Algo que ya aprendimos en el Cesar.
Roberto Schmalbach, El Frente, Bucaramanga, febrero 10 de 2008
Según se conoce el gobierno nacional acaba de fijar para el próximo lunes 11 de febrero de 2008, la subasta de las acciones de la Electrificadora de Santander en la denominada segunda fase de enajenación de las electrificadoras en las que el gobierno tiene acciones mayoritarias.
El proceso ha mostrado evidente detrimento patrimonial que afecta al departamento corroborado con las supuestas correcciones que se presentan para la segunda fase que se inicia, puesto que valorar ahora las acciones en 22,99 pesos en nada cambia las objecciones de enajenar la empresa por debajo del valor real de sus activos, mercado, infraestructura y servicios.
La nueva valoración de las acciones se hace teniendo en cuenta las tarifas fijadas por la CREG, después que una parte de las acciones se vendieran sin considerar ese factor que distorsiona el mercado nacional de energía en las tarifas que se cobra a los usuarios.
Todo el proceso ha estado acompañado por cuatro modificaciones en menos de un año a los decretos que regulan la enajenación, el decreto original 2570 del 6 de julio de 2007, fue corregido con el decreto 3242, este a su vez se modifico con el decreto 4823 del 14 de diciembre de 2007 y nuevamente este último se cambia por el decreto 244 del 31 de enero de 2008, todas estas modificaciones, asociadas a las medidas cautelares tomadas por los juzgados, las objeciones de la Contraloría General de la República y las justas reclamaciones de los ciudadanos por mantener este patrimonio público en manos del estado en los departamentos, están indicando que el gobierno del presidente Uribe, poco o nada le importan los intereses de las regiones, por cuanto los argumento que esgrime para justificar la venta de la electrificadora, quedaron desvirtuados cuando se demostró que en el caso de la Electrificadora de Santander los indicadores económicos, financieros y de gestión superan claramente cualquier análisis de permanencia y consolidación del negocio eléctrico en el país.
La condición favorable que tiene la ESSA, por el mercado de más de 515.000 usuarios, la red extendida por mas de 4 departamentos, la modernización emprendida por la administración de la empresa, el nivel de aceptación del servicio, hacen que la electrificadora sea un buen negocio para el departamento, por lo mismo plantear al gobierno nacional que ceda su participación mayoritaria a Santander, se considera la mejor contribución al desarrollo regional. Porque al contrario, considerar que el gobierno va a vender la electrificadora para luego retribuir esos recursos a través de proyectos de desarrollo regional es una quimera, por cuanto la misma ley 226 del 95 limita que solo se destinen para esos propósitos el 10% de la enajenación de activos del gobierno nacional. Eso significará que con la nueva valoración estimada por la banca de inversión a 22,99 pesos acción, el departamento no recibirá más de 50 mil millones de pesos incluido el valor de sus propias acciones en la empresa que son del 14%, esto es un mal negocio para los santandereanos, por cuando nos quedamos sin la empresa y sin los proyectos regionales.
No se pueden hacer ilusiones con la nueva valoración presentada por el gobierno, la subasta consiste en presentación de ofertas en sobres cerrados por parte de ofertantes previamente seleccionados que no son mas de un número determinado, el que mas ofrece asegura el negocio, no hay forma de confrontarse abiertamente, el sistema esta elaborado para favorecer a los compradores no a los vendedores.
El desafío es grande para los santandereanos, mantenemos la empresa como patrimonio de todos o nos atenemos a soportar el sufrimiento que hoy están viviendo los pueblos de la costa, con los abusos de las electrificadoras que se tomaron ese negocio; que aquí eso no ocurra depende nosotros. No dejemos que se venda la ESSA.
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