El Espectador . Sábado, 16 de febrero de 2008
Salomón Kalmanovitz
En los años setenta del siglo pasado el Cesar disfrutó de una bonanza algodonera que terminó mal porque no fue sembrada: no se mejoraron las prácticas del cultivo pero, más importante, no se cobraron impuestos para invertirlos en actividades sustitutas y complementarias. Igual, si no peor, fue la consecuencia de la bonanza marimbera.
Hoy en día 60% de la población es pobre (48% a nivel nacional), la calidad del agua en la mitad de sus municipios es deficiente y la tasa de mortalidad infantil es el 177% de la colombiana. La Jagua de Ibirico recibió cerca de 100 mil millones de pesos en regalías durante el período 1997-2003, pero obtuvo el peor desempeño fiscal para las vigencias 2002 y 2003.
El eslabonamiento entre la minería del carbón y el resto de la economía es débil. Una parte grande del PIB minero se gasta por fuera del departamento: las utilidades se remiten al exterior, los ejecutivos viven en Bogotá y Barranquilla y el impuesto de renta pasa a la Nación. Las empresas mineras que operan allí son la Drummond, Glencore y otras nacionales que contratan trabajadores, hacen construcciones y compran vituallas. La explotación se lleva a cabo de manera muy agresiva, sin tomar medidas de protección en el transporte del mineral, con graves consecuencias para la salud de la población. Es notoria la destrucción de infraestructura por las pesadas tractomulas y hay quejas de que el transporte por tren afecta la salud de las poblaciones por donde atraviesa.
Las finanzas del departamento se encuentran en un estado saludable, gracias al ajuste que se le impuso en el año 2000, cuando la mayor parte de las regiones del país estaban quebradas y tuvieron que someterse a la ley 550. La estructura del gasto asigna 90% a la inversión y sólo 8% a los gastos de funcionamiento. El auge carbonífero ha significado un aumento sustancial de las regalías que percibe el departamento, las cuales han sido invertidas en educación con demasiados subsidios a la misma, insinuando despilfarro.
Las finanzas de Valledupar, por contraste, están en estado comatoso: ha dejado reducir el valor real del impuesto predial y también el de industria y comercio, lo cual, ante el auge descrito, sugiere desidia y/o corrupción. Noventa por ciento del gasto es para atender funcionamiento y sólo el 8% va a inversión. La ciudad, que es muy bonita y arborizada, se salva gracias al gasto departamental en ella. Las transferencias de la Nación constituyen el 71% de sus ingresos mientras que sus propios impuestos son sólo 18% de los mismos. El municipio debe actualizar urgentemente el catastro y aumentar las tarifas del predial.
Una de las recomendaciones de un estudio de Jaime Bonet sobre el Cesar es que las regalías se inviertan en la modernización tributaria de todos los municipios y del propio departamento, para que el Estado sea sostenible cuando se acabe el carbón. Aumentar además las coberturas, eficiencia y calidad de la educación. Buscar, por último, innovar en ganadería, avicultura, hortalizas y frutales, palmicultura y la agroindustria, como alternativas de desarrollo a mediano plazo.
La región tiene una cultura antiestatal: no paga impuestos al Gobierno central pero tampoco para enfrentar sus necesidades. Las regalías están siendo malversadas, sobre todo en los municipios beneficiados. La bonanza carbonífera que vive hoy el departamento puede disiparse si no se siembra ni se abona, al igual que otras bonanzas del pasado.
En los años setenta del siglo pasado el Cesar disfrutó de una bonanza algodonera que terminó mal porque no fue sembrada: no se mejoraron las prácticas del cultivo pero, más importante, no se cobraron impuestos para invertirlos en actividades sustitutas y complementarias. Igual, si no peor, fue la consecuencia de la bonanza marimbera.
Hoy en día 60% de la población es pobre (48% a nivel nacional), la calidad del agua en la mitad de sus municipios es deficiente y la tasa de mortalidad infantil es el 177% de la colombiana. La Jagua de Ibirico recibió cerca de 100 mil millones de pesos en regalías durante el período 1997-2003, pero obtuvo el peor desempeño fiscal para las vigencias 2002 y 2003.
El eslabonamiento entre la minería del carbón y el resto de la economía es débil. Una parte grande del PIB minero se gasta por fuera del departamento: las utilidades se remiten al exterior, los ejecutivos viven en Bogotá y Barranquilla y el impuesto de renta pasa a la Nación. Las empresas mineras que operan allí son la Drummond, Glencore y otras nacionales que contratan trabajadores, hacen construcciones y compran vituallas. La explotación se lleva a cabo de manera muy agresiva, sin tomar medidas de protección en el transporte del mineral, con graves consecuencias para la salud de la población. Es notoria la destrucción de infraestructura por las pesadas tractomulas y hay quejas de que el transporte por tren afecta la salud de las poblaciones por donde atraviesa.
