RECALCA, Bogotá, febrero 18 de 2008
La comisión de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes de EEUU aprobó la prorroga del ATPDEA por diez meses, ahora deberá pasar por el comité de finanzas del Senado y posteriormente a las plenarias del Congreso de ese país. O sea que posiblemente hasta enero del año entrante el tema del TLC no será estudiado por el congreso norteamericano.
Esta prorroga fue el resultado de un compromiso entre los demócratas que querían una de 2 años y los republicanos que proponían tres meses, para mantener la posibilidad de tramitar el TLC este año. A partir de diciembre entonces el tema volverá a ser analizado pero bajo la influencia de un nuevo gobierno que será elegido en noviembre.
Hasta el momento los candidatos demócratas los cuales parecen los más opcionados han hecho numerosas críticas al TLC con Colombia y las violaciones de los derechos humanos y laborales en nuestro país. El gobierno de Uribe, del lado de los republicanos, como siempre, hubiera preferido el TLC y gasto miles de millones de pesos en hacer cabildeo, invitar funcionarios y parlamentarios estadounidenses y en su campaña de propaganda a favor del TLC. Hasta estimuló la división del movimiento sindical y ahora está tratando de patrocinar una minicentral sindical que defienda el tratado.
Todos esos esfuerzos han sido inútiles y las visitas previstas para febrero y marzo de altos funcionarios de la administración Bush, lo único que muestra es el reiterado apoyo de este gobernante a Uribe.
Mientras tanto el gobierno da palos de ciego en numerosos campos. Le toco aplazar la venta de varias electrificadotas ante los reparos de la procuraduría y de la opinión en las regiones por su evidente subvaloración. Su proyecto estrella de fomentar el cultivo de palma aceitera está cuestionado por los nexos de empresarios con el paramilitarismo, el narcotráfico y el despojo de tierras a las comunidades afrocolombianas. Varios ministros son cuestionados incluso por partidarios del gobierno, su proyecto de fomentar la repatriación da capitales para adquirir lo que ha llamado segunda vivienda enfrenta obstáculos, cayó la ley forestal por no haber consultado a las comunidades afectadas. El “caso Carimagua” evidenció que familias de altos funcionarios en asocio con el gobierno querían ponerle conejo a la entrega de esas tierras a los desplazados y favorecer a unos pocos empresarios. La Junta directiva del Banco de la República controlada por el gobierno no atina que hacer ante la amenaza de una grave crisis mundial y ante la subida de precios de los alimentos y las amenazas inflacionarias. En medio de negociaciones de varios tratados de libre comercio el gobierno ofrece en forma demagógica subir los aranceles de calzado y textiles, lo cual va en contravía de lo que ha preconizado desde comienzos de su mandato. Si a esto le agregamos la revaluación, las dificultades para nuevas ventas a Venezuela y el enfrentamiento con casi todos los países vecinos, y las discrepancias de importantes sectores uribistas con una nueva reelección, el panorama del gobierno no es propiamente halagador. Todos estos hechos tienen estrecha relación con el TLC: la palma era el cultivo estrella para exportar, las privatizaciones una prenda de garantía para el mismo, la compra de segunda vivienda una forma de estimular la inversión extranjera, lo mismo la ley forestal. El fracaso de todo esto contribuye al fracaso del TLC y del modelo económico que conlleva
Es lamentable que toda esta situación no sea de amplio dominio público, lo cual contrarrestaría la incesante campaña mediática del gobierno. Si el movimiento popular hace sentir su voz y se moviliza por los múltiples pleitos que el gobierno plantea, podremos detener el TLC no por un año sino indefinidamente.
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