Alonso Orozco Gómez, Diputado del PDA, Florencia, febrero 14 de 2008
No es cierto que haya atención a la educación pública con la debida cobertura y calidad, y mucho menos para atender los retos para ser un país competitivo en la globalización, como lo pregona el gobierno.
Un ejemplo a la vista es la imposición de la modalidad de oferentes para la atención de la educación rural, que se masifica en el Caquetá con grave afectación a las comunidades campesinas, condenando a sus niños al analfabetismo total o funcional.
Se trata de entregarle a privados la administración de la educación rural cuando debería hacerlo, de manera directa, las secretarías de educación de la Gobernación y del Municipio de Florencia. A estos oferentes privados se les paga por niño atendido, por lo que estos se cuidan de solo ofertar servicio donde haya suficientes niños, lo que significa de entrada que no podrá funcionar escuela rural que tenga menos de 23 niños asistiendo a clases. Los niños que vivan en veredas con menos de este número de estudiantes no recibirán educación, las cuales son muchas en el Caquetá por su característica de población rural dispersa.
Se trata de una educación contratada con un tercero para que la preste más barata. En efecto, al oferente le pagan $720.000 pesos por cada niño atendido mientras en el servicio a cargo de las Secretarias de Educación vale $970.000 pesos. Con los $720.000 pesos debe el oferente además de pagar el profesor, ofrecer al estudiante kit escolar, uniforme de diario incluido zapatos, restaurante escolar y atención en salud entre otros servicios. A los profesores solo les pagan 10 de los 12 meses del año y pese a que trabajan en las áreas más afectadas del departamento, deben del mismo sueldo pagarse el costoso transporte. Su contratación es un decir que es por el año escolar, porque puede ser suspendido cuando lo quiera el contratante. Estos profesores han debido pagar de su propio bolsillo los ciclos de profesionalización docente cuya matrícula semestral les vale en promedio un mes de sueldo, además de los costos adicionales que les cuestan estar en Florencia atendiendo actividades académicas presenciales. Laboran en las áreas de difícil acceso y de conflicto armado, arriesgando su vida, sin ningún seguro ni estimulo. Son la presencia del estado en las zonas apartadas, pero su patrón no es el gobierno sino una organización privada contratada para que los subcontrate. Si existen apóstoles de la educación, lo son estos profesores por contrato, pero a esta nueva generación de educadores, les tocó en suerte la aplicación del perverso modelo neoliberal del gobierno, la sobreexplotación llamada flexibilización laboral, la negación de todo reconocimiento a la dignidad del educador.
Desde que esta modalidad perversa de administrar la educación está en marcha se enloqueció el calendario escolar: apareció el calendario B para algunas escuelas, son muchos los niños rurales que no reciben las 40 semanas de clase que obliga el año escolar.
Esta modalidad, inspirada en los principios del libre mercado, la impopularidad la resuelve permitiendo que el gamonalato local se usufructúe con ella, para enraizarla. En el Caquetá no demoró en aparecer el oferente de bolsillo del gobernador Juan Carlos Claros y del parlamentario Fernando Almario, la tal Inacam: contrato de docentes a tres (3) meses, convirtieron la selección de profesores en bolsa electoral; se les cancelaron salarios por debajo del mandato legal y a las comunidades se les entregaron menajes de pésima calidad.
Las comunidades educativas y los educadores, y el Caquetá entero, debemos exigir al gobierno nacional acabar con el modelo de oferentes, si queremos que la educación llegue a los niños del campo y a los sectores populares, una educación de verdad y no un remedo, y para que los maestros que hacen patria tengan una justa paga.
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