Las finanzas del departamento se encuentran en un estado saludable, gracias al ajuste que se le impuso en el año 2000, cuando la mayor parte de las regiones del país estaban quebradas y tuvieron que someterse a la ley 550. La estructura del gasto asigna 90% a la inversión y sólo 8% a los gastos de funcionamiento. El auge carbonífero ha significado un aumento sustancial de las regalías que percibe el departamento, las cuales han sido invertidas en educación con demasiados subsidios a la misma, insinuando despilfarro.
Las finanzas de Valledupar, por contraste, están en estado comatoso: ha dejado reducir el valor real del impuesto predial y también el de industria y comercio, lo cual, ante el auge descrito, sugiere desidia y/o corrupción. Noventa por ciento del gasto es para atender funcionamiento y sólo el 8% va a inversión. La ciudad, que es muy bonita y arborizada, se salva gracias al gasto departamental en ella. Las transferencias de la Nación constituyen el 71% de sus ingresos mientras que sus propios impuestos son sólo 18% de los mismos. El municipio debe actualizar urgentemente el catastro y aumentar las tarifas del predial.
Una de las recomendaciones de un estudio de Jaime Bonet sobre el Cesar es que las regalías se inviertan en la modernización tributaria de todos los municipios y del propio departamento, para que el Estado sea sostenible cuando se acabe el carbón. Aumentar además las coberturas, eficiencia y calidad de la educación. Buscar, por último, innovar en ganadería, avicultura, hortalizas y frutales, palmicultura y la agroindustria, como alternativas de desarrollo a mediano plazo.
La región tiene una cultura antiestatal: no paga impuestos al Gobierno central pero tampoco para enfrentar sus necesidades. Las regalías están siendo malversadas, sobre todo en los municipios beneficiados. La bonanza carbonífera que vive hoy el departamento puede disiparse si no se siembra ni se abona, al igual que otras bonanzas del pasado.
El departamento del Cesar está atravesando una coyuntura muy expansiva en todas sus actividades: la minería del carbón está creciendo velozmente, con precios internacionales nunca vistos; la ganadería está boyante, gracias a la demanda venezolana por carne y leche que se sobreimpone sobre la propia colombiana; y la industria palmera está en auge, gracias a que su producción está siendo canalizada hacia el biodiesel.
Salomón Kalmanovitz
En los años setenta del siglo pasado el Cesar disfrutó de una bonanza algodonera que terminó mal porque no fue sembrada: no se mejoraron las prácticas del cultivo pero, más importante, no se cobraron impuestos para invertirlos en actividades sustitutas y complementarias. Igual, si no peor, fue la consecuencia de la bonanza marimbera.
Hoy en día 60% de la población es pobre (48% a nivel nacional), la calidad del agua en la mitad de sus municipios es deficiente y la tasa de mortalidad infantil es el 177% de la colombiana. La Jagua de Ibirico recibió cerca de 100 mil millones de pesos en regalías durante el período 1997-2003, pero obtuvo el peor desempeño fiscal para las vigencias 2002 y 2003.
El eslabonamiento entre la minería del carbón y el resto de la economía es débil. Una parte grande del PIB minero se gasta por fuera del departamento: las utilidades se remiten al exterior, los ejecutivos viven en Bogotá y Barranquilla y el impuesto de renta pasa a la Nación. Las empresas mineras que operan allí son la Drummond, Glencore y otras nacionales que contratan trabajadores, hacen construcciones y compran vituallas. La explotación se lleva a cabo de manera muy agresiva, sin tomar medidas de protección en el transporte del mineral, con graves consecuencias para la salud de la población. Es notoria la destrucción de infraestructura por las pesadas tractomulas y hay quejas de que el transporte por tren afecta la salud de las poblaciones por donde atraviesa.
Las finanzas del departamento se encuentran en un estado saludable, gracias al ajuste que se le impuso en el año 2000, cuando la mayor parte de las regiones del país estaban quebradas y tuvieron que someterse a la ley 550. La estructura del gasto asigna 90% a la inversión y sólo 8% a los gastos de funcionamiento. El auge carbonífero ha significado un aumento sustancial de las regalías que percibe el departamento, las cuales han sido invertidas en educación con demasiados subsidios a la misma, insinuando despilfarro.
