GONZALO GUILLEN / El Nuevo Herald
BOGOTA
Un hermano del procurador general de Colombia, Edgardo Maya Villazón, puso al servicio de los escuadrones de la muerte los fondos y la flota de vehículos del hospital público que dirige en la ciudad de Valledupar, incluyendo las ambulancias para transportar a cuadrillas de sicarios, armamento y pertrechos, según denunció ante la Fiscalía General de la Nación un líder paramilitar y ex oficial del ejército.
La revelación, hecha bajo juramento por Rodolfo Enrique Guevara Cantillo alias "101'', segundo comandante del temible Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), compromete al médico Angel Maya Daza y a Hernán Maya Daza, otro hermano del procurador general que se desempeña como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, 850 kilómetros al noreste de Bogotá.
En su denuncia, de acuerdo con documentos y grabaciones a los que tuvo acceso El Nuevo Herald, Guevara aseguró que --por solicitud de Angel-- al menos dos médicos del hospital Rosario Pumarejo que promovían un paro de actividades fueron amenazados de muerte por paramilitares.
Angel Maya, también conocido como "El Kiri'' o "Doctor Pistolas'' y a quien Guevara describió como miembro "permanente'' del paramilitarismo, fue designado director del centro hospitalario por el gobernador del norteño departamento de Cesar, Hernando Molina Araujo, hijastro del procurador Maya.
Molina Araujo está preso bajo órdenes de la Fiscalía General por sus múltiples nexos con los escuadrones de la muerte y su presunta relación con crímenes cometidos por el Bloque Norte, del que habría sido miembro activo.
Guevara hizo la denuncia en octubre pasado acompañándola de 17 videos, cuyas copias obtuvo recientemente El Nuevo Herald, en los que Angel Maya aparece con grupos de paramilitares.
De acuerdo con su declaración jurada, Guevara se reunió con el "Doctor Pistolas'' en el puesto del comando paramilitar de La Meza, cerca de Valledupar.
"En la oficina de él en Valledupar [en el hospital], en la casa del hermano de él, que es fiscal en Valledupar, en todas partes me reuní con él [...] Como yo era el coordinador del frente, él siempre vivía pidiendo favores, que se le colaborara con problemas del hospital, y yo le decía que hablara con el comandante de la zona [alias] 'Móvil 1' o alias 'Jimmy' `''.
Según Guevara, el doctor Maya le pedía ayuda a los paramilitares para hacerle frente a problemas como los paros de labores del personal médico del hospital.
"Una vez me enteré que había subido a dos médicos para que el comando 'Jimmy' los amenazara y no le entraran en huelga. De igual forma me ofrecía contratos con empresas fachada que maneja Edison Valle en el hospital'', afirmó.
En el texto de la denuncia se detalla que Valle era oficial de la reserva del ejército que fungía como testaferro de "Jimmy'' y colaboraba en las labores logísticas de los grupos paramilitares con el transporte de material de guerra que sacaba del batallón La Popa del Ejército Nacional.
"En varias oportunidades nos ayudó a transportar tropas utilizando su uniforme de teniente'', aseguró Guevara.
Sobre el uso de las ambulancias públicas, además de movilizar armamento y pertrechos, Guevara dijo que transportaban a los heridos de la organización cuando tenían algún enfrentamiento "y en otro tipo de vehículos [del hospital] movíamos a finales de 2005 [...] 40 ó 50 hombres uniformados con sus respectivos fusiles''.
El traslado de los paramilitares a bordo de vehículos del hospital se realizaba con la ayuda ''de un sargento del Batallón Rondón'' del Ejército Nacional enviado por "el coronel Navarrete, comandante del batallón de Caballería Rondón''.
El procurador Edgardo Maya, quien ha sido cuestionado en el pasado por las actividades de sus hermanos y su hijastro, así como por su presunta omisión en la investigación de los hechos, declaró que son sus familiares quienes deben responder por sus acciones.
"Siempre que se han hecho imputaciones a familiares o allegados, he manifestado que la responsabilidad penal es individual, que cada uno debe responder por las imputaciones que se le hagan y por eso he solicitado a la Fiscalía, como órgano competente, con todo rigor y sin consideración alguna, realizar las investigaciones correspondientes y establecer las responsabilidades que en derecho correspondan contra quien se haga sindicacion alguna'', señaló.
El doctor Angel Maya no respondió a las llamadas de El Nuevo Herald y ayer fue imposible comunicarse con su hermano Hernán, delegado de la fiscalía en Valledupar.
Guevara está preso en una cárcel de la ciudad caribeña de Santa Marta, después de que en marzo del 2006 depuso las armas con la mayor parte de los paramilitares del frente de guerra Mártires del Valle de Upar, que él comandaba. En ese momento quedó en libertad pero fue requerido por la justicia y se entregó el 1 de julio de 2007.
Ahora quiere recibir los beneficios de una ley de "justicia y paz'' que le permitiría limpiar todos sus crímenes y salir en libertad a cambio de confesar todas sus fechorías y colaborar en las investigaciones de las autoridades. En caso de mentir, perdería los beneficios.
Al anterior director del hospital de Valledupar, Luis Guerra, ha declarado ante la Fiscalía que los escuadrones de la muerte lo obligaron a renunciar, lo desterraron e impusieron a Maya, sin que el puesto hubiera sido sometido, como exige la ley, a concurso de merecimientos profesionales.
El doctor Angel Maya también ha sido denunciado penalmente en otras ocasiones ante la Fiscalía General en Valledupar pero las causas no han prosperado.
Guevara declaró bajo juramento que se reunió con el "Doctor Pistolas'' y con su hermano el fiscal, "quien se colocó a la orden para cualquier tipo de problema que se pudiera presentar''.
Molina, hijastro del procurador, llegó a la Gobernación del Cesar en enero del 2004 por votación popular pero fue el único candidato que se presentó en las elecciones. Sus rivales potenciales debieron renunciar bajo amenazas de los escuadrones de la muerte del Bloque Norte, comandados por Rodrigo Tovar Pupo alias "Jorge 40''.
Jaime Blanco Maya, otro hermano del procurador, está acusado desde el 2001 ante la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en los homicidios del presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la filial en Colombia de la empresa multinacional Drummond, que explota una mina de carbón en La Jagua de Ibirico, municipio de Cesar.
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