La semana pasada, la AFL-CIO envió una delegación de sindicalistas, incluyendo a representantes de United Steelworkers, a Colombia, Sudamérica, el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, con el objetivo de llevar a cabo una investigación. Alrededor de 2.300 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1991, y 470 desde que el actual presidente, Álvaro Uribe, asumió en 2002. Cinco han sido asesinados en lo que va del año.
Asistí como integrante de esta delegación en representación de USW, nos reunimos con numerosos sindicalistas, representantes del congreso colombiano, la ILO, el Tribunal Constitucional de Colombia, el Fiscal General Mario Iguarán y el Presidente Uribe para indagar acerca de la continua violencia que se ejerce contra los sindicalistas en este país. Nuestra reunión con el Presidente Uribe alcanzó un punto de tensión cuando mencioné nuestra preocupación colectiva por la cultura antisindical que reina en las fuerzas armadas, en las empresas e incluso en el gobierno de Colombia; una cultura que tilda de "guerrilleros" o "terroristas" a aquellos trabajadores que intentan organizarse y ejercer sus derechos sindicales. En un país en el que las fuerzas armadas colombianas, en unión con organizaciones paramilitares de la derecha, libran una batalla contra la guerrilla, tales denominaciones ponen en peligro la vida de estos trabajadores.
Para ejemplificar el estigma que pesa sobre los sindicalistas, le conté al Presidente Uribe acerca de una conversación que tuve con un coronel de la Brigada 18 del Ejército colombiano poco después de que su Brigada matara a balazos a tres líderes sindicales cerca de Saravena en agosto de 2004. El Coronel Medina de la Brigada 18 me dijo en aquel entonces que él sabía que su deber era proteger a los sindicalistas de la misma forma que al resto de los ciudadanos. Sin embargo, afirmó que, en realidad, muchos de los sindicalistas eran guerrilleros; una afirmación como esta, si bien es falsa, logra que los sindicalistas se conviertan en un blanco para los ataques de las fuerzas armadas.
El Presidente Uribe me contestó que todos los meses se reúne con sindicalistas y que muchos de ellos son de buen corazón. Sin embargo, al igual que el coronel, continuó su discurso con un significativo "pero". Y agregó que, como estudiante (seguramente décadas atrás), se enteró de que una de las tácticas de los guerrilleros consistía en infiltrarse en el movimiento sindical y estudiantil y en la prensa.
Luego, Uribe aseveró que, de hecho, los tres sindicalistas que murieron cerca de Saravena en 2004 eran guerrilleros que tenían relación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). No estuve de acuerdo con el Presidente y señalé que, después de investigar, su propio fiscal general había llegado a la conclusión de que esta afirmación era falsa y de que, en realidad, la Brigada 18 les había colocado armas a los sindicalistas para que pareciera que habían muerto como rebeldes en un enfrentamiento armado. Uribe me respondió que él había ido a Saravena personalmente y que miembros de la comunidad le habían asegurado que las tres víctimas eran, en efecto, miembros del ELN.
De modo que, en base a un rumor, sin ninguna prueba y haciendo caso omiso de las conclusiones de su propio fiscal general, el presidente sostiene que estas tres personas eran "terroristas".
Lamentablemente, esta aseveración no puede atribuirse a un lapsus del Presidente Uribe, quien ya ha realizado este tipo de declaraciones peligrosas en ocasiones anteriores. Como cuando en declaraciones a El Tiempo, el periódico líder de Colombia, al hablar acerca de dos sindicalistas que murieron el año pasado, dijo que el incidente se debió a que uno de ellos era un "terrorista". Una vez más, resultó imposible confirmar esta versión.
Además, los grupos defensores de los derechos humanos, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han desmentido la colaboración entre sindicatos y guerrilleros y han llegado a la conclusión de que, en Colombia, los sindicalistas son asesinados no porque estén vinculados a alguna organización ilegal, sino por el solo hecho de ser lo que son.
Al fin y al cabo, los comentarios de Uribe aclararon por qué continúan las muertes de los sindicalistas y por qué menos del 3 por ciento de los cientos de asesinatos de sindicalistas han sido llevados a juicio: por el estigma de que son objeto los sindicalistas por parte de las personas que ocupan los puestos más altos en el gobierno colombiano, incluyendo al Presidente.
Mientras se encontraba en Colombia, la delegación de la AFL-CIO también se reunió con representantes de diversos sindicatos y delegaciones sindicales. Los sindicalistas con los que nos reunimos, al igual que los numerosos representantes del Congreso, coincidieron en que, en Colombia, los sindicatos están desapareciendo. Esto se debe, por un lado, a la evidente violencia antisindical y, por otro, a la agresión legal del Presidente Uribe, que ha dejado a menos del 1 por ciento de la fuerza laboral el derecho legal a participar en negociaciones colectivas. Este es el país con el que Bush quiere firmar un Tratado de Libre Comercio. Insiste en que el Congreso apruebe el acuerdo, ya que, en los últimos años, ha disminuido el número de sindicalistas que han muerto. Se ignora el hecho de que las cifras aún son altas, al menos lo suficiente como para que Colombia siga siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. También se ignora el hecho de que, después de años de violencia y legislación antisindicales, simplemente hay menos sindicalistas que asesinar.
El Congreso de EE. UU. debe seguir resistiendo la tentación de recompensar al gobierno de Uribe con un Tratado de Libre Comercio. Literalmente, las vidas de los sindicalistas en Colombia dependen de ello.
* Dan Kovalik es abogado de United Steelworkers, el sindicato de trabajadores del acero, con más de un millon y medio de afiliados en todos los Estados Estados Unidos y ejerce una importante influencia dentro del Partido Demócrata.
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