Las finanzas de Valledupar, por contraste, están en estado comatoso: ha dejado reducir el valor real del impuesto predial y también el de industria y comercio, lo cual, ante el auge descrito, sugiere desidia y/o corrupción. Noventa por ciento del gasto es para atender funcionamiento y sólo el 8% va a inversión. La ciudad, que es muy bonita y arborizada, se salva gracias al gasto departamental en ella. Las transferencias de la Nación constituyen el 71% de sus ingresos mientras que sus propios impuestos son sólo 18% de los mismos. El municipio debe actualizar urgentemente el catastro y aumentar las tarifas del predial.
Una de las recomendaciones de un estudio de Jaime Bonet sobre el Cesar es que las regalías se inviertan en la modernización tributaria de todos los municipios y del propio departamento, para que el Estado sea sostenible cuando se acabe el carbón. Aumentar además las coberturas, eficiencia y calidad de la educación. Buscar, por último, innovar en ganadería, avicultura, hortalizas y frutales, palmicultura y la agroindustria, como alternativas de desarrollo a mediano plazo.
La región tiene una cultura antiestatal: no paga impuestos al Gobierno central pero tampoco para enfrentar sus necesidades. Las regalías están siendo malversadas, sobre todo en los municipios beneficiados. La bonanza carbonífera que vive hoy el departamento puede disiparse si no se siembra ni se abona, al igual que otras bonanzas del pasado.
En los años setenta del siglo pasado el Cesar disfrutó de una bonanza algodonera que terminó mal porque no fue sembrada: no se mejoraron las prácticas del cultivo pero, más importante, no se cobraron impuestos para invertirlos en actividades sustitutas y complementarias. Igual, si no peor, fue la consecuencia de la bonanza marimbera.
Hoy en día 60% de la población es pobre (48% a nivel nacional), la calidad del agua en la mitad de sus municipios es deficiente y la tasa de mortalidad infantil es el 177% de la colombiana. La Jagua de Ibirico recibió cerca de 100 mil millones de pesos en regalías durante el período 1997-2003, pero obtuvo el peor desempeño fiscal para las vigencias 2002 y 2003.
El eslabonamiento entre la minería del carbón y el resto de la economía es débil. Una parte grande del PIB minero se gasta por fuera del departamento: las utilidades se remiten al exterior, los ejecutivos viven en Bogotá y Barranquilla y el impuesto de renta pasa a la Nación. Las empresas mineras que operan allí son la Drummond, Glencore y otras nacionales que contratan trabajadores, hacen construcciones y compran vituallas. La explotación se lleva a cabo de manera muy agresiva, sin tomar medidas de protección en el transporte del mineral, con graves consecuencias para la salud de la población. Es notoria la destrucción de infraestructura por las pesadas tractomulas y hay quejas de que el transporte por tren afecta la salud de las poblaciones por donde atraviesa.
Las finanzas del departamento se encuentran en un estado saludable, gracias al ajuste que se le impuso en el año 2000, cuando la mayor parte de las regiones del país estaban quebradas y tuvieron que someterse a la ley 550. La estructura del gasto asigna 90% a la inversión y sólo 8% a los gastos de funcionamiento. El auge carbonífero ha significado un aumento sustancial de las regalías que percibe el departamento, las cuales han sido invertidas en educación con demasiados subsidios a la misma, insinuando despilfarro.
Las finanzas de Valledupar, por contraste, están en estado comatoso: ha dejado reducir el valor real del impuesto predial y también el de industria y comercio, lo cual, ante el auge descrito, sugiere desidia y/o corrupción. Noventa por ciento del gasto es para atender funcionamiento y sólo el 8% va a inversión. La ciudad, que es muy bonita y arborizada, se salva gracias al gasto departamental en ella. Las transferencias de la Nación constituyen el 71% de sus ingresos mientras que sus propios impuestos son sólo 18% de los mismos. El municipio debe actualizar urgentemente el catastro y aumentar las tarifas del predial.
Una de las recomendaciones de un estudio de Jaime Bonet sobre el Cesar es que las regalías se inviertan en la modernización tributaria de todos los municipios y del propio departamento, para que el Estado sea sostenible cuando se acabe el carbón. Aumentar además las coberturas, eficiencia y calidad de la educación. Buscar, por último, innovar en ganadería, avicultura, hortalizas y frutales, palmicultura y la agroindustria, como alternativas de desarrollo a mediano plazo.
La región tiene una cultura antiestatal: no paga impuestos al Gobierno central pero tampoco para enfrentar sus necesidades. Las regalías están siendo malversadas, sobre todo en los municipios beneficiados. La bonanza carbonífera que vive hoy el departamento puede disiparse si no se siembra ni se abona, al igual que otras bonanzas del pasado.
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