El 28 de marzo de 2007, más de 80 organizaciones agrarias y rurales de Colombia reunidas en Bogotá en un gran Encuentro Nacional, nos dirigimos a Colombia, a las autoridades y al Congreso de la República para manifestar nuestro rechazo, entre otras, a la negociación del TLC con Estados Unidos y a la expedición del Estatuto Rural.
En la Declaración emanada de esa reunión, y publicada en el periódico El Tiempo (domingo, 1 de abril) denunciamos: “El gobierno propicia la asignación a grandes empresas inversionistas nacionales y extranjeras de millones de hectáreas y terrenos baldíos, orientando además la inversión de los recursos públicos del presupuesto nacional hacia grandes agronegocios como agrocombustibles, explotaciones madereras y ganaderas. Como sujetos del apoyo estatal, consagra fundamentalmente a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, en detrimento de la población, de los ecosistemas y de la cultura rural colombiana…” Quizás muchos colombianos desestimaron esta premonición y no advirtieron suficientemente lo que ella implicaba. Con el caso CARIMAGUA se ha corroborado con creces.
La asignación de las cerca de 17.000 hectáreas a un puñado de empresas productoras y a una firma financiera en detrimento del interés de las familias victimas del desplazamiento forzado, por ahora detenida por reparos de la Procuraduría General de la Nación y por la indignación general de la sociedad colombiana, es el ejemplo expedito prescrito en ese Estatuto Rural para establecer el denominado “modelo agrícola empresarial” que excluye a los campesinos, a los pueblos indígenas y afrocolombianas y a los productores medios dedicados al cultivo de géneros agrícolas y alimentos para el mercado interno. CARIMAGUA representa las esencias del Estatuto Rural.
En un país donde en los últimos 25 años ya registramos cuatro millones de desplazados por la violencia; el caso CARIMAGUA reitera así mismo el infausto provenir del agro colombiano señalado también en la Declaración mencionada: “El modelo rural que se promueve se traducirá en la expulsión de millones de colombianos de sus tierras en especial de los más vulnerables. Para imponerlo, el gobierno recurre a la demagogia y apela a la represión bajo el subterfugio de la Seguridad Democrática”. En CARIMAGUA se llegó al extremo de destruir el puente que servía a las comunidades locales para someterlas a condiciones desventajosas.
Igualmente, se debe conocer que en aras de hacer del INCODER una institución al amaño de planes como CARIMAGUA, desde diciembre de 2007 han sido despedidos 547 empleados y trabajadores, casi 200 de ellos pertenecientes al Sindicato. En medio de esta masacre laboral no se ha respetado la Carrera Administrativa y las vacantes se surten con la nominación de personas incondicionales de los sectores políticos que aprobaron el Estatuto Rural en el Congreso.
Hay que aprovechar la ocasión para que quienes rechacen con sinceridad aberraciones como la de CARIMAGUA se unan a un movimiento nacional por la derogatoria del Estatuto Rural y otras normas, merced a las cuales se está legitimando y se validarán en el futuro otras por el estilo. Este funesto caso conjuga el despotismo y la mentira con la violación de los principios constitucionales que rigen el desarrollo rural en Colombia y en particular del que prescribe que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios” (Constitución Política art. 64) y el derecho de los desplazados a la reparación. En CARIMAGUA hay muchas más perversidades que meros prevaricatos y peculados. Es instaurar la más indignante iniquidad.
Firman:
Acción Campesina de Colombia -ACC
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Unidad y Reconstrucción-ANUC-UR
Asociación Nacional de mujeres campesinas, negras e indígenas de Colombia -ANMUCIC
Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca –ADUC
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
Centro de Cooperación al Indígena –CECOIN
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria - FENSUAGRO
Grupo Semillas
Organización Nacional de Indígenas de Colombia –ONIC
Sintraincoder
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