti-motines, para desalojar a 300 familias inermes que vivían en el sector Herlinda Moisés, de Pasacaballos.
El problema de la vivienda en Cartagena como en el resto de Colombia es un mal crónico, ya que nuestros gobernantes nunca han tenido una política que permita resolverlo y con el transcurrir de los años, las necesidades en vez de decrecer han ido en aumento. Cada día, según éstos gobiernos, hay menos tierras disponibles desde el punto de vista económico para construir los planes de interés social, ya que en la ciudad las urbanizaciones y edificios que se están construyendo no son
para los estratos pobres. A éstos les están proporcionando unos guetos por fuera del perímetro urbano como Flor del Campo, Colombiatón y el que se anuncia de la Fundación Santo Domingo.
Pero volviendo al desalojo de Pasacaballos, no hay derecho a la demostración de violencia: 730 policías enviados con retroexcavadoras, buldózer y además la utilización de la fuerza bruta acompañada de gases lacrimógenos contra un puñado de cartageneros que tienen derecho a ser dueños de una vivienda, que no pueden ser tratados como lo hicieron, que tienen derechos fundamentales que deben ser respetados.
Por eso el slogan de la Alcaldesa en su campaña, Por una sola Cartagena en poco tiempo quedó destrozado, ya que el tratamiento que les dan a los invasores de cuello blanco en la zona Norte y en Bocagrande es el de legalizar sus acciones utilizando instrumentos jurídicos como son las famosas concesiones, como sucede con el Hotel Las Américas y los edificios construidos en esa zona, que contrasta con lo sucedido en Pasacaballos.
La inmensa mayoría de los barrios de Cartagena son fruto de invasiones y los habitantes del Herlinda Moisés tienen el derecho a que este Estado les resuelva su problema. Su condición de ser pobres no fue un título que ellos se arrogaron por derecho propio, sino el que les ha impuesto una política macroeconómica que no les da salida y que los condena a vivir como unos desterrados en esta sociedad.
Por eso la posición de un gobernante y más si se autodenomina progresista es poner del presupuesto público para resolver las iniquidades y desigualdades en que viven más de 750 mil cartageneros. Esta problemática no se resuelve con la utilización de la Fuerza Pública para desalojar a unos colombianos de bien.
En vez de estar construyendo Transcaribe, que le va a costar al Distrito más de 200 mil millones de pesos de su presupuesto, y va a enriquecer a un puñado de negociantes del capital privado, ¿por qué no se piensa y se ejecuta un plan de vivienda no como los que están en construcción en condiciones deplorables y alejadas de la ciudad, sino pensando que son para seres humanos a quienes se les debe respetar su dignidad?
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